17/07/2026
PRONUNCIAMIENTO NACIONAL
En defensa de la memoria de Marisela Escobedo Ortiz y del derecho de las víctimas a no ser revictimizadas
Dirigido a:
- La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
- La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
- La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.
- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
- Las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas.
- Las Secretarías e Institutos de las Mujeres de las entidades federativas.
Con atención especial a las autoridades del Estado de Chihuahua.
Las colectivas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, académicas, activistas y personas firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones públicas mediante las cuales se atribuye a Marisela Escobedo Ortiz responsabilidad por la violencia ejercida por un tercero en perjuicio de otra mujer, al tiempo que se cuestiona la legitimidad de la lucha que emprendió para exigir justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Manifestamos igualmente nuestra preocupación por el respaldo público que dichas expresiones recibieron por parte de un integrante del Congreso del Estado de Chihuahua, pues las manifestaciones emitidas por quienes ejercen funciones públicas tienen un impacto directo en la construcción del discurso institucional y en la garantía efectiva de los derechos humanos.
Más allá del caso concreto que motiva este pronunciamiento, advertimos con preocupación la persistencia de discursos públicos que trasladan la responsabilidad de la violencia hacia las víctimas, sus familias o las personas defensoras de derechos humanos. Estas narrativas fortalecen estereotipos discriminatorios, normalizan la revictimización y debilitan la confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia.
Desde un enfoque de derechos humanos, resulta inadmisible cualquier narrativa que traslade la responsabilidad de la violencia hacia las víctimas o hacia quienes han dedicado su vida a la defensa de la verdad y la justicia. La responsabilidad de la violencia corresponde exclusivamente a quien la ejerce y, en el ámbito de las obligaciones jurídicas, al Estado cuando incumple su deber de prevenirla, investigarla, sancionarla, repararla y garantizar su no repetición.
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, prohíbe toda forma de discriminación y obliga a interpretar las normas favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas.
Estos principios se encuentran reforzados por los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), instrumentos que obligan a los Estados a actuar con debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres y a erradicar los estereotipos de género que perpetúan la discriminación y obstaculizan el acceso a la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de manera reiterada que las autoridades deben abstenerse de reproducir estereotipos o discursos que culpabilicen a las víctimas de la violencia, pues ello constituye una forma de discriminación y una violación a su derecho a la dignidad, a la igualdad y al acceso efectivo a la justicia. Asimismo, ha reconocido que el derecho a la verdad y la preservación de la memoria constituyen garantías indispensables para la reparación integral de las víctimas, la construcción de la memoria colectiva y la garantía de no repetición.
En el mismo sentido, la Ley General de Víctimas reconoce el derecho de toda víctima a recibir un trato digno, respetuoso y libre de revictimización, mientras que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia impone al Estado la obligación de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia institucional.
Marisela Escobedo Ortiz representa uno de los símbolos más significativos de la lucha contra la impunidad en México. Ante la ausencia de una respuesta efectiva del Estado, emprendió una búsqueda incansable de justicia por el feminicidio de su hija, convirtiéndose en una defensora de derechos humanos. Su as*****to, ocurrido mientras ejercía pacíficamente su derecho a la protesta frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de nuestro país y un recordatorio permanente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con las mujeres víctimas de violencia y con quienes defienden los derechos humanos.
Responsabilizar a Marisela Escobedo por hechos de violencia cometidos por un tercero no solo desconoce los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, sino que reproduce una narrativa de culpabilización incompatible con los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
La memoria de las víctimas y de las personas defensoras de derechos humanos forma parte del derecho colectivo a la verdad y constituye un elemento indispensable para la construcción de una sociedad democrática. Distorsionar esa memoria mediante discursos que trasladan la responsabilidad de la violencia hacia quienes la padecieron representa una forma de revictimización que lesiona no solo a sus familias, sino también a todas las mujeres que continúan enfrentando violencia y buscando justicia en nuestro país.
# # Por lo anterior, las organizaciones, colectivas y personas firmantes solicitamos respetuosamente:
1. Que todas las autoridades y personas servidoras públicas se abstengan de emitir declaraciones que reproduzcan estereotipos de género o responsabilicen a las víctimas o a las personas defensoras de derechos humanos por la violencia sufrida.
2. Que las instituciones públicas refrenden expresamente su compromiso con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en materia de igualdad, no discriminación, acceso a la justicia y protección de las víctimas.
3. Que las autoridades del Estado de Chihuahua emitan un pronunciamiento institucional en el que se reafirme el respeto a la memoria de Marisela Escobedo Ortiz y se rechace cualquier narrativa que implique su revictimización.
4. Que se fortalezcan los programas obligatorios de capacitación dirigidos a personas servidoras públicas en materia de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, atención a víctimas y prohibición de la revictimización.
5. Que las instituciones públicas promuevan acciones permanentes para preservar la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio y de las personas defensoras de derechos humanos como garantía de verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos de las mujeres, con el respeto a la memoria de Marisela Escobedo Ortiz y con la construcción de un país en el que ninguna víctima sea responsabilizada por la violencia que sufrió y ninguna persona defensora sea descalificada por haber exigido justicia.
La protección de la memoria de las víctimas constituye una obligación ética, democrática y jurídica del Estado mexicano. Preservarla libre de estigmas, discursos de culpabilización y actos de revictimización fortalece el Estado de Derecho, honra la dignidad humana y contribuye a construir instituciones comprometidas con la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Porque la memoria también constituye una forma de reparación.
Porque la dignidad de las víctimas no admite cuestionamientos.
Porque la responsabilidad de la violencia corresponde siempre al agresor y al Estado cuando incumple sus obligaciones de protección.
Marisela Escobedo vive en la memoria colectiva y en la lucha permanente por la verdad, la justicia y los derechos humanos.
Colectivas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, académicas, activistas y personas firmantes.
