11/25/2025
¿Qué defendemos?: la restitución de una nacionalidad de origen injustamente arrebatada por el art. IX del Tratado de París (1898). No es “meter por la ventana” a nuevos españoles; es devolver a su estatus jurídico a quienes fueron desnaturalizados por un acto estatal externo a su voluntad.
¿Qué no es?: no es una amnistía migratoria ni un pasaporte-escapatoria. Ser español implica pertenencia y deberes: sujeción a las leyes, fiscalidad donde corresponda, lealtad constitucional y participación cívica. Quien solo busca “conveniencia” se retrata en el tiempo; la práctica que determina el compromiso cívico, así como la contribución intelectual, mercantil o de cualquier otra clase pondrá a cada cual en su lugar.
Sobre “reunificación nunca”: respeto a Santiago Alpízar, pero no habla por nuestra iniciativa ni representa nuestra organización. Nuestro marco es el reencuentro del pueblo español con una parte que ha sido históricamente preterida e ilegalmente expulsada; 1º: justicia a través de una restitución de la ciudadanía que no es una gracia política, ni un favor, ni una dádiva, sino un derecho fundamental; después, lo que el soberano libremente quiera construir (cooperación reforzada, acuerdos, fórmulas de asociación, etc.). La separación fue un error precipitado y, en parte, forzado por circunstancias de poder; corregir la desnaturalización es el paso serio y verificable hoy, pero debes entender, querido Julio, que la mesura y la objetividad deben ser brújulas de actuación para nosotros, porque no vendo humo y he tratado de ser milimétricamente consecuente con mis ideas.
Debo aclarar, reiterar, que a nadie se le puede preguntar para qué quiere ser español. Insisto en que, una vez logrado, cada quien tendrá razones muy diversas para hacerse español, y todas ellas igual de válidas. El argumento de la conveniencia es baladí porque usamos la conveniencia para las cosas más importantes de la vida, y una decisión de este calibre no sería una excepción.
¿Corazón o interés?: ambas cosas existen en cualquier comunidad política. A la ley se le pide criterios objetivos (legislación aplicable, violación concreta), no exámenes de lealtad, la ciudadanía no es un premio.