13/06/2026
El balón rodo y la postura sigue clara: la permanencia de Arturo Reyes Sandoval en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional es institucionalmente insostenible.
No pedimos su salida como sanción anticipada, ni afirmamos culpabilidad penal o administrativa sin resolución de autoridad competente. Lo que exigimos es responsabilidad institucional, gobernabilidad, transparencia e imparcialidad.
El IPN atraviesa una crisis profunda de confianza. Esta crisis no se reduce a una inconformidad aislada ni a una diferencia política. Existen movilizaciones estudiantiles, cuestionamientos públicos, exigencias de auditoría, señalamientos relacionados con el manejo de recursos, ruptura y posterior recomposición del vínculo con Fundación Politécnico, así como demandas de intervención de autoridades externas.
Uno de los elementos más delicados es precisamente el caso Fundación Politécnico. Primero, Fundación Politécnico formuló señalamientos graves contra la administración del IPN y contra el esquema surgido alrededor del Patronato Corazón Guinda y Blanco. Después, con intervención de la Secretaría de Educación Pública, IPN y Fundación Politécnico acordaron retomar su colaboración.
Algunos podrían presentar esa renovación del convenio como una “firma de paz”. Sin embargo, esa firma no borra los señalamientos previos, no sustituye una auditoría, no cancela investigaciones y no equivale a rendición de cuentas.
Al contrario: confirma que el conflicto era real.
Si no había un problema serio, ¿por qué fue necesaria la intervención de la SEP?
¿Por qué se tuvo que renovar el convenio bajo nuevas reglas?
¿Por qué se anunció un Comité de Vigilancia?
¿Por qué se colocó la transparencia y la rendición de cuentas como condición central de la nueva etapa?
¿Por qué la comunidad sigue exigiendo explicaciones claras?
La reconciliación administrativa entre directivos no puede confundirse con justicia institucional. Que dos partes retomen una relación de colaboración no significa que la comunidad deba aceptar que no pasó nada.
El problema de fondo permanece: el IPN necesita esclarecer qué ocurrió con los convenios, los recursos, las aportaciones, los patronatos, las fundaciones y las decisiones administrativas que generaron esta crisis.
Por eso, la permanencia de Reyes Sandoval ya no ayuda a resolver el conflicto; lo profundiza.
Una autoridad educativa no solo necesita nombramiento formal. También necesita legitimidad, confianza y capacidad de interlocución. Cuando una autoridad queda colocada en el centro de la controversia, su continuidad compromete la credibilidad de cualquier proceso de revisión interna.
Separarlo del cargo no implica condenarlo. Implica proteger la investigación, garantizar imparcialidad y recuperar condiciones mínimas de diálogo.
No puede pedirse a la comunidad politécnica que confíe plenamente en una revisión institucional encabezada por la misma administración que está siendo cuestionada. La separación del cargo es una medida razonable, proporcional y necesaria para evitar conflicto de interés institucional, preservar documentación, abrir una auditoría independiente y reconstruir la gobernabilidad.
La exigencia, por tanto, es legítima:
1. Separación de Arturo Reyes Sandoval de la Dirección General del IPN.
2. Auditoría externa e independiente sobre convenios, recursos, fundaciones y patronatos vinculados al Instituto.
3. Publicación clara de informes, montos, beneficiarios, contratos y resultados.
4. Garantías de no represalia contra estudiantes, docentes, trabajadores y egresados.
5. Participación real de la comunidad politécnica en los mecanismos de vigilancia.
6. Investigación seria, imparcial y con consecuencias institucionales.
Pedir la salida de Reyes Sandoval no es atacar al IPN. Es defenderlo.
No queremos pactos de silencio.
No queremos simulación.
No queremos que una “firma de paz” sustituya la verdad.
El Politécnico necesita transparencia, justicia institucional y una autoridad con legitimidad suficiente para reconstruir la confianza de su comunidad.
Los Egresados al Servicio de la Patria
