Nosotrxs, Salvador Alvarado 72 of 229, Mexico City (2026)

08/10/2026

Presentación App Alianza Democrática
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En vivo…

29/09/2026

Jorge Javier Romero Vadillo
Un Constituyente con derecho de admisión

"Los restauradores de hoy son menos burdos: administran el derecho de admisión mediante emblemas rechazados, nombres objetados, árbitros domesticados".

La historia electoral mexicana, como les he contado, está hecha de elecciones organizadas para administrar la competencia antes que para abrirla. El poder aprendió, desde que se consolidó la primera versión de organización estatal realmente nacional, a usar el sufragio como ceremonia de legitimación y forma jurídica de decisiones tomadas desde el centro. A partir de 1996 en México se abrió un paréntesis excepcional: el gobierno dejó de organizar las elecciones y perdió la facultad de decidir quién podía competir, bajo qué condiciones y con qué árbitro. Aquel paréntesis no está completamente cerrado: quedan resquicios institucionales y ciudadanos dispuestos a defenderlos. Pero el retroceso avanza con el abuso político revestido de procedimiento administrativo. El martes pasado, en su artículo de El Universal, José Woldenber resumió las alertas que amenazan ya de nuevo la claridad de los comicios: 836 funcionarios del INE despedidos en medio año, “boletas planchadas” aceptadas como válidas y el anuncio de que en 2027 podría repetirse la fórmula que convirtió 54 por ciento de los votos oficialistas en 74 por ciento de los diputados. La vieja costumbre rara vez ha necesitado falsificar cada voto; le ha bastado con escoger las reglas, domesticar a los árbitros y, cuando la ocasión se presta, depurar la lista de contendientes.
La elección del Congreso Constituyente de 1916 muestra la tradición de seleccionar por quién se puede votar en otra etapa. El bando constitucionalista había derrotado militarmente a la Convención, mientras villistas y zapatistas conservaban fuerza en varias regiones. Venustiano carranza controlaba el gobierno, buena parte del territorio y el ejército. La elección revestiría de representación una decisión tomada previamente por las armas.
El 14 de septiembre Carranza reformó el Plan de Guadalupe para convocar al Constituyente. La fórmula electoral tenía una virtud muy apreciada por los vencedores: establecía desde el principio quiénes carecían del derecho a ser elegidos. De acuerdo con el decreto, no podrían ser diputados quienes hubieran “ayudado con las armas o sirviendo empleos públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa Constitucionalista”. Excluía, así, a los colaboradores de Huerta, pero también a los villistas, los zapatistas, los convencionistas, los maytorenistas y el conjunto de rebeldes locales no alineados con los bandos más conspícuos. Ni que decir de los representantes del porfiriato. La Revolución admitía pluralidad, siempre que todos pertenecieran a la revolución correcta.
La elección se celebró, así, solo con competencia dentro del constitucionalismo. Según Javier Garcia Diego hubo entre cuatro y cinco candidatos por distrito, aunque en uno de Puebla aparecieron 31 aspirantes propietarios y 44 suplentes. También documenta presiones de las fuerzas militares gubernamentales en favor de determinados candidatos. Había opciones, una vez retirados de la boleta los adversarios de la coalición triunfadora.�Los propios constitucionalistas, según ha documentado Josefina MacGregor, disputaron con dureza las credenciales. Los antiguos diputados renovadores tuvieron que defenderse de la acusación de haber colaborado con Huerta por permanecer en sus cargos después del golpe contra Madero. A la hora de instalarse el Congreso sólo podían entrar quienes acreditaran su militancia constitucionalista. El Congreso era plural, pero los vencedores habían fijado de antemano las fronteras de esa pluralidad.

No es que el Constituyente haya sido una comparsa dócil. Los diputados desbordaron el proyecto relativamente moderado de Carranza, centrado en las facultades presidenciales, y aprobaron los artículos 3, 27 y 123, que dieron a la Constitución un contenido social mucho más profundo y alteraron sustancialmente los derechos de propiedad. Hubo debates auténticos, derrotas para el Primer Jefe, choques ideológicos y ambiciones regionales capaces de producir deliberación real. Aquella diversidad, sin embargo, no convirtió la asamblea de los vencedores en un pacto nacional.
La Constitución de 1917 fue, en términos de George Tsebelis, un pacto de consolidación: fijó en las instituciones los intereses y la correlación de fuerzas de los ganadores. Definió un nuevo régimen de propiedad, reconoció derechos sociales y fortaleció al Estado, pero excluyó a actores con capacidad militar, arraigo territorial y demandas propias. El texto aspiraba a organizar la paz, aunque fue aprobado por una parte del país después de impedir que la otra participara en su elaboración. Por ello, para seguir vigente, acabo, al igual que su predecesora de 1857, convertida en una ficción aceptada. Más que un orden normativo general, ha sido durante buena parte de su existencia, un marco para la negociación entre los actores con capacidad de veto.
La prueba decisiva llegó pronto. La primera sucesión presidencial que debía resolverse bajo las nuevas reglas acabó fuera de ellas. En 1920, Carranza intentó cerrar el paso a Álvaro Obregón e impulsar a Ignacio Bonillas, un civil con escasa base política. Los sonorenses respondieron con el Plan de Agua Prieta. La rebelión derribó al gobierno; Carranza huyó y fue asesinado en Tlaxcalantongo. Obregón llegó después a la Presidencia mediante una elección celebrada cuando las armas ya habían decidido quién podía ganarla.
El pacto de 1917 fracasó en su primera prueba sucesoria. Ninguno de los protagonistas principales confió en que las elecciones pudieran procesar la disputa y obligar al derrotado a aceptar el resultado. La Constitución sobrevivió, pero la fuerza volvió a ser la regla. El PNR de 1929 proporcionaría un mecanismo menos sangriento para repartir el poder y disciplinar la competencia entre caudillos de la coalición revolucionaria. La élite revolucionaria acabó por entender que matarse en cada sucesión era una forma demasiado costosa de administrar ambiciones. De eso les contaré la próxima entrega.
Las diferencias con el presente son evidentes, aunque la trayectoria muestra su pertinacia. Si bien los adversarios del oficialismo todavía no han sido excluidos formalmente de las boletas, la regresión avanza por otras vías: captura al árbitro, desmantela su cuerpo profesional, normaliza la intervención gubernamental y acomoda las reglas de representación para convertir una mayoría relativa en dominio legislativo. La libertad electoral pierde sustancia mucho antes de la jornada, cuando la coalición gobernante decide quién puede competir, con qué nombre y emblema, ante qué autoridad y bajo qué fórmula se convierten votos en poder. Carranza tuvo la franqueza brutal de escribirlo en la convocatoria. Los restauradores de hoy son menos burdos: administran el derecho de admisión mediante emblemas rechazados, nombres objetados, árbitros domesticados, funcionarios despedidos y fórmulas que hacen pesar más los votos de la coalición gobernante.

24/09/2026

La revolución de las conciencias
Mauricio Merino

Si alguien quisiera emprender, de veras, una revolución pacífica en este ya avanzado Siglo XXI mexicano, podría hacerlo llamando a cumplir todas y cada una de las leyes que están vigentes. No a cambiarlas ni a desconocerlas ni a impugnarlas, sino a cumplirlas a la letra. Estoy seguro de que muchas oficinas públicas colapsarían tan rápido como el sistema judicial, si tuviera que procesar las denuncias por incumplimiento. Si las y los ciudadanos nos asumiéramos en serio como titulares de derechos y nos propusiéramos exigir a pie juntillas el cumplimiento de la ley –de las leyes, todas–, no habría gobierno capaz de lidiar con multitudes indignadas. Esa sí sería una auténtica revolución de las conciencias.

¿Cómo es posible que un país con leyes tan profusas funcione tan mal? La respuesta es obvia: porque no se cumplen, pero sirven para negociar (como los reglamentos de tránsito, que ayudan a fijar el monto de las mordidas), sirven como armas (“a los enemigos, la ley…”), sirven para justificar la impericia y los abusos burocráticos (“lo siento, pero así dice la norma”) y sirven para que los políticos profesionales inventen otras que resolverán, dicen, los defectos de las anteriores. Sirven para muchas cosas, excepto para lo que fueron escritas.

En términos generales, la ley se utiliza de manera individual para resolver cuestiones específicas y solo a veces –muy a veces– se reclama colectivamente por organizaciones sociales acotadas. Y aun en esos casos, los problemas se resuelven por encima de las leyes para salir del paso. Incluso las instituciones creadas ex profeso para garantizar que algunas leyes se cumplan sin retruécanos acaban negociando sus resoluciones o sometiéndolas a los intereses políticos del día. Pienso, por ejemplo, en la CNDH actual que, plegada descaradamente a las órdenes del gobierno en turno, acusa a la CNDH del pasado de haberse sometido a los gobiernos anteriores. Una joya.

Algo similar ha venido sucediendo con las leyes escritas para combatir la corrupción; léase: para combatir el incumplimiento de la ley. Las instituciones responsables de esa tarea no han cumplido sus mandatos y ni siquiera se han reunido a discutirlo desde el pasado mes de enero –aunque la ley que los regula les exige hacerlo al menos cuatro veces cada año–, porque no lo han considerado indispensable. ¿Por qué los responsables de garantizar el respeto a las normas tendrían que honrarlas, si nadie más lo hace? Además, están a salvo de castigos porque esas instituciones son las encargadas de aplicarlos. Es la impunidad perfecta. Y si alguien les reclama, la respuesta ya está prefabricada: hay que cambiar la ley, porque esta no funciona. Otra joya.

Con todo, exigir el cumplimiento de la ley tendría que ser la obligación básica de cualquier ciudadano digno de ese nombre. Y con mayor razón si se trata de las leyes escritas para integrar la representación política: la distribución del poder legítimo entre quienes piden nuestros votos, en casillas cuyos funcionarios se designan al azar entre quienes forman parte del padrón electoral y con consejos electorales que –como dice la ley– deben estar conformados por ciudadanos sin partido.

Pues bien, la observación electoral no busca más que eso: vigilar que las leyes se cumplan a cabalidad. Si viviéramos en la normalidad democrática, las autoridades electorales tendrían que celebrar que esa observación se multiplique para ayudarles a cumplir con su misión; el partido dominante lo vería con simpatía como respaldo a la legitimidad de sus posibles triunfos venideros; y las oposiciones, como apoyo a su reclamo de equidad en la competencia electoral. “Algo huele mal en Dinamarca” cuando sucede lo contrario. Por eso, hay que llamar a la revolución de las conciencias.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

18/09/2026

Jorge Javier Romero Vadillo
La libertad de disputarse el fraude
"Al retirarse el control gubernamental, podían competir quienes estuvieran en condiciones de imponer a los agentes del fraude, con el conflicto y la sangre".

La necesidad de constituir, el 10 de septiembre, la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional dice mucho sobre el retroceso en el camino andado en la construcción de la democracia en México. El deterioro gravísimo de la autonomía del INE y la falta de independencia del Tribunal Electoral vuelven imprescindible la vigilancia ciudadana. En su artículo de esta semana en Nexos, Ricardo Becerra lo resume puntualmente: los recortes, las campañas de descrédito, la interferencia gubernamental y la captura de los órganos de decisión han desmontado buena parte de lo construido durante tres décadas. Ahora toca volver a vigilar procedimientos que debían ofrecer garantías. La transformación ha resultado bastante aplicada en devolverle al gobierno las ventajas que había perdido.
Mi intención al escribir esta serie de notas sobre la historia de las elecciones mexicanas tiene precisamente ese propósito: entender cómo, durante la mayor parte de la historia mexicana, las elecciones fueron un simulacro controlado desde el poder, cuando no desde los cacicazgos locales y lo mucho que costó desarticular la manipulación política del sufragio, una compleja construcción institucional que implicó acuerdos amplios y que hoy parecer ceder ante la inercia de la trayectoria histórica de fraudes y controles clientelistas de los votos. La entrega anterior la dediqué a mostrar cómo Juárez y Díaz hicieron de las candidaturas oficiales un mecanismo de gobernabilidad. El derrumbe del porfiriato revivió las formas de competencia entre los caudillos y caciques con redes útiles para la manipulación electoral, por lo que la manida idea de que el de Madero fue un dechado de democracia merece examinarse con algo más de cuidado del que solía usarse en los reversos de las estampitas que se vendían en las papelerías con se egregia la figura.
Francisco I. Madero ganó la Presidencia en 1911 con una ventaja abrumadora, después de la renuncia de Díaz y del derrumbe de la autoridad que articulaba el control electoral. Su victoria cosechaba el prestigio del triunfo revolucionario; no tuvo un adversario capaz de disputarle seriamente la Presidencia. Aquella elección, todavía indirecta, confirmó una relación de fuerzas surgida de la insurrección. Conviene distinguirla de las legislativas de 1912, cuando las facciones se disputaron los cargos con las viejas mañas del siglo XIX, ya sin el árbitro presidencial que había puesto orden en las trampas y en el reparto.
Sin duda Madero respetó libertades que sus predecesores habían considerado perfectamente compatibles con suprimirlas cuando estorbaban. Hubo prensa libre, partidos activos y competencia efectiva por los cargos. La reforma constitucional de abril de 1912 introdujo el voto directo para diputados y senadores y las elecciones legislativas de aquel año pusieron a prueba aquel nuevo marco. El Presidente dejó de confeccionar por anticipado la integración del Congreso. Era una ruptura importante con la vieja costumbre de decidir por quién se podía votar.

De allí procede la idea repetida del maderismo como un paréntesis democrático. El problema es que dentro del paréntesis quedaron todas las trampas y manipulaciones a mano de los que querían ganar sus diputaciones. Sólo en la fantasía bastaría la honradez presidencial para que los caciques se convirtieran en ciudadanos ejemplares, los funcionarios olvidaran sus lealtades y los intermediarios renunciaran a sus recursos. Una conversión colectiva tan milagrosa habría requerido bastante más que las convicciones espiritistas del Presidente.
François-Xavier Guerra describió el asunto con precisión en México: del Antiguo Régimen a la Revolución. Su investigación sobre 1912 encontró que aquellas elecciones, “muy 'libres' al decir de todos los actores”, mostraban simultáneamente la diversidad de candidatos y “la multiplicidad de irregularidades y de fraudes cometidos por las autoridades de todo tipo para hacer triunfar a sus hombres”. La frase siguiente importa todavía más: “El pluralismo electoral resulta entonces de la rivalidad de las facciones locales anteriormente contenidas y de la impotencia del gobierno central y de los gobernadores para imponer su candidato”.
La libertad de competir había aumentado; empero, las maneras de ganar conservaban una admirable resistencia al cambio. Desaparecida la capacidad presidencial de arbitrar y disciplinar las disputas, las facciones pudieron enfrentarse abiertamente con los recursos que tenían a mano. Entre ellos figuraban las autoridades dispuestas a intervenir para favorecer a sus allegados. El funcionario que antes obedecía una consigna general podía trabajar ahora para una clientela particular. Había más candidatos y más incertidumbre, sin garantías equivalentes para para los electores. La apertura permitió disputar cargos antes repartidos desde arriba, pero dejó sin resolver quién garantizaba la limpieza de esa disputa en cada localidad.
Era justamente el problema señalado por Emilio Rabasa en La Constitución y la dictadura, citado la semana pasada: al retirarse el control gubernamental, podían competir quienes estuvieran en condiciones de imponer a los agentes del fraude, con el conflicto y la sangre como consecuencias posibles. Rabasa utilizaba ese diagnóstico para justificar la concentración del poder. Reconocer la persistencia de aquellas prácticas está muy lejos de concederle razón a su desprecio por la democracia. Su remedio consistía en asegurarle al gobierno el monopolio de aquello que denunciaba.
Tampoco conviene convertir la movilización política en prueba automática de participación electoral masiva. Guerra calculó un promedio nacional de participación del 12 por ciento, con diferencias regionales considerables. La actividad de partidos, periódicos y facciones podía ser intensa mientras buena parte de la población permanecía fuera de las urnas. La ciudadanía autónoma difícilmente podía darse por instalada mediante un cambio de Presidente.
Merece la pena corregir una confusión frecuente: los adversarios de Madero no obtuvieron la mayoría relativa de la Cámara de Diputados. Los renovadores fueron el grupo mayoritario, aunque sin contornos claros y sin disciplina partidista. Sus exigencias no coincidían siempre con la política conciliadora del Presidente. Una oposición estridente y una mayoría poco disciplinada produjeron un Congreso conflictivo aunque el antimaderismo estaba fraccionado y no era una fuerza mayoritaria articulada.

Las elecciones de 1912 abrieron una competencia real dentro de una sociedad cuyas relaciones políticas seguían organizadas por lealtades personales, intermediarios y poderes locales. Las buenas intenciones de Madero cambiaron la conducta de la presidencia; transformar aquellas relaciones exigía instituciones capaces de proteger al votante frente a todos los competidores. Ahí radica el límite del celebrado paréntesis y también su importancia. Hoy, cuando el oficialismo trabaja para quitar independencia a quienes deben garantizar las elecciones, la observación ciudadana vuelve a tener una tarea bastante concreta: impedir que la voluntad del gobierno se haga pasar, otra vez, por voluntad de los electores, o que los señores locales hagan de las suyas para imponerse en sus cotos de poder.

16/09/2026

¿Otra gran reforma anticorrupción?
Lourdes Morales Canales

Hace unos días, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia presentó al grupo parlamentario de Morena, una serie de reformas que marcarán la discusión pública y la agenda legislativa en el Congreso. Entre las prioridades, se anunció un ambicioso paquete en materia de combate a la corrupción que incluye modificaciones a 19 leyes, además de dos nuevas disposiciones. El tema no es menor. La alta popularidad de la presidenta de la República contrasta con la mala calificación sobre los resultados del gobierno en el combate a la corrupción. Las mediciones sobre el fenómeno refuerzan esta percepción: la corrupción no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado.

En la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2026) de INEGI, que mide la relación entre ciudadanos y gobiernos al momento de hacer trámites, 84% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción y seis de cada diez mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 realizado por Transparencia Internacional, México obtuvo su peor calificación en 12 años con 26 puntos de 100 posibles. En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país mostró un deterioro importante en la medición ubicándose en los últimos veinte lugares del mundo. En control de la corrupción, México está entre los últimos cuatro lugares de América Latina.

En su libro “El dilema de la corrupción: reforma para una justicia social”, los académicos Michael Johnston y John Fritzen, ambos con una larga trayectoria de estudios en el tema, señalan cómo la trampa de las soluciones simplistas (“balas de plata”), la burocratización de la industria anticorrupción o los enfoques exclusivamente punitivos suman a la historia de los fracasos en el combate a la corrupción. Sin contención al abuso de poder y sin participación ciudadana, no hay política ni reforma anticorrupción que funcione.

En los últimos ocho años se han aprobado lo que podría llamarse una “segunda oleada” de reformas bajo el argumento de atajar la impunidad y activar los mecanismos anticorrupción. Las enumero: la Ley Federal de Austeridad republicana que topó los salarios de los funcionarios federales y adelgazó el aparato burocrático; la reforma constitucional en materia de extinción de dominio —junto con la acción de inconstitucionalidad que acompañó la emisión de su ley federal—; el aumento de las causales para la prisión preventiva automática por delitos de corrupción; la reforma a la ley del fuero presidencial; la reforma en materia de simplificación administrativa; la reforma en materia de seguridad que amplió las facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la reforma contra el nepotismo y reelección consecutiva y la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera a bloquear cuentas bancarias sin orden de un juez.

Todos estos cambios concentran facultades y refuerzan el enfoque punitivo e individual del que alertan Johnston y Fritzen. En contraste, ninguno de ellos mejora las capacidades de investigación, de información y de vigilancia social que el país necesita. El día de hoy inicia un nuevo y complejo año electoral. Que las reformas que vienen no sean más castigos sin garantías.

Coordinadora del Programa de Ciudadanía en México Evalúa

10/09/2026

Jorge Javier Romero Vadillo
La República de las casillas vacías

"El sistema electoral del PRI clásico tuvo en la República Restaurada su ensayo general y en el Porfiriato su primera temporada larga".

En la entrega anterior narré como, en el México independiente, las elecciones servían para medir fuerzas entre facciones, caudillos, ayuntamientos e intermediarios. Los ciudadanos eran, como acuñó Fernando Escalante, imaginarios. La República Restaurada introdujo una innovación decisiva: el Gobierno federal convirtió el fraude electoral disperso y artesanal en método de gobernabilidad. Benito Juárez puso en marcha la maquinaria; Lerdo de Tejada apretó algunas tuercas; Porfirio Díaz la dejó funcionando como un reloj cucú donde él marcaba las horas.
Derrotado el Imperio en 1867, Juárez enfrentó un problema. La Constitución de 1857 diseñó un Ejecutivo débil frente a un Congreso unicameral poderoso, mientras el país salía de una guerra, padecía el bandolerismo que ha formado parte endémica de la vida nacional y acumulaba caudillos armados con escasa vocación de jubilados, patriotas superfluos de mal conformar. Juárez intentó reformar la Constitución mediante un referéndum en la convocatoria electoral de 1867. Quería restablecer el Senado, obtener el veto presidencial y acotar al Congreso. La oposición dentro de los propios liberales frustró el intento. El Presidente encontró un atajo mexicano: conseguir mediante las elecciones la mayoría legislativa que la Constitución le negaba en la práctica.
Ralph Roeder cuenta que Juárez obtuvo “una mayoría manejable en el Congreso, adictos constantes en la Suprema Corte y gobernadores leales”, gracias a la manipulación del voto a través de una maquinaria política bien aceitada con tajadas del botín público, bien descrito por Laurens Ballard Perry. Gracias a un Congres dócil, el Ejecutivo dispuso de facultades extraordinarias para gobernar sin tener que ajustarse a las minucias de la Constitución. Las elecciones y la excepción constitucional trabajaban en pareja: una fabricaba autoridades leales; la otra permitía gobernar. La pureza liberal era un principio firme, siempre que no contrariara la voluntad presidencial.
Rabasa explicó el mecanismo años después con su proverbial cinismo y el habitual racismo positivista. Conviene leerlo con cuidado: ahí está la coartada completa:

“Como el sufragio universal era un mandato de la Constitución y un imposible en la práctica, tenía que fingirse para guardar las formas; había que llevar a las casillas electorales a ciudadanos autómatas, para lo cual debían intervenir las autoridades y sus agentes inferiores […] Para que haya elector en el sector de los analfabetos es preciso que un agente superior a ellos instale la casilla, obligue a los llamados ciudadanos a concurrir, les entregue las cédulas ya preparadas y les enseñe a echarlas en el ánfora […] La cuestión está en el nombramiento de los agentes que hacen la maniobra”.
Rabasa culpaba al sufragio universal y a la supuesta incapacidad del pueblo. Advirtió que, sin control gubernamental, las facciones lucharían por imponer a los agentes del fraude; vencerían la capacidad de cometer más atentados contra la legalidad y la controversia degeneraría en disputas, combates y derramamiento de sangre. Su prosa oligárquica identificó con exactitud la nueva institución: para cumplir la Constitución había que violarla, y el poder pertenecía a quien nombrara a los encargados de cometer la superchería. Fausta Gantús ha documentado cómo aquella cadena bajaba de la Presidencia a los gobernadores, seguía por jefes políticos y ayuntamientos y terminaba en empadronadores, instaladores de casillas y electores de distrito. La soberanía popular recorría esa trayectoria convenientemente domesticada.
La elección de 1871 mostró los límites de la fórmula. Juárez, Díaz y Lerdo dividieron el voto de los colegios electorales; ninguno obtuvo mayoría absoluta y el Congreso eligió a Juárez entre acusaciones de fraude. Díaz respondió con el Plan de la Noria. Cinco años después, ante la reelección de Lerdo, se levantó y triunfó con el Plan de Tuxtepec. El futuro dictador llegó al poder enarbolando la no reelección, una broma que la historia mexicana cuenta con absoluta solemnidad.
Díaz refinó el sistema: entendió que una candidatura oficial debía fabricarse antes de la jornada electoral. El Presidente aprobaba las candidaturas nacionales y arbitraba las disputas por gubernaturas, diputaciones y senadurías; los gobernadores hacían lo propio hacia abajo. François-Xavier Guerra advirtió que aquello exigía “un conocimiento muy preciso de las situaciones locales”, de las personas que convenía tratar con tino y de las que había que retirar. Una curul podía premiar fidelidades, neutralizar a un Gobernador incómodo o incorporar a un joven ambicioso. La casilla ratificaba el acuerdo alcanzado entre quienes sí contaban.
Por eso las elecciones conservaron importancia. Eran el momento en que caciques, caudillos, familias regionales y operadores burocráticos medían clientelas, reclamaban cargos y negociaban rentas. Cuando el pacto funcionaba, el candidato oficial ganaba con admirable puntualidad. Cuando fallaba, aparecían la impugnación, la rebelión o los balazos. La competencia política sobrevivía; su árbitro final ocupaba Palacio Nacional y el ciudadano tenía el papel decorativo que suele reservarse a las plantas de interior.
John W. Foster, Ministro de Estados Unidos en México entre 1873 y 1880, dejó una estampa costumbrista: “Durante los siete años que permanecí en México […] visité muy a menudo las casillas en días de elecciones, mas nunca vi que un ciudadano depositara su voto y rara vez encontré a alguien en las casillas, fuera de los empleados encargados de hacer la elección”. En Oaxaca, le contaron, la lista de electos solía conocerse antes de abrir la casilla. Era una administración electoral extraordinariamente eficiente: se ahorraba incluso la molestia del elector, como años después, ya en la época clásica del PRI, volvería a ocurrir, sobre todo en las zonas rurales.

El Porfiriato convirtió aquella mezcla de Ley escrita, fraude organizado, negociación territorial y arbitraje presidencial en un régimen estable. Las formas constitucionales daban legitimidad; las reglas informales distribuían poder, cargos y rentas; las candidaturas oficiales enlazaban el centro con los caciques regionales e indicaban por quién se debía votar. La Revolución destruiría al árbitro y ensancharía la coalición, pero conservaría buena parte del libreto. El sistema electoral del PRI clásico, con su Presidente elector, sus gobernadores operadores y sus candidatos previamente ungidos, tuvo en la República Restaurada su ensayo general y en el Porfiriato su primera temporada larga.

10/09/2026

Somos México
Mauricio Merino

Morena seguirá gobernando después del 2027, porque el Senado de la república fue electo por seis años, porque el Poder Judicial responde a sus intereses (“se nota el cambio”, dijo la presidenta en su informe al referirse a la Corte) y porque no perderá el control del Ejecutivo. Podría perder algunos estados y, en el peor escenario, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Pero nada más.

Si las elecciones fueran limpias y las encuestas fieles, Morena solo tendría que preocuparse por dos frentes: los estados y los distritos que podría arrebatarle MC; y los costos que habrá de pagar por mantener su alianza con el PT y el partido Verde. Dudo que otra fuerza política sea un riesgo, pues los números negativos del PAN y del PRI siguen superando con creces sus simpatías, mientras los dirigentes de ambos partidos se esmeran en demeritarlos aún más.

Por eso llama la atención el encono que le ha generado Somos México: un partido que deberá enfrentar sus primeros comicios sin alianzas, sin gobiernos, sin legisladores y en franca desventaja financiera y territorial. Pero es evidente que en Morena tienen otra lectura: además de las descalificaciones a sus dirigentes y sus militantes, Somos ha padecido una ofensiva legaliforme contra su identidad política que les obligó a renunciar al nombre de Somos México y a modificar sus colores y su emblema; y al mismo tiempo, le cayeron encima las acusaciones enderezadas en contra de Ernesto Ruffo, poco después de que éste se sumara al Consejo Consultivo de ese partido.

El caso de Ruffo podría leerse por separado, como parte de una estrategia para desviar la atención sobre los dirigentes de Morena, acusados por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos criminales. Les vino bien que una empresa en la que participa como accionista apareciera vinculada al trasiego de combustibles, aunque Ruffo estuviera ajeno a su operación. Y a pesar de su cercanía reciente con Somos, la versión más extendida es que se trata de un preso político y que el golpe va dirigido al PAN, donde el exgobernador sigue militando.

Pero lo que no deja lugar a dudas es el fraude cometido por las autoridades electorales proclives al régimen. Somos México fue obligado a cambiar de nombre, de emblema y de color, con argumentos completamente ajenos a la ley. Alegaron que nadie puede usar la palabra “México” en su denominación excepto –claro– “La esperanza de México”. Dijeron que nadie puede usar un mapa de la república mexicana –pero sí los colores de la bandera y el águila de nuestros símbolos patrios– y, ya en el paroxismo, tampoco el color rosa. Si no fuera un gravísimo abuso de autoridad, daría risa.

Se trata de un fraude porque el INE y el Tribunal Electoral vulneraron la voluntad de los miles de personas que decidieron apoyar la creación de Somos México en sus asambleas y mediante sus afiliaciones individuales, con ese nombre, ese emblema y ese color, aprobados en su momento sin ninguna restricción por las mismas autoridades que hoy los prohíben. Enconados contra ese partido, pasaron por encima del principio de definitividad procesal diseñado para evitar decisiones atrabiliarias sobre resultados incómodos, en vez de respetar las reglas y los procesos previamente cerrados.

La definitividad es el anclaje de la certeza, pues cada decisión previa eslabona con certidumbre el paso siguiente, hasta llegar a la calificación definitiva de una elección. Cuando se vuelve atrás para modificar decisiones a modo, se vulnera además la legalidad; y si el criterio cambia para favorecer o perjudicar a un partido, se vulnera la imparcialidad. Hoy le tocó a Somos México. Pero que se sepa: las autoridades electorales no son imparciales, no ofrecen certeza y no respetan la legalidad. El proceso aún no empieza y ya empezó.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

Nosotrxs

08/10/2026

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24/09/2026

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10/09/2026

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