Comité Popular De Derechos Humanos-Cpdh

12/05/2026

NUESTRO CPDH DENUNCIA LAS AGRESIONES ARMADAS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CHILAPA DE ÁLVAREZ
Lunes 11 de mayo de 2026, por Michoacán

11-05-2026/Chilapa de Álvarez/Guerrero

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) se une a la denuncia urgente que realizan las comunidades de las comunidades de Alcozacan, Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, municipio de Chilapa de Álvarez en el estado de Guerrero, quienes desde varios días son objeto de ataques con armas de fuego, explosivos lanzados desde drones, quema de vegetación, incursión paramilitar y quema de casas y desplazamiento forzado.

Pese a que el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero han declarado que activaron un protocolo de atención interinstitucional, los testimonios de las víctimas dan cuenta de la omisión de parte del Ejercito Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero, quienes no actúan y se mantienen a la distancia para que los grupos paramilitares puedan continuar con las agresiones armadas, lo cual indica que su presencia obedece a una orden de coberturar el cometido de crímenes de lesa humanidad contra los pueblos de Chilapa de Álvarez. Esto significa a días de iniciar la violencia, esta cuenta con la aquiescencia del Estado Mexicano, volviéndola entonces violencia de Estado.

La violencia ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias, la situación se agrava porque se ha permitido que los grupos paramilitares ocupen los pueblos mientras continúan los ataques contra hombres, mujeres, adultos mayores y niños desplazados. Ante este éxodo el gobierno mexicano declara que está atendiendo la situación cuando en los hechos, esta se intensifica poniendo en riesgo el derecho a la vida de las víctimas. Lo que más indigna es la indolencia de un gobierno que se dice ser diferente a otros, cuando en los hechos es lo mismo.

De nueva cuenta se confirma que el paramilitarismo o “crimen organizado” actúa bajo la complicidad del Estado Mexicano, así ha ocurrido en los casos de la meseta purépecha y la región de tierra caliente en el estado de Michoacán, así como las agresiones de los grupos paramilitares en Chiapas contra el poblado de Río Florido (integrante del FNLS) y contra la Organización Campesina Emiliano-Zapata Casa del Pueblo. Por lo tanto, se trata de una práctica de terrorismo de Estado ejecutada contra el pueblo en general organizado y no organizado.

Hacemos extensa esta denuncia y compartimos el mensaje de los pueblos que en estos momentos están siendo víctimas de esta violencia. Hacemos responsable al gobierno del estado del estado de Guerrero encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda y al gobierno federal representado por Claudia Sheinbaum Pardo de la integridad física y psicológica de los pueblos de Chilapa de Álvarez.

Así mismo, desde nuestro CPDH compartimos la solicitud realizada por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”, quien en un comunicado solicita de manera urgente:

Protección real e inmediata para las comunidades afectadas.
Acciones efectivas para detener los ataques armados y el uso de explosivos.
Atención humanitaria integral para las familias desplazadas.
Investigación inmediata de los hechos denunciados.
Garantías de seguridad para el retorno digno y seguro de las comunidades.

ATENTAMENTE:
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH

26/04/2026

CPDH CONDENA EL ATAQUE ARMADO CONTRA INTEGRANTES DE LA OCEZ-CP
Sábado 25 de abril de 2026, por Michoacán

25-04-2026/OCEZ-CP/Chiapas

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Desde nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) emitimos nuestra condena hacia la agresión de la fueron víctimas los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata - Casa del Pueblo (OCEZ-CP) el pasado 24 de abril del presente año:

HECHOS
1. En un comunicado público la OCEZ-CP denunció que el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de Los Llano (ASBALL) del Paraíso Grijalva realiza continuos destrozos en tierras comunales, entre ellos la intención de realizar un “BRECHEO ILEGAL”, de tal manera que en Asamblea General, la organización determinó ejercer el derecho a la protesta sobre vías carreteras a fin de demandar solución a sus demandas de carácter agrario.
2. El 24 de abril la OCEZ-CP ejerció el derecho a la protesta en las salidas de la cabecera municipal de Venustiano Carranza, cuando en el punto que conecta Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz un grupo armado de corte paramilitar disparó sus armas de fuego contra los manifestantes, donde algunos fueron gravemente heridos y asesinados, entre las víctimas, una mujer que estaba pasando por el lugar.
3. Cerca del lugar de la agresión existió la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fuerza de Respuesta Inmediata Pakal y la Guardia Nacional, quienes no actuaron en el momento de la agresión paramilitar.

La violencia de parte de los grupos paramilitares se viene ejecutando con anterioridad, de manera que mencionamos los siguientes:

ANTECEDENTES
1. El 3 de mayo y 12 de junio de 2021, la OCEZ-CP fue víctima de agresiones armadas de parte del grupo paramilitar ASBALL.
2. En el 2024 la localidad de Nicolás Ruíz, en el ejercicio del derecho a la legítima defensa cerró las vías carreteras para impedir el ingreso de los grupos paramilitares. Durante su campaña electoral el entonces candidato Eduardo Ramírez Aguilar se comprometió a investigar y desarticular a dichos grupos.

Los hechos descritos con sus antecedentes expresan que la presente administración chiapaneca encabezada por el gobernador morenista Eduardo Ramírez Aguilar da continuidad a la vieja práctica de crear, promover y proteger grupos paramilitares para mantener la violencia de Estado en contra de comunidades y organizaciones populares independientes, de manera que la omisión de los elementos policiaco-militares ante las agresiones en contra de la OCEZ-CP y la localidad de Nicolás Ruiz los convierte en cómplices de los ejecutores.

Las acciones de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar son tendientes a negar la solución a las demandas de la OCEZ-CP, dejando el tema de los asesinatos y la agresión paramilitar en segundo término y tomando el hecho para intentar imponer la presencia de las fuerzas represivas. Todo ello deja en claro que dicha administración otorga aquiescencia a los grupos paramilitares que operan en la región.

Nuestro CPDH rechaza aquellas versiones periodísticas que pretenden hacer pasar los hechos como un “enfrentamiento”, cuando se trató de una agresión en contra de manifestantes, por lo que emitimos nuestra solidaridad con las víctimas, mientras que exigimos al gobierno de Chiapas la desarticulación de los grupos paramilitares y el juicio y castigo a los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo.

ATENTAMENTE:
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH

06/04/2026

CPDH LAMENTA LAS DECLARACIONES DE LA CNDH SOBRE EL INFORME DE LA ONU SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO
Lunes 6 de abril de 2026, por Michoacán

Posicionamiento No.20260406

Desde nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) lamentamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de nueva cuenta falte a su principio de autonomía e independencia institucional respecto al gobierno federal, ya que en su Posicionamiento DGDDH/2026 donde manifiesta “diferir” de las conclusiones hechas por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), se suma al discurso oficial rechazando las observaciones del organismo internacional, difamando a organizaciones y colectivos y deslindando la responsabilidad del Estado Mexicano en el cometido de este crimen de Estado y lesa humanidad.

Para la CNDH los casos de desapariciones forzadas ejecutados directamente por servidores públicos y autoridades gubernamentales ha “descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer.” Tal aseveración es errónea porque detrás de cada desaparición forzada siempre hay una línea de responsables que actúan bajo la dirección inmediata o distante del Estado Mexicano, que la desaparición forzada persista en la actualidad es la evidencia más clara de la aquiescencia y colusión de los agentes de Estado. De otra manera, si quienes comenten las desapariciones forzadas son exclusivamente los miembros del “crimen organizado”: ¿No es acaso reconocer que el Estado Mexicano es incapaz de frenar esta práctica y que se encuentra superado por este tipo de agentes?

Dejando que los propios datos del informe del CED hablen por sí mismos, podemos concluir que lo expresado no se aleja de la realidad que vive el pueblo de México, lo anterior se confirma de la siguiente manera:

Desde 2006 el CED recibió información que indica un incremento de desapariciones forzadas en el país de parte de agentes de Estado (bajo el contexto de política de militarización de los gobiernos panistas) y la incorporación de “actores no estatales” que operan bajo “diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.”

En el 2012 y 2015 (durante la administración de Peña Nieto) ya se vertían informes y recomendaciones al Estado Mexicano para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas como práctica generalizada.

En 2018 el CED “lamentó que se mantuviera una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano y que imperen la impunidad y la revictimización”; al mismo tiempo que señaló “la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio.” Ese mismo año destacó “la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los procesos de búsqueda e investigación”.

En el 2021 el CED señaló que la impunidad estructural “alentaba la reproducción de las desapariciones y causaba zozobra para las víctimas y las personas y organizaciones que las acompañan” y “recordó que los Estados son responsables de las desapariciones cometidas por sus servidores públicos y por las personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, incluso cuando se trate de organizaciones criminales o paramilitares. Esto incluye las situaciones donde las organizaciones criminales o los grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades del Estado; cuando reciben alguna forma de apoyo por los servidores públicos; o cuando existe un patrón conocido de desapariciones de personas y el Estado no adopta las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas desapariciones o para investigar y llevar a los autores ante la justicia.”

En el 2023 el CED insistió al Estado Mexicano poner en práctica las recomendaciones emitidas en el 2015, 2019 y 2021, ya que se observaba una “falta de implementación” de las mismas. En otras palabras, ante la falta de voluntad del Estado Mexicano en detener el cometido de desapariciones forzadas, se siguió con la insistencia de realizar acciones que diesen resultados.

Para el 2026 el CED da cuenta del alto número de Acciones Urgentes que dan cuenta todo lo anteriormente mencionado y añade que “las autoridades a cargo de investigar los casos de desaparición optan con frecuencia por utilizar otro tipo penal, incluso cuando los familiares de la persona desaparecida han solicitado específicamente se persiga el delito como desaparición forzada.” Además, en los casos donde se ha llegado a judicializar bajo la adecuada figura penal, los perpetradores son absueltos por “falta de pruebas”

Este recuento confirma lo que las organizaciones populares independientes, colectivos defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas y el pueblo de México han señalado enfáticamente: LAS DESAPARICIONES FORZADAS SON CRÍMENES DE ESTADO, CON UN CARÁCTER TRANSEXENAL E IMPRESCRIPTIBLE Y EJECUTADAS POR MOTIVACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS.

Podemos señalar que un análisis fue realizado de manera incorrecta cuando los datos y conclusiones vertidas no corresponden a la realidad, por lo tanto, quien comete hierros en sus declaraciones, tergiversa los datos para ajustarlos al discurso del gobierno federal, interpreta el Derecho Internacional Público a modo y desvirtúa los datos, es la CNDH, quien lastimosamente se cambia su lema ¡Defendemos al Pueblo! a la consigna ¡Defendemos la impunidad!

Cuando la CNDH declara que las organizaciones defensoras de derechos humanos emiten opiniones sesgadas, lucran con las víctimas y buscan politizar la determinación de la CED, manifiesta una posición que estigmatiza a los defensores de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que acompañan a las víctimas al mismo tiempo que desconoce el derecho de los mexicanos a organizarse de manera independiente para la búsqueda de justicia. Tal posicionamiento es agresivo y doloso hacia quienes luchan por justicia, verdad y presentación con vida de los detenidos-desaparecidos.

Por todo lo anterior, reiteramos que es lamentable que la CNDH vierta tal posicionamiento en contra de la CED de la ONU. Para quienes en el ejercicio de nuestros derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos del pueblo de México, es preocupante porque quien se supone debe velar por el respeto a la dignidad humana, se vuelca a favor de quienes la lesionan.

ATENTAMENTE:
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH

27/03/2026

NUESTRO CPDH EMITE POSCIONAMIENTO SOBRE REVISIONES DE MILITARES HACIA LA POBLACIÓN
Jueves 26 de marzo de 2026, por Michoacán

Posicionamiento No. 20260326

A los medios de comunicación
A la opinión pública

A través de medios de comunicación nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) se entera de la acción de elementos del Ejército Mexicano en el Centro Histórico la ciudad de Morelia, la cual consistió en revisiones arbitraras hacia personas que transitaban en la Plaza Melchor Ocampo.

Ante ello, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.” De manera que tales revisiones “rutinarias” o “preventivas” de parte de autoridades policiacas y militares son actos anticonstitucionales que lesionan los derechos humanos.

Las revisiones documentadas de manera pública ilustran un acto que criminaliza a la población, pues bajo la excusa de ser un procedimiento “preventivo” se le coloca un afiche de posible delincuente, negándole el derecho de presunción de inocencia, junto ello, la lesión a la esfera jurídica de la víctima se agrava en medida que quienes realizan estos actos son miembros de las fuerzas armadas, sujetos cuya formación y finalidad es totalmente diferente a la de los cuerpos policiacos y de investigación.

Lo visto en esta tarde es el reflejo de la política de militarización de la vida pública en el país, donde las fuerzas armadas tienen mayor participación en actividades que no son de su competencia material, pero que se realizan para infundir el temor entre la población. Por lo que nuestro CPDH se pronuncia en contra de estos actos lesivos contra la dignidad humana y que son violatorios a los derechos humanos.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH

11/03/2026

DENUNCIA PÚBLICA: HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS CONTRA MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CUADRILLAS UNIDAS EN URUAPAN
Martes 10 de marzo de 2026, por Michoacán

10-03-2026/Cuadrillas Unidas/Michoacán

A los medios de comunicación
A la opinión pública

A través de una comunicación con nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH), miembros de la organización de Cuadrillas Unidas denuncian una serie de actos de hostigamiento y amenazas contra integrantes de su organización:

HECHOS

El viernes 6 de marzo de 2026 llegaron al predio conocido como “Los Pilares” el Lic. Misael Padilla Osornio acompañado de un empresario y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hostigar a los colonos ya que les dijeron que venían a realizar los trabajos correspondientes para un futuro desalojo del predio que actualmente están en posesión de personas que buscan hacer valer el derecho humano y constitucional a la vivienda.
Cerca de las 11:00 de la mañana del 10 de marzo del presente, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desconectaron de la red eléctrica a una parte de los colonos que se encuentran en los predios adjuntos a “Los Pilares”.
Aproximadamente a las 7:40 de la noche un número telefónico con clave perteneciente a la provincia de Quebec (Canadá) llamó para verter una amenaza contra Antonio Herrera Mares, dirigente de Cuadrillas Unidas en la ciudad de Uruapan. La amenaza consiste en que “saben donde está y vienen por el”.

A manera de antecedente, anteriormente el Lic. Misael Padilla Osornio fue expulsado por los colonos por recurrir al engaño y la mentira para lucrar con el derecho a la vivienda, de aquí que mantiene una denuncia por “despojo” contra colonos y miembros de “Cuadrillas Unidas”, en una ocasión fue acompañado con elementos de la Guardia Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública para hostigar y verter amenazas, en ese momento se confirmó que los elementos recibieron cantidades de dinero para prestarse a esa labor.

Siendo las 8:00 de la noche, nuevamente los colonos se comunican con este CPDH para informar que el Lic. Misael Padilla Osornio se encuentra rondando cerca del predio de “Los Pilares”, mientras que las llamadas amenazantes continúan.

Ante estos hechos, este CPDH solicita al gobierno del estado encabezado por el Lic. Alfredo Ramírez Bedolla:
I. No ser omiso ante la presente denuncia y garantizar la integridad física y psicológica de los colonos e integrantes de la organización “Cuadrillas Unidas”
II. Establecer mesas de trabajo para dar solución a la demanda de los colonos y de la organización “Cuadrillas Unidas”.

Hacemos responsable al gobierno del estado de la integridad física y psicológica de Antonio Herrera Mares y miembros de la organización Cuadrillas Unidas y colonos.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH

06/03/2026

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA INTEGRANTES DEL FNLS EN CHIAPAS: COMUNIDAD RÍO FLORIDO
Jueves 5 de marzo de 2026, por Michoacán

Este Comité Popular de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Resolución 53/144 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la defensa y promoción de los Derechos Humanos y demás disposiciones legales en materia de derechos humanos, emite un INFORME sobre el caso VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA INTEGRANTES DEL FNLS EN EL ESTADO DE CHIAPAS: COMUNIDAD DE RÍO FLORIDO.

El presente informe es el resultado del seguimiento a las denuncias, pronunciamientos, medios periodísticos e investigación en fuentes públicas, de manera que es un PRIMER TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN de lo acontecido a partir del 20 de febrero de 2026 en la localidad de Río Florido, Chiapas.

Para descarga del informe:

05/03/2026

VINCULACIÓN DE LAS 10 PERSONAS DETENIDAS EL 20 DE FEBRERO ES VIOLATORIA A SUS DERECHOS HUMANOS
Miércoles 4 de marzo de 2026, por Michoacán

4-03-2026/FNLS/CHIAPAS

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Por medio de comunicado público No. 23511, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que:
“La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Diego “N”, Felipe “N”, Martín “N”, Belisario “N”, Alejandro “N”, José “N” y Ángel “N”, como presuntos responsables de los delitos ataques a las vías de comunicación, pandillerismo, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, motín y homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos el 20 de febrero de 2026 en la comunidad Río Florido del municipio de Ocosingo.
[…]
El Juez de Control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas emitió el auto de vinculación a proceso en contra de los imputados, decretando como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y otorgó 60 días para la investigación complementaria.”

Las personas sujetas a proceso penal son aquellas que fueron detenidas de manera arbitraria por los elementos policiacos-militares que participaron en la represión del 20 de febrero de 2026 contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) frente a la comunidad de Río Florido.

La vinculación a proceso constituye una grave violación a sus derechos humanos por que al no estar presentes en el lugar de los hechos y al estar desarrollando actividades distintas a la protesta, no se encontraban bajo supuesto de FLAGRANCIA que, de acuerdo al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da cuando la persona es detenida cuando está un delito, cuando es perseguida y detenida después de cometer el delito o cuando sea señalada por una víctima u ofendido; de manera que el Juez de Control debió de calificar como ilegal las detenciones y dictar el auto de no vinculación a proceso.

Además que se les niega su libertad a los hoy presos injustamente, la fiscalía del estado de Chipas los revictimiza al momento de exponerlos como “presuntos responsables”, mientras que el Juez de Control les impone la lesiva medida de prisión preventiva oficiosa sin que las acusaciones figuren dentro del catálogo mencionado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior indica que la fiscalía de Chiapas actúa como verdugo al fabricar delitos contra las víctimas y el Juez de Control como un inquisidor al negarles el derecho a la presunción de inocencia.

Así mismo, desde un principio los detenidos fueron presentados como miembros del FNLS y con un montaje que indica que existen motivaciones políticas que comprenden seguir criminalizando el ejercicio del derecho a la protesta, organización y libre manifestación de las ideas.

Ante ello, nuestro CPDH manifiesta:
1. Solidaridad a los familiares de las personas presas injustamente.
2. Nuestra profunda condena a la vinculación a proceso y la imposición de la nefasta medida de prisión preventiva oficiosa.
3. La exigencia de libertad inmediata e incondicional de las personas detenidas el 20 de febrero de 2026
4. Cese a la criminalización por motivos sociales y políticos.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH

21/02/2026

20/02/2026

DENUNCIA URGENTE: INCURSIÓN POLICÍACO MILITAR CONTRA COMUNIDAD RÍO FLORIDO.
Viernes 20 de febrero de 2026, por Michoacán

20-02-2026/FNLS/CHIAPAS

A los medios de comunicación
A la opinión pública

A través de una comunicación con nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) compartimos el siguiente COMUNICADO URGENTE:

COMUNICADO URGENTE

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 20 de febrero de 2026.
A los medios de comunicación
Al pueblo en general.

INCURSIÓN POLICÍACO MILITAR CONTRA COMUNIDAD RÍO FLORIDO

En estos momentos los compañeros del Ejido Río Florido, municipio de Ocosingo, denuncian de manera urgente la incursión policíaca militar que se está llevando contra nuestros compañeros.

Las fuerzas represivas están incursionando con tanquetas blindadas, efectivos quienes están realizando detonaciones con armas de fuego y apoyados por helicópteros de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.

Exigimos al gobierno estatal el cese de la represión y la orden de retirada ya que pone en riesgo la vida de quienes habitan el poblado, que con uso desmedido de la fuerza imponen el terror dentro de la población.

Una vez más se confirma que el diálogo es pura simulación, ya que la esencia de la cuarta transformación en Chiapas es la represión, el hostigamiento y la criminalización de quienes ejercemos la crítica política.

Los responsables de esta represión e incursión policíaca militar contra nuestros compañeros son Angélica Méndez , Presidente municipal de Ocosingo, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del Estado, Jorge Luís Llaven Abarca, Fiscal General del Estado y Óscar Alberto Aparicio de la SSP en Chiapas.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

20/02/2026

DENUNCIA PÚBLICA: REPRESIÓN CONTRA INTEGRANTES DEL FNLS EN CHIAPAS
Viernes 20 de febrero de 2026, por Michoacán

20-02-2026/FNLS/CHIAPAS

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Desde nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) denunciamos la represión del gobierno del estado de Chiapas contra integrantes de la localidad de Río Florido, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

HECHOS

En el ejercicio del derecho a la protesta y manifestación, los integrantes del FNLS realizaron un volanteo informativo sobre el tramo carretero ubicado frente a Río Florido, municipio de Ocosingo.
El FNLS realiza esta actividad para “denunciar la violencia institucional y da a conocer su posicionamiento político ante el incremento de crímenes de lesa humanidad y prácticas de terrorismo de Estado que persisten en todo el territorio nacional.”
Durante la presencia del FNLS, la actividad de realizaba de manera pacífica cuando llegaron elementos policiacos para realizar el desalojo, resultando en un intento del gobierno morenista de Eduardo Ramírez Aguilar para coartar el derecho a la protesta y acallar toda voz de protesta y descontento popular.
En el desalojo los elementos policiacos utilizaron indiscriminadamente gases lacrimógenos poniendo en riesgo la integridad de todos los presentes.
Dados los intereses empresariales y la intensión de facilitar el desarrollo de un nuevo ciclo del capital en Chiapas, el gobierno chiapaneco ha intensificado el cometido de violaciones a los derechos humanos así como el terrorismo de Estado.
Advertimos que tras la represión hacia el FNLS, medios de comunicación de corte policiaco intentan crear una narrativa que busca criminalizar a quienes ejercen el derecho a la protesta, además que condenamos la postura de la Fiscalía General del Estado de Chiapas de abrir carpetas de investigación contra el FNLS bajo acusaciones de “ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones”

A manera de antecedente, al iniciar el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador y el de Rutilio Escandón Cadenas, la ofensiva contra las organizaciones populares independientes se intensificó alcanzando a la localidad de Río Florido.

Desde nuestro CPDH exigimos al gobierno estatal encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar y a la presidente municipal de Ocosingo Manuela Angélica Méndez Cruz, garantías de respeto a la integridad física y psicológica de los integrantes del FNLS así como el respeto al ejercicio legítimo del derecho a la protesta y libre manifestación.

Hacemos responsable al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de toda agresión e intención de dirigir la persecución política hacia el FNLS en Chiapas.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH

17/02/2026

ACTUALIZACIÓN: ACUSACION DE LA FGE HACIA UNA PERSONA ENCARCELADA INJUSTAMENTE EN URUAPAN
Martes 17 de febrero de 2026, por Michoacán

17-02-2026/Cuadrillas Unidas/Michoacán

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Con el objetivo de dar seguimiento al caso del injusto encarcelamiento de Roberto Alejandro Preciado Villalón, nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) realiza la siguiente actualización y corrección de datos:

HECHOS

Cuando Roberto Alejandro fue detenido por la Fiscalía General del Estado el pasado 29 de enero de 2026 y después trasladado a los separos de la institución en la ciudad de Morelia, el Ministerio Público le armó carpeta de investigación para acusarlo de cometer el delito de EXTORSIÓN, de ahí fue trasladado al Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” en Mil Cumbres para finalmente ser encarcelado en el Centro Penitenciario de Uruapan.
Al inicio de la denuncia pública por nuestro CPDH, habíamos informado que las acusaciones eran de “SECUESTRO”, de manera que realizamos esta precisión a fin de informar y dar seguimiento bajo el principio de la verdad.
Ante la protesta realizada el gobierno del estado a través de su enlace en la ciudad de Uruapan han solicitado reiteradamente que no se realicen protestas “violentas”, siendo un indicativo de pretender coartar el derecho a la libre manifestación, sobre todo cuando se denuncia una injusticia que derriba la narrativa oficial.
La Organización “Cuadrillas Unidas” y acompañantes siguen en el ejercicio de la protesta en medida que a Roberto Alejandro se le criminaliza y revictimiza por medio de la figura de la prisión preventiva oficiosa.

Nuestro CPDH se mantiene al tanto.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH