09/06/2026
Rancho Izaguirre: Donde las madres encontraron lo que el Estado no quiso ver.
A más de un año del macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, las imágenes de cientos de pares de zapatos alineados sobre la tierra siguen siendo una bofetada brutal a la conciencia nacional.
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró a ese predio tras denuncias anónimas y sacó a la luz más de 1,800 evidencias: ropa, mochilas, restos óseos y decenas de pares de zapatos que gritaban la magnitud de un centro de adiestramiento y exterminio. No fue el Estado quien descubrió el horror. Fueron las madres y familiares, hartos de la inacción oficial, quienes una vez más hicieron el trabajo que las autoridades han incumplido de forma sistemática y deliberada.
Ese hallazgo no fue una excepción. Es la regla brutal de un país donde más de 130 mil personas siguen desaparecidas y donde quienes se atreven a buscar o levantar la voz terminan convertidos en sospechosos. La criminalización de las madres buscadoras no es un error aislado: es política de Estado.
Hay temas que parecen repetidos no porque hayan perdido fuerza, sino porque el país se acostumbró a que sigan ocurriendo, se acostumbró a convivir con la barbarie. La desaparición forzada en México es uno de ellos. Y la paradoja más cínica es qué, quienes buscan a sus desaparecidos son tratados como el problema, en lugar de como la prueba irrefutable del colapso del Estado.
No son el problema. Son la consecuencia directa de un Estado ausente, negligente y, con demasiada frecuencia, cómplice. Un Estado que no previene, que no busca a tiempo, que no investiga con seriedad, que no protege a las víctimas y que reacciona con hostilidad cuando las madres, esposas, hermanas e hijas salen a los montes, terrenos baldíos, fosas clandestinas, a las calles, a las fiscalías y plazas a exigir lo más básico: ayuda para encontrar a los suyos o conocer la verdad.
La criminalización de las víctimas y de las madres buscadoras no es una exageración retórica. Es un patrón. Primero se les mira con sospecha. Luego se les desacredita. Después se les ponen obstáculos administrativos. Y cuando su búsqueda toca intereses políticos, criminales o institucionales, se les amenaza, se les persigue, se les judicializa o se les mata.
México arrastra hoy más de 132,534 personas desaparecidas o no localizadas (SESNSP, marzo 2026, RNPDNO-CNB). La CIDH reporta más de 128 mil desaparecidos y más de 70 mil cuerpos sin identificar. La impunidad en desaparición forzada alcanza el vergonzoso 99.5%. Amnistía Internacional documentó que el 97% de las mujeres buscadoras ha sufrido violencias o afectaciones durante su búsqueda. Estas cifras no son errores: son el resultado de una política de omisión y encubrimiento.
Frente a esta catástrofe humanitaria, la respuesta institucional es inexistente y cínica. Mientras el Estado se vuelca gastando miles de millones de pesos en el espectáculo del Mundial de Fútbol 2026 —estadios, patrocinios, imagen y operativos de seguridad—, a los desaparecidos se les invierte muy poco o casi nada, las fosas siguen sin resolverse, las buscadoras buscan con recursos propios, sin protección real, sin dejar de considerar que también existen otros problemas urgentes que aprietan al país, como las protestas de los maestros, de los productores agrícolas, y transportistas que evidencian el hartazgo social ante la inseguridad y un gobierno más preocupado por el show internacional que por la vida y la dignidad de sus ciudadanos.
Frente a esa dimensión, la respuesta institucional ha sido insuficiente o nula. No solo porque las fiscalías no investigan con eficacia, sino porque cuando no hay consecuencias para quien desaparece, el peso cae sobre quien busca.
Ahí comienza la segunda violencia, tan brutal como la primera.
La primera violencia es la desaparición, el arrebato, la ausencia, el silencio, la incertidumbre. La segunda violencia es la que viene después, la que ejerce el propio Estado: tratar a la madre que pregunta como una persona incómoda, a la esposa que exige el expediente como conflictiva, a la hermana que denuncia omisiones, de entorpecer la investigación, y al colectivo que entra a un predio abandonado —como en Teuchitlán— como invasor o alterador de la escena u obstaculizador de la investigación. ¿Qué escena? La que las autoridades nunca pisaron. ¿Qué investigación? La que duerme el sueño de los justos desde hace años en los cajones de alguna institución.
El Estado suele pedir paciencia. Las madres buscadoras no tienen ese privilegio. Cada día que pasa puede significar la pérdida de un indicio, la destrucción de restos o el olvido administrativo. Por eso buscan. No porque quieran sustituir al Ministerio Público y a la policía, sino porque el Ministerio Público, demasiadas veces, no llega o nunca llega.
La criminalización opera en tres niveles: el linchamiento mediático y discursivo público, la burocracia como arma de desgaste y la amenaza penal directa. Este mecanismo no es casualidad: sirve para desviar la atención, mantener a raya y proteger complicidades entre autoridades y el crimen organizado, y enterrar la verdad incomoda que las buscadoras desentierran.
Las madres buscadoras incomodan porque encuentran restos o encuentran fosas en donde el Estado decía que no había nada. Encuentran omisiones, contradicciones y negligencias que exhiben la ineficiencia y podredumbre del sistema. Encuentran mapas del horror que muchas autoridades preferirían mantener ocultos. Su labor es humanitaria, pero sobre todo, también es, profundamente un acto de denuncia política y jurídica demoledor.
Documentos de Amnistía Internacional y la CIDH han confirmado asesinatos, amenazas, desplazamientos y procesos penales fabricados contra madres buscadoras. En México, buscar a tu hijo es una misión de alto riesgo que puede costarte la vida. Y sin embargo, miles siguen en pie.
Ninguna madre debería aprender a distinguir el olor de la muerte para encontrar a su hijo. Ninguna familia debería comprar palas, gasolina, guantes y cubrebocas para hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. Ninguna mujer debería ser amenazada por exigir que busquen a su hijo o por exigir justicia.
Las madres buscadoras además de ser madres, también son víctimas y defensoras de derechos humanos. Tienen derecho a encontrar y conocer la verdad, a la búsqueda, a la participación, a la protección y a no ser revictimizadas. El Estado tiene la obligación inexcusable de protegerlas, reconocerlas, incorporar sus hallazgos y abstenerse de usar el derecho penal para intimidarlas o reprimirlas.
Hoy, a más de un año del hallazgo en Teuchitlán, aun no hay respuestas claras, no hay identificación digna de las evidencias, no hay responsables de alto nivel detenidos ni procesados, no hay justicia. Lo que si hay es, falta de transparencia, silencio, complicidad. Para el gobierno, Rancho Izaguirre fue solo otro caso más: un episodio incómodo que hoy intentan minimizar, diluir en estadísticas y, finalmente, olvidar. Otra fosa que las madres destaparon y que las instituciones preferirían volver a enterrar.
Eso no es gobernar para el pueblo. Es abandonar y luego criminalizar a quienes se niegan a aceptar el abandono. Mientras por un lado se invierten recursos millonarios en el Mundial de Fútbol, por el otro, las familias de los desaparecidos y los sectores en protesta solo siguen recibiendo indiferencia o represión.
El país no puede seguir normalizando y tolerando que buscar justicia sea un acto de alto riesgo mientras desaparecer personas sea un delito sin castigo. No puede permitir que las víctimas sean señaladas como amenaza mientras los verdaderos culpables —incluidos aquellos con protección institucional— caminan impunes.
La criminalización de las madres buscadoras también es una forma de desaparición simbólica, un intento cobarde de silenciar su voz y su autoridad moral. Pero ellas siguen ahí, firmes, muchas veces con miedo pero al mismo tiempo con el valor de no abandonar su causa: con fotografías al pecho, nombres en la garganta al grito de no los olvidamos, palas en las manos y una verdad insepultable.
Buscar no es delito.
Delito es desaparecer.
Delito es NO investigar.
Delito es encubrir.
Delito es omitir.
Delito es abandonar a las familias y luego perseguirlas por exigir lo que es suyo por derecho.
Este horror dejará de repetirse el día en que el Estado deje de proteger a los victimarios y de castigar a las víctimas. Mientras eso no ocurra, las madres buscadoras seguirán siendo la única voz decente en medio de la podredumbre.
