Apuntes de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) Chiapas-EZLN (2026)

10/06/2026

“Hay que hacer posible que la política derrote a las armas”: Sub Marcos

El Diálogo que puede salvarnos

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

I. Un país que se está quedando sin aliento

México necesita un Diálogo Nacional.
Lo digo como quien escupe tierra después de una jornada larga:
nos estamos quedando sin país.

No es exageración.
No es discurso.
Es lo que se ve en la carretera, en la banqueta, en la fila del agua, en la frontera, en la sierra, en la selva.

El país se está rompiendo por dentro
mientras los de arriba siguen hablando como si todo fuera un malentendido.

II. Coahuila: donde el polvo se mete en la boca y en la política

Coahuila es un territorio donde el silencio pesa más que el calor.
Aquí la gente trabaja hasta que el cuerpo truena.
Aquí la mina se traga vidas y escupe riqueza que nunca se queda.

Mientras la gente se partía el lomo,
el país entregaba millones de hectáreas a la minería,
como si el territorio fuera un catálogo de ofertas.

Y no solo eso:
México firmó un convenio con Canadá que permite que el ISR de las mineras
se pague allá, no aquí.

Es decir:
la riqueza sale por toneladas
y los impuestos se van por avión.

En la Carbonífera vi cómo el Estado se retiraba
y el crimen organizado entraba como dueño.
No fue casualidad.
Fue diseño.

Cuando privatizaron el territorio,
privatizaron también la seguridad.
Y cuando privatizaron la seguridad,
el crimen la compró.

III. Baja California: donde la frontera huele a mar, a metal y a miedo

Tijuana es un lugar donde el país se deshace en cámara lenta.
Una ciudad donde el Estado llega tarde
y el crimen llega temprano.

Cuando privatizaron los puertos y los aeropuertos,
no trajeron modernidad:
trajeron opacidad.

Los puertos privatizados se volvieron corredores perfectos
para el fentanilo, las armas, el contrabando, la trata.
No porque la gente fuera mala,
sino porque el Estado dejó de estar ahí.

En Baja California vi cómo el crimen organizado no solo controlaba territorios:
controlaba permisos, aduanas, rutas, funcionarios.

Cuando privatizaron los puertos,
privatizaron la soberanía.
Y cuando privatizaron la soberanía,
el crimen la compró.

IV. Chiapas: donde la dignidad resiste aunque el Estado no llegue

La selva Lacandona no es paisaje:
es advertencia.

Ahí entendí que México habla lenguas que el poder no quiere aprender.
Que los pueblos indígenas no piden inclusión:
piden que se cumpla lo que ya se firmó.

Mientras se negociaban los Acuerdos de San Andrés,
el país hacía lo contrario:
entregaba territorios indígenas a mineras extranjeras.

La selva me enseñó que la pobreza no es natural:
es política.
Y que la dignidad puede vivir sin Estado,
pero no sin palabra.

V. El país que se entregó mientras nadie miraba

Mientras privatizaban puertos, aeropuertos, carreteras, bancos, minas, energía,
las veinte familias más ricas de México
acumularon lo mismo que decenas de millones de mexicanos juntos.

No es metáfora.
Es matemática.

Y mientras esas fortunas crecían,
el crimen organizado también crecía.

Porque un país donde la riqueza se concentra arriba
y la pobreza se concentra abajo
es un país donde el crimen encuentra mano de obra, territorio y protección.

El modelo económico no solo creó desigualdad:
creó condiciones para que el crimen organizado se volviera Estado.

VI. 1995: el día en que México respiró… y luego lo ahogaron

Cuando la Cocopa propuso el Diálogo Nacional,
México estuvo a punto de corregir el rumbo.

El EZLN aceptó.
El Congreso aceptó.
El país estaba listo.

Pero el gobierno no.
El gobierno tenía miedo.

Porque un Diálogo Nacional habría cuestionado el modelo económico.
Habría frenado las privatizaciones.
Habría revisado las concesiones.
Habría devuelto la voz a los territorios.

Por eso lo dejaron morir.
Por eso traicionaron San Andrés.
Por eso apagaron la luz.

VII. Lo que un Diálogo Nacional puede reparar (sin adornos)

Un Diálogo Nacional puede:

• Revisar las concesiones mineras que entregaron el país.
• Recuperar los puertos y aeropuertos privatizados.
• Romper el convenio fiscal que regala impuestos a Canadá.
• Frenar la concentración obscena de la riqueza.
• Reconstruir el Estado en territorios capturados por el crimen.
• Devolverle la voz a quienes nunca la tuvieron.
• Refundar el pacto social roto.

No es un evento.
Es una cirugía.
Una intervención a corazón abierto.

VIII. La frase del Subcomandante Marcos como sentencia

Cuando el Subcomandante Marcos dijo a los integrantes de la COCOPA, que en ese momento platicábamos con el:
“Hay que hacer posible que la política derrote a las armas”,
no estaba haciendo poesía.

Estaba diciendo la verdad más dura de este país:
si la política no derrota a las armas,
las armas seguirán derrotando a México.

Esa frase no es brújula:
es ultimátum.

IX. El país que me hizo y el país que me duele

Escribo esto con la voz raspada por el polvo,
por las carreteras que conozco de memoria,
por los territorios que me formaron:

Desde Coahuila, donde el silencio fue política.
Desde Baja California, donde la frontera se volvió botín.
Desde Chiapas, donde la dignidad resiste aunque el Estado no llegue.

Ahí entendí que un país no se salva con discursos:
se salva con acuerdos.

Y que México —mi México, nuestro México—
todavía puede hablarse.
Todavía puede escucharse.
Todavía puede salvarse.

Pero solo si la política derrota a las armas.
Y solo si el país deja de ser mercancía
y vuelve a ser comunidad.

10/05/2026

Los Mismos Ya No!!! Queremos un Cambio 100%Veloz!!!

18/04/2026

No se puede jugar con la vida de quienes electrificaron al país

Por: Jaime Cleofas Martínez Veloz

Hay cosas que un país decente no hace. No se burla de sus viejos. No les cambia las reglas cuando ya cumplieron. No les dice que lo que ganaron con décadas de trabajo ahora vale menos porque alguien decidió que la austeridad empieza por los que ya dieron todo.

Por eso, cuando los jubilados de la CFE llegaron a Torreón con su pronunciamiento, no venían a pedir limosna. Venían a recordarle al Estado que la dignidad no se recorta. Que los derechos adquiridos no son fichas de negociación. Que la Constitución no es un mantel que se estira según la mesa del poder.

Yo los conozco. Caminé con ellos cuando la Tendencia Democrática del SUTERM se levantó en 1975 y 1976. Yo era estudiante, ellos eran gigantes. Se enfrentaron a un aparato sindical que había olvidado a sus propios trabajadores. Y aun así, resistieron. No por privilegio, sino por convicción.

Hoy, medio siglo después, vuelven a tocar la puerta. No porque estén derrotados, sino porque saben que lo que está en juego no es solo su pensión: es el pacto entre el Estado y quienes lo sostuvieron.

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

La Constitución lo prohíbe. La Suprema Corte lo ha reiterado. Los derechos adquiridos no se tocan. No se reinterpretan. No se ajustan al humor del momento. Son parte del patrimonio jurídico de cada trabajador.

Pero mientras se discute si es constitucional recortar pensiones ya otorgadas, el país observa un contraste que insulta la inteligencia colectiva.

El Estado dice que se “ahorrará” 5 mil millones de pesos al año con esta reforma. Cinco mil millones. Una cifra que suena grande hasta que uno mira hacia las megaobras del sexenio.

Según análisis públicos, los sobrecostos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA suman 673 mil millones de pesos.
Repito: 673 mil millones.

Eso es más de 130 veces lo que se pretende “ahorrar” recortando pensiones.

Es decir:
por cada peso que se le quita a un jubilado, se han gastado 130 en sobrecostos de obras públicas.

Y eso sin contar el Corredor Transístmico, las irregularidades documentadas en Segalmex o las pérdidas por el huachicol fiscal, cuyos montos aún no tienen una cifra consolidada.

Entonces, ¿de verdad el problema son los jubilados?
¿De verdad el país se tambalea por las pensiones de quienes electrificaron México cuando el país era más oscuridad que luz?

Los jubilados de la CFE no son una carga. Son quienes sostuvieron el sistema eléctrico cuando no había computadoras, ni sensores, ni protocolos modernos. Son quienes trabajaron turnos dobles, noches enteras, emergencias que no salieron en los periódicos. Son quienes, en los años setenta, se atrevieron a desafiar a un sindicato que había olvidado a sus propios trabajadores.

Yo los vi. Yo los acompañé. Yo aprendí de ellos.

Por eso duele ver que ahora se les quiera convertir en variable de ajuste. Porque cuando el Estado decide que puede modificar unilateralmente lo que ya estaba otorgado, no solo afecta a un grupo de jubilados. Afecta la confianza en el Estado de derecho. Afecta la idea misma de que la ley sirve para proteger, no para castigar.

La reforma al artículo 127 no solo enfrenta un cuestionamiento jurídico. Enfrenta un cuestionamiento moral. Porque si el Estado puede modificar retroactivamente una pensión, ¿qué impide que mañana modifique cualquier otro derecho adquirido?

Los jubilados no llegaron a Torreón a pedir compasión. Llegaron a defender la Constitución. Y en un país donde la ley suele ser un instrumento del poder, no de la ciudadanía, eso ya es un acto de resistencia.

La historia —esa vieja locomotora que avanza entre rieles torcidos— sigue su marcha. Pero hay momentos en que los pasajeros deben recordarle al maquinista que las vías no son suyas, que el destino no se cambia sin consultar a quienes ya pagaron el viaje, y que la dignidad —como los derechos adquiridos— no se negocia.

07/04/2026

Bonilla declara ser Gr**go de Nacimiento

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

En México, la realidad no supera a la ficción: la humilla, la arrastra por el pavimento y luego le pide que firme de recibido.
Y ahí, entre sellos, apostillas y juramentos bilingües, aparece un expediente del Tribunal Electoral del 2012 que dice —con la solemnidad de un notario que ya apagó el aire acondicionado— que Jaime Bonilla declaró haber nacido en Estados Unidos.

No lo digo yo. Lo dice el Tribunal. Y lo más sorprendente: él nunca lo negó.

El Tribunal Electoral y la declaración que nadie desmintió

En los expedientes SUP-REC-155/2012 y acumulados, la Sala Superior revisó documentos oficiales del Estado de California.
Ahí quedó asentado que Bonilla:

declaró ser ciudadano estadounidense,
declaró haber nacido en Estados Unidos,
y juró lealtad a la Constitución de Estados Unidos y del Estado de California.
Todo esto mientras en México se discutía si podía o no ocupar cargos públicos.
Pero él, imperturbable, como quien ve llover desde la ventana, nunca negó lo que el Tribunal asentó.

El formulario de votante: la casilla marcada

En 1998, Bonilla llenó un formulario de registro de votantes en California.
La primera pregunta era tan directa que hasta un cactus la habría entendido:

“ARE YOU A U.S. CITIZEN?”

Y él marcó YES, sin temblarle la mano. Firmó. Puso su dirección en Chula Vista.
Su fecha de nacimiento. Su número de licencia de California. Y certificó todo bajo pena de perjurio.

El espacio de “Lugar de nacimiento” quedó en blanco, pero el Tribunal ya había visto otros documentos donde él mismo decía haber nacido en Estados Unidos.
Y, otra vez, nunca lo negó.

III. El juramento patriótico: la escena que ni Hollywood se atrevería a filmar

El 6 de agosto de 2008, en el Registro de Votantes del Condado de San Diego, Bonilla firmó un documento que parece sacado de una película de guerra, pero sin efectos especiales:

“Defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California contra todos los enemigos, extranjeros o nacionales…”

Ahí está su firma. Ahí está la fecha. Ahí está el sello. Ahí está el juramento.

Un juramento solemne, profundo, patriótico… Y, sobre todo, perfectamente incompatible con la idea de que uno solo tiene una nacionalidad “por nacimiento” y nada más.

Pero él, como siempre, nunca lo negó.

La SRE entra en escena (2019)

Años después, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota informativa.
Ahí reconoció que:

Bonilla sí tenía nacionalidad estadounidense,
que para ocupar un cargo en México tuvo que presentar una renuncia,
y que por eso se le expidió un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.
La SRE no dijo que Estados Unidos hubiera aceptado la renuncia.
Solo dijo que Bonilla la presentó ante México.

Como quien entrega una carta de amor que nunca llegó al destinatario.

La vida electoral en California: 1998–2018

Los documentos apostillados muestran que Bonilla:

votó en elecciones de California durante dos décadas,
ejerció cargos públicos allá,
registró comités electorales,
y mantuvo su actividad política estadounidense incluso mientras era Diputado Federal en México.
Todo certificado por el Registrar of Voters del Condado de San Diego.

Y entonces llegó 2025 y se reafilia al Partido de Trump

Cuando uno pensaría que la historia ya había dado todas las vueltas posibles, aparece un nuevo registro:

25 de marzo de 2025
Afiliación: Republican Party
Domicilio: 1145 Mansiones Lane, Chula Vista
Registro activo y vigente

Es decir: Mientras en México se discuten reformas, candidaturas, litigios y memorias, en California el sistema electoral dice:

“Bienvenido de vuelta, señor Bonilla.”

Y él, otra vez, no lo negó.

Al final, los documentos no mienten: hablan. Hablan más que los discursos, más que las conferencias, más que los voceros. Hablan en inglés, en español, en apostilla y en sello seco.

Dicen que él declaró haber nacido en Estados Unidos. Dicen que juró defender la Constitución norteamericana “contra enemigos extranjeros y domésticos”. Dicen que votó allá, que trabajó allá, que se afilió allá. Y él, siempre tan prudente, nunca los contradijo. Nunca dijo “no”. Nunca dijo “yo no firmé eso”. Nunca dijo “ese no soy yo”.

Así que uno, pobre mortal, solo puede leer los papeles y encogerse de hombros.
Porque si la identidad se construye con actos, firmas y juramentos, entonces Bonilla dejó en California una huella tan profunda que hasta el Tribunal Electoral mexicano la encontró sin necesidad de GPS.

Y mientras tanto, la ficción —esa que presume ser más creativa que la realidad— toma nota, se ajusta el pasamontañas y murmura:

“Compañeros, aquí hay una historia que ni nosotros nos hubiéramos atrevido a inventar.”

08/03/2026

8 de Marzo: La dignidad que sostiene a Coahuila

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

El 8 de marzo no es una fecha decorativa ni un gesto simbólico. Es una jornada que nació del coraje de mujeres trabajadoras que, desde hace más de un siglo, se atrevieron a desafiar la injusticia, la explotación y el silencio. Su lucha, que comenzó en fábricas textiles y calles obreras, se convirtió en un movimiento global que hoy nos convoca a reflexionar sobre la igualdad, la violencia, los derechos y la dignidad.

En Coahuila, esta fecha adquiere un significado profundo. Aquí, donde la historia se ha escrito con esfuerzo, resistencia y memoria, las mujeres han sido protagonistas silenciosas y visibles de cada transformación social. Este artículo busca honrar su presencia, su lucha y su futuro.

Un origen marcado por la lucha

El Día Internacional de la Mujer tiene raíces históricas que no deben olvidarse. A principios del siglo XX, miles de mujeres en Estados Unidos y Europa comenzaron a organizarse para exigir condiciones laborales justas, salarios dignos y el derecho al voto. En 1909 se celebró en Nueva York el primer “Día Nacional de la Mujer”, impulsado por movimientos obreros.

Un año después, en 1910, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas establecer un día internacional dedicado a los derechos de las mujeres. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El hecho decisivo ocurrió el 8 de marzo de 1917, cuando mujeres rusas salieron a las calles exigiendo “pan y paz” en medio de la guerra y el hambre. Su protesta desencadenó una serie de cambios políticos que marcaron la historia moderna. Décadas más tarde, en 1977, la ONU reconoció oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Mujer.

Este origen no es anecdótico: es un recordatorio de que los derechos no fueron obsequios, sino conquistas.

Lo que el 8 de marzo significa hoy

En pleno siglo XXI, el 8 de marzo sigue siendo una fecha de memoria y exigencia. No es un día para felicitar por “ser mujer”, sino para reconocer:

• La desigualdad que persiste en salarios, oportunidades y representación.
• La violencia que sigue arrebatando vidas y libertades.
• El trabajo de cuidados que sostiene hogares y economías, pero rara vez se reconoce.
• La fuerza de los movimientos de mujeres que han impulsado cambios legales y culturales.

Es un día para mirar de frente la realidad, honrar a quienes abrieron camino y renovar el compromiso con un futuro más justo.

Las mujeres de Coahuila: raíz, fuerza y conciencia

Coahuila está hecho de mujeres que han sostenido la vida en cada rincón del estado. Desde las maestras rurales que llevaron educación a los ejidos más apartados, hasta las obreras que impulsan la industria; desde las madres buscadoras que enfrentan el dolor con una valentía que conmueve, hasta las jóvenes que hoy exigen igualdad, seguridad y respeto.

En La Laguna, el Sureste, la Carbonífera, el Desierto y el Norte, las mujeres han sido:

• Constructoras de comunidad.
• Guardianas de la memoria.
• Defensoras de la justicia.
• Impulsoras de la economía local.
• Voces que han transformado leyes, instituciones y conciencias.

Su presencia no es solo social: es moral. Han sostenido a Coahuila en momentos de crisis, han cuidado lo que otros descuidaron y han defendido lo que otros dieron por perdido.

Un mensaje para las mujeres coahuilenses

A las mujeres de Coahuila:

Este 8 de marzo es un reconocimiento a su historia, a su trabajo y a su dignidad. Ustedes han enfrentado desigualdades, violencias y silencios, pero también han construido caminos de esperanza, justicia y libertad. Cada una, desde su propio espacio, ha contribuido a que este estado avance, se fortalezca y se humanice.

Su derecho a vivir sin miedo es irrenunciable. Su voz es indispensable. Su dignidad es innegociable.

Coahuila les debe respeto, justicia y oportunidades reales. Les debe seguridad en las calles, igualdad en los trabajos, libertad en sus decisiones y un futuro donde ninguna niña crezca con miedo, sino con posibilidades.

El 8 de marzo no es un punto de llegada: es un recordatorio de que la lucha continúa. Y en esa lucha, las mujeres de Coahuila no están solas. Su fuerza es la fuerza de este estado.

04/03/2026

Ficha de Riesgos Legislativos, en casos de aprobarse la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral presentada por la Presidencia de la República

Por Jaime Cleofás Martínez Veloz

1. Riesgo de invalidez constitucional por omisión de consulta indígena

La reforma incide en representación política, integración del Congreso y estructura electoral. La SCJN ha determinado que estos temas obligan a consulta previa, libre e informada. Su omisión puede invalidar total o parcialmente el decreto constitucional.

2. Vulnerabilidad del procedimiento legislativo ante acciones de inconstitucionalidad

La falta de consulta constituye un vicio formal y sustancial del procedimiento. Cualquier minoría parlamentaria puede promover acciones de inconstitucionalidad con altas probabilidades de éxito.

3. Controversias constitucionales entre niveles de gobierno

Congresos locales, municipios y autoridades indígenas pueden promover controversias por violación a competencias y derechos colectivos. Esto puede detener o suspender la implementación de la reforma.

4. Riesgo de responsabilidad internacional del Estado mexicano

La omisión de consulta viola el Convenio 169 de la OIT. Puede derivar en procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericana, con consecuencias jurídicas, financieras y reputacionales.

5. Inseguridad jurídica en la operación del sistema electoral

Una reforma aprobada sin consulta puede quedar sujeta a suspensiones, criterios contradictorios y litigios masivos, afectando calendarios electorales y la certeza institucional.

6. Impacto en la gobernabilidad en regiones con presencia indígena

Modificar reglas de representación sin consulta puede generar tensiones políticas en zonas históricamente sensibles, especialmente en estados con alta densidad de población indígena.

7. Riesgo de ruptura del marco jurídico de paz en Chiapas

La Ley para el Diálogo y la Paz en Chiapas sigue vigente. La reforma toca temas del apartado “Democracia y Justicia” de la Agenda de San Andrés, nunca discutidos con el EZLN. La omisión de consulta puede interpretarse como incumplimiento del Estado.

8. Debilitamiento de la legitimidad democrática de la reforma

La exposición de motivos enfatiza soberanía popular, austeridad y fortalecimiento institucional. La falta de consulta contradice estos principios y puede erosionar la narrativa política de la reforma.

9. Incremento de litigiosidad electoral en 2027–2028

Partidos, organizaciones indígenas y actores locales pueden impugnar la reforma en cascada, generando un entorno de alta conflictividad jurídica en vísperas de procesos electorales relevantes.

10. Riesgo político para el Congreso de la Unión

Si el Congreso aprueba una reforma sin cumplir con la consulta obligatoria, asume responsabilidad directa por un procedimiento vulnerable, con potencial de ser revertido por la SCJN o cuestionado internacionalmente.

Conclusión operativa para coordinadores parlamentarios
La consulta indígena no retrasa la reforma: la protege. Su realización es la vía más sólida para blindar el procedimiento, reducir litigios futuros y garantizar que la reforma electoral se sostenga en el tiempo sin riesgos de invalidez.

Jaime Cleofás Martínez Veloz
Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
Firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN
San Andrés Larráinzar, Chiapas — 16 de febrero de 1996

Torreón, Coahuila, a 4 de marzo de 2026.

28/02/2026

Carta Pública a la Presidenta de la República sobre la Reforma Electoral

De Jaime Cleofás Martínez Veloz

A la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta:

Me dirijo a usted con respeto institucional y con la responsabilidad histórica que deriva de mi encargo como Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y como testigo del Congreso de la Unión en la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscritos el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar, Chiapas.

El propósito de esta comunicación es expresar preocupaciones estrictamente jurídicas, procedimentales y de Estado en torno a la iniciativa de reforma electoral anunciada por su gobierno, la cual será presentada próximamente ante el Congreso de la Unión. Estas consideraciones se formulan desde el marco constitucional vigente, los compromisos internacionales del Estado mexicano y la necesidad de preservar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.

Obligaciones constitucionales en materia de consulta indígena

El artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, titulares de derechos colectivos y con participación obligatoria en las decisiones del Estado que puedan afectarles directamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en jurisprudencia firme, que:

Toda medida legislativa que modifique mecanismos de representación política,
altere reglas de integración del Congreso,
incida en la estructura y funcionamiento de las autoridades electorales, o
afecte condiciones de participación en distritos con población indígena,
debe ser sometida a consulta previa, libre e informada, cuando exista afectación directa.

La reforma electoral anunciada incide precisamente en estos ámbitos. Por ello, la consulta no constituye una decisión política discrecional, sino una obligación constitucional vinculante cuyo incumplimiento comprometería la validez del procedimiento legislativo.

Compromisos internacionales del Estado mexicano

México es Estado Parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la omisión de consulta:

constituye una violación autónoma de derechos humanos,
afecta la legitimidad democrática de las decisiones estatales, y
puede generar responsabilidad internacional del Estado.
Una reforma electoral aprobada sin consulta podría derivar en:

procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
una eventual sentencia de la Corte Interamericana,
y consecuencias jurídicas, diplomáticas y financieras para el Estado mexicano.
La Agenda de San Andrés y la vigencia del proceso de paz

La Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas continúa vigente y obliga al Estado mexicano a mantener condiciones que favorezcan la solución política del conflicto iniciado en 1994.

En ese marco, el Gobierno Federal y el EZLN acordaron una agenda de seis temas estructurales:

Derechos y Cultura Indígena
Democracia y Justicia
Bienestar y Desarrollo
Mujer y Participación Política
Reconciliación Social en Chiapas
Fin del Conflicto y Reconciliación Nacional
Solo el primer tema llegó a firmarse como Acuerdo. El segundo —Democracia y Justicia, que incluye la reforma del Estado, la representación política y el sistema electoral— nunca fue discutido formalmente debido a la interrupción del diálogo.

Modificar unilateralmente aspectos centrales de ese tema podría interpretarse como:

una ruptura del marco de paz vigente,
una omisión frente a un conflicto que nunca ha sido jurídicamente concluido,
y un incumplimiento de los compromisos asumidos por los poderes de la Unión en la Ley para el Diálogo.
Riesgos jurídicos, institucionales y de gobernabilidad

Desde una perspectiva de Estado, la aprobación de una reforma electoral sin consulta indígena podría generar:

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte,
controversias constitucionales entre poderes y niveles de gobierno,
impugnaciones ante organismos internacionales,
cuestionamientos sobre la validez procedimental de la reforma,
y un clima de incertidumbre jurídica que afectaría la estabilidad democrática.
Las reformas electorales, por su naturaleza estructural, requieren:

amplio consenso,
certeza jurídica,
respeto pleno a los derechos colectivos,
y condiciones que fortalezcan la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.
En un contexto nacional complejo, cualquier reforma que incida en las reglas del poder debe construirse con el mayor cuidado institucional para evitar tensiones innecesarias y preservar la cohesión social.

Llamado respetuoso

Con fundamento en mi responsabilidad histórica y en el marco jurídico vigente, formulo respetuosamente la siguiente solicitud:

Que la iniciativa de reforma electoral sea sometida a un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos y comunidades indígenas de México, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a los compromisos derivados de los Acuerdos de San Andrés.

Este procedimiento:

fortalecería la legitimidad democrática de la reforma,
garantizaría su constitucionalidad,
evitaría riesgos de inestabilidad jurídica y social,
y honraría los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos indígenas y construcción de paz.
Reitero mi respeto a su investidura y mi disposición permanente para contribuir, desde la experiencia institucional y el marco jurídico vigente, a la consolidación de un país más justo, plural, estable y democrático.

Atentamente,

Jaime Cleofás Martínez Veloz

Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), testigo del Congreso de la Unión y firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN en materia de Derechos y Cultura Indígena en San Andrés Larráinzar, Chiapas, el 16 de febrero de 1996.

Torreón, Coahuila, a 27 de febrero de 2026.

22/02/2026

Cuando cae un capo, tiembla la frontera: Baja California ante su espejo

El abatimiento del líder del CJNG revela la profundidad de la captura institucional en la frontera y abre una disputa por el control político y administrativo del estado.

Por Jaime C. Martínez Veloz

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es un episodio aislado en la larga historia de violencia que atraviesa al país. Para Baja California, este hecho representa un punto de quiebre que obliga a revisar, con seriedad y sin autoengaños, la fragilidad institucional que se ha venido acumulando durante los últimos años. La frontera es un territorio donde se cruzan intereses económicos, criminales, políticos y geopolíticos. Cuando un actor de la magnitud del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desaparece, el reacomodo no solo ocurre en los grupos criminales, sino también en las estructuras de gobierno que, por acción u omisión, permitieron su avance.

Un vacío de poder en la frontera

Baja California ha sido, desde hace décadas, un corredor estratégico para el tráfico de dr**as, armas, personas y capitales. La presencia del CJNG en Tijuana, Mexicali y Ensenada no fue accidental. Se construyó sobre un terreno fértil: instituciones debilitadas, policías vulnerables, operadores incrustados en áreas clave y una élite económica emergente cuya riqueza no siempre encuentra explicación en trayectorias verificables.

La muerte del Mencho abre un vacío que otros grupos buscarán llenar. No se trata solo de una disputa criminal, sino de una reconfiguración del poder local, donde las instituciones capturadas quedan expuestas y disponibles para el mejor postor. En este contexto, Tijuana se convierte nuevamente en el tablero principal: quien controla la ciudad controla permisos, aduanas, obra pública, seguridad municipal y desarrollo urbano.

El lenguaje silencioso de las visas

En los últimos meses, el retiro de visas a funcionarios estatales, municipales y a personas cercanas a figuras políticas de alto nivel ha enviado un mensaje inequívoco: Estados Unidos está observando. La frontera tiene su propio lenguaje, y las visas son uno de sus instrumentos más contundentes.

Cuando una agencia estadounidense retira visas a funcionarios, empresarios o familiares de gobernantes, no lo hace por capricho. Es una señal de que existen patrones de conducta, vínculos o flujos económicos que preocupan al otro lado. La muerte del Mencho acelera este proceso. Los operadores que antes se movían bajo la sombra de un liderazgo criminal fuerte ahora quedan expuestos, vulnerables y sin protección. Y en ese escenario, la presión internacional se vuelve más visible y más incómoda.

La captura institucional: un problema anunciado

Desde 2020 advertimos que Baja California estaba entrando en una fase de deterioro institucional profundo. La falta de controles internos, la improvisación administrativa, la llegada de operadores reciclados de todos los partidos y la ausencia de un proyecto de Estado convirtieron a Morena en un contenedor de intereses ajenos al bienestar público.

En lugar de construir una fuerza política republicana, se abrió la puerta a grupos que vieron en el partido un vehículo para legalizar fortunas, obtener contratos, controlar permisos, manipular policías y operar desde dentro del gobierno. La muerte del Mencho no crea este problema: lo desnuda. Lo que antes se movía en penumbra ahora queda expuesto a la luz del reacomodo criminal y de la presión internacional.

Tijuana y Ensenada: el epicentro del reacomodo

En Tijuana, los funcionarios con mayor capacidad de decisión provienen de Ensenada, un municipio donde en los últimos años surgió una élite económica repentina. Ese fenómeno no es casual. Es el síntoma de una captura institucional que se extendió desde lo local hacia lo estatal. Con la caída del líder del CJNG, estos grupos quedan en una posición delicada: pierden respaldo, pierden interlocutor, pierden protección y quedan expuestos ante agencias internacionales y grupos rivales.

Lo que viene no será un reacomodo silencioso. Será una disputa por el control de las instituciones municipales, por los permisos, por la obra pública, por las aduanas y por la narrativa pública. La frontera está entrando en una etapa de redefinición profunda.

Baja California, obligada a verse en el espejo sin maquillaje.

La muerte del Mencho no es un capítulo más en la historia del crimen organizado. Es un espejo que obliga a Baja California a mirarse sin maquillaje. Durante años, la frontera fue administrada con improvisación, complacencia y una peligrosa mezcla de ingenuidad y oportunismo político. Las instituciones se debilitaron, los controles se relajaron y los espacios vacíos fueron ocupados por quienes vieron en el poder público una extensión de sus intereses privados.

Hoy, ese modelo hace crisis.

La caída del líder del CJNG deja al descubierto la fragilidad de un gobierno que confundió la transformación con la simple sustitución de colores. En lugar de construir un proyecto republicano, se permitió la infiltración de grupos que encontraron en la política un refugio, un negocio o una plataforma para expandir su influencia. El resultado está a la vista: instituciones vulnerables, funcionarios bajo presión internacional, élites económicas emergentes sin explicación patrimonial y una ciudadanía que observa cómo la frontera se convierte en un territorio administrado por la improvisación y la opacidad.

Baja California no puede seguir transitando por esta ruta.
No se trata de cambiar de caudillo, sino de reconstruir el Estado.
No se trata de repartir culpas, sino de asumir responsabilidades.
No se trata de administrar la crisis, sino de enfrentarla con valentía.

La frontera necesita un nuevo pacto institucional que recupere la legalidad, profesionalice el servicio público, depure las estructuras capturadas y devuelva a la ciudadanía la confianza en sus instituciones. Ese es el verdadero desafío. Lo demás —los discursos, las campañas, las narrativas oficiales— son ruido.

La muerte del Mencho marca el fin de una etapa y el inicio de otra.
Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el tipo de Estado que queremos ser.
Baja California tiene una oportunidad histórica para corregir el rumbo.
Perderla sería repetir los errores que nos trajeron hasta aquí.

Apuntes de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) Chiapas-EZLN

10/06/2026

10/05/2026

18/04/2026

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