01/06/2026
Caravana Mesoamericana de Pueblos en Resistencia, por el clima y la vida…
…por EUROPA.
Desde las montañas, desiertos, selvas, lagunas, bosques, ríos, manglares y costas de territorios ancestrales, los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y comunidades organizadas levantamos la voz frente a una nueva etapa de despojo regional impulsada por gobiernos, corporaciones transnacionales, organismos financieros y estructuras militares que buscan convertir nuestros territorios en plataformas logísticas, energéticas, turísticas e industriales al servicio del capital global.
Lo que hoy ocurre desde Sonora hasta Panamá no son conflictos aislados. Forma parte de un mismo proceso de reorganización territorial orientado a integrar la región a nuevas cadenas globales de mercancías, energía, minerales, turismo y control estratégico.
Nos enfrentamos a una ofensiva colonial que se presenta bajo discursos de “desarrollo”, “transición energética”, “sustentabilidad”, “turismo verde” o combate al cambio climático, pero que reproduce la misma lógica histórica de despojo, militarización, racismo estructural y destrucción de la vida comunitaria.
Mesoamérica se ha convertido en un territorio estratégico dentro de las disputas geopolíticas contemporáneas. Frente a la crisis de las cadenas globales de suministro, la reconfiguración energética y el avance de nuevas formas de relocalización industrial, nuestros territorios son utilizados para expandir infraestructura industrial, corredores logísticos, extracción minera, rutas comerciales y plataformas energéticas vinculadas a los intereses económicos de las potencias globales.
Desde Sonora hasta Panamá se consolida una red de puertos, carreteras, trenes, gasoductos, parques industriales, megaproyectos turísticos e infraestructura energética diseñada para responder a las necesidades del capitalismo contemporáneo.
Mientras gobiernos y corporaciones impulsan discursos de seguridad energética, transición industrial y energías renovables, avanzan nuevas fronteras extractivas sobre territorios indígenas, campesinos y rurales, expandiendo proyectos de fracking, explotación gasífera, petrolera y extracción de minerales estratégicos necesarios para las nuevas industrias tecnológicas y energéticas.
La explotación petrolera, junto con la extracción de litio, tierras raras y otros llamados minerales críticos, forma parte de una misma lógica de despojo territorial que sacrifica territorios indígenas, campesinos y rurales para sostener las necesidades energéticas, tecnológicas e industriales del capital global.
En Sonora, el Pueblo Yaqui enfrenta una ofensiva territorial vinculada a esta reconfiguración continental. La imposición del gasoducto, la disputa histórica por el agua y el llamado “Plan de Justicia Yaqui” han sido denunciados por distintas comunidades como mecanismos de integración territorial y control político más que como verdaderos procesos de reparación histórica.
Mientras se habla de reconocimiento histórico, las comunidades denuncian división interna, militarización y debilitamiento de las formas tradicionales de organización.
La defensa del agua en el Valle del Yaqui forma parte de una disputa más amplia por el control de los bienes comunes frente al avance de corredores industriales y energéticos en el norte de México.
En Michoacán, comunidades P'urhépechas y nahuas enfrentan violencia, tala ilegal, expansión agroindustrial y despojo territorial. Frente a ello han construido formas propias de autogobierno, guardias comunitarias y defensa del bosque que representan una de las expresiones más importantes de autonomía indígena en México.
Sin embargo, enfrentan represión, asesinatos, desapariciones forzadas, algunas con más de 50 años (Familia Guzmán Cruz), prisión política y también procesos de cooptación institucional mediante programas gubernamentales que muchas comunidades denuncian como mecanismos asistencialistas incapaces de transformar las estructuras reales del despojo.
La violencia, la militarización y las economías criminales funcionan en muchos territorios como mecanismos complementarios para fragmentar la organización comunitaria y facilitar el control territorial.
En Puebla, la región del Valle y Sierra de Tehuacán, territorio ancestral del pueblo Ngiwa, enfrenta una creciente ofensiva extractivista impulsada por proyectos del agronegocio, invernaderos y granjas industriales que saquean el agua y profundizan la devastación territorial.
A ello se suma el avance de proyectos mineros que exploran ilegalmente cerros sagrados en busca de los llamados minerales críticos, desde tierras raras hasta litio, bajo la narrativa de la transición energética y las nuevas industrias tecnológicas.
En este contexto, y reivindicando el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el Consejo Regional de la Nación Nguiva Ngigua Ngiwa Popoloca sostiene un proceso autónomo y apartidista conformado por defensoras y defensores de derechos humanos y autoridades tradicionales de once comunidades: Acatepec, Huejonapan de Aquiles Serdán, Los Reyes Metzontla, Nativitas Cuautempan, San Felipe Otlaltepec, San Luis Temalacayuca, San Marcos Tlacoyalco, San Vicente Coyotepec, Santa Inés Ahuatempan y Todos Santos Almolonga.
Estas comunidades mantienen una lucha comprometida con la reconstrucción de la Nación Ngiwa y con la defensa de la tierra, el territorio, la lengua, la cultura y las formas comunitarias de vida frente al avance del despojo extractivo.
En Oaxaca, particularmente en el territorios de la región Costa - Istmo, en la comunidad El Coyul, así como en playa Salchi y playa Coyote, comunidades organizadas resisten proyectos turísticos e inmobiliarios que buscan convertir territorios colectivos en mercancía para el turismo extractivo.
Cómo muestra de ello, la península de Yucatán y distintas regiones costeras del sureste mexicano se intensifican procesos similares mediante megaproyectos turísticos, privatización de playas, especulación inmobiliaria y proyectos como Puerta al Mar, que profundizan el desplazamiento comunitario y la mercantilización de territorios indígenas y campesinos.
Estas luchas muestran que la tierra, el manglar, la laguna y el mar no son espacios vacíos disponibles para inversionistas, sino territorios vivos y sustento comunitario.
Al mismo tiempo, múltiples ciudades, barrios y colonias populares enfrentan profundos procesos de gentrificación y turistificación impulsados por capital inmobiliario, megaproyectos urbanos y políticas estatales orientadas a transformar los territorios en espacios de consumo, especulación y control.
En distintos lugares, sindicatos corporativos y estructuras clientelares funcionan como mecanismos de contención y control frente a organizaciones sociales, trabajadoras y trabajadores autónomos y sectores populares que intentan defender sus formas de vida y organización comunitaria.
En el contexto del Mundial de Fútbol de 2026 se profundizan procesos de desplazamiento, desalojos, vigilancia y reordenamiento urbano que afectan especialmente a poblaciones empobrecidas, comercio popular y sectores históricamente marginados.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec constituye uno de los principales ejes de esta reorganización regional. No se trata únicamente de transporte, sino de un proyecto integral que articula puertos, parques industriales, gasoductos, infraestructura energética, plataformas logísticas y rutas comerciales vinculadas a intereses corporativos y geopolíticos.
Por ello, pueblos binnizá, ikoots, mixes, zoques, ayuujk y chontales han denunciado que el corredor representa una amenaza directa contra la vida comunitaria y la autonomía territorial.
La imposición de megaproyectos eólicos en territorios zapotecas e ikoots mostró desde hace décadas el funcionamiento del llamado extractivismo verde. Bajo promesas de energía limpia y desarrollo quedaron división comunitaria, contratos abusivos, criminalización y concentración de riqueza en manos corporativas.
Hoy esa lógica continúa con los polos industriales, el hidrógeno verde y los proyectos impulsados bajo la narrativa de la transición energética.
Las falsas soluciones climáticas se han convertido en una nueva forma de colonialismo. Se habla de sustentabilidad mientras se militarizan territorios indígenas, se destruyen manglares, selvas y ríos, y se profundiza el extractivismo.
Al mismo tiempo, pueblos originarios del oriente del Istmo mantienen desde hace años una lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica y contra el modelo energético impuesto sobre sus territorios.
Resulta contradictorio que regiones donde se produce gran parte de la energía eólica del país continúen enfrentando pobreza energética y abandono estructural.
En el corazón del Istmo de Tehuantepec se libra una lucha histórica y tenaz: la defensa del territorio ancestral de las comunidades indígenas Zoque de Los Chimalapas. Estas comunidades resguardan cerca de 600 000 hectáreas de tierras comunales, conformando una de las extensiones continuas de selvas y bosques mejor conservadas de México y una de las bio-regiones más biodiversas de Mesoamérica. Este territorio representa mucho más que una superficie geográfica: es memoria, identidad, cultura y sustento para los pueblos indígenas que, durante generaciones, han resistido las presiones externas para proteger su hogar.
Los Chimalapas constituyen un patrimonio biocultural estratégico e invaluable por los servicios ecosistémicos que proveen: regulan ciclos hídricos, capturan carbono, conservan especies únicas y sostienen procesos ecológicos esenciales para el equilibrio ambiental regional.
El mal llamado Tren Maya forma parte de esta misma lógica territorial y se encuentra profundamente articulado con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con la expansión de corredores logísticos, energéticos y turísticos hacia Centroamérica.
La turistificación acelerada de la península, la expansión hotelera, la especulación inmobiliaria, la destrucción de cenotes y selvas y el desplazamiento de comunidades mayas muestran cómo el turismo corporativo opera como otra forma de extractivismo.
Las estaciones ferroviarias se convierten en polos inmobiliarios y turísticos, mientras los territorios indígenas son integrados a nuevas dinámicas de acumulación y control territorial.
Mientras se habla de progreso y desarrollo sustentable, las comunidades enfrentan aumento del costo de vida, destrucción ambiental, privatización territorial y pérdida de control sobre sus propios territorios.
Esta reorganización territorial del sureste mexicano busca consolidar una gran franja logística y energética conectada con Centroamérica, articulando puertos, rutas comerciales, infraestructura energética y plataformas industriales al servicio de las cadenas globales del capital contemporáneo.
Esta ofensiva territorial se extiende a toda Mesoamérica…
En Guatemala avanzan megaproyectos mineros, monocultivos, hidroeléctricas, corredores logísticos e infraestructura energética sobre territorios mayas e indígenas históricamente atravesados por violencia colonial y militarización. Empresas extractivas continúan generando conflictos territoriales mientras comunidades mayas sostienen procesos de consulta comunitaria, defensa de los ríos, lagos y resistencia frente a la criminalización de autoridades ancestrales y defensoras comunitarias.
Se observa ineficiencia institucional para acceder a la tierra; por lo que las familias indígenas y campesinas están forzadas a residir en áreas con alto riesgo medioambiental, continúan los desalojos, al igual que la criminalización contra los líderes comunitarios. En Guatemala, el colonialismo político sigue presente, manteniendo una relación de servidumbre con Estados Unidos.
En Honduras, la expansión de zonas económicas especiales, hidroeléctricas, monocultivos agroindustriales y corredores energéticos profundiza la violencia contra comunidades indígenas y campesinas. Las luchas del pueblo lenca, garífuna y de múltiples organizaciones territoriales continúan enfrentando el despojo territorial, el avance de proyectos turísticos en territorios costeros y la militarización vinculada a intereses corporativos y extractivos.
En El Salvador el Ecocidio y el Etnocidio avanzan con el fortalecimiento del Autoritarismo y la Violencia Estatal que criminaliza y persigue a las personas defensoras de derechos humanos y del territorio, con el fin de silenciar sus voces ante el desarrollo de iniciativas de muerte en los sectores extractivos y neoextractivos turísticos, inmobiliarios, logísticos y de la minería metálica que atentan contra la vida, el tejido comunitario, la autonomía y soberanía territorial.
Avanzan proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, Enclaves Residenciales como Health City (El Chapernal, San Alejo), Complejos Hoteleros como El Paraíso (La Criba Conchagua), Centrales Energéticas como Conchagua Power (Bahía de La Unión) y los Circuitos Turísticos Surf City 1 y Surf City 2; orientados a integrar el país a dinámicas regionales de inversión y circulación de mercancías, profundizando procesos de desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas, concentración territorial, mercantilización de los bienes comunes y bioculturales, financiarización de la vivienda y la depredación de ecosistemas nativos.
En Nicaragua, el cierre de espacios democráticos, la persecución contra organizaciones sociales y el control centralizado del territorio amenazan las autonomías comunitarias y los procesos organizativos. A ello se suma el interés estratégico sobre corredores logísticos, infraestructura energética y posibles proyectos interoceánicos vinculados a disputas geopolíticas regionales.
En Costa Rica, el Pueblo Bribri de Salitre, vive la inacción e inoperancia del Estado al no desalojar personas no indígenas invasoras del territorio bribri a pesar de la existencia de una ley desde 1977 (Ley 6172) y la ratificación del convenio 169 de la OIT en 1993. Además de esto, no ha existido avance sustantivo para lograr la autonomía del territorio ni siquiera existe reconocimiento por parte del Estado de la organización propia del territorio que lleva más de 40 años exigiendo la libertad de aplicar su propia política.
En 2015, una comisión de la CIDH, dictó medidas cautelares(MC 321-12) a favor del Pueblo Bribri por las continuas violaciones a los derechos humanos dado la violencia existente contra aquellos que reclaman su derecho legítimo a la tierra. La organizacion propia Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa figura como beneficiario de estas medidas, misma que lleva años apoyando los procesos de recuperacion de las tierras bribris en manos de no indigenas.
En 2019, Sergio Rojas Ortiz, líder bribri, quien figuraba como vocero de esta organización fue asesinado dentro del territorio(yeri de Salitre), siendo beneficiario de estas medidas cautelares, a causa de ser el principal promotor del cumplimiento del marco legal existente en materia indigena.
La expansión del turismo corporativo, la presión inmobiliaria sobre territorios costeros e indígenas y la mercantilización de la naturaleza bajo discursos verdes reflejan también la integración subordinada del territorio a las economías globales del turismo y el capital transnacional. Comunidades indígenas y costeras continúan resistiendo el desplazamiento y la privatización territorial.
En 2026, este 9 de julio mediante un proceso de interdicto agrario, el poder judicial desalojara a familias bribris recuperadoras de la finca kapliña (recuperada en 2019 y ubicada dentro del territorio indigena bribri) y dársela en posesión al no indigena edwin guevara mora, quien lleva más de 35 años invadiendo el territorio indigena bribri de Salitre y que además ha causado grandes efectos ambientales negativos usando la tierra para ganadería. Este proceso la consideramos irregular dado el amplio marco jurídico existente y en donde se aplica la ley sin tomar en consideración las particularidades de los pueblos indígenas sobre todo de su cosmogonía, es decir violentando el derecho consuetudinario y el derecho internacional.
La violencia sistemática contra nuestros Pueblos Indígenas no es un fenómeno del pasado: es una realidad latente que continúa profundizándose. Recientemente, se ha impulsado un proyecto de ley orientado a reducir los Territorios Indígenas legalmente reconocidos, afectando de manera particular al Territorio Indígena de Këköldi, en Talamanca. Se trata de una iniciativa que responde abiertamente a intereses vinculados a empresas turísticas y al capital inmobiliario que avanza sobre nuestras tierras bajo el mismo discurso de “desarrollo” que la Caravana denuncia a escala regional.
A esto se suman políticas públicas diseñadas e implementadas sin consulta, sin participación real y sin reconocimiento de la voz, los criterios y los derechos de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Además, compañeros y compañeras de distintos Territorios Indígenas han recibido amenazas y actos de intimidación por parte de personas usurpadoras que continúan ocupando ilegalmente nuestras tierras, mientras el Estado permanece indiferente e incapaz de garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos.
El FRENAPI mantiene una continua denuncia de la inoperancia del Estado costarricense. Un país que históricamente se ha presentado ante la comunidad internacional como modelo de defensa de los derechos humanos, del ambiente y de la paz, ha incumplido sistemáticamente sus propios compromisos con los Pueblos Indígenas. Poco a poco, ese discurso pacífico se vacía de contenido frente a la realidad que vivimos en nuestros Territorios.
En Panamá, la ampliación de puertos, corredores logísticos, zonas francas e infraestructura vinculada al Canal consolida el papel del país como enclave estratégico para el comercio global y el capital financiero internacional. Distintas organizaciones sociales continúan denunciando el impacto ambiental y social de los megaproyectos, así como la creciente desigualdad territorial.
A lo largo de toda la región avanzan nuevas formas de extractivismo energético, militarización y criminalización contra defensoras y defensores del territorio.
En este contexto de profundización del despojo territorial y crisis climática, los pueblos y organizaciones que participamos en el recorrido de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, e integrantes de la iniciativa internacionalista de los Espejos del Sur Global, continuamos articulando esfuerzos para denunciar la situación que viven nuestros territorios.
Después del recorrido realizado entre el 4 de octubre y el 22 de noviembre de 2025 por distintos territorios en resistencia, desde Sonora al Norte de México hasta Panamá, constatamos que existe una continuidad territorial del conflicto en todas estas geografías.
En prácticamente todos los territorios visitados se repiten dinámicas de despojo, militarización, destrucción ambiental y presión sobre las formas de organización comunitaria.
La Caravana permitió compartir experiencias de resistencia frente a corredores industriales, megaproyectos energéticos, parques eólicos, minería, monocultivos, hidroeléctricas y proyectos turísticos impulsados bajo discursos de desarrollo y transición energética.
También permitió visibilizar cómo la militarización avanza junto con los megaproyectos mediante vigilancia, criminalización y distintas formas de presión estatal y corporativa.
Frente a ello, los pueblos continúan sosteniendo procesos de resistencia, autogobierno, comunalidad, agroecología, guardias comunitarias y construcción de alternativas colectivas desde abajo.
Del 1 al 22 de junio de 2026 realizaremos un recorrido por distintos territorios y ciudades de Europa con el objetivo de sostener encuentros y espacios de diálogo con organizaciones sociales, colectivos, movimientos ambientalistas, organismos de derechos humanos, medios libres, universidades y personas comprometidas con la defensa de la vida y los territorios.
No viajamos a Europa para promover agendas individuales, disputas personales ni protagonismos políticos. Tampoco vamos como vanguardia ni como representantes únicos de las luchas de nuestros pueblos.
Somos parte de un proceso colectivo construido desde distintas geografías en resistencia que decidió caminar y denunciar en común la ofensiva de despojo que avanza sobre nuestros territorios.
Nuestra palabra no es una agenda individual: es una denuncia colectiva construida desde abajo.
Viajamos para denunciar una arquitectura de despojo que avanza sobre nuestros territorios mediante corredores industriales, energéticos, turísticos y logísticos impulsados por gobiernos, corporaciones transnacionales y organismos financieros internacionales.
Queremos compartir la palabra y la experiencia de los pueblos que defienden el agua, los bosques, las playas, las lagunas, los manglares y las selvas frente al avance del extractivismo y las falsas soluciones climáticas.
Queremos también abrir un diálogo internacional sobre el papel que juegan Europa, Estados Unidos, los poderes del Norte Global y sus corporaciones transnacionales en la reorganización territorial de Mesoamérica.
Muchos de los megaproyectos que hoy destruyen nuestros territorios están vinculados a inversiones transnacionales, tratados comerciales y cadenas globales de suministro impulsadas desde los centros de poder económico mundial.
Por eso creemos urgente fortalecer redes internacionales de solidaridad y articulación entre los pueblos.
Frente a la globalización del capital, necesitamos profundizar la globalización de las luchas y la defensa colectiva de la vida.
Convocamos a organizaciones sociales, movimientos, universidades, redes de solidaridad y organismos de derechos humanos de Europa a encontrarse con esta delegación y seguir construyendo puentes internacionales de dignidad, resistencia y esperanza entre los pueblos.
Necesitamos fortalecer articulaciones internacionales frente al avance de los megaproyectos, el extractivismo, el militarismo y las nuevas formas de colonialismo corporativo que amenazan los territorios y la vida en múltiples regiones del mundo.
Porque nuestras luchas no tienen fronteras. Porque la defensa de la vida es una tarea colectiva y global. Porque frente al avance del despojo, los pueblos seguimos caminando y articulándonos desde abajo, desde la memoria, la autonomía y la dignidad.
Iniciativa Internacionalista;
> Espejos del Sur Global | Mirros of Global South <
Autoridades tradicionales del pueblo de Vicam Estación y de Potam Guardia Asunción de Maria, junto con la Tropa Yoremia de los 8 pueblos de la Nación Yaqui, Sonora, México.
Consejo Supremo Indígena de Michoacán - CSIM, México.
Consejo Regional de la Nación Nguiva Ngigua Ngiwa Popoloca, Puebla, México.
Centro Comunitario U kúuchil k Ch'i'ibalo'on, Quintana Roo, México.
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Oaxaca, México.
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca - OIDHO, México.
Asamblea General de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera, Oaxaca, México.
Asamblea General de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul, Oaxaca, México.
Asamblea General del Aguaje de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués, Oaxaca, México.
FRENTE DE ORGANIZACIONES OAXAQUEÑAS - FORO, integrado por:
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT, Oaxaca, México.
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca - CODEDI, México.
Comité por la Defensa de los Pueblos de Oaxaca - CODEPO, México.
Frente Popular 14 de Junio, Oaxaca, México.
Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur - COCISS, Oaxaca, México.
Frente Indígena Zapoteca - FIZ, Oaxaca, México.
Comité para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Oaxaca, México.
Madera del Pueblo del Sureste, México.
Deuda por Clima, México.
Legado Gaia, México.
Colectivo Jna Tsjo , México.
COLECTIVO Tz' unun Ya'l, Pueblos Mayas, Guatemala.
Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales - MILPA, El Salvador.
Frente Nacional de Pueblos Indígenas - FRENAPI, Costa Rica.
Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa (Salitre - 1979), pueblo Bribri, Costa Rica.
Sur Territoria, Chile.
Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente - MODATIMA WALLMAPU, Chile.
PERMANECER EN LA TIERRA (Latinoamérica y Caribe).
CAMPAÑA GLOBAL “EL ISTMO ES NUESTRO”
Agenda General:
3–6 de junio — Estrasburgo, Francia
8–13 de junio — Bonn, Alemania
13–15 de junio — Padua, Italia
14–17 de junio — Ginebra, Suiza
14 - 21 de junio — Tarento, Italia
17–18 de junio — París, Francia
19–20 de junio — Ámsterdam, Países Bajos
Para más información pueden escribirnos por correo electrónico a:
[email protected]
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Contacto de prensa por WhatsApp:
Ivan LEGAIA: +52 55 2172 9828
Contacto para más información sobre el recorrido en Europa: +52 951 447 0046
