11/08/2026
A diez años de la reforma penal, el problema no es únicamente que las fiscalías estén rebasadas; también existe una profunda crisis en la calidad de la investigación y procuración de justicia.
Para muchos ciudadanos, acudir ante el Ministerio Público significa enfrentarse a investigaciones deficientes, carpetas que permanecen meses o años sin actuaciones sustantivas, falta de seguimiento, servidores públicos insuficientemente capacitados y una preocupante indiferencia frente a las víctimas.
La percepción ciudadana puede resumirse crudamente en una frase: “hago como que trabajo porque hacen como que me pagan”. Pero cuando esa actitud se presenta en una fiscalía, las consecuencias no son menores: detrás de cada carpeta abandonada existe una víctima esperando justicia y, en muchos casos, una persona investigada que también tiene derecho a que los hechos sean esclarecidos objetivamente.
El Ministerio Público no está para administrar expedientes ni para simular investigaciones. Conforme al artículo 21 de la Constitución, le corresponde la investigación de los delitos junto con las policías, bajo su conducción y mando. Y conforme al artículo 20 constitucional, el proceso penal tiene entre sus objetos el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y lograr la reparación del daño.
Por eso, cuando una investigación se limita a acumular documentos, recibir declaraciones sin contrastarlas, omitir actos indispensables de investigación o dejar transcurrir el tiempo sin una verdadera teoría del caso, no estamos ante una procuración de justicia efectiva, sino ante una institución que pierde progresivamente la confianza ciudadana.
No basta reformar códigos ni cambiar el nombre de Procuradurías a Fiscalías. Una reforma penal fracasa en la práctica cuando quienes deben investigar no cuentan con preparación suficiente, recursos adecuados, supervisión efectiva o, peor aún, voluntad para esclarecer los hechos.
La justicia no se mide por el número de carpetas iniciadas. Se mide por la capacidad del Estado para investigar con profesionalismo, objetividad, debida diligencia y llegar a la verdad de los hechos.
Saludos