11/08/2026
La situación que atraviesa actualmente el Instituto Politécnico Nacional nos obliga a reflexionar seriamente sobre la forma en que se está construyendo públicamente la imagen de los estudiantes que participan en este movimiento.
Durante meses hemos visto cómo distintas comunidades del IPN han denunciado deficiencias en infraestructura, falta de insumos, equipos obsoletos, problemas presupuestales, cuestionamientos administrativos y la necesidad de contar con garantías reales de no represalias. Estas demandas existían mucho antes de que el conflicto se concentrara en Canal Once y forman parte de una problemática institucional que no puede borrarse de la conversación pública.
Sin embargo, después de la recuperación de las instalaciones de Canal Once, el centro del debate cambió. Dejamos de hablar principalmente de las causas que originaron el movimiento y comenzó a construirse otra narrativa: la de estudiantes que supuestamente habrían dejado instalaciones destruidas, equipo afectado y patrimonio audiovisual histórico dañado.
Y ahí es donde debemos ser muy claros: una narrativa, por más veces que se repita, no puede sustituir a las pruebas.
Los estudiantes han rechazado públicamente haber causado daños a las instalaciones, la videoteca o el material audiovisual. Además, existen registros audiovisuales que permiten conocer las condiciones en que se encontraban distintos espacios y bienes antes y durante su salida.
Esos videos son fundamentales.
Si muestran que el mobiliario, los equipos y el material audiovisual se encontraban en condiciones normales cuando los estudiantes todavía tenían control de los espacios, entonces constituyen evidencia que contradice cualquier intento de atribuirles automáticamente las afectaciones mostradas posteriormente.
La pregunta, por tanto, no puede limitarse a señalar que después aparecieron fotografías de supuestos daños.
Tenemos que preguntarnos cómo estaban las instalaciones exactamente cuando los estudiantes dejaron de tener su control material; quién ingresó posteriormente; quién tuvo acceso a cada área; cuánto tiempo transcurrió antes de que fueran tomadas las fotografías difundidas; si existe un inventario certificado de los bienes antes y después; si se preservaron los registros de videovigilancia y, sobre todo, si existe un dictamen pericial que vincule un daño específico con una persona determinada.
Esto cobra especial importancia porque los propios estudiantes han señalado que no tuvieron oportunidad de participar en una entrega institucional conjunta que permitiera certificar, junto con las autoridades, las condiciones finales del inmueble.
Existe entonces un intervalo temporal que necesariamente debe esclarecerse.
El estado de un inmueble cuando una persona deja de tener su control no puede confundirse automáticamente con el estado que presenta posteriormente, después de que otras personas han ingresado.
Mostrar una fotografía de algo roto únicamente demuestra que estaba roto en el momento en que se tomó esa fotografía. No demuestra quién lo rompió, cuándo ocurrió, cómo sucedió ni bajo qué circunstancias.
Por eso necesitamos una reconstrucción cronológica completa de los hechos, revisión de cámaras, identificación de accesos, preservación de todos los videos disponibles y un peritaje técnicamente independiente.
También existe una cuestión jurídica elemental: la responsabilidad es individual.
Incluso si llegara a acreditarse la existencia de determinados daños, eso no permitiría afirmar genéricamente que “los estudiantes destruyeron Canal Once”. Tendría que determinarse qué conducta ocurrió, quién la realizó, cuándo, sobre qué bien y con qué evidencia se vincula a esa persona con el resultado.
Participar en una protesta no genera responsabilidad penal colectiva.
Y esta distinción resulta especialmente importante cuando observamos cómo ha evolucionado la narrativa pública.
Primero vimos estudiantes denunciando carencias y exigiendo mejores condiciones.
Después vimos estudiantes pidiendo diálogo, transparencia y garantías de no represalias.
Y posteriormente comenzó a proyectarse una imagen distinta: la del estudiante como responsable de destrucción.
Cuando las demandas dejan de ser el centro de la discusión y son sustituidas por imágenes de presuntos destrozos, el estudiante deja de ser presentado como interlocutor y comienza a ser presentado como una amenaza.
Eso puede convertirse en una forma de criminalización social de la protesta mucho antes de que exista siquiera una resolución judicial.
Nos preocupa especialmente, además, la utilización del legado de Cristina Pacheco dentro de esta narrativa.
Su archivo tiene un valor histórico y cultural incuestionable. Su nombre representa para millones de mexicanos memoria, periodismo, cultura popular y una parte fundamental de la televisión pública.
Precisamente por esa enorme carga emocional debemos ser especialmente responsables.
Defender el legado de Cristina Pacheco no equivale a aceptar que los estudiantes lo dañaron.
Nosotros defendemos la preservación absoluta de ese patrimonio, pero rechazamos que su nombre pueda utilizarse para sustituir las pruebas necesarias para determinar quién produjo realmente cualquier afectación.
Si existen videos que muestran que el material se encontraba en buenas condiciones mientras los estudiantes todavía tenían control de los espacios, esos registros deben analizarse y confrontarse con las fotografías posteriores.
No puede apelarse a la emoción para resolver una cuestión que exige evidencia.
Tenemos, entonces, dos versiones que deben confrontarse técnicamente: imágenes posteriores en las que aparecen presuntas afectaciones y, por otro lado, estudiantes que niegan haberlas ocasionado y registros audiovisuales que documentan las condiciones de los espacios en momentos anteriores.
Ante esa contradicción, la conclusión responsable no puede ser simplemente que “los estudiantes destruyeron Canal Once”.
Debe investigarse qué ocurrió entre ambos momentos.
Y también debemos recordar algo fundamental: este conflicto no comenzó en Canal Once.
Las movilizaciones surgieron por problemas internos del Instituto relacionados con infraestructura, materiales, presupuesto, transparencia, condiciones académicas y garantías contra represalias.
No podemos permitir que todas esas demandas desaparezcan bajo una narrativa centrada exclusivamente en supuestos destrozos.
Canal Once forma parte del Instituto Politécnico Nacional y debemos defenderlo.
Debemos proteger a sus trabajadores, sus instalaciones, su archivo histórico y su patrimonio audiovisual.
Pero también debemos proteger a nuestros estudiantes.
No son objetivos incompatibles.
Por eso exigimos que se preserven todos los registros audiovisuales de la ocupación y de la salida; que se recuperen las cámaras institucionales y los controles de acceso; que se determine el momento exacto en que los estudiantes dejaron de tener control de las instalaciones; que se identifique quién ingresó posteriormente; que exista un inventario técnico del material; que cualquier afectación sea sometida a un peritaje independiente; y que ninguna responsabilidad sea atribuida de manera colectiva.
Nuestra posición es clara.
Defendemos Canal Once.
Defendemos su patrimonio histórico.
Defendemos la memoria de Cristina Pacheco.
Pero también defendemos el derecho de nuestros estudiantes a exigir mejores condiciones sin ser convertidos anticipadamente en delincuentes.
Los estudiantes han sostenido que no destruyeron las instalaciones ni el acervo y existen registros audiovisuales que deben ser analizados frente a cualquier evidencia posterior.
Mientras no exista una investigación técnica que demuestre lo contrario, no puede presentarse como un hecho probado que el movimiento estudiantil haya destruido Canal Once.
Mucho menos puede utilizarse esa acusación para desacreditar todas las demandas que originaron la movilización.
La protesta no constituye culpabilidad.
Una fotografía no sustituye un peritaje.
Una denuncia no equivale a una sentencia.
Y repetir una acusación cientos de veces no la convierte en verdad.
Si existen pruebas, que se presenten completas.
Si existen videos, que se confronten cronológicamente.
Si existen responsabilidades, que se individualicen.
Primero deben probarse los hechos y después atribuirse responsabilidades. Nunca al revés.
El Instituto Politécnico Nacional merece verdad.
Canal Once merece verdad.
Cristina Pacheco merece respeto.
Y nuestros estudiantes politécnicos también.
