07/08/2026
📢 Advertimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que primeras medidas del gobierno de Keiko Fujimori podrían agravar el riesgo para mujeres indígenas defensoras
La primera participación del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori estuvo marcada por una advertencia de organizaciones indígenas y de derechos humanos sobre las medidas anunciadas por el nuevo Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado, que podrían profundizar los riesgos que ya enfrentan las mujeres indígenas defensoras de la Amazonía si no se acompañan de políticas de protección y de acciones dirigidas a desmantelar las economías ilegales.
La alerta fue planteada durante la audiencia ‘Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales’, en la que cinco lideresas amazónicas denunciaron amenazas, violencia sexual, criminalización y abandono estatal frente al avance de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras en sus territorios.
A esas denuncias se sumó el análisis de representantes de las organizaciones peticionarias, quienes sostuvieron que la respuesta institucional continúa siendo insuficiente y que las primeras decisiones del nuevo gobierno apuntan hacia una estrategia centrada en la militarización antes que en la protección efectiva de las personas defensoras.
Marité Bustamante, abogada que intervino en representación del Vicariato Apostólico de Pucallpa y la Comisión Episcopal de Acción Social, cuestionó la actuación del Ministerio de la Mujer y señaló que las cifras presentadas por el propio Estado durante la audiencia evidencian la limitada capacidad de respuesta frente a la magnitud del problema.
"El Ministerio de la Mujer no está a la altura del desafío que tiene que enfrentar, es decir, las causas estructurales de la violencia contra las defensoras indígenas. El Ministerio ha dicho en esta audiencia que entre 2023 y 2025 ha atendido casos en Puerto Inca, Pasco y Lima. Lo que no ha dicho el Estado es que esos casos solo suman nueve atenciones, cuando en el mismo periodo se registraron 261 situaciones de riesgo contra mujeres", sostuvo.
Bustamante también cuestionó el enfoque adoptado por el Ejecutivo para enfrentar la minería ilegal. Según explicó, endurecer las sanciones penales resulta insuficiente mientras el propio Estado mantenga políticas que permiten la continuidad de actividades extractivas ilegales.
"El Ministerio del Interior se ha referido al Decreto Legislativo 1695, que solo endurece las p***s contra el delito de la minería ilegal. Mientras la política de formalización de la minería ilegal persista, se seguirá encubriendo la depredación de los territorios y la violencia contra las mujeres defensoras", afirmó.
La abogada advirtió, asimismo, que el inicio del gobierno de Keiko Fujimori abre un nuevo escenario de preocupación para los pueblos indígenas. "El actual gobierno ha iniciado medidas que tienden a la militarización de la lucha contra el crimen organizado. Militarizar territorios indígenas solo va a traer más violencia", señaló.
Las advertencias coincidieron con los testimonios de las lideresas indígenas, quienes describieron cómo la expansión de las economías ilegales afecta de manera diferenciada a las mujeres. Durante la audiencia, Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, afirmó que el Estado "no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada" y que su intervención suele producirse únicamente cuando las víctimas ya han sido asesinadas o desaparecidas. Kelly Valera, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (ORGI), denunció que el liderazgo femenino expone a las mujeres a mayores niveles de violencia y recordó el caso de una defensora indígena amenazada con ser violada, cuya denuncia fue archivada por la Fiscalía.
Por su parte, Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL-Instituto de Defensa Legal, sostuvo que uno de los principales vacíos del sistema de protección se encuentra en el Ministerio del Interior, que mantiene incumplida una obligación legal vigente desde hace cinco años.
"El principal problema del mecanismo intersectorial está en el Ministerio del Interior. Desde hace cinco años existe una obligación legal de que aprueben un protocolo para la Policía Nacional, los llamados lineamientos de actuación, en el que se diga cómo, con qué equipo y con qué presupuesto se va a atender a las personas defensoras. Es una parte esencial de esta herramienta que no se cumple, a pesar de que existe una sentencia judicial con orden y mandato de ejecución inmediata e inapelable que ordena su aprobación. Son doce personas las que fallecieron mientras duró ese proceso", afirmó.
Másquez Salvador pidió, además, que la CIDH mantenga un seguimiento cercano a la situación peruana ante el nuevo contexto político. "En nuestro contexto país, de grave erosión democrática, con la concentración de todos los poderes públicos en el Ejecutivo, pedimos que salvaguarden y monitoreen la situación del Perú. Estaremos luchando por los derechos fundamentales en este gobierno frente a todo tipo de abusos", señaló.
Las intervenciones fueron seguidas con atención por los comisionados de la CIDH. La comisionada Marion Bethel recordó que la Comisión viene monitoreando la situación de las personas defensoras en el Perú y cuestionó la falta de medidas concretas expuestas por el Estado para enfrentar el avance del narcotráfico, la tala ilegal y otras economías ilícitas.
En tanto, el comisionado Riyad Insanally expresó preocupación porque el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos no esté respondiendo a las causas estructurales que alimentan la violencia en los territorios indígenas.
