13/05/2026
FUNDACIÓN EL URBANISTA RECHAZA FIRMA DE LEY QUE LIMITA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y DESMANTELA PROTECCIONES TERRITORIALES EN PUERTO RICO
San Juan, Puerto Rico — La Fundación El Urbanista rechazó hoy la firma de la nueva legislación promovida por la gobernadora de Puerto Rico que limita la capacidad de ciudadanos, comunidades y organizaciones para impugnar permisos y decisiones administrativas ante los tribunales.
Para la entidad, la medida representa uno de los golpes más severos al acceso a la justicia ambiental y territorial en las pasadas décadas, al imponer barreras económicas que dificultan o imposibilitan que sectores comunitarios puedan recurrir al sistema judicial para defender su bienestar, calidad de vida y el interés público.
“La participación ciudadana y el acceso a los tribunales son componentes esenciales de cualquier democracia funcional. Convertir ese derecho en un privilegio condicionado a la capacidad económica de las personas constituye un retroceso institucional extremadamente peligroso”, expresó la Fundación a través de su Presidente.
La organización advirtió además que la nueva ley permite transformar terrenos clasificados como suelo rústico especialmente protegido mediante la simple determinación administrativa de que un proyecto es “estratégico”, sin establecer criterios objetivos, científicos o de planificación para realizar dicha determinación.
Según la Fundación El Urbanista, esta disposición elimina de facto salvaguardas territoriales y ambientales que han estado vigentes desde la aprobación de las políticas de planificación modernas establecidas en Puerto Rico desde 1992.
“Estamos ante una legislación que abre la puerta a reclasificaciones discrecionales del territorio, sujetas al criterio de administradores de turno y presiones económicas o políticas. La ausencia de parámetros claros para definir qué constituye un proyecto estratégico convierte esta herramienta en un mecanismo sumamente vulnerable al abuso”, añadió.
La Fundación señaló que las protecciones sobre terrenos agrícolas, forestales, ecológicos y áreas ambientalmente sensitivas no surgieron por casualidad, sino como respuesta a décadas de desorden territorial, especulación y pérdida acelerada de recursos naturales.
Asimismo, la entidad indicó que la medida debilita los procesos de fiscalización pública y reduce significativamente la capacidad de las comunidades para intervenir efectivamente en decisiones de enorme impacto territorial y ambiental.
“La planificación existe precisamente para proteger el interés colectivo frente a decisiones improvisadas o impulsadas exclusivamente por intereses económicos particulares. Cuando se debilitan las clasificaciones del suelo, los procesos participativos y el acceso a la justicia, se debilita también la capacidad del país para proteger su territorio y garantizar calidad de vida para las futuras generaciones.”
La Fundación El Urbanista reiteró su rechazo absoluto a la aprobación de esta legislación y adelantó que continuará educando, fiscalizando y participando activamente en todos los espacios disponibles para defender la integridad del territorio puertorriqueño.
“Esta lucha apenas comienza. Puerto Rico necesita más participación ciudadana, más transparencia y más protección ambiental, no menos. Defender el territorio y el derecho de las comunidades a reclamar seguirá siendo una responsabilidad colectiva”, concluyó Pedro M Cardona Roig, Presidente de la Fundación.
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