13/04/2026
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de la ⚖️🚨 CONSEJO DE LA JUDICATURA DE PUEBLA DESTITUYE E INHABILITA A FUNCIONARIOS JUDICIALES POR CORRUPCIÓN, ABUSO DE PODER Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES 🚨⚖️
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, presidido por Pedro Antonio Martínez Hernández, resolvió la aplicación de sanciones disciplinarias contra diversos servidores públicos del ámbito judicial, tras acreditarse conductas relacionadas con corrupción, abuso de poder, extralimitación de funciones y violaciones al debido proceso. Las medidas, anunciadas mediante comunicado oficial, incluyen destituciones, inhabilitaciones y suspensiones temporales, como parte de las facultades de vigilancia, control disciplinario y responsabilidad administrativa previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. La resolución se enmarca dentro de una política institucional de fortalecimiento del Estado de Derecho, orientada a garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Entre los casos más relevantes destaca la destitución e inhabilitación por un año de la jueza Sandra Lucía Pérez Iturriaga, adscrita al Distrito Judicial de Tecamachalco, luego de acreditarse que excedió sus facultades jurisdiccionales al ordenar la cancelación de un embargo dentro de un juicio mercantil sin contar con competencia legal para ello. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, dicha conducta constituyó una violación al debido proceso y un ejercicio indebido de funciones, generando una posible afectación al patrimonio de las partes involucradas y comprometiendo la seguridad jurídica. La sanción implica la prohibición para ocupar cargos públicos, así como la imposibilidad de participar en procesos de contratación gubernamental durante el periodo de inhabilitación.
La jueza Sandra Lucía Pérez Iturriaga acumula más de dos décadas dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla, periodo durante el cual ha sido señalada en diversas ocasiones por conductas impropias y presuntas irregularidades administrativas. Entre los antecedentes más relevantes destaca que en 2012 fue exhibida consumiendo bebidas alcohólicas junto con personal del juzgado dentro de instalaciones oficiales, hecho que generó cuestionamientos sobre su conducta profesional. Posteriormente, en 2016, fue incluida en una terna propuesta por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, pese a los señalamientos existentes. Asimismo, a finales de 2024 fue suspendida durante 30 días por desatender alertas del Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial relacionadas con casos de víctimas de violencia.
En el mismo paquete disciplinario, el Consejo de la Judicatura determinó la destitución e inhabilitación por un año del juez municipal Jesús Galindo Pérez, adscrito al municipio de Camocuautla, tras acreditarse que excedió sus atribuciones al intervenir en la expedición de un pasaporte para una menor de edad. Según las investigaciones, dicha actuación se realizó fuera del ámbito de su competencia jurisdiccional, generando sospechas sobre su posible vinculación con una presunta red de trata de personas. La conducta fue considerada como una irregularidad grave, al implicar la utilización indebida del cargo público y el posible riesgo para la integridad de la menor involucrada, situación que motivó la imposición de sanciones administrativas y la eventual apertura de investigaciones penales.
Asimismo, la escribiente Olivia Juncos Maceda, adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, fue suspendida temporalmente tras comprobarse que solicitaba y recibía depósitos en su cuenta personal a cambio de agilizar trámites judiciales. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, esta conducta vulnera los principios de legalidad, imparcialidad y gratuidad del servicio público, además de constituir una posible conducta tipificada como cohecho administrativo. Las investigaciones establecieron que la funcionaria utilizaba su posición dentro del juzgado para favorecer a determinados litigantes, afectando la equidad procesal y la confianza pública en la administración de justicia.
En el Distrito Judicial de Zacapoaxtla, el Consejo de la Judicatura determinó la suspensión de Mario Alberto Pedraza Rojas por un periodo de 90 días, tras acreditarse que emitió una sentencia actuando como encargado de despacho sin contar con facultades legales para ello. La actuación fue considerada como una extralimitación de funciones que vulneró el principio de legalidad procesal, al emitir una resolución sin la competencia formal requerida. La medida disciplinaria busca garantizar que las resoluciones judiciales se emitan únicamente por autoridades legalmente facultadas, evitando posibles nulidades procesales y afectaciones a los derechos de las partes involucradas.
De igual forma, el secretario de acuerdos José Oscar Alberto Castillo Aja, adscrito al Distrito Judicial de Huejotzingo, fue sancionado con seis meses de suspensión tras comprobarse que realizó una diligencia judicial sin verificar la identidad de la víctima. El Consejo determinó que dicha actuación comprometió el debido proceso y generó una irregularidad procedimental grave, al no garantizar la certeza jurídica en la actuación judicial. La sanción se fundamentó en la obligación de los servidores judiciales de actuar con diligencia, legalidad y responsabilidad, especialmente en actuaciones que inciden directamente en los derechos fundamentales de las personas.
Paralelamente, autoridades judiciales y agentes del Ministerio Público del Distrito Judicial de Tepeaca se encuentran bajo investigación derivado de múltiples denuncias ciudadanas y reportes formales que señalan presuntas irregularidades sistemáticas. Entre los funcionarios bajo revisión se encuentra Flor Yadira Ramírez Hernández, proyectista y secretaria de estudio y cuenta del Juzgado Civil y Penal, cuyo desempeño se encuentra sujeto a evaluación administrativa. Asimismo, se investiga la actuación de las agentes del Ministerio Público Rosa María Ramírez Palafox y María Eugenia Flores Pastelin, esta última señalada por presuntos actos de corrupción, favorecimiento indebido a imputados, amenazas a víctimas y violaciones reiteradas a derechos fundamentales.
Las investigaciones relacionadas con el Distrito Judicial de Tepeaca incluyen el análisis de posibles redes de protección institucional que habrían permitido la permanencia de conductas irregulares durante varios años. De acuerdo con denuncias recabadas, las irregularidades habrían generado resoluciones presuntamente injustas e ilegales que afectan directamente a víctimas y ciudadanos. Este contexto ha motivado la intervención de instancias de control interno y de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla señaló que estas sanciones forman parte de un proceso de depuración institucional orientado a fortalecer la ética judicial y la rendición de cuentas. Las medidas disciplinarias podrían complementarse con multas económicas, denuncias penales y otras sanciones previstas en la legislación vigente, en función de la gravedad de las conductas acreditadas. Asimismo, se reiteró que la supervisión de la actuación judicial continuará de manera permanente en todos los distritos judiciales del estado.
Las resoluciones adoptadas representan un precedente relevante en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno del Poder Judicial de Puebla, al evidenciar la aplicación de sanciones contra servidores públicos por conductas contrarias a la legalidad. Este proceso de depuración institucional busca restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia, garantizar la legalidad de las resoluciones judiciales y consolidar una política de cero tolerancia a la corrupción dentro del sistema judicial poblano.
