11/05/2026
|| Cajamarca no es un error electoral ni un simple problema minero: respuesta crítica a la columna de Aldo Mariátegui.
Ricardo Sánchez Cabanillas (*)
Este último jueves 07 del presente mes salió en un medio de comunicación impreso una columna de opinión de Aldo Mariátegui, donde el autor –de tendencia liberal-conservadora– sostiene que Cajamarca es pobre porque vota por la izquierda y porque la izquierda paralizó la minería. Semejante afirmación, analizándola en su real dimensión, es simplista y reduccionista, diría que cae en el llamado determinismo político simplista. Ello porque la pobreza cajamarquina no es resultado de un solo factor ni tampoco es reciente; por el contrario, es estructural. Significa que la pobreza estructural de Cajamarca no comenzó con Marco Arana ni con el conflicto de Conga. Cajamarca ha sido una de las regiones más pobres del Perú desde el siglo XIX, incluso antes del auge minero moderno. Historiadores y economistas han explicado que la pobreza cajamarquina es el resultado de varios factores de larga duración como el centralismo limeño, la desigualdad en la propiedad de la tierra, la ausencia histórica de infraestructura estatal, la exclusión indígena y campesina, la dependencia extractiva sin industrialización, la debilidad educativa y sanitaria, la corrupción regional y nacional y otros.
El autor es más enfático en su postura al sostener que, a más minería, menos pobreza. Históricamente, ello no siempre ocurrió en el Perú, en América Latina o en el mundo. Existen numerosos casos donde regiones mineras altamente extractivas siguieron siendo pobres. Me remito a ejemplos, el propio caso de Yanacocha: durante décadas fue una de las minas de oro más rentables del mundo, pero Cajamarca continuó mostrando altos índices de pobreza, anemia y desigualdad. Cerro de Pasco conocida históricamente por su producción de zinc y plata, sigue presentando un índice de pobreza superior al 40%. En el mundo: República Democrática del Congo, Zambia, Sudáfrica, Ghana y Tanzania, siendo grandes países productores de minerales a nivel mundial, presentan casos donde la mayoría de su población sigue viviendo en la pobreza y con altos riesgos ambientales. Para reafirmar lo mencionado, Eduardo Jordan Chaviguri (2024), en su tesis Caso de estudio: impacto de la minería sobre la pobreza en los departamentos del Perú excluyendo Lima y Callao en los años 2007 al 2022, presentada para optar el título profesional de Economista en la Universidad de Lima, establece como una de sus conclusiones que la actividad minera no ha sido un factor determinante en la reducción de la pobreza en los departamentos analizados a pesar del boom minero experimentado por nuestro país en estos últimos años.
Sabemos que la extracción minera genera crecimiento macroeconómico, sin embargo, en nuestro país no se ha traducido necesariamente en bienestar social local y nacional. Por ello, la afirmación de que “si Conga salía, Cajamarca dejaba de ser pobre” es una hipótesis política, no un hecho demostrado.
Por otro lado, Mariátegui responsabiliza de tal pobreza exclusivamente a dirigentes sociales y sectores de izquierda, pero omite varios elementos históricos fundamentales: como los conflictos ambientales reales. En ese sentido, el proyecto Conga no se desarrolló porque existían temores sobre la afectación a las cabeceras de cuenca, la desaparición de las lagunas, el acceso al agua para agricultura y la contaminación minera. Históricamente, en el Perú sí han existido antecedentes de contaminación ambiental minera, por lo que reducir toda protesta a “rojos antimineros” es una simplificación propagandística. A ello debemos agregar, por un lado, la falta de legitimidad estatal, donde muchos conflictos mineros crecieron porque el Estado fue percibido como aliado de las empresas y no como árbitro neutral. Esa desconfianza tiene raíces históricas profundas desde el siglo XX y; por otro lado, el canon minero mal gestionado, incluso cuando hubo ingresos mineros importantes, gran parte del canon fue mal ejecutado por gobiernos regionales y municipales. Allí sí existe responsabilidad compartida entre autoridades regionales, Estado central y élites locales.
Finalmente, el autor también desarrolla un lenguaje de clasismo y de castigo moral al sentenciar que los cajamarquinos: “¡Tienen entonces la pobreza que se merecen por ser masoquistas electorales!”, el cual no es un argumento analítico, sino moralizante, porque culpabiliza colectivamente a una población de su pobreza, niega factores estructurales, reduce al votante popular a la irracionalidad o al analfabetismo y reemplaza el análisis por el insulto político.
Historiográficamente, este tipo de discurso nos recuerda a tradiciones oligárquicas latinoamericanas donde los pobres son vistos como incapaces de decidir correctamente.
Concluyo estableciendo que, el problema de la pobreza cajamarquina no puede explicarse única y solamente por “votar mal” o por ser antimineros. Una explicación rigurosa debe reconocer la complejidad del problema, considerando factores históricos, económicos, políticos y sociales; evitando así, interpretaciones simplistas o polarizadas.
(*) Historiador celendino.
