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19/10/2026

TITULACIÓN EXPRÉS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, POR LA UABJO

El 17 de octubre de 2026 se hicieron públicas denuncias contra Farid Acevedo López, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), por el trato preferencial a Anahí Sarmiento Pérez, secretaria de Educación del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.

Según las publicaciones, Anahí Sarmiento habría concluido su trámite de titulación el 15 de octubre mediante un procedimiento acelerado. También se denunció que el acto protocolario se habría realizado a puerta cerrada, sin la convocatoria habitual ni la presencia de asistentes.

A estas acusaciones se suman versiones sobre objeciones de investigadores a la revisión del trabajo recepcional. Estos señalamientos requieren pruebas y explicaciones oficiales, pero exigen transparencia, legalidad y equidad en los procesos académicos.

La controversia no radica únicamente en la rapidez atribuida al trámite, sino en la sospecha de que la posición política de una persona pudiera facilitarle procedimientos que otros egresados esperan durante meses o años. Una universidad pública debe garantizar reglas iguales para todos, sin privilegios por cargo o cercanía con el poder.

Farid Acevedo debe aclarar el procedimiento, sus etapas y el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos. La autonomía universitaria no puede servir de pretexto para eludir la rendición de cuentas; implica también responsabilidad y transparencia.

El caso alcanza al gobierno de Salomón Jara. Encabezar la educación pública exige credibilidad y respeto a las normas. La formación académica no puede quedar bajo sospecha por la falta de información sobre los procedimientos que respaldan a quienes ocupan cargos públicos.

Mientras miles de jóvenes oaxaqueños se esfuerzan por concluir sus estudios y obtener sus documentos profesionales, cualquier indicio de trato diferenciado merece una explicación verificable. La igualdad ante las instituciones debe demostrarse con hechos, no limitarse al discurso oficial.

La UABJO debe despejar las dudas con documentos y explicaciones públicas. Si el trámite cumplió la normativa, corresponde acreditarlo; si hubo irregularidades, deben investigarse y deslindarse responsabilidades.

La universidad pública debe estar al servicio de la sociedad, no convertirse en un espacio de privilegios para quienes ocupan posiciones de poder.

19/10/2026

GUADALAJARA EXIGE AGUA LIMPIA Y RECHAZA A LOS GRUPOS DE CHOQUE

El 18 de octubre de 2026, la segunda megamarcha por el agua limpia en Guadalajara, Jalisco, volvió a exhibir la indignación ciudadana ante la mala calidad del suministro y la exigencia de respuestas de las autoridades. Sin embargo, la movilización también quedó marcada por la presencia de grupos de choque que recurrieron a petardos y actos violentos.

La ciudadanía respondió con firmeza. Quienes acudieron a manifestarse pacíficamente exigieron que los agresores fueran retirados del contingente, al grito de "¡Que se lo lleven!". El mensaje fue contundente: una demanda legítima no debe convertirse en escenario de intimidación, vandalismo ni confrontación.

El conflicto no puede analizarse al margen de lo ocurrido una semana antes. El 11 de octubre, una protesta por el agua contaminada terminó con 39 personas detenidas y decenas de lesionados. La actuación policial provocó fuertes cuestionamientos y obligó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del Movimiento Ciudadano, a reconocer excesos y detenciones injustas.

Por eso, las autoridades tienen una doble responsabilidad: investigar y sancionar a quienes hayan cometido actos violentos, pero también garantizar que la policía no vuelva a excederse contra ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse.

La presencia de grupos de choque tampoco debe servir como pretexto para criminalizar a toda la movilización ni para desviar la atención del problema que originó las protestas: la exigencia de agua limpia y segura para las familias de la zona metropolitana de Guadalajara.

La ciudadanía no tendría que salir a las calles para exigir un servicio básico ni arriesgar su integridad para ser escuchada. El gobierno debe ofrecer soluciones verificables, transparentar la calidad del agua y esclarecer tanto las agresiones atribuidas a particulares como los abusos denunciados durante los operativos policiales.

La protesta pacífica es un derecho, no una concesión del poder. La violencia debe investigarse sin impunidad y los abusos de autoridad tampoco pueden quedar sin consecuencias.

Guadalajara exige agua limpia, justicia y respuestas. Ni los grupos violentos ni los excesos policiales deben silenciar a una ciudadanía que reclama sus derechos.

17/10/2026

HR RATINGS REDUCE LA CALIFICACIÓN DE MÉXICO: MÁS DEUDA, MENOR CRECIMIENTO Y PRESIÓN FISCAL

El 15 de octubre de 2026, HR Ratings redujo la calificación soberana de México de BBB+ a BBB, con perspectiva estable, debido al deterioro de los balances fiscales, las menores expectativas de crecimiento y las presiones del endeudamiento público. La decisión enciende una alerta sobre la política económica del Gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena.

México conserva el grado de inversión, pero la rebaja refleja mayores riesgos fiscales. No significa que el país esté al borde de una crisis, aunque evidencia las dificultades de sostener las obligaciones financieras en una economía cuyo crecimiento limita la generación de ingresos públicos.

Las proyecciones de HR Ratings dimensionan el desafío: los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzarían un déficit equivalente al 4.6% del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2026, mientras que la deuda neta llegaría al 54.5% del PIB. Para 2030, la calificadora prevé que esta proporción podría aumentar al 61.2%.

El riesgo no consiste únicamente en acumular deuda, sino en hacerlo sin fortalecer la capacidad productiva y los ingresos públicos. Cuando el endeudamiento aumenta y la economía avanza lentamente, los intereses pueden absorber recursos necesarios para infraestructura, salud, educación y servicios esenciales.

Endeudarse no es irresponsable por definición. El financiamiento público puede impulsar el desarrollo si genera inversiones productivas y beneficios duraderos. El problema surge cuando las obligaciones crecen sin una estrategia creíble para estabilizarlas y garantizar resultados.

Morena llegó al poder con la promesa de transformar la vida pública y mejorar las condiciones de la población. Por ello, su política económica debe evaluarse no solo por sus programas sociales, sino también por la evolución de la deuda, el costo de financiar al Estado y la capacidad de generar crecimiento sostenible. Las promesas políticas no sustituyen los resultados fiscales.

La rebaja no demuestra por sí sola el fracaso de todo el modelo económico ni significa que México haya perdido el grado de inversión. Sin embargo, minimizarla sería ignorar una advertencia que exige transparencia presupuestaria y medidas concretas para contener las presiones fiscales.

El Gobierno de Sheinbaum debe fortalecer los ingresos, impulsar la inversión productiva, mejorar el gasto y estabilizar la deuda. Sin crecimiento sostenido y disciplina fiscal, el servicio de las obligaciones financieras puede reducir los recursos disponibles para atender las necesidades de la población.

La estabilidad económica no se demuestra con propaganda ni declaraciones triunfalistas, sino con resultados medibles. La deuda de hoy compromete recursos de mañana; Morena y el Gobierno federal deben evitar que esa carga limite las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones.

17/10/2026

MORENA HIPOTECA EL FUTURO DE MÉXICO CON UNA MEGADEUDA DE CASI 2 BILLONES DE PESOS

El 14 de octubre de 2026, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que contempla un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. La decisión compromete recursos públicos futuros y profundiza las presiones sobre las finanzas nacionales.

Las cifras dimensionan el desafío: al cierre de 2027, la deuda pública se proyecta en 21.66 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 55 por ciento del producto interno bruto (PIB). En términos nominales, sería más del doble del saldo registrado en 2018. No es una cifra abstracta: representa obligaciones financieras que el Estado deberá atender con recursos públicos.

Morena llegó al poder prometiendo austeridad, honestidad y el fin de los excesos del pasado. Sin embargo, el crecimiento del endeudamiento pone ese discurso bajo escrutinio. La austeridad no puede quedarse en propaganda mientras aumentan las obligaciones financieras y se comprometen ingresos de los próximos años.

La deuda no es dinero gratuito. Genera intereses, exige pagos y reduce el margen presupuestario disponible para atender necesidades prioritarias. Cada peso destinado a cubrirla debe evaluarse frente a las carencias en hospitales, medicamentos, escuelas, infraestructura, seguridad y servicios básicos. Si el endeudamiento no se traduce en beneficios públicos verificables, la factura puede convertirse en una carga para los contribuyentes y las generaciones futuras.

Debe precisarse que el monto autorizado constituye un techo de financiamiento, no la certeza de que todo será contratado. Pero esa distinción no exime al gobierno de justificar sus necesidades de endeudamiento, transparentar el destino de los recursos y demostrar que los beneficios compensarán los compromisos adquiridos.

La mayoría legislativa puede aprobar una ley con sus votos, pero no puede sustituir la rendición de cuentas por disciplina partidista. Una decisión de esta magnitud exige explicar con claridad cuánto costará, para qué se utilizará el dinero y cómo se evitará que el servicio de la deuda limite la inversión pública.

México necesita crecimiento económico, inversión productiva y servicios públicos dignos. El endeudamiento puede ser una herramienta legítima si financia desarrollo sostenible y se administra con responsabilidad. Sin transparencia ni resultados comprobables, corre el riesgo de convertirse en una carga que reduzca las oportunidades del país.

Morena debe responder por la distancia entre su promesa de austeridad y el aumento de las obligaciones financieras. Gobernar no consiste en comprometer recursos futuros sin explicar suficientemente sus costos: la factura de las decisiones de hoy también la pagarán los mexicanos de mañana.

17/10/2026

LA MEGAFARMACIA DEL BIENESTAR DE AMLO: COSTO MILLONARIO Y TRANSPARENCIA EN ENTREDICHO

El 16 de octubre de 2026, la Megafarmacia del Bienestar, uno de los proyectos emblemáticos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, representa un caso que exige explicaciones: el costo proyectado aumentó en miles de millones de pesos y la información financiera y operativa dejó de estar disponible en la plataforma de Cartera Pública de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según reportes publicados en 2025.

Las cifras hablan por sí solas. El costo estimado pasó de 10 mil 800 millones de pesos a 15 mil 28 millones en 2025. Para el 12 de agosto de 2026, la proyección ya ascendía a 17 mil 635.8 millones de pesos: un incremento de aproximadamente 63% respecto de la cifra inicial.

No hablamos de una diferencia menor ni de un ajuste que pueda despacharse con explicaciones administrativas. Se trata de miles de millones de pesos comprometidos en una infraestructura presentada como una solución estratégica al desabasto de medicamentos en México. Por eso, la evaluación del proyecto debe ir más allá de los anuncios oficiales: requiere resultados comprobables y cuentas claras.

La preocupación por la transparencia tiene una fecha concreta. El 3 de noviembre de 2025 se reportó que los registros financieros y operativos de la Megafarmacia habían dejado de estar disponibles en el portal de Hacienda. Este hecho no demuestra por sí mismo que existiera una intención de ocultar irregularidades, pero sí vuelve indispensable una explicación pública sobre la situación de los documentos y las vías para consultar la información completa.

La contradicción política es inevitable: un gobierno que reivindica la austeridad y la honestidad debe demostrar esos principios con hechos, especialmente cuando se trata de proyectos que absorben recursos públicos por miles de millones. La retórica de la transformación no sustituye la transparencia, así como el anuncio de una obra no demuestra su eficacia.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero se ha ejercido realmente, cómo se explica el aumento del costo proyectado, qué contratos y gastos respaldan las cifras y cuántos medicamentos se han distribuido como resultado de esta estrategia. Sin información accesible y verificable, no es posible medir con rigor su eficiencia ni determinar si los beneficios justifican la inversión.

Al 16 de octubre de 2026, el dato más reciente localizado sitúa el costo proyectado en 17 mil 635.8 millones de pesos. La obligación de las autoridades es explicar esa evolución, garantizar el acceso a los registros y acreditar los resultados del proyecto.

El dinero público no es propiedad de un partido ni patrimonio de un gobierno. Cada peso exige transparencia, cada gasto debe poder verificarse y cada promesa debe contrastarse con resultados. Porque la honestidad no se proclama: se demuestra rindiendo cuentas.

17/10/2026

JOSEFINA RAMOS, DE 70 AÑOS, EXIGE AGUA POTABLE AL GOBIERNO MORENISTA DE YUCATÁN

La protesta de Josefina Ramos González, una mujer de 70 años que permaneció bajo la lluvia frente al Palacio de Gobierno de Yucatán para exigir agua potable, confronta al gobernador morenista Joaquín Díaz Mena con una contradicción incómoda: la distancia entre el discurso de la Cuarta Transformación y las necesidades cotidianas de la población.

El 15 de octubre de 2026, Josefina denunció que llevaba más de dos años enfrentando problemas con el servicio de agua potable sin obtener una solución satisfactoria. Su reclamo resumió el hartazgo de quien se siente ignorada por las instituciones: “¡Cuando piden el voto nos abrazan, pero cuando lo necesitamos no nos hacen caso!”.

La frase expone la brecha entre las promesas de campaña y la atención que recibe la ciudadanía cuando exige resultados. Para conseguir votos abundan los abrazos y las promesas; para resolver necesidades básicas, las personas pueden terminar recorriendo oficinas y exponiendo públicamente su desesperación.

Morena reivindica la justicia social, promueve la consigna “Primero los pobres” y promete un gobierno del pueblo y para el pueblo. También coloca a los adultos mayores entre los sectores prioritarios de su discurso. Sin embargo, esos principios deben traducirse en servicios públicos funcionales y respuestas oportunas, no quedarse en consignas políticas.

Tras la protesta, el gobierno de Yucatán informó que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) condonó un adeudo de 500 pesos y revisaría el suministro en el domicilio de Josefina. También reportó gestiones relacionadas con su pensión de viudez.

Pero condonar una deuda no garantiza agua potable, y anunciar una revisión no equivale a resolver el problema. La respuesta debe medirse por resultados verificables: que el servicio funcione y que los compromisos se cumplan.

La contradicción es evidente: si “Primero los pobres” es un principio de gobierno, las necesidades básicas deben atenderse con hechos. Si los adultos mayores son una prioridad, su dignidad debe protegerse mediante instituciones que respondan sin obligarlos a protestar. Y si se gobierna para el pueblo, ninguna persona debería exponerse a la lluvia para conseguir atención.

Josefina no necesita discursos de solidaridad ni promesas: necesita soluciones. Su protesta exige al gobierno de Morena convertir sus compromisos en resultados duraderos.

La Cuarta Transformación no se demuestra repitiendo sus consignas, sino cumpliéndolas. Un gobierno del pueblo y para el pueblo se acredita atendiendo a la gente cuando lo necesita, no solamente cuando busca su voto.

16/10/2026

SHEINBAUM VIAJARÁ 48 HORAS PARA UNA ESTANCIA DE APENAS UN DÍA EN CHINA

Claudia Sheinbaum contempla viajar a China para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pero el itinerario que planteó el 5 de octubre de 2026 exhibe una contradicción que merece escrutinio público: alrededor de 48 horas de vuelo para permanecer apenas 24 horas en territorio chino y regresar a México para encabezar la conmemoración de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre.

La propia presidenta resumió la logística en una frase: 24 horas de vuelo, 24 horas en China y otras 24 horas de regreso. Aunque aclaró que todavía se analizaban las alternativas, el planteamiento abre un debate sobre las prioridades de la agenda presidencial y el aprovechamiento de una visita internacional de esta magnitud.

La importancia de la APEC está fuera de discusión. China es una potencia económica y comercial estratégica, y México necesita fortalecer sus vínculos con Asia-Pacífico. Además, nuestro país será anfitrión del foro en 2028, por lo que la interlocución con las economías participantes tiene un valor diplomático indiscutible.

Precisamente por eso, la visita no debería reducirse a la presencia protocolaria ni a una fotografía oficial. La diplomacia exige reuniones sustantivas, negociaciones, acuerdos verificables y beneficios concretos para el país. Una estancia de apenas un día obliga a explicar qué objetivos pueden cumplirse en ese margen y qué resultados justificarían semejante despliegue logístico.

El contraste con la conmemoración del 20 de noviembre también merece atención. La Revolución Mexicana representa una lucha histórica por la justicia social, la democracia y la igualdad. Sin embargo, honrar su legado no consiste únicamente en encabezar un desfile: implica traducir esos principios en decisiones de gobierno y mejores condiciones de vida para la población.

La representación simbólica tiene su lugar, pero no debe confundirse con los resultados. La agenda presidencial exige establecer prioridades, administrar el tiempo y actuar con visión de Estado. Cuando dos responsabilidades coinciden, corresponde explicar cómo se atenderán sin sacrificar los objetivos estratégicos del país.

Sheinbaum ha expresado su interés en asistir porque México recibirá la estafeta de la APEC para organizar la cumbre de 2028. Esa razón es legítima; lo que debe evaluarse es si el formato previsto permitirá aprovechar realmente la visita.

Cuarenta y ocho horas de vuelo para apenas 24 horas en China: el dato es contundente, pero la verdadera medida del viaje serán sus resultados. Porque la diplomacia presidencial no se justifica con ceremonias ni fotografías, sino con acuerdos y beneficios concretos para México.

16/10/2026

DETIENEN A ALCALDE MORENISTA DE PUERTO AVENTURAS POR EXTORSIÓN

El 15 de octubre de 2026, la detención de Gilberto Gómez Martínez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, Quintana Roo, junto con otros dos presuntos implicados, puso bajo escrutinio el ejercicio del poder municipal. La Fiscalía General del Estado los investiga por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra una persona comerciante.

De acuerdo con los señalamientos difundidos sobre la investigación, la víctima habría enfrentado exigencias de pagos, amenazas y presiones relacionadas con el ejercicio de su actividad comercial. Uno de los presuntos involucrados habría afirmado actuar por instrucciones del alcalde. Estas acusaciones deberán acreditarse ante los tribunales, pero su gravedad exige una investigación exhaustiva, transparente y sin privilegios.

El caso exhibe un problema de fondo: el riesgo de que las estructuras de gobierno, creadas para servir a la ciudadanía, sean utilizadas para intimidar a quienes deberían proteger. Cuando una persona comerciante denuncia presiones vinculadas con funcionarios públicos, no solo está en juego su patrimonio o su derecho a trabajar; también está en entredicho la obligación del Estado de garantizar seguridad, legalidad y protección frente a los abusos de autoridad.

La pertenencia a Morena no convierte a ningún funcionario en intocable. Ningún cargo de elección popular puede funcionar como escudo frente a una investigación penal, ni ningún discurso de transformación puede sustituir la rendición de cuentas. La legitimidad de un gobierno no se demuestra con consignas, sino con el respeto irrestricto a la ley y con instituciones capaces de investigar a quienes ejercen el poder.

La exigencia debe ser clara: esclarecer los hechos, proteger a la víctima, investigar todas las posibles responsabilidades y garantizar que el procedimiento judicial avance sin interferencias. Si las acusaciones se prueban, los responsables deberán responder ante la justicia, independientemente de su partido, cargo o relaciones políticas.

La presunción de inocencia debe respetarse; la impunidad, no.

Porque combatir la corrupción y la extorsión no consiste en proclamar principios desde el poder, sino en demostrar que esos principios también se aplican a quienes gobiernan. La justicia no puede tener colores partidistas ni excepciones para los poderosos.

16/10/2026

SHEINBAUM LE CUENTA LOS MINUTOS A UNA PERIODISTA, PERO EL PODER DEBE RESPONDER

El 16 de octubre de 2026, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se dirigió con sarcasmo a la periodista Reyna Haydee Ramírez: "Ya son 8:52. No sé si tengas oooootra pregunta".

La escena expone una tensión fundamental entre el poder y el periodismo: la incomodidad que generan las preguntas insistentes cuando no se conforman con las respuestas oficiales.

El problema no es que una conferencia tenga horarios ni que deba administrarse el tiempo. El problema surge cuando el reloj se convierte en un recurso para exhibir a quien pregunta y desviar la atención de los asuntos que busca esclarecer.

La función del periodismo no es proteger la imagen presidencial ni acomodarse a la narrativa del gobierno. Es investigar, cuestionar, contrastar versiones y exigir explicaciones sobre las decisiones de quienes ejercen el poder.

Cuando una respuesta resulta insuficiente, insistir no es una falta de respeto: es parte del trabajo periodístico. La obligación de rendir cuentas no desaparece porque una pregunta incomode, cuestione el discurso oficial o requiera una explicación más amplia.

La Presidencia, por su investidura, exige responsabilidad en el trato con la prensa. La crítica no es una ofensa personal, la repregunta no es una provocación por sí misma y el sarcasmo no sustituye una respuesta. Administrar una conferencia es legítimo; utilizar la insistencia de una periodista para convertirla en el centro de la escena, en lugar de atender los asuntos planteados, desplaza la atención de lo verdaderamente importante: las respuestas que el poder debe ofrecer.

Morena llegó al poder reivindicando la transformación de la vida pública y cuestionando los abusos del poder. Esa exigencia pierde consistencia si las preguntas críticas se reciben como una molestia en lugar de asumirse como parte de la rendición de cuentas.

La mañanera no debe ser un escenario para preservar la imagen presidencial, sino un espacio de escrutinio público. La presidenta puede establecer límites de tiempo, pero esos límites no deben servir para descalificar a quien ejerce su derecho a preguntar.

La fortaleza de un gobierno no se demuestra con ironías frente a una reportera, sino con respuestas claras, argumentos verificables y disposición para enfrentar preguntas difíciles.

El tiempo de una conferencia tiene límites; la obligación de rendir cuentas, no.

16/10/2026

SHEINBAUM SE INCOMODA CUANDO EL PERIODISMO EXHIBE LA PROPAGANDA DEL PODER

El 16 de octubre de 2026, la periodista Reyna Haydee Ramírez puso sobre la mesa una contradicción incómoda para Claudia Sheinbaum: sus llamadas “asambleas con el pueblo” se presentan como ejercicios de cercanía ciudadana, pero enfrentan cuestionamientos por el acarreo y su utilización como instrumentos de propaganda política.

La respuesta presidencial dejó al descubierto el choque entre la narrativa oficial y el escrutinio periodístico. Sheinbaum defendió estos encuentros argumentando que escucha a la gente y canaliza sus peticiones a las dependencias correspondientes. Sin embargo, recibir solicitudes no basta para convertir una concentración multitudinaria en un ejercicio ejemplar de participación democrática.

Una plaza llena no demuestra, por sí sola, respaldo espontáneo; tampoco acredita que las demandas ciudadanas estén siendo atendidas. Confundir la movilización con legitimidad política es una de las trampas más recurrentes de la propaganda: proyectar una imagen de popularidad sin demostrar necesariamente resultados.

La cercanía con el pueblo no se mide por el tamaño de una multitud, los templetes ni las fotografías de asistentes. Se demuestra con respuestas concretas, servicios públicos que funcionen, políticas eficaces y soluciones verificables a los problemas que enfrentan millones de personas.

Porque escuchar no es lo mismo que resolver. Recibir peticiones no equivale a cumplirlas, y organizar actos masivos no sustituye la obligación de rendir cuentas. La ciudadanía necesita gobiernos que respondan a sus necesidades, no solamente actos públicos que alimenten la imagen de sus gobernantes.

Por eso, el periodismo crítico es indispensable. Reyna Haydee Ramírez confrontó el discurso presidencial y puso en discusión una cuestión fundamental: la distancia entre la imagen de cercanía que proyecta el poder y los resultados con los que debe justificar su actuación.

Cuando una periodista cuestiona la narrativa oficial, cumple una función democrática esencial. No le corresponde a la prensa proteger la imagen de la presidenta ni repetir el discurso gubernamental, sino investigar, confrontar y exigir explicaciones, incluso cuando las preguntas resultan incómodas.

El pueblo no es escenografía, las multitudes no son rendición de cuentas y la propaganda no puede sustituir los resultados.

Todo mi reconocimiento a Reyna Haydee Ramírez por ejercer un periodismo que incomoda al poder en lugar de servirle. Porque una democracia necesita periodistas libres que cuestionen a quienes gobiernan, no gobernantes que pretendan convertir cada concentración pública en una prueba incuestionable de popularidad.

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