Nosotrxs, Salvador Alvarado 72 of 229, Mexico City (2026)

06/08/2026

La próxima semana👇🏽👇🏽👇🏽

06/08/2026

Te invitamos al Diálogo por el Trabajo del Hogar Digno, un espacio para escuchar las voces y experiencias de las trabajadoras del hogar, reflexionar juntas sobre los retos que enfrentan y construir propuestas que contribuyan al reconocimiento y la dignificación del trabajo del hogar.

Porque transformar las condiciones del trabajo del hogar requiere diálogo, participación y, sobre todo, escuchar a quienes lo realizan todos los días. 💬✨

📅 20 de agosto de 2026
🕙 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
📍 Calle Salvador Alvarado #72, interior 229, Col. Escandón, CDMX

⚠️ El cupo es limitado y es indispensable realizar un registro previo para participar. ¡Aparta tu lugar en la siguiente liga!

https://forms.gle/GTjaq3BmnkYMfgaz9

💚 Tu experiencia importa. Tu voz puede impulsar cambios. ¡Te esperamos!

05/08/2026

No mires arriba
Mauricio Merino

En estos días he escuchado tres predicciones aterradoras, dichas por gente muy bien informada: en una entrevista con la editora en jefe de la revista The Economist, Elon Musk afirmó que no pasarían más de diez años antes de que la IA gobierne todas las cuestiones sustantivas del mundo, empezando por las cadenas de producción, el comercio y la economía. En otro momento, Bill Gates había dicho algo similar, añadiendo que antes del 2035 ni la medicina ni la docencia, entre otras cuestiones fundamentales, serían gestionadas por seres humanos. Y hace poco, Darío Amodei, presidente de Anthropic, dijo que la IA está evolucionando por sus propios medios mucho más rápido de lo que los seres humanos podemos comprender o controlar.

En febrero, hubo una cumbre sobre el tema, convocada por Narendra Modi, a la que asistieron delegados de 118 países del mundo quienes emitieron una cándida “Declaración de Nueva Delhi” prometiéndose armonía, justicia, democracia, ética e igualdad a través de 7 “Chakras” para propiciar la cooperación intersectorial e internacional en esa materia. Como siempre, ninguno de esos principios sería vinculante. Pero no hubo duda de que ya estamos viviendo la era digital que, hasta hace unos años, parecía ciencia ficción.

En contraste, la muy debilitada Organización de las Naciones Unidas anunció formalmente, en febrero de este año, que había comenzado ya la “era de la bancarrota hídrica mundial”, lo que significa que tres cuartas partes de la población global (o sea, más de 6 mil millones de seres humanos) están viviendo con una escasez de agua que tiende a aumentar, en la medida en que más de la mitad de los grandes lagos del planeta se están secando y que el uso de ese líquido vital se ha convertido en uno de los principales tópicos de la desigualdad entre países ricos y pobres. Una de las razones de esa distopía es que la IA utiliza agua a caudales y que su futuro depende de asegurar la disponibilidad de ese líquido (tanto como el acceso a sus fuentes de energía mineral).

De otro lado, gracias al uso militar de la IA, el departamento de Homeland Security de Estados Unidos publicó, hace apenas unos días, un mapa de México cuyas fronteras interiores no corresponden con sus entidades federativas, sino con la presencia y el presunto dominio territorial de los distintos cárteles del crimen organizado en el territorio de nuestro país: esas “organizaciones terroristas” que el gobierno de Donald Trump insiste en atacar mediante el uso de drones armados porque, según su diagnóstico, el gobierno de Claudia Sheinbaum está siendo incapaz de enfrentarlos. Si esa amenaza se cumpliera, no habría nadie tripulando los drones destinados a matar seres humanos del otro lado de su frontera sur: el ataque sería gestionado mediante la IA.

Guardadas las proporciones, la UNAM está lidiando con una crisis de legalidad y confianza por el uso tramposo que algunos jóvenes indefendibles hicieron de la IA para responder sus exámenes de admisión: la versión electrónica de los “acordeones”. No tengo idea de cómo ni de cuántos hicieron eso, pero esa mezcla de desvergüenza y habilidad técnica retrata con nitidez el futuro que nos espera, en casi todos los planos de la convivencia. Ahí fueron exámenes amañados, allá cuentas bancarias hackeadas, más allá comunicaciones intervenidas y, por si algo faltara, resultados electorales torcidos como, según Donald Trump, está sucediendo desde 2020 en Estados Unidos.

Señoras y señores: la era digital ya está entre nosotros, para bien y para mal. Está cambiando casi todo lo que nos rodea y lo hará cada vez más. Los que no hemos cambiado somos nosotros, los seres humanos que inventamos al monstruo electrónico, como antes las hachas, que lo mismo sirven para labrar que para matar.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

04/08/2026

Nuestras más sentidas condolencias.

31/07/2026

Lourdes Morales Canales

Corrupción e inteligencia artificial

En el siguiente periodo de sesiones se discutirá en la Cámara de diputados una regulación sobre IA en México. ¿Prevalecerán los mejores estándares y se adaptarán a la realidad de las instituciones mexicanas?

Hace 25 años llegó a la pantalla grande la película A.I. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. La historia narra el tétrico viaje de David, un niño robot que es adoptado por dos humanos para sustituir a su hijo: un niño que está en coma. En la historia, el niño robot es programado para amar incondicionalmente a su madre adoptiva y en su obsesión por ser aceptado, busca angustiosamente ser lo más humano posible. El guion, inicialmente concebido por Stanley Kubrick —a quien la muerte alcanzó antes de la filmación— plantea dilemas que a principios de siglo parecían de ciencia ficción y que ahora forman parte de un debate público.

La sustitución de lo humano, la responsabilidad pública de los creadores de máquinas “inteligentes”, o la amenaza de un mundo híper tecnológico que profundiza las desigualdades, son algunas de las alertas que lanzó la semana pasada el panel científico internacional independiente sobre Inteligencia Artificial (IA) de la Organización de las Naciones Unidas. El avance acelerado de esta tecnología supera la capacidad social de respuesta. Mientras se abren oportunidades para mejorar la educación, los diagnósticos en salud, la precisión en intervenciones quirúrgicas y la seguridad pública, se amplía la desigualdad. El 85% de las herramientas de IA es propiedad de empresas de Estados Unidos y China. En contraste, el sur global es un simple consumidor y el 25% de la población mundial carece de acceso a internet.

En combate a la corrupción, la automatización de pagos, trámites y servicios, la IA ha limitado lo que se conoce como “corrupción de ventanilla” —es decir, los sobornos o mordidas en pagos de trámites y servicios—. Incluso ha permitido la creación de herramientas como Alice, el robot brasileño diseñado por la Contraloría General de la Unión de ese país para monitorear procesos de compras públicas y contratos. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo entre 2019 y 2022 Alice detonó 203 auditorías que suspendieron licitaciones sospechosas por un monto equivalente a mil 750 millones de dólares.

Activo desde 2017, el sistema PREVENT de la Agencia de Integridad Nacional de Rumania, analizó más de 117 mil procesos de compra pública y emitió 197 alertas por potenciales conflictos de interés. Desde el 2006, la Comisión de Comercio Justo de Corea desarrolló el Sistema de análisis de indicadores de manipulación de licitaciones (BRIAS por sus siglas en inglés) que analiza anomalías en el registro de compañías, precios y perfiles empresariales en licitaciones públicas.

Estos avances contrastan con nuevos dilemas: el primero es la calidad de los datos. La tendencia a confiar ciegamente en los resultados “neutrales” de los sistemas evita reconocer sesgos en su programación. El caso más citado es el sistema de contrataciones de personal de Amazon, cuyo algoritmo excluía sistemáticamente a mujeres y a personas racializadas.

Otro riesgo es el de la “captura algorítmica”: que funcionarios manipulen los datos para favorecer intereses particulares.

Finalmente, está la vulneración de derechos humanos. El panel de expertos lo señala en su informe: las asimetrías de información entre los ciudadanos —cuya comprensión avanza a un ritmo más lento que el del mercado— y la falta de rendición de cuentas sobre las consecuencias del uso de la IA, abre la puerta a la vulneración de derechos fundamentales. El poder de gestión de la IA en pocas manos puede propiciar el “dividendo del mentiroso”: la ventaja que obtiene, por ejemplo, un gobierno al falsificar datos, suplantar imágenes, y distorsionar la realidad. Esto se ha documentado en contextos electorales, al inhibir el voto o trastocar la equidad de la contienda.

En el siguiente periodo de sesiones se discutirá en la Cámara de diputados una regulación sobre IA en México. De 2022 a la fecha, se han presentado al menos 169 iniciativas en la materia. Para evitar escenas como la “feria de la carne” de la película de Spielberg en donde los excluidos de la clase trabajadora cobran justicia torturando robots, la cuestión no es sólo si prevalecerán los mejores estándares, sino si se adaptarán a la realidad de las instituciones mexicanas.

30/07/2026

Jorge Javier Romero Vadillo
La conquista del magisterio

"López Obrador consiguió así algo que parecía improbable: atraer simultáneamente a las dos vertientes enfrentadas del sindicalismo magisterial".

López Obrador supo construir una alianza con los maestros
Sigamos con el cuento: Andrés Manuel López Obrador leyó con claridad, desde el primer momento, el descontento de la base magisterial con la Reforma Educativa. Mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto celebraba la aprobación de los cambios constitucionales y suponía que el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo había dejado domesticado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el caudillo, taimado, entendió que aquella victoria legislativa podía convertirse en una derrota política. Bastaba con dejar que la reforma acumulara agravios.
Desde 2013, López Obrador adoptó en lo sustancial el discurso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Calificó el nuevo arreglo como una mera reforma laboral, repitió que la evaluación era punitiva y presentó los cambios como una imposición neoliberal destinada a privar de sus derechos a los trabajadores de la educación. La fórmula era rudimentaria, pero eficaz. Su repetición constante acabó por convertir a “la mal llamada reforma educativa” en una de las expresiones más reconocibles de su repertorio político.
El Gobierno de Peña Nieto contribuyó con entusiasmo a fortalecer esa narrativa. La Secretaría de Educación Pública presentó la evaluación como el rostro principal de la reforma, mientras fue incapaz de explicar a los profesores qué ganarían con las nuevas reglas. Los maestros escucharon hasta el cansancio las consecuencias de reprobar, pero nunca vieron con claridad las posibilidades de promoción que ofrecería el nuevo servicio profesional. Una reforma que pretendía liberarlos de la dependencia de los dirigentes sindicales terminó por parecerles una amenaza contra su estabilidad laboral. Difícilmente se podía hacer peor.

La coalición política que había aprobado los cambios comenzó, además, a desmoronarse. El Pacto por México se agotó, los partidos que lo habían integrado volvieron a sus disputas habituales y las organizaciones civiles que habían promovido la reforma fueron incapaces de construir un apoyo social suficiente para defenderla. El gobierno tenía los votos, las leyes y el aparato administrativo. Le faltaban los maestros.

López Obrador advirtió la oportunidad. El malestar magisterial podía ofrecerle algo más valioso que una consigna para los mítines: una red territorial extendida por todo el país, con especial fuerza en regiones donde Morena todavía era una organización incipiente. Desde la aparición electoral del nuevo partido en 2015, varios de sus candidatos provenían de las filas de la CNTE. Para 2018, la alianza era abierta y algunas candidaturas legislativas y ejecutivas se convirtieron en cuotas de esa corriente sindical. Raúl Morón, dirigente magisterial y figura vinculada con la Coordinadora, ganó la presidencia municipal de Morelia bajo las siglas de Morena.
El acuerdo con la CNTE tenía una lógica contundente. La Coordinadora había encabezado la resistencia contra la reforma, había impedido su aplicación en varios estados y mantenía una importante capacidad de movilización. López Obrador le ofrecía lo que ningún otro candidato estaba dispuesto a concederle: la cancelación completa del nuevo arreglo. José Antonio Meade defendía, sin demasiada imaginación, la actuación del gobierno del que había formado parte. Ricardo Anaya proponía corregir la aplicación de la reforma, sin revisar sus fundamentos. López Obrador prometía echarla abajo.
Pero la CNTE representaba sólo una parte –relativamente pequeña– del magisterio organizado. Para construir una alianza más amplia, el candidato necesitaba también acercarse a la maquinaria del sindicalismo oficial. Ahí comenzó una de las conversiones más notables de aquella campaña.�Durante años, López Obrador había colocado a Elba Esther Gordillo en el centro mismo de la “mafia del poder”. Después de la elección de 2006, la acusó de haber operado a favor de Felipe Calderón y de haber contribuido al fraude electoral. La dirigente del SNTE había negociado con el candidato panista la conservación de su influencia en el sistema educativo y orientado en su favor la estructura de Nueva Alianza. El propio López Obrador reconoció tiempo después que Gordillo había buscado un acuerdo con él antes de aquella elección y que él lo había rechazado. Doce años más tarde decidió evitar el mismo error.
El acercamiento comenzó a hacerse visible durante la elección del Estado de México en 2017. Fernando González, yerno de Gordillo y antiguo Subsecretario de Educación Básica durante el Gobierno de Calderón, operó en favor de Morena. Al inicio de la campaña presidencial se sumó también René Fujiwara, nieto de la dirigente. El tono de López Obrador cambió: la antigua cacique de la mafia del poder se había convertido en un árbol caído del que él, magnánimo, no haría leña. En política mexicana, las reconciliaciones ideológicas suelen ocurrir con admirable rapidez cuando la oportunidad las propicia.
Elba Esther Gordillo seguía en prisión domiciliaria, pero la red política construida durante décadas continuaba activa. El SNTE poseía experiencia electoral, cuadros distribuidos por todo el territorio y una estructura acostumbrada a movilizar apoyos. Nueva Alianza había demostrado en elecciones anteriores que podía inclinar votaciones cerradas y negociar su fuerza con el mejor postor. El grupo de Gordillo encontraba en Morena la posibilidad de vengarse del gobierno que había encarcelado a su dirigente y recuperar el poder perdido con la reforma.
López Obrador consiguió así algo que parecía improbable: atraer simultáneamente a las dos vertientes enfrentadas del sindicalismo magisterial. La CNTE aportaba movilización, capacidad de protesta y presencia en regiones estratégicas. El grupo de Gordillo ofrecía organización territorial, operadores electorales y vínculos con buena parte de la estructura tradicional del SNTE. Unos se presentaban como insurgentes; los otros habían sido durante décadas la encarnación más acabada del corporativismo oficial. Los unía el interés en recuperar el control que la reforma les había arrebatado.

La promesa de cancelarla funcionó como punto de encuentro. Para las bases magisteriales, significaba el fin de una evaluación presentada como amenaza. Para las dirigencias sindicales, implicaba la posibilidad de reconstruir sus espacios de intermediación y recuperar influencia sobre la carrera de los profesores. López Obrador no necesitó conciliar las diferencias entre ambas organizaciones. Le bastó con ofrecerles un adversario común y asegurarles que, una vez en el gobierno, destruiría su obra.
La operación fue políticamente brillante. Peña Nieto había tratado de reducir el poder de los intermediarios sindicales sin construir una relación directa con los maestros. López Obrador hizo lo contrario: convirtió el agravio de los profesores y la pérdida de privilegios de sus dirigentes en partes de una misma coalición. Su clamor contra la reforma le permitió sumar a un sector relevante de los trabajadores del Estado y atraer las redes corporativas que habían resistido el cambio.
Después del triunfo electoral, quedaba pendiente cumplir el compromiso. Las deudas políticas rara vez se pagan en efectivo. En México suelen liquidarse con leyes, plazas, presupuestos y facultades de intervención. El sindicalismo magisterial había contribuido a la victoria. Ahora esperaba la restitución.

28/07/2026

Con ganas de entender
Mauricio Merino

Ya es evidente que el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha enredado entre un berenjenal de contradicciones. La justicia selectiva ya marcó su sexenio de manera indeleble. El doble rasero que ha empleado es tan obvio que amerita una pausa para tratar de entender por qué está actuando de esa manera, más allá de los gritos y sombrerazos entre los propagandistas del régimen y sus adversarios políticos, que insisten en debatir desde miradores morales sin asidero.

Una primera razón es que la presidenta no puede permitir que se sostenga que hay vínculos entre el crimen organizado o sus fuentes de dinero ilícito y Rocha Moya, Adán Augusto López o López Beltrán (entre una lista más larga), porque todos ellos participaron en su propia campaña política. Si se llegara a demostrar esa relación, sería imposible desligar al presidente López Obrador y a ella misma de los cárteles criminales. Aunque quisiera (suponiendo que así fuera), la presidenta no puede aceptar esa acusación de ninguna manera, pues al hacerlo se vendría abajo la legitimidad política de ambos gobiernos. La defensa de Rocha Moya (¡pruebas, pruebas!) es en realidad su propia defensa.

Guardadas las proporciones, las agencias estadounidenses tampoco son hermanitas de la caridad. Están construyendo el argumento del narcogobierno de México con la nítida intención de someter a Claudia Sheinbaum a las decisiones de la Casa Blanca y de evadir cualquier responsabilidad propia en el trasiego de dr**as, dinero, armas y personas del crimen organizado que se financia con el dinero de los Estados Unidos: la paja en el ojo ajeno. En el mejor de los casos, eligieron reventar su mercado de dr**as por el lado de la oferta, para no meterse con la demanda ni con las redes que operan en su territorio. ¿Cuántos chapos, menchos y mayos hay de aquel lado de la frontera?

De otra parte, la dimensión del problema obliga a la presidenta a actuar con mucha cautela. A estas alturas, sospecho que nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción, ni tampoco quiénes están realmente implicados ni –lo que es peor– en quiénes podría confiarse para erradicar esas redes. Aun concediendo que Claudia Sheinbaum quiera acabar con el cáncer que está matando al gobierno, la metástasis la está rebasando y, en contra de lo que suele creerse, la soledad de Palacio suele ser mucho más honda de lo que la gente supone. Dicho de otra manera: si quisiera hacerlo, seguramente sabría por dónde tendría que empezar la poda, pero no sabría hasta dónde tendría que llegar. Y supongo que no quiere jugar a ser aprendiz de brujo.

La única opción que ha tenido a la mano para ganar tiempo ha sido prender el ventilador: primero fue Maru Campos, hasta que se acabó la pila; ahora es Ernesto Ruffo hasta donde dure; y ya nos enteraremos quién sigue: la cosa es culpar a otros y dispersar la presión pública aun a costa de echarle más leña al fuego de un régimen que ya se está consumiendo en las llamas: “alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre”, escribió Miguel Ángel Asturias en el Señor Presidente. “Alumbra, Luzbel de piedralumbre”, al menos mientras llegan las elecciones siguientes.

A nadie sensato –supongo– le gustaría estar en los zapatos de Claudia Sheinbaum ahora mismo. Pero ella quiso tomar el bastón de mando que hoy le está ardiendo en las manos: quiso acumular más poder, quiso investirse de madre patria y quiso honrar el legado de alianzas, compromisos y complicidades que le heredó el gran demiurgo. Ahora sabe que el poder es como las dr**as duras: al principio parecen el paraíso, pero después se convierten en un in****no de adicción sin salida. Le tocó lidiar con el desenlace de una historia que escribió otro. Ojalá no se le deshaga el país antes de cerrar el sexenio.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

24/07/2026

Jorge Javier Romero Vadillo
La reforma saboteada

"Las movilizaciones fueron escalando hasta convertir la Reforma Educativa en el principal frente de conflicto social del Gobierno de Enrique Peña Nieto".

La semana detuve el cuento en el momento en que la legislación secundaria había estrechado la oportunidad abierta por la reforma constitucional. El Gobierno había sustituido la construcción de una auténtica carrera profesional para los maestros por un sistema centrado en la evaluación y había dejado escapar la posibilidad de convertir al magisterio en el principal aliado del cambio. A partir de entonces comenzó una batalla distinta. Ya no se discutía el diseño institucional de la reforma, sino su supervivencia política. La CNTE decidió impedir su aplicación por todos los medios a su alcance; el SNTE optó por una resistencia mucho más discreta, administrada desde las burocracias educativas; y el propio Gobierno fue perdiendo paulatinamente la voluntad de defender una reforma que él mismo había impulsado.

En medio de esa confrontación se instaló, además, un equívoco que todavía hoy persiste. Entre la mayoría de la gente predominó la idea de que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación era el organismo encargado de evaluar a los maestros y decidir su permanencia en el servicio. No era así. Probablemente el mayor acierto institucional de toda la reforma fue precisamente haber otorgado autonomía constitucional al INEE para convertirlo en un órgano técnico especializado, encargado de evaluar el sistema educativo en su conjunto, construir indicadores nacionales y expedir los lineamientos a los que debían sujetarse las autoridades educativas para realizar las evaluaciones. El diseño y la aplicación de éstas correspondían a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades locales, no al Instituto autónomo. Sin embargo, la confusión se extendió rápidamente y terminó convirtiendo al INEE en el rostro visible de una política de la que ni siquiera era responsable.

Mientras tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación radicalizaba su oposición. La paradoja histórica produce grima. La organización había nacido, a finales de la década de 1970, para combatir el autoritarismo del sindicato oficial y reclamar la democratización de la vida gremial. Con el paso de los años, sin embargo, allí donde consiguió controlar las secciones sindicales terminó apropiándose de los mismos mecanismos corporativos que originalmente había denunciado. Administró plazas, promociones, cambios de adscripción y recursos públicos mediante las viejas reglas clientelares. Su discurso conservó la retórica de la insurgencia; su práctica cotidiana consistió en administrar una parte del arreglo institucional heredado del régimen autoritario y capturar su pedazo de botín. La resistencia a la reforma no respondía únicamente a diferencias ideológicas sobre la evaluación. Lo que estaba realmente en juego era el control de la carrera profesional de los maestros, fuente de poder político, recursos y capacidad de negociación.

Las movilizaciones fueron escalando hasta convertir la Reforma Educativa en el principal frente de conflicto social del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Bloqueos carreteros, plantones indefinidos, ocupación del Zócalo, cercos al Congreso y una permanente disposición a llevar la confrontación al límite terminaron por desplazar cualquier discusión sobre el contenido de la reforma. El debate dejó de girar alrededor de los incentivos profesionales, la autonomía docente o la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sistema educativo. Todo quedó reducido a una disputa sobre evaluaciones, despidos y represión.

Del otro lado, el SNTE eligió una estrategia mucho más taimada. La captura de Elba Esther Gordillo había obligado a la dirigencia formal a guardar disciplina frente al Gobierno, pero esa prudencia nunca significó adhesión entusiasta a la reforma. Mientras la CNTE ocupaba los titulares de los periódicos, el sindicato oficial renegociaba silenciosamente su posición dentro del nuevo arreglo. La radicalidad de la Coordinadora elevó el valor político del viejo sindicato como garante de la gobernabilidad en la mayor parte del país. La paz volvió a cotizarse. La dirigencia oficialista recuperó interlocución privilegiada con el Gobierno y consiguió flexibilizar diversos aspectos de la puesta en marcha de la reforma. Más que recuperar plenamente la rectoría del Estado sobre la educación, el Gobierno terminó nuevamente como rehén del sindicato, el cual ya ni siquiera era leal al PRI y negociaba entre bastidores con López Obrador.
La mayor debilidad, sin embargo, no estuvo ni en la beligerancia de la CNTE ni en la astucia del SNTE, sino en el propio Gobierno. Nunca emprendió una explicación sistemática de la reforma dirigida a los maestros. Nunca logró transmitir que el objetivo consistía en devolverles el control de su propia carrera profesional y liberarlos de la tutela sindical que durante décadas había condicionado su ingreso, sus promociones y buena parte de su vida laboral. Permitió que toda la conversación pública girara alrededor de la evaluación y aceptó, casi sin combatirlo, el marco narrativo construido por sus adversarios, según el cual la reforma tenía como propósito despedir profesores. Una reforma que había nacido para modificar un sistema de incentivos terminó identificada casi exclusivamente con sus mecanismos de sanción.

A partir de septiembre de 2014 el panorama político cambió todavía más. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa destruyó el impulso reformista con el que Peña Nieto había iniciado su Gobierno. Desde entonces el Presidente dejó de gobernar desde la iniciativa política y comenzó a administrar una sucesión de crisis que erosionaron aceleradamente su legitimidad. La Reforma Educativa perdió prioridad precisamente cuando más necesitaba un gobierno dispuesto a defenderla.
El desenlace llegó en junio de 2016, en Nochixtlán. Más allá de las responsabilidades específicas de aquella tragedia, el episodio volvió a exhibir una vieja incapacidad del Estado mexicano: durante meses tolera desafíos abiertos a la autoridad, bloqueos de carreteras y violaciones sistemáticas de la Ley, pero cuando finalmente decide intervenir suele hacerlo tarde, mal y con un uso de la fuerza incapaz de conservar legitimidad social. Nochixtlán convirtió definitivamente un conflicto sobre instituciones educativas en una crisis de gobernabilidad. El CNTE jugó en el filo de la provocación de la violencia y ganó la jugada. A partir de entonces resultó prácticamente imposible discutir el sentido de la reforma. La violencia ocupó el lugar que antes correspondía al debate público.

Al final, la reforma quedó sin defensores. La CNTE nunca estuvo dispuesta a aceptar un nuevo arreglo institucional porque hacía tiempo había decidido administrar el antiguo. El SNTE resistió silenciosamente aquello que reducía su capacidad de control y aprovechó el conflicto para recuperar influencia política. El Gobierno dejó de explicar la reforma justo cuando más falta hacía hacerlo y permitió que la evaluación sustituyera en la conversación pública a la profesionalización docente, que siempre debió ser el corazón del cambio. La reforma sobrevivió jurídicamente, pero quedó políticamente aislada. En esas condiciones bastaba un candidato dispuesto a ofrecer su demolición para que el edificio comenzara a desmoronarse. De ese desenlace tratará la próxima entrega de este folletín.

21/07/2026

Elecciones en riesgo
Mauricio Merino

Al menos desde la última década del Siglo XX, los mexicanos empezamos a descubrir que nuestros votos contaban y que la gente podía decidir quién gobernaría, primero en los municipios que fue perdiendo el partido hegemónico, luego en los primeros estados –empezando con Baja California en 1989–, más tarde en los legislativos y hacia el final de ese siglo, en la Presidencia de la República. La mayor lección democrática para México fueron los votos que cambiaron el mapa político del país.

Durante tres lustros aprendimos que los gobiernos y los congresos podían cambiar en las elecciones siguientes. Vivimos, sí, un descalabro profundo en el 2006, tras el empate en las elecciones presidenciales, los titubeos de las autoridades electorales y la rebelión encabezada por López Obrador. Y aún así, el sistema electoral mexicano siguió abriéndose paso como la única forma de decidir quién habría de asumir los mandos en cada nivel de gobierno y en todas las cámaras legislativas.

Incluso los agraviados de aquel episodio optaron por la vía electoral, como lo demostró la fundación de Morena en 2014 cuyo líder, apenas cuatro años después, ganaría la Presidencia de México con los votos de una mayoría abrumadora. Y desde entonces, ese partido ha logrado el gobierno de 23 entidades federativas, la mayoría en 26 congresos estatales y la mayoría calificada en 18 estados y en el Congreso de la Unión: todo a través de los votos.

Por esa indiscutible razón, tanto el gobierno como sus adversarios han decidido apostar todo a los procesos electorales: los primeros para quedarse y ensanchar su poder y los segundos para evitarlo. La política gira, casi completamente, en torno del sistema electoral. Hace años escribí que México había vivido una transición votada y sigo pensando lo mismo. En la superficie de nuestro sistema político, los votos mandan.

Sin embargo, debajo de esa superficie límpida han corrido caudales de aguas subterráneas que, en su momento, costó mucho tiempo y esfuerzo controlar para que los votos expresaran la voluntad general. Esto es, para limitar y conjurar trampas, fraudes, extorsiones y compraventa de voluntades. Quienes insisten en afirmar lo contrario, son ciegos a la evidencia más contundente: si el sistema electoral no hubiera pavimentado el camino y no hubiera logrado marginar a los abusivos, el régimen no habría cambiado jamás y Morena no estaría gobernando el país.

Empero, el gobierno ha insistido en desconocer todo ese trayecto de la historia reciente de México y ha intentado, una y otra vez, desandar el camino que lo llevó al poder. El sistema electoral se ha ido desmantelando pieza por pieza y se han abierto nuevas fisuras para colar agua sucia. Además del reparto de más de 1 billón de pesos en programas sociales, solo en 2025 hubo poco más de 22,300 millones de pesos en gastos indirectos que han financiado ejércitos completos de promotores; la Guardia Nacional se ha identificado con el gobierno que la fundó para ofrecer seguridad a cambio de simpatía; las autoridades electorales se han ido sometiendo cada vez más a la voluntad de la Presidencia de la República; el partido mayoritario se ha puesto en campaña burlando plazos y reglas; y por si esto no fuera suficiente, abundan los testimonios sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Me pregunto si en esas condiciones otra fuerza política puede ganar elecciones: si no habrá una operación masiva para evitarlo –como ya está sucediendo–, si las autoridades no modificarán resultados con argumentos legaliformes –como ocurrió con la integración del Congreso y con el Poder Judicial– y si de todos modos perdiera, si el gobierno estaría dispuesto a reconocerlo. La respuesta a estas preguntas sellará nuestro futuro político.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

Nosotrxs

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

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