10/08/2026
Diego Ruzzarin
Rocío Nahle
EL PRECIO DE LA OPACIDAD
LA CULTURA EN VERACRUZ EN TIEMPOS DE MORENA
Lo que los números esconden y por qué sin rendición de cuentas no hay transformación posible
La opacidad no es una torpeza administrativa. En Veracruz se ha convertido en un patrón. Se repite en cada festival, en cada contrato, en cada declaración que anuncia cifras sin mostrar documentos. Y cuando el gobierno gasta a oscuras, no solo lastima la confianza: arrebata a la gente el derecho a entender, a comparar, a exigir. La información clara no es un lujo: es la condición mínima para que exista ciudadanía. Sin ella, el presupuesto más abultado se vuelve un instrumento de poder, no de justicia.
En 2026, la Secretaría de Cultura de Veracruz recibió 460 millones de pesos. Al primer trimestre solo había ejercido 91. Hay 308 millones congelados. No es una cifra neutra: mientras ese dinero permanece detenido, podrían repararse caminos rurales, equiparse centros de salud sin medicamentos, contratarse mediadores de lectura que lleven libros a donde no llega casi nada. El dinero existe. Lo que no existe es la prisa por gastarlo donde hace falta.
En cambio, la prisa aparece para otras cosas. El 16 de abril de 2026, la Dirección General de Circuitos y Festivales federal emitió el oficio DGPFC/O353/2026 y adjudicó de manera directa 45.4 millones de pesos a la empresa Operación y Comercialización Ideas Creativas, SA de CV, con sede en Ciudad de México, para llevar al DJ Martin Garrix al puerto de Veracruz. Sin licitación. Con ese monto se podrían haber financiado por años los cinco proyectos veracruzanos de teatro, danza y música aprobados por el INBAL mediante EFIARTES , 7.8 millones de pesos que están a punto de perderse, o adquirido cientos de prótesis para personas que las esperan desde hace meses.
Esa misma noche, la empresa TAC Protección facturó 921 mil pesos por veinticuatro horas de vallas, baños portátiles y detectores de metales. Contrato SECVER/DJ/CPS/142/2026, también adjudicado sin concurso.
Unos meses antes, el 13 de febrero, la SECVER había firmado el contrato SECVER/DJ/CPS/014/2026 con la escritora Sabina Berman: 229 mil 500 pesos netos por una conferencia y la presentación de un libro en dos actos. Doscientos veintinueve mil pesos. Una familia veracruzana promedio tardaría años en ganarlos. Aquí se gastaron en dos tardes.
La reportera Elizabeth Aviña documentó que la secretaria Xóchitl Molina se negó a informar el costo DEL Festival del Mar 2026 en Coatzacoalcos antes del evento. El activista Moisés Nava Ramírez reveló que el conferencista Diego Ruzzarin cobró entre 400 mil y 800 mil pesos por una charla de una hora. A eso se suma el youtuber Farid Dieck, cuyos honorarios, según estimaciones de la industria, oscilan entre 250 mil y 600 mil pesos por conferencia. En cambio, los siete artistas de la región que pintaron el mural colectivo no tienen un monto público asignado. No se sabe cuánto se les pagó, si es que se les pagó.
El 17 de julio, la reportera Noemí Valdez publicó en Notiver un recuento de adjudicaciones directas de la SECVER durante 2026: más de 21 millones de pesos repartidos entre unos cuantos proveedores. Los contratos tienen número, fecha y firma. Sin licitación abierta. Sin competencia.
A esa cadena de datos se suma un episodio que no es contable pero es profundamente revelador. El Festival Internacional del Bolero y el Jazz 2026 se realizó en Xalapa, a escasas cuadras del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, JazzUV, la única licenciatura del país dedicada íntegramente al género, con acreditación internacional y diecisiete años de trayectoria formando músicos. Como documentó el periodista Omar Zúñiga, en tres noches de programación el festival ignoró por completo a esta escuela: no hubo invitación, mención ni espacio para sus estudiantes o docentes. La secretaria de Cultura, Xóchitl Molina González, simplemente no conocía la existencia del programa.
La omisión no ES un descuido: es la confirmación de que para quien decide el presupuesto, los músicos y estudiantes locales simplemente no existen.
Mientras todo esto ocurre, los libreros de Xalapa fueron arrinconados en la sede alterna que no contó con suficiente publicidad ni programación. El Correo del Libro sigue cerrado con casi mil títulos adentro. Y el gobierno declara, como hizo la gobernadora el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que "los pueblos originarios son la base de Veracruz" y que el presupuesto para cultura aumentó un 300 por ciento. Pero no se sabe cuántos creadores indígenas fueron contratados para el Festival del Mar, cuántos libros en lenguas originarias se publicaron con ese aumento ni cuánto de ese dinero llegó realmente a las comunidades. Se dice que “Veracruz está de moda”, mientras las calles se deshacen con las lluvias, los centros de salud carecen de medicamentos y el 60 % de la población hace acrobacias en la economía informal.
Lo que la opacidad revela: el centro y los márgenes. Para entender la dimensión de estas cifras hay que ponerlas en contexto. El presupuesto municipal de cultura de Xalapa, la capital del estado, una de las ciudades con mayor capital simbólico del país, cuna del estridentismo, sede de la Universidad Veracruzana y de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, es de apenas 500 mil pesos al año. Medio millón de pesos para sostener toda la política cultural de una ciudad que respira arte, música, literatura y pensamiento. Eso es menos de lo que costó la charla de una hora de un solo conferencista en el Festival del Mar.
Si esto ocurre en Xalapa, ¿qué está pasando en el resto de los municipios de Veracruz? La respuesta está en los mediadores de lectura. En las comunidades donde no hay presupuesto para cultura, donde no llegan los reflectores de los festivales ni las conferencias de los influencers, hay personas que sostienen círculos de lectura con sus propios recursos. Son voluntarios que pagan de su bolsillo los libros, el traslado, a veces hasta la luz del espacio donde se reúnen. No reciben salario. No tienen seguridad social. No aparecen en los boletines.
En la escuela rural Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) Núm. 30,
en Perote los padres de familia financiaron con sus propios recursos la publicación de un libro con 33 cuentos escritos por los niños en un taller de lectoescritura. Lo hicieron sin apoyo institucional, sin convocatoria, sin presupuesto. Lo hicieron porque creyeron que las palabras de sus hijos merecían ser leídas. Mientras tanto, el gobierno gasta hasta ochocientos mil pesos en una hora de un influencer.
Y luego están los jóvenes. Miles de egresados de filosofía, de letras, de historia, de sociología, de artes. Estudiantes que pasaron años formándose en aulas veracruzanas y que no encuentran trabajo o sobreviven dando clases por 80 pesos la hora, sin seguridad social, sin contrato estable, sin reconocimiento. La SECVER no contempla la filosofía ni la bioética como parte de la política cultural. La Secretaría de Educación tampoco les ofrece un horizonte digno. Y mientras esos jóvenes hacen malabares para pagar el pasaje y la renta, el gobierno gasta fortunas en traer conferencistas de fuera.
¿Cuál es el mensaje para esos egresados? Que su formación no vale. Que lo que importa no es el conocimiento, sino el número de seguidores. Que la reflexión, la crítica, el pensamiento riguroso, no cotizan en el mercado de la política cultural. Que la revolución de las conciencias, si alguna vez fue una promesa, hoy se cotiza en likes y se paga con migajas.
Nadie se opone a que haya festivales ni a que la gente disfrute de conciertos, conferencias y eventos gratuitos. El problema no es el evento: es el secreto. El problema es gastar millones sin que se sepa cuánto, a quién y con qué criterios. El problema es que la opacidad se haya vuelto la regla y no la excepción.
No hay transformación sin rendición de cuentas. Esa frase no es un eslogan: es una condición. Porque transformar no es llenar plazas ni anunciar aumentos presupuestales que luego no se ven reflejados en la vida de la gente. Transformar es garantizar que cada peso público se gaste con criterios claros, contratos abiertos y participación de la comunidad. Sin eso, el presupuesto puede crecer todo lo que quiera: seguirá siendo un instrumento de poder, no de justicia. Y los jóvenes que hoy dan clases por 80 pesos la hora, los mediadores que sostienen círculos de lectura con sus propios recursos, los niños de Perote que publicaron un libro sin ayuda del gobierno, seguirán esperando, mientras los influencers cobran en una hora lo que ellos no verán en años.
Leer bien es lo contrario de obedecer. Por eso la opacidad es tan funcional para quien gobierna sin preguntar: una ciudadanía sin datos no puede hacer las preguntas correctas. Y sin preguntas correctas, no hay exigencia posible. Lo que está en juego no es solo el destino de unos millones de pesos. Es la posibilidad misma de que la cultura, y la vida, sean un terreno de todos y no el coto privado de unos cuantos. Es, también, la respuesta a una pregunta que miles de veracruzanos se hacen cada mañana: ¿para qué sirve estudiar, crear, enseñar, si el gobierno prefiere pagar un influencer que a un profesor, un DJ que a un mediador de lectura, un espectáculo que a un libro?
El gobierno tiene que entender : queremos una sociedad con derechos para todas y todos, no para unos cuantos en la jerarquía de la precariedad donde la mayoría solo observa como gastan el presupuesto sin rendir cuentas
