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10/05/2026

Los Mismos Ya No!!! Queremos un Cambio 100%Veloz!!!

18/04/2026

No se puede jugar con la vida de quienes electrificaron al país

Por: Jaime Cleofas Martínez Veloz

Hay cosas que un país decente no hace. No se burla de sus viejos. No les cambia las reglas cuando ya cumplieron. No les dice que lo que ganaron con décadas de trabajo ahora vale menos porque alguien decidió que la austeridad empieza por los que ya dieron todo.

Por eso, cuando los jubilados de la CFE llegaron a Torreón con su pronunciamiento, no venían a pedir limosna. Venían a recordarle al Estado que la dignidad no se recorta. Que los derechos adquiridos no son fichas de negociación. Que la Constitución no es un mantel que se estira según la mesa del poder.

Yo los conozco. Caminé con ellos cuando la Tendencia Democrática del SUTERM se levantó en 1975 y 1976. Yo era estudiante, ellos eran gigantes. Se enfrentaron a un aparato sindical que había olvidado a sus propios trabajadores. Y aun así, resistieron. No por privilegio, sino por convicción.

Hoy, medio siglo después, vuelven a tocar la puerta. No porque estén derrotados, sino porque saben que lo que está en juego no es solo su pensión: es el pacto entre el Estado y quienes lo sostuvieron.

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

La Constitución lo prohíbe. La Suprema Corte lo ha reiterado. Los derechos adquiridos no se tocan. No se reinterpretan. No se ajustan al humor del momento. Son parte del patrimonio jurídico de cada trabajador.

Pero mientras se discute si es constitucional recortar pensiones ya otorgadas, el país observa un contraste que insulta la inteligencia colectiva.

El Estado dice que se “ahorrará” 5 mil millones de pesos al año con esta reforma. Cinco mil millones. Una cifra que suena grande hasta que uno mira hacia las megaobras del sexenio.

Según análisis públicos, los sobrecostos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA suman 673 mil millones de pesos.
Repito: 673 mil millones.

Eso es más de 130 veces lo que se pretende “ahorrar” recortando pensiones.

Es decir:
por cada peso que se le quita a un jubilado, se han gastado 130 en sobrecostos de obras públicas.

Y eso sin contar el Corredor Transístmico, las irregularidades documentadas en Segalmex o las pérdidas por el huachicol fiscal, cuyos montos aún no tienen una cifra consolidada.

Entonces, ¿de verdad el problema son los jubilados?
¿De verdad el país se tambalea por las pensiones de quienes electrificaron México cuando el país era más oscuridad que luz?

Los jubilados de la CFE no son una carga. Son quienes sostuvieron el sistema eléctrico cuando no había computadoras, ni sensores, ni protocolos modernos. Son quienes trabajaron turnos dobles, noches enteras, emergencias que no salieron en los periódicos. Son quienes, en los años setenta, se atrevieron a desafiar a un sindicato que había olvidado a sus propios trabajadores.

Yo los vi. Yo los acompañé. Yo aprendí de ellos.

Por eso duele ver que ahora se les quiera convertir en variable de ajuste. Porque cuando el Estado decide que puede modificar unilateralmente lo que ya estaba otorgado, no solo afecta a un grupo de jubilados. Afecta la confianza en el Estado de derecho. Afecta la idea misma de que la ley sirve para proteger, no para castigar.

La reforma al artículo 127 no solo enfrenta un cuestionamiento jurídico. Enfrenta un cuestionamiento moral. Porque si el Estado puede modificar retroactivamente una pensión, ¿qué impide que mañana modifique cualquier otro derecho adquirido?

Los jubilados no llegaron a Torreón a pedir compasión. Llegaron a defender la Constitución. Y en un país donde la ley suele ser un instrumento del poder, no de la ciudadanía, eso ya es un acto de resistencia.

La historia —esa vieja locomotora que avanza entre rieles torcidos— sigue su marcha. Pero hay momentos en que los pasajeros deben recordarle al maquinista que las vías no son suyas, que el destino no se cambia sin consultar a quienes ya pagaron el viaje, y que la dignidad —como los derechos adquiridos— no se negocia.

Bonilla declara ser Gr**go de NacimientoPor Jaime Cleofas Martínez VelozEn México, la realidad no supera a la ficción: l...
07/04/2026

Bonilla declara ser Gr**go de Nacimiento

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

En México, la realidad no supera a la ficción: la humilla, la arrastra por el pavimento y luego le pide que firme de recibido.
Y ahí, entre sellos, apostillas y juramentos bilingües, aparece un expediente del Tribunal Electoral del 2012 que dice —con la solemnidad de un notario que ya apagó el aire acondicionado— que Jaime Bonilla declaró haber nacido en Estados Unidos.

No lo digo yo. Lo dice el Tribunal. Y lo más sorprendente: él nunca lo negó.

El Tribunal Electoral y la declaración que nadie desmintió

En los expedientes SUP-REC-155/2012 y acumulados, la Sala Superior revisó documentos oficiales del Estado de California.
Ahí quedó asentado que Bonilla:

declaró ser ciudadano estadounidense,
declaró haber nacido en Estados Unidos,
y juró lealtad a la Constitución de Estados Unidos y del Estado de California.
Todo esto mientras en México se discutía si podía o no ocupar cargos públicos.
Pero él, imperturbable, como quien ve llover desde la ventana, nunca negó lo que el Tribunal asentó.

El formulario de votante: la casilla marcada

En 1998, Bonilla llenó un formulario de registro de votantes en California.
La primera pregunta era tan directa que hasta un cactus la habría entendido:

“ARE YOU A U.S. CITIZEN?”

Y él marcó YES, sin temblarle la mano. Firmó. Puso su dirección en Chula Vista.
Su fecha de nacimiento. Su número de licencia de California. Y certificó todo bajo pena de perjurio.

El espacio de “Lugar de nacimiento” quedó en blanco, pero el Tribunal ya había visto otros documentos donde él mismo decía haber nacido en Estados Unidos.
Y, otra vez, nunca lo negó.

III. El juramento patriótico: la escena que ni Hollywood se atrevería a filmar

El 6 de agosto de 2008, en el Registro de Votantes del Condado de San Diego, Bonilla firmó un documento que parece sacado de una película de guerra, pero sin efectos especiales:

“Defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado de California contra todos los enemigos, extranjeros o nacionales…”

Ahí está su firma. Ahí está la fecha. Ahí está el sello. Ahí está el juramento.

Un juramento solemne, profundo, patriótico… Y, sobre todo, perfectamente incompatible con la idea de que uno solo tiene una nacionalidad “por nacimiento” y nada más.

Pero él, como siempre, nunca lo negó.

La SRE entra en escena (2019)

Años después, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota informativa.
Ahí reconoció que:

Bonilla sí tenía nacionalidad estadounidense,
que para ocupar un cargo en México tuvo que presentar una renuncia,
y que por eso se le expidió un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento.
La SRE no dijo que Estados Unidos hubiera aceptado la renuncia.
Solo dijo que Bonilla la presentó ante México.

Como quien entrega una carta de amor que nunca llegó al destinatario.

La vida electoral en California: 1998–2018

Los documentos apostillados muestran que Bonilla:

votó en elecciones de California durante dos décadas,
ejerció cargos públicos allá,
registró comités electorales,
y mantuvo su actividad política estadounidense incluso mientras era Diputado Federal en México.
Todo certificado por el Registrar of Voters del Condado de San Diego.

Y entonces llegó 2025 y se reafilia al Partido de Trump

Cuando uno pensaría que la historia ya había dado todas las vueltas posibles, aparece un nuevo registro:

25 de marzo de 2025
Afiliación: Republican Party
Domicilio: 1145 Mansiones Lane, Chula Vista
Registro activo y vigente

Es decir: Mientras en México se discuten reformas, candidaturas, litigios y memorias, en California el sistema electoral dice:

“Bienvenido de vuelta, señor Bonilla.”

Y él, otra vez, no lo negó.

Al final, los documentos no mienten: hablan. Hablan más que los discursos, más que las conferencias, más que los voceros. Hablan en inglés, en español, en apostilla y en sello seco.

Dicen que él declaró haber nacido en Estados Unidos. Dicen que juró defender la Constitución norteamericana “contra enemigos extranjeros y domésticos”. Dicen que votó allá, que trabajó allá, que se afilió allá. Y él, siempre tan prudente, nunca los contradijo. Nunca dijo “no”. Nunca dijo “yo no firmé eso”. Nunca dijo “ese no soy yo”.

Así que uno, pobre mortal, solo puede leer los papeles y encogerse de hombros.
Porque si la identidad se construye con actos, firmas y juramentos, entonces Bonilla dejó en California una huella tan profunda que hasta el Tribunal Electoral mexicano la encontró sin necesidad de GPS.

Y mientras tanto, la ficción —esa que presume ser más creativa que la realidad— toma nota, se ajusta el pasamontañas y murmura:

“Compañeros, aquí hay una historia que ni nosotros nos hubiéramos atrevido a inventar.”

04/03/2026

Ficha de Riesgos Legislativos, en casos de aprobarse la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Electoral presentada por la Presidencia de la República

Por Jaime Cleofás Martínez Veloz

1. Riesgo de invalidez constitucional por omisión de consulta indígena

La reforma incide en representación política, integración del Congreso y estructura electoral. La SCJN ha determinado que estos temas obligan a consulta previa, libre e informada. Su omisión puede invalidar total o parcialmente el decreto constitucional.

2. Vulnerabilidad del procedimiento legislativo ante acciones de inconstitucionalidad

La falta de consulta constituye un vicio formal y sustancial del procedimiento. Cualquier minoría parlamentaria puede promover acciones de inconstitucionalidad con altas probabilidades de éxito.

3. Controversias constitucionales entre niveles de gobierno

Congresos locales, municipios y autoridades indígenas pueden promover controversias por violación a competencias y derechos colectivos. Esto puede detener o suspender la implementación de la reforma.

4. Riesgo de responsabilidad internacional del Estado mexicano

La omisión de consulta viola el Convenio 169 de la OIT. Puede derivar en procedimientos ante la Comisión y la Corte Interamericana, con consecuencias jurídicas, financieras y reputacionales.

5. Inseguridad jurídica en la operación del sistema electoral

Una reforma aprobada sin consulta puede quedar sujeta a suspensiones, criterios contradictorios y litigios masivos, afectando calendarios electorales y la certeza institucional.

6. Impacto en la gobernabilidad en regiones con presencia indígena

Modificar reglas de representación sin consulta puede generar tensiones políticas en zonas históricamente sensibles, especialmente en estados con alta densidad de población indígena.

7. Riesgo de ruptura del marco jurídico de paz en Chiapas

La Ley para el Diálogo y la Paz en Chiapas sigue vigente. La reforma toca temas del apartado “Democracia y Justicia” de la Agenda de San Andrés, nunca discutidos con el EZLN. La omisión de consulta puede interpretarse como incumplimiento del Estado.

8. Debilitamiento de la legitimidad democrática de la reforma

La exposición de motivos enfatiza soberanía popular, austeridad y fortalecimiento institucional. La falta de consulta contradice estos principios y puede erosionar la narrativa política de la reforma.

9. Incremento de litigiosidad electoral en 2027–2028

Partidos, organizaciones indígenas y actores locales pueden impugnar la reforma en cascada, generando un entorno de alta conflictividad jurídica en vísperas de procesos electorales relevantes.

10. Riesgo político para el Congreso de la Unión

Si el Congreso aprueba una reforma sin cumplir con la consulta obligatoria, asume responsabilidad directa por un procedimiento vulnerable, con potencial de ser revertido por la SCJN o cuestionado internacionalmente.

Conclusión operativa para coordinadores parlamentarios
La consulta indígena no retrasa la reforma: la protege. Su realización es la vía más sólida para blindar el procedimiento, reducir litigios futuros y garantizar que la reforma electoral se sostenga en el tiempo sin riesgos de invalidez.

Jaime Cleofás Martínez Veloz
Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA)
Firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN
San Andrés Larráinzar, Chiapas — 16 de febrero de 1996

Torreón, Coahuila, a 4 de marzo de 2026.

Carta Pública a la Presidenta de la República sobre la Reforma ElectoralDe Jaime Cleofás Martínez VelozA la Presidenta d...
28/02/2026

Carta Pública a la Presidenta de la República sobre la Reforma Electoral

De Jaime Cleofás Martínez Veloz

A la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta:

Me dirijo a usted con respeto institucional y con la responsabilidad histórica que deriva de mi encargo como Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y como testigo del Congreso de la Unión en la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, suscritos el 16 de febrero de 1996 en San Andrés Larráinzar, Chiapas.

El propósito de esta comunicación es expresar preocupaciones estrictamente jurídicas, procedimentales y de Estado en torno a la iniciativa de reforma electoral anunciada por su gobierno, la cual será presentada próximamente ante el Congreso de la Unión. Estas consideraciones se formulan desde el marco constitucional vigente, los compromisos internacionales del Estado mexicano y la necesidad de preservar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.

Obligaciones constitucionales en materia de consulta indígena

El artículo 2 de la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, titulares de derechos colectivos y con participación obligatoria en las decisiones del Estado que puedan afectarles directamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en jurisprudencia firme, que:

Toda medida legislativa que modifique mecanismos de representación política,
altere reglas de integración del Congreso,
incida en la estructura y funcionamiento de las autoridades electorales, o
afecte condiciones de participación en distritos con población indígena,
debe ser sometida a consulta previa, libre e informada, cuando exista afectación directa.

La reforma electoral anunciada incide precisamente en estos ámbitos. Por ello, la consulta no constituye una decisión política discrecional, sino una obligación constitucional vinculante cuyo incumplimiento comprometería la validez del procedimiento legislativo.

Compromisos internacionales del Estado mexicano

México es Estado Parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la omisión de consulta:

constituye una violación autónoma de derechos humanos,
afecta la legitimidad democrática de las decisiones estatales, y
puede generar responsabilidad internacional del Estado.
Una reforma electoral aprobada sin consulta podría derivar en:

procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
una eventual sentencia de la Corte Interamericana,
y consecuencias jurídicas, diplomáticas y financieras para el Estado mexicano.
La Agenda de San Andrés y la vigencia del proceso de paz

La Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas continúa vigente y obliga al Estado mexicano a mantener condiciones que favorezcan la solución política del conflicto iniciado en 1994.

En ese marco, el Gobierno Federal y el EZLN acordaron una agenda de seis temas estructurales:

Derechos y Cultura Indígena
Democracia y Justicia
Bienestar y Desarrollo
Mujer y Participación Política
Reconciliación Social en Chiapas
Fin del Conflicto y Reconciliación Nacional
Solo el primer tema llegó a firmarse como Acuerdo. El segundo —Democracia y Justicia, que incluye la reforma del Estado, la representación política y el sistema electoral— nunca fue discutido formalmente debido a la interrupción del diálogo.

Modificar unilateralmente aspectos centrales de ese tema podría interpretarse como:

una ruptura del marco de paz vigente,
una omisión frente a un conflicto que nunca ha sido jurídicamente concluido,
y un incumplimiento de los compromisos asumidos por los poderes de la Unión en la Ley para el Diálogo.
Riesgos jurídicos, institucionales y de gobernabilidad

Desde una perspectiva de Estado, la aprobación de una reforma electoral sin consulta indígena podría generar:

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte,
controversias constitucionales entre poderes y niveles de gobierno,
impugnaciones ante organismos internacionales,
cuestionamientos sobre la validez procedimental de la reforma,
y un clima de incertidumbre jurídica que afectaría la estabilidad democrática.
Las reformas electorales, por su naturaleza estructural, requieren:

amplio consenso,
certeza jurídica,
respeto pleno a los derechos colectivos,
y condiciones que fortalezcan la gobernabilidad democrática y la estabilidad social del país.
En un contexto nacional complejo, cualquier reforma que incida en las reglas del poder debe construirse con el mayor cuidado institucional para evitar tensiones innecesarias y preservar la cohesión social.

Llamado respetuoso

Con fundamento en mi responsabilidad histórica y en el marco jurídico vigente, formulo respetuosamente la siguiente solicitud:

Que la iniciativa de reforma electoral sea sometida a un proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos y comunidades indígenas de México, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a los compromisos derivados de los Acuerdos de San Andrés.

Este procedimiento:

fortalecería la legitimidad democrática de la reforma,
garantizaría su constitucionalidad,
evitaría riesgos de inestabilidad jurídica y social,
y honraría los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos indígenas y construcción de paz.
Reitero mi respeto a su investidura y mi disposición permanente para contribuir, desde la experiencia institucional y el marco jurídico vigente, a la consolidación de un país más justo, plural, estable y democrático.

Atentamente,

Jaime Cleofás Martínez Veloz

Presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), testigo del Congreso de la Unión y firmante de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Federal y el EZLN en materia de Derechos y Cultura Indígena en San Andrés Larráinzar, Chiapas, el 16 de febrero de 1996.

Torreón, Coahuila, a 27 de febrero de 2026.

22/02/2026

Cuando cae un capo, tiembla la frontera: Baja California ante su espejo

El abatimiento del líder del CJNG revela la profundidad de la captura institucional en la frontera y abre una disputa por el control político y administrativo del estado.

Por Jaime C. Martínez Veloz

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no es un episodio aislado en la larga historia de violencia que atraviesa al país. Para Baja California, este hecho representa un punto de quiebre que obliga a revisar, con seriedad y sin autoengaños, la fragilidad institucional que se ha venido acumulando durante los últimos años. La frontera es un territorio donde se cruzan intereses económicos, criminales, políticos y geopolíticos. Cuando un actor de la magnitud del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desaparece, el reacomodo no solo ocurre en los grupos criminales, sino también en las estructuras de gobierno que, por acción u omisión, permitieron su avance.

Un vacío de poder en la frontera

Baja California ha sido, desde hace décadas, un corredor estratégico para el tráfico de dr**as, armas, personas y capitales. La presencia del CJNG en Tijuana, Mexicali y Ensenada no fue accidental. Se construyó sobre un terreno fértil: instituciones debilitadas, policías vulnerables, operadores incrustados en áreas clave y una élite económica emergente cuya riqueza no siempre encuentra explicación en trayectorias verificables.

La muerte del Mencho abre un vacío que otros grupos buscarán llenar. No se trata solo de una disputa criminal, sino de una reconfiguración del poder local, donde las instituciones capturadas quedan expuestas y disponibles para el mejor postor. En este contexto, Tijuana se convierte nuevamente en el tablero principal: quien controla la ciudad controla permisos, aduanas, obra pública, seguridad municipal y desarrollo urbano.

El lenguaje silencioso de las visas

En los últimos meses, el retiro de visas a funcionarios estatales, municipales y a personas cercanas a figuras políticas de alto nivel ha enviado un mensaje inequívoco: Estados Unidos está observando. La frontera tiene su propio lenguaje, y las visas son uno de sus instrumentos más contundentes.

Cuando una agencia estadounidense retira visas a funcionarios, empresarios o familiares de gobernantes, no lo hace por capricho. Es una señal de que existen patrones de conducta, vínculos o flujos económicos que preocupan al otro lado. La muerte del Mencho acelera este proceso. Los operadores que antes se movían bajo la sombra de un liderazgo criminal fuerte ahora quedan expuestos, vulnerables y sin protección. Y en ese escenario, la presión internacional se vuelve más visible y más incómoda.

La captura institucional: un problema anunciado

Desde 2020 advertimos que Baja California estaba entrando en una fase de deterioro institucional profundo. La falta de controles internos, la improvisación administrativa, la llegada de operadores reciclados de todos los partidos y la ausencia de un proyecto de Estado convirtieron a Morena en un contenedor de intereses ajenos al bienestar público.

En lugar de construir una fuerza política republicana, se abrió la puerta a grupos que vieron en el partido un vehículo para legalizar fortunas, obtener contratos, controlar permisos, manipular policías y operar desde dentro del gobierno. La muerte del Mencho no crea este problema: lo desnuda. Lo que antes se movía en penumbra ahora queda expuesto a la luz del reacomodo criminal y de la presión internacional.

Tijuana y Ensenada: el epicentro del reacomodo

En Tijuana, los funcionarios con mayor capacidad de decisión provienen de Ensenada, un municipio donde en los últimos años surgió una élite económica repentina. Ese fenómeno no es casual. Es el síntoma de una captura institucional que se extendió desde lo local hacia lo estatal. Con la caída del líder del CJNG, estos grupos quedan en una posición delicada: pierden respaldo, pierden interlocutor, pierden protección y quedan expuestos ante agencias internacionales y grupos rivales.

Lo que viene no será un reacomodo silencioso. Será una disputa por el control de las instituciones municipales, por los permisos, por la obra pública, por las aduanas y por la narrativa pública. La frontera está entrando en una etapa de redefinición profunda.

Baja California, obligada a verse en el espejo sin maquillaje.

La muerte del Mencho no es un capítulo más en la historia del crimen organizado. Es un espejo que obliga a Baja California a mirarse sin maquillaje. Durante años, la frontera fue administrada con improvisación, complacencia y una peligrosa mezcla de ingenuidad y oportunismo político. Las instituciones se debilitaron, los controles se relajaron y los espacios vacíos fueron ocupados por quienes vieron en el poder público una extensión de sus intereses privados.

Hoy, ese modelo hace crisis.

La caída del líder del CJNG deja al descubierto la fragilidad de un gobierno que confundió la transformación con la simple sustitución de colores. En lugar de construir un proyecto republicano, se permitió la infiltración de grupos que encontraron en la política un refugio, un negocio o una plataforma para expandir su influencia. El resultado está a la vista: instituciones vulnerables, funcionarios bajo presión internacional, élites económicas emergentes sin explicación patrimonial y una ciudadanía que observa cómo la frontera se convierte en un territorio administrado por la improvisación y la opacidad.

Baja California no puede seguir transitando por esta ruta.
No se trata de cambiar de caudillo, sino de reconstruir el Estado.
No se trata de repartir culpas, sino de asumir responsabilidades.
No se trata de administrar la crisis, sino de enfrentarla con valentía.

La frontera necesita un nuevo pacto institucional que recupere la legalidad, profesionalice el servicio público, depure las estructuras capturadas y devuelva a la ciudadanía la confianza en sus instituciones. Ese es el verdadero desafío. Lo demás —los discursos, las campañas, las narrativas oficiales— son ruido.

La muerte del Mencho marca el fin de una etapa y el inicio de otra.
Lo que está en juego no es solo la seguridad, sino el tipo de Estado que queremos ser.
Baja California tiene una oportunidad histórica para corregir el rumbo.
Perderla sería repetir los errores que nos trajeron hasta aquí.

“Treinta años después: San Andrés, la traición del Estado y la construcción del nuevo orden criminal en México”Por Jaime...
16/02/2026

“Treinta años después: San Andrés, la traición del Estado y la construcción del nuevo orden criminal en México”

Por Jaime Martínez Veloz

I. La fogata que sigue humeando

Treinta años después, uno vuelve a aquel 16 de febrero de 1996 como quien regresa a un claro en la selva donde alguna vez ardió una fogata. El humo ya no está, pero el olor persiste. Y si uno afina el oído, todavía escucha el murmullo de los que hablaron entonces: los que venían del monte con la palabra como única arma, y los que venían del poder con la palabra como único disfraz.

Ese día se firmó el primer acuerdo entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas. Era el primer punto de una agenda larga, como los caminos de Chiapas cuando llueve. Faltaban cinco más. Pero ese primer acuerdo tenía algo de amanecer: la sensación de que, por un instante, la República había recordado que nació indígena.

Llegar ahí no fue sencillo. El camino estaba lleno de trampas, de silencios que pesaban más que los discursos, de manos que estrechaban mientras escondían la daga. Pero también estaba lleno de dignidad. Y eso, en tiempos de simulación, ya era un milagro.

II. Lo que realmente significó San Andrés

La Ley para el Diálogo, aprobada por unanimidad en 1995, fue la brújula. Todas las fuerzas políticas, todos los colores, todas las instituciones dijeron “sí”. Y uno, ingenuo pero no tonto, creyó que la palabra empeñada por la República valía algo.

San Andrés no era un acuerdo sectorial. No era un pliego petitorio. No era una negociación corporativa.
San Andrés era —y sigue siendo— la propuesta más seria para reconstruir el Estado mexicano desde abajo, desde sus pueblos, desde su raíz más antigua y más negada.

Era un nuevo pacto constitucional.
Era la posibilidad de que México se mirara al espejo sin mentirse.
Era la oportunidad de que la democracia dejara de ser un adorno y se convirtiera en forma de vida.

III. La traición: cuando el Estado decidió no cumplir su propia palabra

En noviembre de 1996, la COCOPA —esa rara avis donde convivían Heberto, don Luis, Pablo, Narro, Elizondo, Guerra, Roque y tantos otros— se reunió en San Cristóbal para redactar la iniciativa de reformas constitucionales. El hotel Flamboyant fue nuestro cuartel. Afuera, la neblina. Adentro, la esperanza.

El primer tema —Derechos y Cultura Indígenas— se discutió durante meses. Se firmó. Se celebró. Se creyó.

Pero cuando tocó hablar de Democracia y Justicia, el gobierno decidió que ya había hablado demasiado. La delegación oficial guardó un silencio de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de desprecio.

La COCOPA, ante la traición que ya asomaba, decidió elaborar una iniciativa basada estrictamente en lo pactado. Nada más. Nada menos. Don Luis y Heberto llamaron a Marcos y a Chuayffet. Ambos aceptaron. Y nos pusimos a escribir lo que ya estaba escrito en la palabra empeñada.

El EZLN respondió con aceptación. Marcos incluso dijo que la paz podía firmarse en el primer trimestre de 1997. La paz, ahí nomás, detrás de la siguiente curva del camino.

Pero en esa curva estaba Zedillo.

Cuando presentamos la iniciativa, Chuayffet intentó disfrazarse de jurista. Zedillo lo desnudó:
“No estoy de acuerdo y punto.”

Así, sin poesía, sin vergüenza, sin país.

Lo que siguió fue una ofensiva de tinta y saliva: articulistas, empresarios, constitucionalistas de ocasión, todos repitiendo el catecismo presidencial. Nos acusaron de balcanizar al país, de traicionar al PRI, de ignorantes. Nadie —ni uno solo— pudo demostrar que la iniciativa decía algo distinto a lo pactado. Porque no lo decía.

Pero la verdad, cuando incomoda, suele ser la primera víctima.

En 2001, el Congreso aprobó una reforma indígena que no tiene nada que ver con San Andrés. No la aceptó el EZLN. No la aceptó ningún pueblo indígena. No sirvió para la paz. Fue, simplemente, una traición.

IV. La pregunta inevitable: ¿se resolvieron las causas del conflicto?

Treinta años después, la respuesta es clara: no.

No se resolvió la pobreza.
No se resolvió la desigualdad.
No se resolvió la discriminación.
No se resolvió el despojo territorial.
No se reconoció la autonomía.
No se cumplió la palabra.

La COCOPA no se instala porque instalarla sería admitir que el conflicto sigue abierto.
Y sigue abierto porque las causas que lo originaron siguen vivas.

V. La Tormenta Perfecta: lo que ocurrió cuando el Estado abandonó el camino de San Andrés

Cuando el Estado decidió no cumplir San Andrés, no solo traicionó a los pueblos indígenas. Traicionó la posibilidad de construir un Estado democrático, territorialmente presente y socialmente justo. Y en ese vacío se construyó la tormenta perfecta.

1. Minería sin Estado

Durante tres sexenios se entregaron millones de hectáreas en concesiones mineras sin supervisión real.
El Estado mexicano no tiene bitácoras de producción, no conoce los volúmenes extraídos, no controla los flujos logísticos.
En ese vacío, los grupos criminales encontraron un terreno fértil.

2. Infraestructura estratégica privatizada y extranjerizada

Aeropuertos y puertos en manos de corporaciones europeas y asiáticas.
Cuando un país pierde control sobre sus fronteras, pierde control sobre su destino.

3. Huachicol fiscal

La nueva fuente de financiamiento criminal: importaciones simuladas, pedimentos falsos, redes de corrupción en aduanas y gobiernos estatales.

4. Producción de fentanilo con complicidades institucionales

Un fenómeno imposible sin puertos vulnerables, aduanas capturadas y autoridades locales coludidas.

5. Fragmentación territorial y captura del Estado

La violencia no es espontánea.
Es el resultado de un modelo que debilitó deliberadamente al Estado y fortaleció a actores privados —legales e ilegales— que hoy disputan el control del territorio.

Todo esto ocurrió porque México no construyó el Estado de derecho que San Andrés proponía.

VI. La puerta que sigue ahí

San Andrés sigue ahí, como una puerta que nadie se atreve a abrir porque detrás está el país que podríamos ser.

No es un documento mu**to.
No es un recuerdo romántico.
No es un capítulo cerrado.

Es una ruta constitucional pendiente.
Es una deuda moral del Estado mexicano.
Es una oportunidad para reconstruir la República desde abajo.

Treinta años después, la selva sigue hablando.
Y la República sigue sin escuchar.

Pero la historia no está escrita.
Todavía podemos corregir.
Todavía podemos honrar la palabra.
Todavía podemos construir el país que merecen los pueblos que lo fundaron.

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