14/08/2025
🔴 | Unas cien dragas operan en el río Aguaytía, a la altura de Curimaná, extrayendo oro con balsas y mercurio. La cifra, confirmada por la Policía al ingeniero Rafael Rengifo, director regional de Energía y Minas de Ucayali, revela la magnitud del problema. El mismo patrón se repite en el río Abujao, donde estas mafias llevan años depredando sin freno. El agua que abastece a miles de personas está contaminada y la biodiversidad desaparece a un ritmo alarmante. En un oficio remitido al Alto Comisionado contra la Minería Ilegal, Rengifo advierte que miembros de la PNP de Curimaná recibirían pagos semanales de S/500 por draga para evitar decomisos. La Fiscalía Ambiental ha constatado que las máquinas operan incluso a diez minutos de la base de la Marina, sin que se registre intervención alguna. Desde 2024 se han ejecutado doce operativos —cuatro este año—, pero la maquinaria vuelve y las redes criminales siguen intactas.
El abogado César Ipenza, especialista en minería ilegal, señala que la raíz del problema está en la corrupción de las fuerzas del orden y en la falta de presión política real. “No sería raro que autoridades llamadas a custodiar —la Marina o la Policía— estén inmersas en estas situaciones. Lo he visto en Yuyapichis: la fuerza pública se negó a intervenir pese a estar programado un operativo”, sostiene en comunicación con este medio. Recuerda que las interdicciones dependen de la Policía, Fiscalía y Marina de Guerra, y que sin autoridades íntegras “nada funcionará”. Sobre el Alto Comisionado, es tajante: “Es una instancia sin presupuesto, sin poder real y sin capacidad de decisión. En la práctica, no sirve para frenar la minería ilegal”. Las mafias no son improvisadas: provienen de otras regiones con tradición minera ilegal y están respaldadas por organizaciones como el Comando Vermelho, disidentes de las FARC y cárteles mexicanos que, además de financiar redes, proveen el mercurio que envenena los ríos amazónicos.
Las dragas son artesanales y sus piezas llegan desde regiones como Madre de Dios para ser ensambladas localmente. Una vez listas, se instalan en zonas sin vigilancia o se abren paso sobornando a comunidades, que permiten el ingreso a cambio de pagos directos. En Yuyapichis, un dirigente comunal cobra a mineros para operar en tierras comunales y facilita la invasión de otras áreas, un patrón que se repite en el Aguaytía y el Abujao. El oficio advierte sobre filtraciones que frustran las intervenciones antes de que ocurran. Ipenza insiste en que los gobiernos regionales no deben limitarse a enviar alertas: “Deben presionar para que haya una lucha real en el territorio y evitar que las instituciones se pudran desde dentro”. Mientras tanto, el oro fluye, el agua se envenena y la Amazonía se hunde en corrupción y destrucción.
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