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Movimiento Amplio Social de Baja California, Tijuana (2026)

24/06/2026

Bonilla: el operador binacional que infiltra, graba, filtra y captura. El Caballo de Troya desde el Partido Republicano vía el Partido del Trabajo

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

Durante más de veinte años, Jaime Bonilla Valdez no ha hecho política: ha hecho operaciones encubiertas. Su carrera no se explica por votos, ideas o proyectos, sino por un método corrosivo que combina doble militancia, doble residencia, doble discurso y una sola constante: el uso de grabaciones clandestinas como arma de control y destrucción.

No es una acusación.
Es un expediente.

I. El origen del método: grabar, entregar, filtrar

El 23 de octubre de 2003, el Los Angeles Times publicó “A Border Politician’s Artful Rise”. Ahí se describe a Bonilla como:

“the Water Board President… who worked with the FBI and secretly recorded Gastelum discussing how to arrange a $1‑million payoff.”

No hay interpretación posible:
Bonilla grabó en secreto. Bonilla entregó al FBI. Bonilla filtró.

Ese episodio no fue un accidente.
Fue el manual operativo que ha repetido durante dos décadas.

II. El negocio paralelo: política financiada con dinero público

Mientras construía su plataforma política, su empresa Media Sports de México SA de CV recibió $12,955,925.94 pesos del Ayuntamiento de Tijuana entre enero y mayo de 2017.
Los documentos oficiales incluyen:

• Cheque por $6,835,563.00
• Cheque por $2,142,619.50
• Cheque por $2,006,235.00
• Cheque por $675,370.50
• Cheque por $1,231,481.94

No es una sospecha:
es una transferencia sistemática de recursos públicos hacia su estructura mediática.

III. El poder por la fuerza, no por la ley

En 2019 llegó a la gubernatura de Baja California.
Su administración fue un laboratorio de confrontación, filtraciones y guerra interna.
Intentó extender ilegalmente su mandato mediante la “Ley Bonilla”, declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2020.

Ese intento de prolongarse en el poder no fue un error político.
Fue un mensaje:
Bonilla no respeta reglas. Las dobla, las rompe o las compra.

IV. El regreso del viejo truco: audios, “informantes” y filtraciones

Entre 2023 y 2025 reapareció el mismo patrón de 2001–2003:

• Audios “anónimos”
• Supuestos “informantes del FBI”
• Filtraciones dirigidas
• Narrativas fabricadas para destruir adversarios

Distintos actores políticos señalaron a Bonilla como el operador detrás de esa estrategia.
El guion es idéntico.
La mano también.

V. El dato que desnuda todo: su afiliación republicana en 2025

El 25 de marzo de 2025, Bonilla reapareció en registros electorales de California como votante activo del Partido Republicano, con domicilio en:

1145 Mansiones Lane, Chula Vista, CA 91910

Mientras en México se presenta como dirigente del Partido del Trabajo, en Estados Unidos se reafilia al partido conservador.

No es contradicción.
Es doble militancia funcional:
una para operar en México, otra para protegerse en Estados Unidos.

VI. El PT como plataforma de captura

A pesar de su historial, el Partido del Trabajo lo nombró Comisionado Político Estatal en Baja California, otorgándole capacidad de:

• intervenir en candidaturas,
• presionar estructuras,
• negociar posiciones,
• bloquear adversarios,
• operar desde Estados Unidos sin rendir cuentas en México.

Es la fórmula perfecta para un operador binacional:
poder interno, protección externa.

VII. El Caballo de Troya

Bonilla no entra para sumar.
Entra para infiltrar.
No entra para construir.
Entra para capturar.
No entra para fortalecer.
Entra para fracturar.

Es un actor interno con intereses externos, un político que vive en un país, milita en otro y opera en ambos según su conveniencia.

Ese es el verdadero peligro:
no se le ve venir porque ya está adentro.

VIII. La pregunta final

La pregunta no es si Bonilla tiene derecho a participar en política.
La pregunta es para quién opera realmente.

Los documentos, los registros y los antecedentes apuntan a una conclusión incómoda:

Bonilla no juega para un solo lado.
Juega para sí mismo.
Juega desde dos países.
Juega con dos partidos.
Y juega con las mismas armas de siempre: grabaciones, filtraciones y presión.

Ese es el riesgo.
Ese es el mensaje.
Ese es el Caballo de Troya.

22/06/2026

Las cuentas que no cuadran y las sombras que si: Bonilla, Media Sports y la herencia de Lourdes Maldonado.

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

En Tijuana, las historias no se entierran: se esconden. Se guardan en cajones con sellos oficiales, en archivos que nadie revisa, en empresas que cambian de dueño pero no de dueño real. Y cuando regresan, lo hacen como regresan las deudas: con nombres, con fechas y con la memoria de quienes ya no pueden contarlas.

Esta es una de esas historias.

La empresa Media Sports de México, S.A. de C.V., la misma que Lourdes Maldonado demandó y a la que le ganó un juicio laboral después de casi diez años, reapareció en 2023 con una serie de movimientos que no huelen a trámite administrativo, sino a maniobra política.

Los documentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones lo dicen sin rodeos:

“Rita Fimbres Cheno… 49 acciones… 99% del capital social… con derecho a voto.”
(Constancias IFT 2020, 2021, 2022 y 2023)

La esposa del senador.
La dueña formal de la empresa que Lourdes litigó.
La empresa que operó el aparato mediático de Bonilla durante años.

Pero lo más revelador no es quién aparece como dueña, sino cuándo aparece:
todas las constancias —2020, 2021, 2022 y 2023— fueron solicitadas y registradas en septiembre de 2023.
Todas juntas.
Todas de golpe.
Como si alguien hubiera recordado que los papeles también dejan huella.

---

Y mientras esos papeles se movían en 2023, otros papeles —más viejos, más incómodos— ya hablaban desde 2018.

El 11 de septiembre de ese año, el Ayuntamiento panista de Tijuana, encabezado por Juan Manuel Gastélum, emitió un oficio donde se detallan pagos por 12 millones 955 mil 925 pesos a Media Sports.

Pagos hechos cuando Jaime Bonilla era Presidente Estatal de Morena en Baja California.
Pagos hechos cuando ya era el operador político más influyente del movimiento lopezobradorista en el estado.
Pagos hechos por un gobierno panista que públicamente decía combatir a Morena.

El documento lo dice con la frialdad de la contabilidad:

“MEDIA SPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.… Cheque 132481… $6,835,563.00…”
(Oficio Tesorería Municipal, 11 de septiembre de 2018)

En Tijuana, los enemigos políticos se pelean en público y se pagan en privado.

---

Y en medio de todo esto está Lourdes.

La periodista que no se calló.
La mujer que enfrentó a un aparato mediático y político.
La que ganó un juicio laboral contra Media Sports.
La que denunció públicamente que temía por su vida.
La que fue asesinada un día antes de que se ejecutara la sentencia que ordenaba el embargo contra la empresa.

No hace falta acusar a nadie.
Basta con mirar la línea del tiempo.
Basta con ver cómo los papeles se mueven cuando la justicia está a punto de alcanzarlos.

Los documentos del IFT muestran que Media Sports no era un cascarón. No era una empresa dormida. Era una concesionaria activa, con folios, con notificaciones, con estructura accionaria registrada en 2020, 2021, 2022 y 2023.

“Media Sports de México, S.A. de C.V.… Fecha de notificación: 20 de septiembre de 2023.”
(Constancia IFT 074025)

Y los documentos del Ayuntamiento muestran que la empresa recibía millones del erario mientras Bonilla dirigía Morena en Baja California.

Y los documentos judiciales muestran que Lourdes ganó.
Y que la ejecución del embargo estaba programada para el 24 de enero de 2022.
Y que ella fue asesinada el 23.

Hoy, los papeles hablan.
Hablan más que los discursos.
Hablan más que los silencios.
Hablan más que los culpables que nunca aparecen.

Hablan de una empresa.
De una familia.
De un político.
De una periodista que ya no está.

En Tijuana, la verdad no se esconde: se disfraza.
Pero siempre regresa.
Y esta vez regresa con folio, con firma digital y con la memoria de Lourdes caminando delante.

RECUADRO DOCUMENTAL

Extractos clave

IFT – Constancias de Inscripción 2020, 2021, 2022, 2023

“Rita Fimbres Cheno… 49 acciones… 99% del capital social… con derecho a voto.”
“Media Sports de México, S.A. de C.V.… Fecha de notificación: 20 de septiembre de 2023.”

Ayuntamiento de Tijuana – Tesorería Municipal (11 de septiembre de 2018)

“MEDIA SPORTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.… Cheque 132481… $6,835,563.00…”
“Total pagado: $12,955,925.94.”

Sentencia laboral de Lourdes Maldonado (enero 2022)

“Se ordena la ejecución y embargo contra Media Sports de México, S.A. de C.V.”
(Ejecución programada para el 24 de enero de 2022.)

10/06/2026

“Hay que hacer posible que la política derrote a las armas”: Sub Marcos

El Diálogo que puede salvarnos

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

I. Un país que se está quedando sin aliento

México necesita un Diálogo Nacional.
Lo digo como quien escupe tierra después de una jornada larga:
nos estamos quedando sin país.

No es exageración.
No es discurso.
Es lo que se ve en la carretera, en la banqueta, en la fila del agua, en la frontera, en la sierra, en la selva.

El país se está rompiendo por dentro
mientras los de arriba siguen hablando como si todo fuera un malentendido.

II. Coahuila: donde el polvo se mete en la boca y en la política

Coahuila es un territorio donde el silencio pesa más que el calor.
Aquí la gente trabaja hasta que el cuerpo truena.
Aquí la mina se traga vidas y escupe riqueza que nunca se queda.

Mientras la gente se partía el lomo,
el país entregaba millones de hectáreas a la minería,
como si el territorio fuera un catálogo de ofertas.

Y no solo eso:
México firmó un convenio con Canadá que permite que el ISR de las mineras
se pague allá, no aquí.

Es decir:
la riqueza sale por toneladas
y los impuestos se van por avión.

En la Carbonífera vi cómo el Estado se retiraba
y el crimen organizado entraba como dueño.
No fue casualidad.
Fue diseño.

Cuando privatizaron el territorio,
privatizaron también la seguridad.
Y cuando privatizaron la seguridad,
el crimen la compró.

III. Baja California: donde la frontera huele a mar, a metal y a miedo

Tijuana es un lugar donde el país se deshace en cámara lenta.
Una ciudad donde el Estado llega tarde
y el crimen llega temprano.

Cuando privatizaron los puertos y los aeropuertos,
no trajeron modernidad:
trajeron opacidad.

Los puertos privatizados se volvieron corredores perfectos
para el fentanilo, las armas, el contrabando, la trata.
No porque la gente fuera mala,
sino porque el Estado dejó de estar ahí.

En Baja California vi cómo el crimen organizado no solo controlaba territorios:
controlaba permisos, aduanas, rutas, funcionarios.

Cuando privatizaron los puertos,
privatizaron la soberanía.
Y cuando privatizaron la soberanía,
el crimen la compró.

IV. Chiapas: donde la dignidad resiste aunque el Estado no llegue

La selva Lacandona no es paisaje:
es advertencia.

Ahí entendí que México habla lenguas que el poder no quiere aprender.
Que los pueblos indígenas no piden inclusión:
piden que se cumpla lo que ya se firmó.

Mientras se negociaban los Acuerdos de San Andrés,
el país hacía lo contrario:
entregaba territorios indígenas a mineras extranjeras.

La selva me enseñó que la pobreza no es natural:
es política.
Y que la dignidad puede vivir sin Estado,
pero no sin palabra.

V. El país que se entregó mientras nadie miraba

Mientras privatizaban puertos, aeropuertos, carreteras, bancos, minas, energía,
las veinte familias más ricas de México
acumularon lo mismo que decenas de millones de mexicanos juntos.

No es metáfora.
Es matemática.

Y mientras esas fortunas crecían,
el crimen organizado también crecía.

Porque un país donde la riqueza se concentra arriba
y la pobreza se concentra abajo
es un país donde el crimen encuentra mano de obra, territorio y protección.

El modelo económico no solo creó desigualdad:
creó condiciones para que el crimen organizado se volviera Estado.

VI. 1995: el día en que México respiró… y luego lo ahogaron

Cuando la Cocopa propuso el Diálogo Nacional,
México estuvo a punto de corregir el rumbo.

El EZLN aceptó.
El Congreso aceptó.
El país estaba listo.

Pero el gobierno no.
El gobierno tenía miedo.

Porque un Diálogo Nacional habría cuestionado el modelo económico.
Habría frenado las privatizaciones.
Habría revisado las concesiones.
Habría devuelto la voz a los territorios.

Por eso lo dejaron morir.
Por eso traicionaron San Andrés.
Por eso apagaron la luz.

VII. Lo que un Diálogo Nacional puede reparar (sin adornos)

Un Diálogo Nacional puede:

• Revisar las concesiones mineras que entregaron el país.
• Recuperar los puertos y aeropuertos privatizados.
• Romper el convenio fiscal que regala impuestos a Canadá.
• Frenar la concentración obscena de la riqueza.
• Reconstruir el Estado en territorios capturados por el crimen.
• Devolverle la voz a quienes nunca la tuvieron.
• Refundar el pacto social roto.

No es un evento.
Es una cirugía.
Una intervención a corazón abierto.

VIII. La frase del Subcomandante Marcos como sentencia

Cuando el Subcomandante Marcos dijo a los integrantes de la COCOPA, que en ese momento platicábamos con el:
“Hay que hacer posible que la política derrote a las armas”,
no estaba haciendo poesía.

Estaba diciendo la verdad más dura de este país:
si la política no derrota a las armas,
las armas seguirán derrotando a México.

Esa frase no es brújula:
es ultimátum.

IX. El país que me hizo y el país que me duele

Escribo esto con la voz raspada por el polvo,
por las carreteras que conozco de memoria,
por los territorios que me formaron:

Desde Coahuila, donde el silencio fue política.
Desde Baja California, donde la frontera se volvió botín.
Desde Chiapas, donde la dignidad resiste aunque el Estado no llegue.

Ahí entendí que un país no se salva con discursos:
se salva con acuerdos.

Y que México —mi México, nuestro México—
todavía puede hablarse.
Todavía puede escucharse.
Todavía puede salvarse.

Pero solo si la política derrota a las armas.
Y solo si el país deja de ser mercancía
y vuelve a ser comunidad.

10/05/2026

Los Mismos Ya No!!! Queremos un Cambio 100%Veloz!!!

18/04/2026

No se puede jugar con la vida de quienes electrificaron al país

Por: Jaime Cleofas Martínez Veloz

Hay cosas que un país decente no hace. No se burla de sus viejos. No les cambia las reglas cuando ya cumplieron. No les dice que lo que ganaron con décadas de trabajo ahora vale menos porque alguien decidió que la austeridad empieza por los que ya dieron todo.

Por eso, cuando los jubilados de la CFE llegaron a Torreón con su pronunciamiento, no venían a pedir limosna. Venían a recordarle al Estado que la dignidad no se recorta. Que los derechos adquiridos no son fichas de negociación. Que la Constitución no es un mantel que se estira según la mesa del poder.

Yo los conozco. Caminé con ellos cuando la Tendencia Democrática del SUTERM se levantó en 1975 y 1976. Yo era estudiante, ellos eran gigantes. Se enfrentaron a un aparato sindical que había olvidado a sus propios trabajadores. Y aun así, resistieron. No por privilegio, sino por convicción.

Hoy, medio siglo después, vuelven a tocar la puerta. No porque estén derrotados, sino porque saben que lo que está en juego no es solo su pensión: es el pacto entre el Estado y quienes lo sostuvieron.

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

La Constitución lo prohíbe. La Suprema Corte lo ha reiterado. Los derechos adquiridos no se tocan. No se reinterpretan. No se ajustan al humor del momento. Son parte del patrimonio jurídico de cada trabajador.

Pero mientras se discute si es constitucional recortar pensiones ya otorgadas, el país observa un contraste que insulta la inteligencia colectiva.

El Estado dice que se “ahorrará” 5 mil millones de pesos al año con esta reforma. Cinco mil millones. Una cifra que suena grande hasta que uno mira hacia las megaobras del sexenio.

Según análisis públicos, los sobrecostos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA suman 673 mil millones de pesos.
Repito: 673 mil millones.

Eso es más de 130 veces lo que se pretende “ahorrar” recortando pensiones.

Es decir:
por cada peso que se le quita a un jubilado, se han gastado 130 en sobrecostos de obras públicas.

Y eso sin contar el Corredor Transístmico, las irregularidades documentadas en Segalmex o las pérdidas por el huachicol fiscal, cuyos montos aún no tienen una cifra consolidada.

Entonces, ¿de verdad el problema son los jubilados?
¿De verdad el país se tambalea por las pensiones de quienes electrificaron México cuando el país era más oscuridad que luz?

Los jubilados de la CFE no son una carga. Son quienes sostuvieron el sistema eléctrico cuando no había computadoras, ni sensores, ni protocolos modernos. Son quienes trabajaron turnos dobles, noches enteras, emergencias que no salieron en los periódicos. Son quienes, en los años setenta, se atrevieron a desafiar a un sindicato que había olvidado a sus propios trabajadores.

Yo los vi. Yo los acompañé. Yo aprendí de ellos.

Por eso duele ver que ahora se les quiera convertir en variable de ajuste. Porque cuando el Estado decide que puede modificar unilateralmente lo que ya estaba otorgado, no solo afecta a un grupo de jubilados. Afecta la confianza en el Estado de derecho. Afecta la idea misma de que la ley sirve para proteger, no para castigar.

La reforma al artículo 127 no solo enfrenta un cuestionamiento jurídico. Enfrenta un cuestionamiento moral. Porque si el Estado puede modificar retroactivamente una pensión, ¿qué impide que mañana modifique cualquier otro derecho adquirido?

Los jubilados no llegaron a Torreón a pedir compasión. Llegaron a defender la Constitución. Y en un país donde la ley suele ser un instrumento del poder, no de la ciudadanía, eso ya es un acto de resistencia.

La historia —esa vieja locomotora que avanza entre rieles torcidos— sigue su marcha. Pero hay momentos en que los pasajeros deben recordarle al maquinista que las vías no son suyas, que el destino no se cambia sin consultar a quienes ya pagaron el viaje, y que la dignidad —como los derechos adquiridos— no se negocia.

07/04/2026

Bonilla declara ser Gr**go de Nacimiento

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

En México, la realidad no supera a la ficción: la humilla, la arrastra por el pavimento y luego le pide que firme de recibido.
Y ahí, entre sellos, apostillas y juramentos bilingües, aparece un expediente del Tribunal Electoral del 2012 que dice —con la solemnidad de un notario que ya apagó el aire acondicionado— que Jaime Bonilla declaró haber nacido en Estados Unidos.

No lo digo yo. Lo dice el Tribunal. Y lo más sorprendente: él nunca lo negó.

El Tribunal Electoral y la declaración que nadie desmintió

En los expedientes SUP-REC-155/2012 y acumulados, la Sala Superior revisó documentos oficiales del Estado de California.
Ahí quedó asentado que Bonilla:

declaró ser ciudadano estadounidense,
declaró haber nacido en Estados Unidos,
y juró lealtad a la Constitución de Estados Unidos y del Estado de California.
Todo esto mientras en México se discutía si podía o no ocupar cargos públicos.
Pero él, imperturbable, como quien ve llover desde la ventana, nunca negó lo que el Tribunal asentó.

El formulario de votante: la casilla marcada

En 1998, Bonilla llenó un formulario de registro de votantes en California.
La primera pregunta era tan directa que hasta un cactus la habría entendido:

“ARE YOU A U.S. CITIZEN?”

Y él marcó YES, sin temblarle la mano. Firmó. Puso su dirección en Chula Vista.
Su fecha de nacimiento. Su número de licencia de California. Y certificó todo bajo pena de perjurio.

El espacio de “Lugar de nacimiento” quedó en blanco, pero el Tribunal ya había visto otros documentos donde él mismo decía haber nacido en Estados Unidos.
Y, otra vez, nunca lo negó.

III. El juramento patriótico: la escena que ni Hollywood se atrevería a filmar

El 6 de agosto de 2008, en el Registro de Votantes del Condado de San Diego, Bonilla firmó un documento que parece sacado de una película de guerra, pero sin efectos especiales:

“Defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California contra todos los enemigos, extranjeros o nacionales…”

Ahí está su firma. Ahí está la fecha. Ahí está el sello. Ahí está el juramento.

Un juramento solemne, profundo, patriótico… Y, sobre todo, perfectamente incompatible con la idea de que uno solo tiene una nacionalidad “por nacimiento” y nada más.

Pero él, como siempre, nunca lo negó.

La SRE entra en escena (2019)

Años después, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota informativa.
Ahí reconoció que:

Bonilla sí tenía nacionalidad estadounidense,
que para ocupar un cargo en México tuvo que presentar una renuncia,
y que por eso se le expidió un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.
La SRE no dijo que Estados Unidos hubiera aceptado la renuncia.
Solo dijo que Bonilla la presentó ante México.

Como quien entrega una carta de amor que nunca llegó al destinatario.

La vida electoral en California: 1998–2018

Los documentos apostillados muestran que Bonilla:

votó en elecciones de California durante dos décadas,
ejerció cargos públicos allá,
registró comités electorales,
y mantuvo su actividad política estadounidense incluso mientras era Diputado Federal en México.
Todo certificado por el Registrar of Voters del Condado de San Diego.

Y entonces llegó 2025 y se reafilia al Partido de Trump

Cuando uno pensaría que la historia ya había dado todas las vueltas posibles, aparece un nuevo registro:

25 de marzo de 2025
Afiliación: Republican Party
Domicilio: 1145 Mansiones Lane, Chula Vista
Registro activo y vigente

Es decir: Mientras en México se discuten reformas, candidaturas, litigios y memorias, en California el sistema electoral dice:

“Bienvenido de vuelta, señor Bonilla.”

Y él, otra vez, no lo negó.

Al final, los documentos no mienten: hablan. Hablan más que los discursos, más que las conferencias, más que los voceros. Hablan en inglés, en español, en apostilla y en sello seco.

Dicen que él declaró haber nacido en Estados Unidos. Dicen que juró defender la Constitución norteamericana “contra enemigos extranjeros y domésticos”. Dicen que votó allá, que trabajó allá, que se afilió allá. Y él, siempre tan prudente, nunca los contradijo. Nunca dijo “no”. Nunca dijo “yo no firmé eso”. Nunca dijo “ese no soy yo”.

Así que uno, pobre mortal, solo puede leer los papeles y encogerse de hombros.
Porque si la identidad se construye con actos, firmas y juramentos, entonces Bonilla dejó en California una huella tan profunda que hasta el Tribunal Electoral mexicano la encontró sin necesidad de GPS.

Y mientras tanto, la ficción —esa que presume ser más creativa que la realidad— toma nota, se ajusta el pasamontañas y murmura:

“Compañeros, aquí hay una historia que ni nosotros nos hubiéramos atrevido a inventar.”

04/03/2026

Ficha de Riesgos Legislativos, en casos de aprobarse la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral presentada por la Presidencia de la República

Por Jaime Cleofás Martínez Veloz

1. Riesgo de invalidez constitucional por omisión de consulta indígena

La reforma incide en representación política, integración del Congreso y estructura electoral. La SCJN ha determinado que estos temas obligan a consulta previa, libre e informada. Su omisión puede invalidar total o parcialmente el decreto constitucional.

2. Vulnerabilidad del procedimiento legislativo ante acciones de inconstitucionalidad

La falta de consulta constituye un vicio formal y sustancial del procedimiento. Cualquier minoría parlamentaria puede promover acciones de inconstitucionalidad con altas probabilidades de éxito.

3. Controversias constitucionales entre niveles de gobierno

Congresos locales, municipios y autoridades indígenas pueden promover controversias por violación a competencias y derechos colectivos. Esto puede detener o suspender la implementación de la reforma.

4. Riesgo de responsabilidad internacional del Estado mexicano

La omisión de consulta viola el Convenio 169 de la OIT. Puede derivar en procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericana, con consecuencias jurídicas, financieras y reputacionales.

5. Inseguridad jurídica en la operación del sistema electoral

Una reforma aprobada sin consulta puede quedar sujeta a suspensiones, criterios contradictorios y litigios masivos, afectando calendarios electorales y la certeza institucional.

6. Impacto en la gobernabilidad en regiones con presencia indígena

Modificar reglas de representación sin consulta puede generar tensiones políticas en zonas históricamente sensibles, especialmente en estados con alta densidad de población indígena.

7. Riesgo de ruptura del marco jurídico de paz en Chiapas

La Ley para el Diálogo y la Paz en Chiapas sigue vigente. La reforma toca temas del apartado “Democracia y Justicia” de la Agenda de San Andrés, nunca discutidos con el EZLN. La omisión de consulta puede interpretarse como incumplimiento del Estado.

8. Debilitamiento de la legitimidad democrática de la reforma

La exposición de motivos enfatiza soberanía popular, austeridad y fortalecimiento institucional. La falta de consulta contradice estos principios y puede erosionar la narrativa política de la reforma.

9. Incremento de litigiosidad electoral en 2027–2028

Partidos, organizaciones indígenas y actores locales pueden impugnar la reforma en cascada, generando un entorno de alta conflictividad jurídica en vísperas de procesos electorales relevantes.

10. Riesgo político para el Congreso de la Unión

Si el Congreso aprueba una reforma sin cumplir con la consulta obligatoria, asume responsabilidad directa por un procedimiento vulnerable, con potencial de ser revertido por la SCJN o cuestionado internacionalmente.

Conclusión operativa para coordinadores parlamentarios
La consulta indígena no retrasa la reforma: la protege. Su realización es la vía más sólida para blindar el procedimiento, reducir litigios futuros y garantizar que la reforma electoral se sostenga en el tiempo sin riesgos de invalidez.

Jaime Cleofás Martínez Veloz
Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
Firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN
San Andrés Larráinzar, Chiapas — 16 de febrero de 1996

Torreón, Coahuila, a 4 de marzo de 2026.

28/02/2026

Carta Pública a la Presidenta de la República sobre la Reforma Electoral

De Jaime Cleofás Martínez Veloz

A la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta:

Me dirijo a usted con respeto institucional y con la responsabilidad histórica que deriva de mi encargo como Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y como testigo del Congreso de la Unión en la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscritos el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar, Chiapas.

El propósito de esta comunicación es expresar preocupaciones estrictamente jurídicas, procedimentales y de Estado en torno a la iniciativa de reforma electoral anunciada por su gobierno, la cual será presentada próximamente ante el Congreso de la Unión. Estas consideraciones se formulan desde el marco constitucional vigente, los compromisos internacionales del Estado mexicano y la necesidad de preservar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.

Obligaciones constitucionales en materia de consulta indígena

El artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, titulares de derechos colectivos y con participación obligatoria en las decisiones del Estado que puedan afectarles directamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en jurisprudencia firme, que:

Toda medida legislativa que modifique mecanismos de representación política,
altere reglas de integración del Congreso,
incida en la estructura y funcionamiento de las autoridades electorales, o
afecte condiciones de participación en distritos con población indígena,
debe ser sometida a consulta previa, libre e informada, cuando exista afectación directa.

La reforma electoral anunciada incide precisamente en estos ámbitos. Por ello, la consulta no constituye una decisión política discrecional, sino una obligación constitucional vinculante cuyo incumplimiento comprometería la validez del procedimiento legislativo.

Compromisos internacionales del Estado mexicano

México es Estado Parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la omisión de consulta:

constituye una violación autónoma de derechos humanos,
afecta la legitimidad democrática de las decisiones estatales, y
puede generar responsabilidad internacional del Estado.
Una reforma electoral aprobada sin consulta podría derivar en:

procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
una eventual sentencia de la Corte Interamericana,
y consecuencias jurídicas, diplomáticas y financieras para el Estado mexicano.
La Agenda de San Andrés y la vigencia del proceso de paz

La Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas continúa vigente y obliga al Estado mexicano a mantener condiciones que favorezcan la solución política del conflicto iniciado en 1994.

En ese marco, el Gobierno Federal y el EZLN acordaron una agenda de seis temas estructurales:

Derechos y Cultura Indígena
Democracia y Justicia
Bienestar y Desarrollo
Mujer y Participación Política
Reconciliación Social en Chiapas
Fin del Conflicto y Reconciliación Nacional
Solo el primer tema llegó a firmarse como Acuerdo. El segundo —Democracia y Justicia, que incluye la reforma del Estado, la representación política y el sistema electoral— nunca fue discutido formalmente debido a la interrupción del diálogo.

Modificar unilateralmente aspectos centrales de ese tema podría interpretarse como:

una ruptura del marco de paz vigente,
una omisión frente a un conflicto que nunca ha sido jurídicamente concluido,
y un incumplimiento de los compromisos asumidos por los poderes de la Unión en la Ley para el Diálogo.
Riesgos jurídicos, institucionales y de gobernabilidad

Desde una perspectiva de Estado, la aprobación de una reforma electoral sin consulta indígena podría generar:

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte,
controversias constitucionales entre poderes y niveles de gobierno,
impugnaciones ante organismos internacionales,
cuestionamientos sobre la validez procedimental de la reforma,
y un clima de incertidumbre jurídica que afectaría la estabilidad democrática.
Las reformas electorales, por su naturaleza estructural, requieren:

amplio consenso,
certeza jurídica,
respeto pleno a los derechos colectivos,
y condiciones que fortalezcan la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.
En un contexto nacional complejo, cualquier reforma que incida en las reglas del poder debe construirse con el mayor cuidado institucional para evitar tensiones innecesarias y preservar la cohesión social.

Llamado respetuoso

Con fundamento en mi responsabilidad histórica y en el marco jurídico vigente, formulo respetuosamente la siguiente solicitud:

Que la iniciativa de reforma electoral sea sometida a un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos y comunidades indígenas de México, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a los compromisos derivados de los Acuerdos de San Andrés.

Este procedimiento:

fortalecería la legitimidad democrática de la reforma,
garantizaría su constitucionalidad,
evitaría riesgos de inestabilidad jurídica y social,
y honraría los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos indígenas y construcción de paz.
Reitero mi respeto a su investidura y mi disposición permanente para contribuir, desde la experiencia institucional y el marco jurídico vigente, a la consolidación de un país más justo, plural, estable y democrático.

Atentamente,

Jaime Cleofás Martínez Veloz

Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), testigo del Congreso de la Unión y firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN en materia de Derechos y Cultura Indígena en San Andrés Larráinzar, Chiapas, el 16 de febrero de 1996.

Torreón, Coahuila, a 27 de febrero de 2026.

Movimiento Amplio Social de Baja California

24/06/2026

22/06/2026

10/06/2026

10/05/2026

18/04/2026

07/04/2026

04/03/2026

28/02/2026

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