07/07/2026
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Durante los últimos veinte años los dispositivos electrónicos se han vuelto más compactos, más difíciles de desmontar, con baterías selladas, con componentes soldados, con piezas exclusivas del fabricante y con menor disponibilidad de refacciones.
En muchos casos, reparar un equipo resulta tan costoso que el consumidor opta por comprar uno nuevo.
Esta situación tiene consecuencias ambientales enormes por que aumenta la extracción de minerales, incrementa la fabricación de nuevos dispositivos, acelera la generación de residuos electrónicos e incrementa las emisiones de carbono asociadas a la producción tecnológica.
De esto se deriva, el Derecho a Reparar que representa un cambio de paradigma en las sociedades de consumo pues es pasar de una economía basada en el reemplazo constante a una cultura de conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los recursos. Aunque México aún no cuenta con una ley específica sobre esta materia, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la NOM-161-SEMARNAT-2011 ofrecen un marco jurídico que protege al consumidor en materia de garantías y reparación, al tiempo que reconoce la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos electrónicos. Avanzar hacia una legislación integral de Derecho a Reparar fortalecería la protección de los consumidores y contribuiría de manera significativa a reducir la creciente generación de residuos electrónicos en el país.
El consumidor puede contribuir al Derecho a Reparar mediante acciones sencillas como elegir productos con disponibilidad de refacciones, solicitar la reparación antes de reemplazar un equipo, cambiar baterías cuando sea posible, acudir a talleres especializados, conservar manuales y garantías y/o entregar el aparato a un centro autorizado cuando realmente concluya su vida útil.
Ahora bien, la legislación federal mexicana no establece una obligación directa para cada ciudadano de llevar sus aparatos electrónicos a un centro de reciclaje específico. Lo que sí hace la legislación es apoyar a clasificar los RAEE como residuos de manejo especial, establecer que deben manejarse mediante planes de manejo cuando corresponda, prohibir su manejo inadecuado cuando pueda generar contaminación o riesgos ambientales y asignar responsabilidades a productores, importadores, distribuidores, gobiernos y grandes generadores.
Es decir, la responsabilidad del ciudadano es principalmente ambiental y, en algunos estados o municipios, puede complementarse con reglamentos locales que establecen mecanismos específicos de disposición.
