10/09/2024
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SENADORES DE LA LXVI LEGISLATURA
PRESENTE.-
Como ciudadana mexicana me dirijo a Ustedes con profunda preocupación, pues es evidente que la reforma judicial, en específico, la elección por voto popular de jueces y magistrados federales, tiene por objetivo eliminar el contrapeso que el Poder Judicial de la Federación representa para el Poder Ejecutivo Federal, tal y como sucedió durante la mayor parte del siglo pasado.
Quien olvida su historia está condenado a repetirla; esta reforma es un retroceso de más de treinta años en el avance en materia de carrera judicial.
El servicio civil de carrera y en el caso del Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial, garantiza que quienes ocupen los cargos públicos sean los más aptos; la elección por voto popular de jueces y magistrados federales es un atentado contra la preparación técnica, la subordina a la aprobación política.
Necesitamos que quien nos imparta justicia sea la persona mejor preparada, por eso, estoy en contra de la elección por voto popular de jueces y magistrados federales.
El Poder Judicial de la Federación en manos de gente experta y de carrera judicial es un factor determinante para mantener un Estado de Derecho; a la justicia precisamente se le identifica con los ojos vendados, ya que la persona juzgadora debe orientar sus fallos con sus conocimientos, objetividad, imparcialidad, independencia y autonomía y no por subordinación política a quien le designe pues esta reforma establece la facultad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de proponer a sus candidatos.
En definitiva, hacen falta cambios para garantizar que todos tengamos acceso a la justicia, pero la elección por voto popular de jueces y magistrados federales únicamente incrementará los problemas que ya existen al respecto, pues daría como resultado un Poder Judicial de la Federación empobrecido, ineficiente, endeble ante cualquier tipo de corrupción y subordinado a los designios del Poder Ejecutivo, perdiendo sus atributos fundamentales como son la autonomía, la imparcialidad y la independencia judicial.
Está reforma no abarca fiscalías ni cuerpos policiacos que son los que en mayor medida violentan derechos humanos desde el momento en que se niegan a recibir una denuncia o detienen y roban las pertenencias de los habitantes sin ninguna causa, respectivamente.
Tampoco abarca la profesionalización de abogados litigantes o la carrera judicial en Tribunales locales cuyos titulares en el mayor de los casos, todavía son electos por dedazo, con los impactos negativos que eso conlleva en la administración y procuración de justicia, en perjuicio de la ciudadanía.
La reforma no incluye a todos los actores que son pieza clave para que haya una correcta procuración e impartición de justicia; si de verdad les interesa el pueblo y la justicia, inclúyanlos en la reforma.
Se deben incluir para que de verdad haya un impacto positivo, implementen el servicio civil de carrera para cualquier cargo público, con procesos de selección objetivos, imparciales, transparentes, basados en la preparación técnica y no en la subordinación política, por ejemplo.
El mandato popular no es una puerta abierta para aprobar políticas ilegales que nos afectarán a todos, incluidos Ustedes y sus familias.
No es casualidad que ante el avance de la reforma judicial, las que eliminan organismos autónomos y las que otorgan mayor poder a los militares, el peso se haya desplomado en al menos un 10%; tampoco que se hayan afectado las calificaciones financieras de México en al menos cuatro instituciones, una de ellas el banco más grande de Estados Unidos J.P. Morgan; tampoco que nuestros socios comerciales Estados Unidos de Norteamérica y Canadá hayan manifestado su rechazo.
Tampoco es casualidad que las Facultades de Derecho de diversas casas de estudios se hayan pronunciado respecto a los efectos adversos que esta y otras reformas constitucionales, tendrán en los derechos humanos.
Tampoco que los universitarios, asociaciones civiles, sector empresarial y abogados litigantes, entre otros, se hayan sumado a las marchas y manifestaciones iniciadas por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Por ello, como mexicana les manifiesto mi rechazo a esas reformas, sin ningún otro interés que el de preservar la división de poderes, el respeto a la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos.
Así, como mexicana, les solicito que ahora que les toque votar esta reforma y las demás que desaparecen órganos que garantizan derechos humanos y otorgan mayores atribuciones a los militares, lo hagan con responsabilidad social, no partidaria y las rechacen.
Los mexicanos nos merecemos un buen sistema de justicia, pero el que se propone en la reforma judicial esta lejos de serlo.
Atentamente
Claudia T. Pedroza M.
