17/08/2026
Resulta preocupante y, al mismo tiempo, revelador observar cómo diversas vías, pasos a desnivel y obras de infraestructura ejecutadas en Lima, muchas de ellas inauguradas con gran despliegue político y presentadas como símbolos de modernización, muestran serias limitaciones cuando enfrentan lluvias de mayor intensidad. Lo ocurrido en Villa El Salvador, en Villa Maria del Triunfo y otros distritos, no debe entenderse únicamente como una consecuencia excepcional del clima. También pone en evidencia deficiencias acumuladas en planificación urbana, ingeniería, mantenimiento, prevención y gestión pública.
Una obra vial no puede evaluarse solamente por su apariencia, costo o rapidez de ejecución. Debe responder adecuadamente a estudios hidrológicos, hidráulicos, geotécnicos y de drenaje, considerando escenarios extremos y las características reales del territorio. Cuando un bypass, una avenida o un paso deprimido termina convertido en una enorme piscina después de algunas horas de lluvia, corresponde preguntarse si los sistemas de drenaje fueron correctamente dimensionados, si recibieron mantenimiento oportuno y si existieron estudios serios de riesgo antes de construirlos.
El problema es todavía más grave porque Lima es una ciudad que durante décadas creció de manera desordenada, ocupando quebradas, laderas y zonas vulnerables, mientras su infraestructura de drenaje pluvial permaneció claramente rezagada. Por ello, cada episodio de lluvias intensas termina exponiendo problemas que normalmente permanecen ocultos: desagües colapsados, vías inundadas, viviendas afectadas, comercios perjudicados, transporte paralizado y familias obligadas a enfrentar emergencias prácticamente por sus propios medios.
Durante años hemos observado autoridades metropolitanas y distritales que anuncian obras con bombos y platillos, priorizando muchas veces aquellas que producen impacto mediático inmediato. Sin embargo, gobernar una ciudad no consiste únicamente en inaugurar cemento. Significa planificar, prevenir, mantener la infraestructura existente y ejecutar inversiones que funcionen incluso cuando llegan las condiciones más adversas.
Por ello, las municipalidades deben transparentar los expedientes técnicos, estudios de drenaje, procesos de contratación, adicionales de obra, supervisiones, recepción de proyectos y programas de mantenimiento. Cuando una infraestructura pública falla prematuramente, corresponde determinar responsabilidades técnicas, administrativas y, cuando corresponda, políticas.
La situación registrada en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores demanda una reacción articulada entre las municipalidades distritales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La prioridad inmediata debe ser evacuar el agua acumulada, restablecer la transitabilidad, proteger viviendas y negocios, identificar los puntos críticos y organizar a la población frente a nuevos episodios de lluvia. La gestión del riesgo no puede comenzar cuando ya tenemos calles inundadas; debe ser una política permanente.
Frente a esta emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales involucradas tienen la obligación de actuar inmediatamente, coordinar recursos y proteger a la población. Desde el Congreso corresponde ejercer una fiscalización rigurosa, solicitar información sobre las obras afectadas, verificar responsabilidades y exigir respuestas concretas.
La ciudadanía no necesita nuevas fotografías de inauguraciones; necesita infraestructura que funcione, autoridades que prevengan y recursos públicos utilizados con responsabilidad. Lima no puede continuar pagando las consecuencias de la improvisación.
