14/07/2026
¿Justicia pareja o doble rasero contra el sindicalismo independiente?
Por Gerardo Velásquez Maravert
Este lunes, integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —SNTE— se manifestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir el cumplimiento de acuerdos pendientes con el magisterio, entre ellos la asignación de plazas docentes, el pago de adeudos, la cobertura de vacantes y la atención de diversos rezagos administrativos que afectan directamente a trabajadores de la educación y a comunidades escolares.
De acuerdo con distintas notas periodísticas, la movilización fue convocada y realizada en defensa de derechos laborales, en apego a la organización sindical y bajo una lógica de protesta pacífica.
Desde esa perspectiva, debe reconocerse con claridad: la base trabajadora de la Sección 32 hizo uso legítimo de su derecho a manifestarse, a organizarse y a exigir respuestas concretas frente a una autoridad educativa que, una vez más, parece administrar los conflictos mediante dilaciones, mesas interminables y compromisos que no siempre se traducen en soluciones reales.
Por ello, desde una mirada crítica y sindicalmente responsable, la pregunta obligada es inevitable:
¿La Secretaría de Educación de Veracruz también presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado por un supuesto “bloqueo estratégico” de sus instalaciones?
¿También solicitará ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, o ante la autoridad que estime competente, la cancelación o anulación del registro sindical de la Sección 32 del SNTE?
¿También promoverá ceses, levantará actas administrativas, ordenará pasar lista en los centros de trabajo o intentará sancionar a los dirigentes y trabajadores que participaron en esta manifestación?
¿También se impulsarán campañas de descrédito, rumores, filtraciones o ataques personales contra sus dirigentes por el simple hecho de encabezar una protesta laboral?
La respuesta parece evidente: no lo harán. Y precisamente ahí está el punto.
Cuando una organización sindical con peso histórico se manifiesta, la autoridad habla de diálogo, prudencia y atención institucional. Pero cuando un sindicato independiente, crítico o incómodo reclama derechos laborales, entonces aparecen con rapidez los expedientes, las amenazas, las denuncias, las presiones administrativas y la narrativa de criminalización.
Esa doble vara no fortalece al Estado de Derecho; lo exhibe.
La libertad sindical no puede depender del tamaño del sindicato, de su cercanía política, de su capacidad de presión o de la comodidad que represente para el gobierno en turno. La protesta laboral no es legítima únicamente cuando la realiza una organización grande, tradicional o tolerada por el poder. También lo es cuando la encabezan sindicatos independientes, trabajadores agraviados, bases inconformes o dirigencias que no se subordinan a intereses ajenos al magisterio.
Resulta particularmente relevante la propia declaración pública de la Secretaria de Educación de Veracruz, quien afirmó ante medios de comunicación que “todos los sindicatos” han sido atendidos y que existe disposición para seguir trabajando y apoyando las demandas laborales de maestras y maestros, “sean de las siglas que sean”.
Celebramos esa declaración; ahora exigimos que se cumpla.
Porque si esa afirmación es cierta, entonces el SIMVE debe ser atendido con el mismo respeto institucional, sin cerrazón, sin amenazas, sin criminalización y sin procedimientos punitivos contra quienes defendemos derechos laborales. De lo contrario, estaríamos frente a una política de puertas abiertas ante los micrófonos, pero de puertas cerradas cuando se trata de sindicatos independientes.
La congruencia institucional no se declara en entrevistas; se demuestra en los hechos.
Por eso, lo ocurrido hoy frente a la SEV obliga a una reflexión mayor: si manifestarse pacíficamente por plazas, adeudos, vacantes, rezonificaciones y derechos pendientes es legítimo para la Sección 32 del SNTE, también debe serlo para cualquier organización sindical que defienda causas laborales reales.
No puede haber sindicalismo de primera y sindicalismo perseguido.
No puede haber derecho de manifestación para unos y denuncia penal para otros.
No puede haber diálogo institucional para los sindicatos cómodos y criminalización para quienes resultan políticamente incómodos.
Desde esta postura, reconozco la movilización de la base trabajadora de la Sección 32 del SNTE y envío un cordial saludo a sus dirigentes por encabezar una exigencia legítima del magisterio veracruzano. Defender plazas, pagos, vacantes y condiciones laborales no es un delito; es una obligación moral, laboral y sindical.
Pero ese mismo criterio debe aplicarse para todos.
Porque si la SEV y el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle, consideran legítima esta manifestación, entonces deben admitir públicamente que la defensa sindical pacífica no puede ser tratada como amenaza, delito o acto de desestabilización cuando la realizan otros sindicatos.
Y si no lo admiten, entonces la pregunta queda sembrada ante la opinión pública:
¿Estamos frente a una política de respeto a la libertad sindical o frente a una estrategia selectiva de persecución contra quienes no se alinean?
El magisterio merece respuestas.
Los trabajadores merecen respeto.
Y Veracruz merece un gobierno que no mida los derechos laborales con cálculo político; que no simule apertura ante los medios de comunicación mientras, en privado, nos manda a decir —por conducto de su portavoz, el Director de Política Regional, Lic. Adolfo Tos Capistrán— que la postura del Gobierno del Estado de Veracruz es considerarnos enemigos por ejercer la legítima defensa de los derechos de los trabajadores del Programa Vasconcelos.
Resulta aún más grave que, frente a esa misma lógica de hostilidad institucional, hayan volteado hacia otro lado ante la implementación de un procedimiento de cese en mi contra como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz; procedimiento que, desde nuestra perspectiva, fue ilegal, desproporcionado y claramente punitivo.
Menos aún merece Veracruz una autoridad que pretenda convertir la defensa sindical del SIMVE —ejercida con firmeza, legitimidad y apego a derecho— en motivo de hostigamiento institucional. Lo que Veracruz requiere es un gobierno congruente: que respete la legalidad, sostenga el diálogo, honre sus compromisos y entienda que la justicia laboral no se persigue; se garantiza.
