26/05/2026
Desde Amigos de Vox La Coruña queremos denunciar la presencia de una exmiembro del EGPGC en el sistema de cuidadoras infantiles de La Coruña**
Amigos de Vox denuncia públicamente la presencia de una antigua integrante del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) en el sistema de cuidadoras infantiles de La Coruña. Según la formación, la mujer habría estado desempeñando funciones de cuidadora en el colegio San Pedro de Visma, aunque actualmente se encontraría de baja laboral.
La polémica surge debido al pasado judicial de esta exmilitante independentista gallega, condenada en la década de los noventa por distintos atentados relacionados con la actividad terrorista del EGPGC.
En 1990, la Audiencia Nacional la condenó a 15 años de prisión por un atentado con coche bomba perpetrado el 5 de junio de 1988 en el aparcamiento de la comisaría de Ourense. La explosión provocó un herido leve y daños en varios vehículos.
Posteriormente, en 1994, recibió otra condena de 84 años de cárcel por su participación en el atentado ocurrido el 2 de febrero de 1989 en Irixoa, en el que murió el guardia civil Benedicto García Ruzo y resultó herido el agente Antonio Pérez Freire. Según la sentencia, el comando simuló un accidente de tráfico para atraer a los agentes y hacerse con sus armas y uniformes, desencadenándose posteriormente un tiroteo.
Tras permanecer fugada durante varios días, fue localizada por las fuerzas de seguridad junto a otros miembros del grupo armado. En marzo de 1996, el Tribunal Supremo reconoció que la muerte del guardia civil no había sido intencionada.
Años más tarde, y después de la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Audiencia Nacional ordenó su puesta en libertad definitiva en diciembre de 2013.
Desde Amigos de Vox consideramos “incomprensible” que una persona con este historial pueda haber trabajado en un entorno vinculado al cuidado de menores, especialmente teniendo en cuenta que entre las familias afectadas podría haber hijos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por el momento, no consta respuesta oficial ni del centro educativo ni de las administraciones responsables sobre la denuncia realizada por la formación política.
