06/02/2026
| La ciudadanía padece servicios públicos deficientes en salud, educación, agua, energía eléctrica, transporte, entre otros; colegios sin agua o saneamiento; hospitales sin médicos ni medicinas suficientes; falta de transporte idóneo; desempleo creciente, así como una crisis de inseguridad que los coloca entre la extorsión y el sicariato, en un contexto de corrupción generalizada que refleja el poco interés de los políticos por resolver estos problemas.
Las reuniones del presidente José Jerí con empresarios extranjeros, en contextos poco transparentes, y las denuncias de contrataciones de sus amistades en puestos claves del Gobierno, así lo reflejan. Esta crisis política que atraviesa el Perú se debe al poder que gobierna de espaldas al pueblo.
Aquí hay responsabilidades compartidas. En este caso, la falta de idoneidad del Ejecutivo, la anuencia de un Legislativo que fiscaliza de acuerdo con sus intereses y un Ministerio Publico cooptado o intervenido que no investiga idónea e imparcialmente para deslindar responsabilidades o para que el Poder Judicial sancione a los corruptos oportunamente.
El presidente de la República no ha logrado disipar las dudas; por el contrario, las ha profundizado. En ese contexto, la definición del excongresista Carlos Anderson, quien lo calificó como un “operador de lobbies”, sintetiza con claridad la percepción ciudadana frente a un poder que ejerce en la oscuridad.
Así se erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia. Por ello, resulta indispensable una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre las reuniones del presidente con empresarios extranjeros y las acusaciones que pesan sobre su gestión.
Pero esto no solo tiene que ver con los presidentes de la República, varios de ellos con prontuario, sino con una gran cantidad de políticos y funcionarios. Necesitamos que el Perú cambie, pero el cambio necesita que la representación política sea idónea y sin vínculos delincuenciales, porque delincuente no atrapa delincuente.
