24/03/2026
COMUNICADO OFICIAL
Como gremio del sector turismo, reconocemos la importancia de fortalecer la infraestructura aeroportuaria y los servicios públicos del país, así como la necesidad de identificar fuentes sostenibles de financiamiento para estos fines. Sin embargo, consideramos que el enfoque planteado en el anteproyecto de ley No. 131 presenta riesgos importantes que deben ser evaluados con mayor profundidad.
En primer lugar, es fundamental destacar que la propuesta establece el cobro de una tasa a pasajeros en tránsito, es decir, personas que no ingresan al país ni hacen uso de su oferta turística o comercial. Esta distinción es clave. A diferencia de otros modelos internacionales donde se aplican tasas a turistas que sí utilizan los servicios y destinos locales, gravar al pasajero en tránsito podría afectar directamente la competitividad de Panamá como hub aéreo internacional.
Panamá ha logrado posicionarse estratégicamente como un punto de conexión clave en la región. Sin embargo, este liderazgo no es garantizado. El incremento en los costos asociados al tránsito puede influir en las decisiones operativas de las aerolíneas, incentivando la reubicación de rutas hacia otros centros de conexión, lo que reduciría el volumen de pasajeros, la conectividad y, en consecuencia, el impacto económico indirecto que estas operaciones generan para el país.
Por otro lado, la principal preocupación no radica únicamente en la creación de nuevos ingresos, sino en la ausencia de mecanismos claros, medibles y auditables que garanticen el uso eficiente de los fondos recaudados. Experiencias recientes, como el caso del paso fronterizo de Guabito, evidencian que la recaudación de tasas no siempre se traduce en mejoras tangibles para los usuarios ni en el desarrollo de infraestructura adecuada.
Asimismo, el contexto económico actual exige prudencia en la implementación de nuevas cargas. La inversión, la generación de empleo y la estabilidad económica dependen en gran medida de la confianza en las reglas del juego, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión pública. Medidas que incrementan los costos sin garantías claras de retorno pueden tener efectos adversos en estos aspectos.
Consideramos que, de evaluarse una iniciativa de esta naturaleza, es indispensable que incluya:
• Mecanismos de transparencia pública y auditoría independiente sobre el uso de los fondos
• Definición clara y específica del destino de los recursos recaudados
• Indicadores de impacto medibles y reportes periódicos accesibles a la ciudadanía
• Evaluaciones técnicas sobre el impacto en la competitividad aérea del país
• Revisión del sujeto del impuesto, priorizando esquemas que no afecten al pasajero en tránsito
Panamá cuenta con el potencial para seguir consolidándose como un destino competitivo y un hub estratégico en la región. Para lograrlo, es fundamental que cualquier medida fiscal esté acompañada de planificación, transparencia y una visión de largo plazo que fortalezca —y no comprometa— su posicionamiento internacional.
En Bocas del Toro, a los 24 días del mes de marzo de 2026.
