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Mexicali Con Veloz, Mexicali (2026)

18/04/2026

No se puede jugar con la vida de quienes electrificaron al país

Por: Jaime Cleofas Martínez Veloz

Hay cosas que un país decente no hace. No se burla de sus viejos. No les cambia las reglas cuando ya cumplieron. No les dice que lo que ganaron con décadas de trabajo ahora vale menos porque alguien decidió que la austeridad empieza por los que ya dieron todo.

Por eso, cuando los jubilados de la CFE llegaron a Torreón con su pronunciamiento, no venían a pedir limosna. Venían a recordarle al Estado que la dignidad no se recorta. Que los derechos adquiridos no son fichas de negociación. Que la Constitución no es un mantel que se estira según la mesa del poder.

Yo los conozco. Caminé con ellos cuando la Tendencia Democrática del SUTERM se levantó en 1975 y 1976. Yo era estudiante, ellos eran gigantes. Se enfrentaron a un aparato sindical que había olvidado a sus propios trabajadores. Y aun así, resistieron. No por privilegio, sino por convicción.

Hoy, medio siglo después, vuelven a tocar la puerta. No porque estén derrotados, sino porque saben que lo que está en juego no es solo su pensión: es el pacto entre el Estado y quienes lo sostuvieron.

La reforma al artículo 127 constitucional pretende imponer un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. El argumento es la austeridad. Pero la austeridad, cuando se usa como arma, siempre apunta hacia abajo. El problema no es el tope. El problema es la retroactividad. El intento de aplicar nuevas reglas a quienes ya cumplieron con todas las anteriores.

La Constitución lo prohíbe. La Suprema Corte lo ha reiterado. Los derechos adquiridos no se tocan. No se reinterpretan. No se ajustan al humor del momento. Son parte del patrimonio jurídico de cada trabajador.

Pero mientras se discute si es constitucional recortar pensiones ya otorgadas, el país observa un contraste que insulta la inteligencia colectiva.

El Estado dice que se “ahorrará” 5 mil millones de pesos al año con esta reforma. Cinco mil millones. Una cifra que suena grande hasta que uno mira hacia las megaobras del sexenio.

Según análisis públicos, los sobrecostos del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el AIFA suman 673 mil millones de pesos.
Repito: 673 mil millones.

Eso es más de 130 veces lo que se pretende “ahorrar” recortando pensiones.

Es decir:
por cada peso que se le quita a un jubilado, se han gastado 130 en sobrecostos de obras públicas.

Y eso sin contar el Corredor Transístmico, las irregularidades documentadas en Segalmex o las pérdidas por el huachicol fiscal, cuyos montos aún no tienen una cifra consolidada.

Entonces, ¿de verdad el problema son los jubilados?
¿De verdad el país se tambalea por las pensiones de quienes electrificaron México cuando el país era más oscuridad que luz?

Los jubilados de la CFE no son una carga. Son quienes sostuvieron el sistema eléctrico cuando no había computadoras, ni sensores, ni protocolos modernos. Son quienes trabajaron turnos dobles, noches enteras, emergencias que no salieron en los periódicos. Son quienes, en los años setenta, se atrevieron a desafiar a un sindicato que había olvidado a sus propios trabajadores.

Yo los vi. Yo los acompañé. Yo aprendí de ellos.

Por eso duele ver que ahora se les quiera convertir en variable de ajuste. Porque cuando el Estado decide que puede modificar unilateralmente lo que ya estaba otorgado, no solo afecta a un grupo de jubilados. Afecta la confianza en el Estado de derecho. Afecta la idea misma de que la ley sirve para proteger, no para castigar.

La reforma al artículo 127 no solo enfrenta un cuestionamiento jurídico. Enfrenta un cuestionamiento moral. Porque si el Estado puede modificar retroactivamente una pensión, ¿qué impide que mañana modifique cualquier otro derecho adquirido?

Los jubilados no llegaron a Torreón a pedir compasión. Llegaron a defender la Constitución. Y en un país donde la ley suele ser un instrumento del poder, no de la ciudadanía, eso ya es un acto de resistencia.

La historia —esa vieja locomotora que avanza entre rieles torcidos— sigue su marcha. Pero hay momentos en que los pasajeros deben recordarle al maquinista que las vías no son suyas, que el destino no se cambia sin consultar a quienes ya pagaron el viaje, y que la dignidad —como los derechos adquiridos— no se negocia.

08/03/2026

8 de Marzo: La dignidad que sostiene a Coahuila

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

El 8 de marzo no es una fecha decorativa ni un gesto simbólico. Es una jornada que nació del coraje de mujeres trabajadoras que, desde hace más de un siglo, se atrevieron a desafiar la injusticia, la explotación y el silencio. Su lucha, que comenzó en fábricas textiles y calles obreras, se convirtió en un movimiento global que hoy nos convoca a reflexionar sobre la igualdad, la violencia, los derechos y la dignidad.

En Coahuila, esta fecha adquiere un significado profundo. Aquí, donde la historia se ha escrito con esfuerzo, resistencia y memoria, las mujeres han sido protagonistas silenciosas y visibles de cada transformación social. Este artículo busca honrar su presencia, su lucha y su futuro.

Un origen marcado por la lucha

El Día Internacional de la Mujer tiene raíces históricas que no deben olvidarse. A principios del siglo XX, miles de mujeres en Estados Unidos y Europa comenzaron a organizarse para exigir condiciones laborales justas, salarios dignos y el derecho al voto. En 1909 se celebró en Nueva York el primer “Día Nacional de la Mujer”, impulsado por movimientos obreros.

Un año después, en 1910, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas establecer un día internacional dedicado a los derechos de las mujeres. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El hecho decisivo ocurrió el 8 de marzo de 1917, cuando mujeres rusas salieron a las calles exigiendo “pan y paz” en medio de la guerra y el hambre. Su protesta desencadenó una serie de cambios políticos que marcaron la historia moderna. Décadas más tarde, en 1977, la ONU reconoció oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Mujer.

Este origen no es anecdótico: es un recordatorio de que los derechos no fueron obsequios, sino conquistas.

Lo que el 8 de marzo significa hoy

En pleno siglo XXI, el 8 de marzo sigue siendo una fecha de memoria y exigencia. No es un día para felicitar por “ser mujer”, sino para reconocer:

• La desigualdad que persiste en salarios, oportunidades y representación.
• La violencia que sigue arrebatando vidas y libertades.
• El trabajo de cuidados que sostiene hogares y economías, pero rara vez se reconoce.
• La fuerza de los movimientos de mujeres que han impulsado cambios legales y culturales.

Es un día para mirar de frente la realidad, honrar a quienes abrieron camino y renovar el compromiso con un futuro más justo.

Las mujeres de Coahuila: raíz, fuerza y conciencia

Coahuila está hecho de mujeres que han sostenido la vida en cada rincón del estado. Desde las maestras rurales que llevaron educación a los ejidos más apartados, hasta las obreras que impulsan la industria; desde las madres buscadoras que enfrentan el dolor con una valentía que conmueve, hasta las jóvenes que hoy exigen igualdad, seguridad y respeto.

En La Laguna, el Sureste, la Carbonífera, el Desierto y el Norte, las mujeres han sido:

• Constructoras de comunidad.
• Guardianas de la memoria.
• Defensoras de la justicia.
• Impulsoras de la economía local.
• Voces que han transformado leyes, instituciones y conciencias.

Su presencia no es solo social: es moral. Han sostenido a Coahuila en momentos de crisis, han cuidado lo que otros descuidaron y han defendido lo que otros dieron por perdido.

Un mensaje para las mujeres coahuilenses

A las mujeres de Coahuila:

Este 8 de marzo es un reconocimiento a su historia, a su trabajo y a su dignidad. Ustedes han enfrentado desigualdades, violencias y silencios, pero también han construido caminos de esperanza, justicia y libertad. Cada una, desde su propio espacio, ha contribuido a que este estado avance, se fortalezca y se humanice.

Su derecho a vivir sin miedo es irrenunciable. Su voz es indispensable. Su dignidad es innegociable.

Coahuila les debe respeto, justicia y oportunidades reales. Les debe seguridad en las calles, igualdad en los trabajos, libertad en sus decisiones y un futuro donde ninguna niña crezca con miedo, sino con posibilidades.

El 8 de marzo no es un punto de llegada: es un recordatorio de que la lucha continúa. Y en esa lucha, las mujeres de Coahuila no están solas. Su fuerza es la fuerza de este estado.

13/02/2026

De cuando la República traicionó a los indígenas

(A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar)

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

Treinta años después, uno vuelve a aquel 16 de febrero de 1996 como quien regresa a un claro en la selva donde alguna vez ardió una fogata. El humo ya no está, pero el olor persiste. Y si uno afina el oído, todavía escucha el murmullo de los que hablaron entonces: los que venían del monte con la palabra como única arma, y los que venían del poder con la palabra como único disfraz.

Ese día se firmó el primer acuerdo entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas. Era el primer punto de una agenda larga, como los caminos de Chiapas cuando llueve. Faltaban cinco más. Pero ese primer acuerdo tenía algo de amanecer: la sensación de que, por un instante, la República había recordado que nació indígena.

Llegar ahí no fue sencillo. El camino estaba lleno de trampas, de silencios que pesaban más que los discursos, de manos que estrechaban mientras escondían la daga. Pero también estaba lleno de dignidad. Y eso, en tiempos de simulación, ya era un milagro.

La Ley para el Diálogo, aprobada por unanimidad en 1995, fue la brújula. Todas las fuerzas políticas, todos los colores, todas las instituciones dijeron “sí”. Y uno, ingenuo pero no tonto, creyó que la palabra empeñada por la República valía algo. Hoy sabemos que valía lo que valen las promesas cuando se pronuncian desde el mármol: mucho eco, poca raíz.

En noviembre de 1996, la COCOPA —esa rara avis donde convivían Heberto, don Luis, Pablo, Narro, Elizondo, Guerra, Roque, y tantos otros— se reunió en San Cristóbal para redactar la iniciativa de reformas constitucionales. El hotel Flamboyant fue nuestro cuartel. Afuera, la neblina. Adentro, la esperanza.

La discusión fue intensa, pero fértil. Como la tierra negra de los Altos: dura, pero generosa.

El primer tema —Derechos y Cultura Indígenas— se discutió durante meses. Se firmó. Se celebró. Se creyó. Pero cuando tocó hablar de Democracia y Justicia, el gobierno decidió que ya había hablado demasiado. La delegación oficial guardó silencio. Un silencio de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de desprecio.

Mientras tanto, en los pasillos de Gobernación, se negociaba una reforma electoral sin indígenas. Como si el país pudiera seguir partiéndose sin que la grieta llegara al centro.

La COCOPA, ante la traición que ya asomaba, decidió elaborar una iniciativa basada estrictamente en lo pactado. Nada más. Nada menos. Don Luis y Heberto llamaron a Marcos y a Chuayffet. Ambos aceptaron. Y nos pusimos a escribir lo que ya estaba escrito en la palabra empeñada.

El EZLN respondió con aceptación. Marcos incluso dijo que la paz podía firmarse en el primer trimestre de 1997.
La paz, ahí nomás, detrás de la siguiente curva del camino.
Pero en esa curva estaba Zedillo.

Cuando presentamos la iniciativa, Chuayffet intentó disfrazarse de jurista. Zedillo lo desnudó:
“No estoy de acuerdo y punto.”
Así, sin poesía, sin vergüenza, sin país.

Lo que siguió fue una ofensiva de tinta y saliva: articulistas, empresarios, constitucionalistas de ocasión, todos repitiendo el catecismo presidencial. Nos acusaron de balcanizar al país, de traicionar al PRI, de ignorantes. Nadie —ni uno solo— pudo demostrar que la iniciativa decía algo distinto a lo pactado. Porque no lo decía.

Pero la verdad, cuando incomoda, suele ser la primera víctima.

Las presiones se multiplicaron. A los panistas los cercaron. A Pablo y a mí nos mandaban recados desde Los Pinos para que nos retiráramos. “Razones de Estado”, decían. Como si la dignidad fuera un mueble que se puede mover de lugar.

Aun así, sostuvimos la iniciativa dentro del proceso de negociación. Resistimos. A veces, resistir es la única forma de avanzar.

En 1998, Zedillo envió una iniciativa indígena que no tenía nada que ver con San Andrés. Era una cortina de humo para esconder la Ley del Rescate Bancario. El país pagó esa factura. Todavía la paga.

En el año 2000, Fox prometió cumplir los Acuerdos. Ya en la Presidencia, los turnó al Senado sin operación política. Puro espectáculo. Puro humo. La derecha —la de siempre, la de todos los colores— se encargó de dinamitarlo todo.

La caravana zapatista recorrió el país. Las plazas se llenaron. El país vibró. Pero en el Congreso, la sordera fue más fuerte que el clamor. Ganamos por 10 votos el derecho de que los indígenas hablaran en tribuna. Pero en el Senado, el dictamen final tiró a la basura años de trabajo, esperanza y dignidad.

La ley aprobada en 2001 no tiene nada que ver con San Andrés. No la aceptó el EZLN. No la aceptó ningún pueblo indígena. No sirvió para la paz. Fue, simplemente, una traición.

Treinta años después, la selva sigue hablando.
Y la República sigue sin escuchar.

Sí, hay avances normativos. Sí, hay declaraciones internacionales. Sí, hay discursos. Pero los datos del CONEVAL siguen diciendo lo mismo que gritó el EZLN en 1994:
la pobreza, la desigualdad y la discriminación siguen teniendo color de piel, lengua materna y geografía.

Treinta años después, el oro fluye, pero no para quienes viven sobre él.
Treinta años después, las fortunas crecen, pero no los derechos.
Treinta años después, la deuda social sigue intacta.

La apuesta de reducir la cuestión indígena a programas sociales fracasó.
No es un asunto de presupuesto.
Es un asunto de justicia.
De reconocimiento.
De país.

Los Acuerdos de San Andrés siguen ahí, como una puerta que nadie se atreve a abrir porque detrás está el país que podríamos ser.

Treinta años después, la historia sigue llamando.
Y la selva, paciente, sigue esperando.

13/02/2026

La tormenta perfecta: cómo se construyó el nuevo orden criminal en México

Minería sin Estado, infraestructura privatizada, huachicol fiscal y economías criminales emergentes como pilares de la desarticulación nacional

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

I. Introducción

Durante las últimas tres décadas, México ha experimentado una transformación profunda en la relación entre Estado, territorio y violencia. La narrativa dominante —que atribuye el crecimiento del crimen organizado únicamente al narcotráfico y a la demanda de dr**as en Estados Unidos— resulta insuficiente para explicar la magnitud, complejidad y persistencia del fenómeno.

Lo que ha ocurrido es más amplio, más estructural y más silencioso: una reconfiguración del poder en la que actores privados extranjeros, corporaciones extractivas, operadores logísticos globales, redes criminales y autoridades estatales capturadas han ocupado espacios que el Estado mexicano abandonó, cedió o entregó deliberadamente.

Esta reflexión parte de cinco procesos que, al converger, generaron un ecosistema ideal para el fortalecimiento de los grupos criminales:

1. la entrega indiscriminada de concesiones mineras sin supervisión estatal,
2. la privatización y extranjerización de la infraestructura estratégica del país,
3. la creciente demanda de estupefacientes en Estados Unidos,
4. el crecimiento del huachicol fiscal como mecanismo de financiamiento criminal,
5. y la expansión de la producción de fentanilo durante los gobiernos de Morena, acompañada de vínculos documentados entre autoridades estatales, municipales y elementos de la Marina con actividades delictivas.

Lo que emerge de esta convergencia no es solo un aumento de la violencia, sino la erosión de la soberanía, la fragmentación del territorio y la consolidación de poderes fácticos que hoy disputan, condicionan o sustituyen funciones esenciales del Estado.

II. La minería como vector de desorden territorial

El estudio nacional de concesiones mineras —que coordiné durante mi periodo como Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México— reveló un dato que por sí solo explica la magnitud del problema: entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron millones de hectáreas a empresas mineras, principalmente canadienses, sin que el Estado contara con mecanismos reales de supervisión, control o fiscalización.

El Estado mexicano no tiene bitácoras de producción, no conoce los volúmenes reales extraídos, no controla los flujos logísticos y, en muchos casos, ni siquiera sabe dónde están físicamente las minas activas. La Secretaría de Economía otorgó concesiones como si fueran permisos de pesca, sin evaluar impactos ambientales, sociales o de seguridad.

A esta desregulación se sumó un elemento decisivo: el Convenio México–Canadá para evitar la doble tributación, firmado en 2006 y promulgado en 2007. Este tratado permite que las empresas canadienses declaren sus utilidades en Canadá, no en México. En la práctica, significa que Canadá se lleva los minerales y también los impuestos, mientras México asume los costos ambientales, sociales y de seguridad.

En este vacío institucional, los grupos criminales encontraron un terreno fértil. InSight Crime documentó que empresas como McEwen Mining admitieron tener “buena relación” con los cárteles en Sinaloa, y que la Asociación de Ingenieros de Minas reconoció públicamente que “se pide permiso a la mafia para operar”. La minería dejó de ser solo un sector económico: se convirtió en un espacio de gobernanza criminal.

III. La infraestructura estratégica en manos extranjeras

Mientras el territorio minero se entregaba sin control, otro proceso avanzaba en paralelo: la privatización y extranjerización de la infraestructura estratégica del país.

Los aeropuertos mexicanos —GAP, OMA y ASUR— quedaron bajo control técnico y operativo de empresas europeas:

• GAP depende de AENA (España).
• OMA está controlado por VINCI Airports (Francia).
• ASUR opera con Flughafen Zürich AG (Suiza).

Esto significa que el administrador del aeropuerto de Tijuana se nombra en Madrid, el de Monterrey en París y el de Cancún en Zúrich. La infraestructura aeroportuaria, esencial para la seguridad nacional, la movilidad y la vigilancia, quedó subordinada a intereses corporativos extranjeros.

En los puertos del Pacífico ocurrió algo similar. Hutchison Ports, propiedad del magnate hongkonés Li Ka Shing, controla puertos estratégicos como Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En este último caso, la privatización se realizó mediante una licitación simulada: la empresa mexicana que ganó la concesión vendió el 51% de sus acciones a Hutchison apenas un mes después.

Cuando el Estado pierde control sobre sus fronteras, sus puertos y sus aeropuertos, pierde también la capacidad de regular flujos de mercancías, personas y capitales. En ese vacío, los grupos criminales encuentran rutas, espacios y oportunidades.

IV. El huachicol fiscal: la nueva fuente de financiamiento criminal

A partir de 2018, mientras el discurso oficial hablaba de combatir el robo de combustible, emergió un fenómeno paralelo y más rentable: el huachicol fiscal.

Este mecanismo —documentado por el SAT, la UIF y diversas investigaciones periodísticas— consiste en la importación simulada de combustibles, la falsificación de pedimentos, la triangulación de empresas fachada y la venta de gasolina y diésel sin pagar impuestos.

El huachicol fiscal no requiere perforar ductos: requiere redes de corrupción en aduanas, puertos, SAT, Pemex y gobiernos estatales.

Durante los gobiernos de Morena, este esquema se expandió notablemente:

• Se detectaron miles de millones de pesos en operaciones irregulares.
• Aduanas estratégicas fueron señaladas por autoridades estadounidenses como puntos críticos de contrabando fiscal.
• Empresas vinculadas a operadores políticos locales fueron investigadas por la UIF.

El huachicol fiscal se convirtió en una fuente de financiamiento criminal más estable, menos riesgosa y más lucrativa que el robo físico de combustible.

V. La producción de fentanilo y los vínculos institucionales

Durante los gobiernos de Morena, México se consolidó como productor y ensamblador de fentanilo y precursores sintéticos, según informes públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA y la propia Secretaría de Marina.

Lo relevante no es solo el crecimiento de la producción, sino la evidencia de vínculos institucionales:

• Investigaciones judiciales en Estados Unidos han señalado a gobiernos estatales por proteger laboratorios y corredores logísticos.
• La Marina ha sido mencionada en reportes estadounidenses por posibles colusiones locales en puertos donde ingresan precursores químicos.
• En Sinaloa, Sonora, Baja California y Guerrero, autoridades municipales han sido detenidas o investigadas por brindar protección a laboratorios clandestinos.

La producción de fentanilo creció en un país donde los puertos están privatizados, las aduanas son vulnerables y los gobiernos estatales están capturados.

VI. La convergencia: el nuevo orden criminal

La violencia en México no es un fenómeno espontáneo ni exclusivamente criminal. Es el resultado de una arquitectura política y económica que debilitó deliberadamente al Estado y fortaleció a actores privados —legales e ilegales— que hoy disputan el control del territorio.

La convergencia de los procesos descritos produjo un ecosistema donde:

• El Estado dejó de ser el regulador del territorio.
• Las corporaciones extranjeras controlan infraestructura crítica.
• Los grupos criminales controlan zonas mineras, rutas y poblaciones.
• El huachicol fiscal financia redes criminales con protección institucional.
• La producción de fentanilo se expande con complicidades locales.
• La fiscalidad nacional fue erosionada por tratados internacionales.
• La soberanía se fragmentó en múltiples manos.

VII. El silencio frente al Convenio México–Canadá: la soberanía condicionada

El Convenio México–Canadá para evitar la doble tributación sigue plenamente vigente. Este tratado permite que las empresas mineras canadienses declaren sus utilidades en Canadá, no en México.

Lo sorprendente no es que los gobiernos neoliberales lo hayan firmado. Lo verdaderamente revelador es que los gobiernos de Morena —que presumen soberanía— hayan guardado silencio absoluto frente a un acuerdo que lastima las finanzas nacionales.

Ese silencio tiene explicaciones estructurales:

1. El tratado sigue vigente y reconocido por el Estado mexicano.
2. Renegociarlo implicaría costos diplomáticos y comerciales.
3. El sector minero canadiense tiene un poder político y jurídico enorme.
4. El discurso soberanista tiene límites cuando se trata de compromisos internacionales heredados.
5. Es un tema técnico, poco visible y sin rédito político inmediato.

El silencio no es casual: es estructural.
Es el reconocimiento implícito de que la soberanía mexicana está condicionada por compromisos internacionales que ningún gobierno ha querido —o podido— desmontar.

VIII. Conclusión: recuperar el Estado para recuperar el país

La violencia en México no es solo criminal: es estructural.
Surge de un modelo que debilitó al Estado, fragmentó el territorio y transfirió poder a corporaciones extranjeras, tratados fiscales lesivos, infraestructura privatizada y grupos criminales que gobiernan donde el Estado ya no está.

Si México quiere recuperar su futuro, debe emprender acciones inmediatas:

1. Renegociar o denunciar el Convenio México–Canadá.

La soberanía fiscal es irrenunciable.

2. Auditar y revisar todas las concesiones mineras desde 2000.

La minería debe operar bajo reglas mexicanas.

3. Recuperar la rectoría de puertos y aeropuertos.

La infraestructura estratégica no puede estar en manos ajenas.

4. Desmantelar el huachicol fiscal.

El drenaje fiscal debe cerrarse desde aduanas y puertos.

5. Regular la cadena de precursores químicos.

Sin control logístico, no habrá control criminal.

6. Reconstruir el Estado territorial.

El territorio se recupera con Estado, no solo con militares.

7. Crear una política de soberanía económica del siglo XXI.

La soberanía no se declama: se diseña institucionalmente.

La tormenta perfecta

México vive una tormenta perfecta construida durante décadas.
Pero ningún país está condenado a su historia.

La soberanía no se presume: se ejerce.
El territorio no se describe: se gobierna.
La violencia no se lamenta: se enfrenta con Estado, no con simulación.

Recuperar a México exige recuperar primero la capacidad del Estado para decidir sobre su riqueza, su territorio y su destino.
Todo lo demás es ruido.

25/12/2025

Mensaje navideño para mis amigas y amigos

Compañeras, compañeros, cómplices del camino:

Desde este rincón del norte donde el polvo se mezcla con la memoria, les escribo con el corazón envuelto en papel estraza, con moño de esperanza y etiqueta de “no olvidar”.

La Navidad llegó como llega la madrugada en las calles, las colonias y los ejidos, con frío, con silencio, con estrellas que no se compran en centros comerciales.

Y aunque el mundo insiste en envolvernos en luces artificiales y ofertas de dos por uno, nosotros seguimos creyendo en los abrazos que no se venden, en las palabras que no caducan, en los silencios que acompañan.

Este año, como tantos otros, nos dolió la injusticia, nos pesó la ausencia, nos indignó el cinismo.
Pero también nos sostuvo la risa compartida, el café en la banqueta, la mirada cómplice, el gesto solidario, la palabra digna.

Por eso, en esta Navidad no les deseo paz de supermercado ni felicidad de anuncio.
Les deseo rebeldía con ternura.
Les deseo memoria con futuro.
Les deseo que el amor les llegue como llegan los buenos correos: sin aviso, sin algoritmo, sin prisa.

Y si el mundo se empeña en seguir siendo injusto, que al menos nos encuentre juntos, abrazados, tercos, y con una sonrisa que diga: “aquí estamos, carajo”.

Desde el polvo lagunero, con cariño rebelde.

Jaime Cleofás Martínez Veloz

Torreón Coahuila a 24 de diciembre del 2025

19/12/2025

Tijuana en caos, Mexicali disponible: la versión del Gobierno de la 4T no cuadra

(Miles de pasajeros afectados y una narrativa oficial que no corresponde con la realidad operativa.)

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

En estos días, miles de personas viajan a Tijuana para reencontrarse con sus familias, cruzar a Estados Unidos o simplemente regresar a casa. Y justo ahora, cuando más se necesita certidumbre, el sistema aéreo en la región está mostrando fallas que ya no se pueden esconder detrás de la palabra “niebla”.

Porque sí: Tijuana ha tenido cierres por visibilidad baja. Eso es un hecho.
Pero lo que no se explica es por qué Aeroméxico sigue desviando vuelos a Mexicali —como lo ha hecho históricamente— mientras Volaris cancela en automático.

Si el aeropuerto de Tijuana está cerrado, la lógica operativa es clara:
Mexicali es el alterno natural.
Está cerca, tiene capacidad y ha funcionado durante décadas como la salida de emergencia cuando Tijuana se cierra.
Aeroméxico lo sigue usando.
Volaris, en cambio, prefiere cancelar.

Y aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve institucional.

Mientras los pasajeros pasan horas varados, Profeco —dependencia del Gobierno Federal— se apresura a declarar que, al ser “causas climatológicas”, la aerolínea no tiene responsabilidad. Esa postura, repetida sin matices, termina funcionando como un blindaje automático para justificar cancelaciones que no siempre tienen que ver únicamente con la niebla.

Porque si una aerolínea no tiene tripulación disponible, si sus horarios están vencidos, si no puede garantizar continuidad operativa, entonces la niebla deja de ser la causa y se convierte en la excusa.

Y ahí es donde muchos viajeros sentimos que la autoridad está mirando hacia otro lado.

El resultado es evidente:

• Aeroméxico desvía a Mexicali y cumple.
• Volaris cancela y queda exenta.
• Y Profeco respalda la versión que más conviene a la empresa, no al consumidor.

Para miles de familias, profesionistas y trabajadores que dependen del transporte aéreo, el mensaje es claro:
cuando hay problemas, la prioridad institucional no es el pasajero.

Y mientras esperamos de pie, con la columna adolorida, con boletos cancelados y sin explicaciones, lo que se revela no es solo una falla operativa.
Es una falla de Estado.

Porque en una región donde Tijuana y Mexicali son nodos esenciales para la movilidad laboral, familiar y económica, esta falta de criterio uniforme entre aerolíneas —y la falta de defensa del consumidor por parte de una dependencia federal— no es un detalle administrativo. Es un problema estructural.

La niebla es temporal.
La falta de supervisión y de política pública no lo es.

Y eso es lo que hoy queda expuesto:
Tijuana en caos, Mexicali disponible… y una narrativa oficial que simplemente no cuadra con la realidad operativa.

Ya basta de pretextos.
El Gobierno debe dejar de justificar lo injustificable y empezar a resolver —no solo este caso, sino los muchos otros que se acumulan en un país donde la movilidad, la infraestructura y el respeto al ciudadano están cada vez más en entredicho.

04/12/2025

Es inconstitucional la aprobación de la ley de aguas

No consultaron a los Pueblos Indígenas.

Por Jaime Cleofas Martínez Veloz

El Congreso de la Unión aprobó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En el discurso, parece un avance histórico: se les otorga personalidad jurídica, se les reconoce autonomía y se les abre la puerta a participar en las decisiones que afectan sus territorios y recursos. Sin embargo, la realidad contradice el discurso. El mismo Congreso que celebra este reconocimiento aprueba reformas a la Ley de Aguas sin consultar a los pueblos indígenas. Es decir, proclama derechos en la letra, pero los niega en la práctica.

Esta contradicción no es menor. Es una violación constitucional y un incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que México ratificó y que obliga a realizar consultas previas, libres e informadas en toda medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas. No hay margen de interpretación: la consulta es obligatoria. No hacerlo es inconstitucional.

El agua no es un recurso cualquiera. Para los pueblos indígenas es vida, territorio, cultura y espiritualidad. Legislar sobre el agua sin consulta previa es legislar contra la libre determinación, contra la autonomía y contra la historia. Es perpetuar el viejo patrón de un Estado que promete reconocimiento pero niega participación. Es repetir la traición que desde hace décadas se ha cometido contra los pueblos originarios.

El 16 de febrero de 1996, siendo Presidente de la Cocopa, firmé como testigo los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el Gobierno Federal y el EZLN. Aquellos acuerdos establecieron con claridad que los pueblos indígenas debían ser reconocidos como sujetos de derecho público, con capacidad de decidir sobre sus recursos naturales y sus formas de vida. Desde entonces he luchado por su cumplimiento. Hoy, al aprobar reformas a la Ley de Aguas sin consulta, el Congreso no solo viola la Constitución y los tratados internacionales: traiciona la palabra empeñada en San Andrés.

Fundamentos jurídicos de la acción de inconstitucionalidad

1. Violación al artículo 2 constitucional: Este artículo reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Reformar la Ley de Aguas sin consulta vulnera directamente este derecho.
2. Violación al artículo 1 constitucional: La Constitución obliga a todas las autoridades a respetar los tratados internacionales de derechos humanos. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por México, establece la consulta previa como obligación. Su incumplimiento es causa suficiente para invalidar la reforma.
3. Precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: La SCJN ha señalado que la consulta indígena es un derecho fundamental y que su omisión invalida normas generales. No es un trámite burocrático, sino un mecanismo de participación real.
4. Afectación a derechos colectivos: El agua es un recurso vital y cultural para los pueblos indígenas. Reformar su régimen sin consulta vulnera su derecho a la libre determinación y a conservar sus territorios.

Por estas razones, una acción de inconstitucionalidad no solo es viable, sino necesaria. La CNDH, legisladores o gobiernos estatales tienen la facultad de interponerla ante la SCJN.

Dimensión política y ética

Más allá de lo jurídico, está lo político y lo ético. El Congreso de la Unión incurre en una incongruencia grave: reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, pero los excluye de las decisiones que afectan su vida. Es un reconocimiento vacío, una simulación que perpetúa la deuda histórica. Cada vez que se legisla sin consulta, se rompe el pacto de respeto y dignidad que los pueblos indígenas merecen. Cada vez que se ignora su voz, se profundiza la distancia entre el Estado y la nación real.

La lucha por el agua es la lucha por la vida. La defensa de la consulta es la defensa de la democracia real. La memoria de San Andrés no es pasado: es presente y futuro. Y mientras haya quienes recordemos aquella firma del 16 de febrero de 1996, habrá quienes exijamos que el Estado cumpla su palabra. Porque la dignidad indígena no se negocia, se respeta. Porque la historia no se traiciona, se honra. Porque la voz de los pueblos no se silencia, se escucha.

Hoy, la consigna es clara: proceda la acción de inconstitucionalidad. Que la Suprema Corte defienda la Constitución, los tratados internacionales y la palabra empeñada. Que el Congreso rectifique su error y cumpla con la obligación de consultar. Que la sociedad mexicana entienda que la dignidad indígena no es un favor, es un derecho.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público no puede quedarse en discurso. Debe traducirse en práctica, en consulta, en respeto. De lo contrario, será una traición más a la memoria indígena y a los acuerdos de San Andrés. Lucharemos con todos los recursos republicanos a nuestro alcance en contra de esta acción inconstitucional.

Mexicali Con Veloz

18/04/2026

08/03/2026

13/02/2026

13/02/2026

25/12/2025

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