13/02/2026
La tormenta perfecta: cómo se construyó el nuevo orden criminal en México
Minería sin Estado, infraestructura privatizada, huachicol fiscal y economías criminales emergentes como pilares de la desarticulación nacional
Por Jaime Cleofas Martínez Veloz
I. Introducción
Durante las últimas tres décadas, México ha experimentado una transformación profunda en la relación entre Estado, territorio y violencia. La narrativa dominante —que atribuye el crecimiento del crimen organizado únicamente al narcotráfico y a la demanda de dr**as en Estados Unidos— resulta insuficiente para explicar la magnitud, complejidad y persistencia del fenómeno.
Lo que ha ocurrido es más amplio, más estructural y más silencioso: una reconfiguración del poder en la que actores privados extranjeros, corporaciones extractivas, operadores logísticos globales, redes criminales y autoridades estatales capturadas han ocupado espacios que el Estado mexicano abandonó, cedió o entregó deliberadamente.
Esta reflexión parte de cinco procesos que, al converger, generaron un ecosistema ideal para el fortalecimiento de los grupos criminales:
1. la entrega indiscriminada de concesiones mineras sin supervisión estatal,
2. la privatización y extranjerización de la infraestructura estratégica del país,
3. la creciente demanda de estupefacientes en Estados Unidos,
4. el crecimiento del huachicol fiscal como mecanismo de financiamiento criminal,
5. y la expansión de la producción de fentanilo durante los gobiernos de Morena, acompañada de vínculos documentados entre autoridades estatales, municipales y elementos de la Marina con actividades delictivas.
Lo que emerge de esta convergencia no es solo un aumento de la violencia, sino la erosión de la soberanía, la fragmentación del territorio y la consolidación de poderes fácticos que hoy disputan, condicionan o sustituyen funciones esenciales del Estado.
II. La minería como vector de desorden territorial
El estudio nacional de concesiones mineras —que coordiné durante mi periodo como Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México— reveló un dato que por sí solo explica la magnitud del problema: entre los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron millones de hectáreas a empresas mineras, principalmente canadienses, sin que el Estado contara con mecanismos reales de supervisión, control o fiscalización.
El Estado mexicano no tiene bitácoras de producción, no conoce los volúmenes reales extraídos, no controla los flujos logísticos y, en muchos casos, ni siquiera sabe dónde están físicamente las minas activas. La Secretaría de Economía otorgó concesiones como si fueran permisos de pesca, sin evaluar impactos ambientales, sociales o de seguridad.
A esta desregulación se sumó un elemento decisivo: el Convenio México–Canadá para evitar la doble tributación, firmado en 2006 y promulgado en 2007. Este tratado permite que las empresas canadienses declaren sus utilidades en Canadá, no en México. En la práctica, significa que Canadá se lleva los minerales y también los impuestos, mientras México asume los costos ambientales, sociales y de seguridad.
En este vacío institucional, los grupos criminales encontraron un terreno fértil. InSight Crime documentó que empresas como McEwen Mining admitieron tener “buena relación” con los cárteles en Sinaloa, y que la Asociación de Ingenieros de Minas reconoció públicamente que “se pide permiso a la mafia para operar”. La minería dejó de ser solo un sector económico: se convirtió en un espacio de gobernanza criminal.
III. La infraestructura estratégica en manos extranjeras
Mientras el territorio minero se entregaba sin control, otro proceso avanzaba en paralelo: la privatización y extranjerización de la infraestructura estratégica del país.
Los aeropuertos mexicanos —GAP, OMA y ASUR— quedaron bajo control técnico y operativo de empresas europeas:
• GAP depende de AENA (España).
• OMA está controlado por VINCI Airports (Francia).
• ASUR opera con Flughafen Zürich AG (Suiza).
Esto significa que el administrador del aeropuerto de Tijuana se nombra en Madrid, el de Monterrey en París y el de Cancún en Zúrich. La infraestructura aeroportuaria, esencial para la seguridad nacional, la movilidad y la vigilancia, quedó subordinada a intereses corporativos extranjeros.
En los puertos del Pacífico ocurrió algo similar. Hutchison Ports, propiedad del magnate hongkonés Li Ka Shing, controla puertos estratégicos como Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En este último caso, la privatización se realizó mediante una licitación simulada: la empresa mexicana que ganó la concesión vendió el 51% de sus acciones a Hutchison apenas un mes después.
Cuando el Estado pierde control sobre sus fronteras, sus puertos y sus aeropuertos, pierde también la capacidad de regular flujos de mercancías, personas y capitales. En ese vacío, los grupos criminales encuentran rutas, espacios y oportunidades.
IV. El huachicol fiscal: la nueva fuente de financiamiento criminal
A partir de 2018, mientras el discurso oficial hablaba de combatir el robo de combustible, emergió un fenómeno paralelo y más rentable: el huachicol fiscal.
Este mecanismo —documentado por el SAT, la UIF y diversas investigaciones periodísticas— consiste en la importación simulada de combustibles, la falsificación de pedimentos, la triangulación de empresas fachada y la venta de gasolina y diésel sin pagar impuestos.
El huachicol fiscal no requiere perforar ductos: requiere redes de corrupción en aduanas, puertos, SAT, Pemex y gobiernos estatales.
Durante los gobiernos de Morena, este esquema se expandió notablemente:
• Se detectaron miles de millones de pesos en operaciones irregulares.
• Aduanas estratégicas fueron señaladas por autoridades estadounidenses como puntos críticos de contrabando fiscal.
• Empresas vinculadas a operadores políticos locales fueron investigadas por la UIF.
El huachicol fiscal se convirtió en una fuente de financiamiento criminal más estable, menos riesgosa y más lucrativa que el robo físico de combustible.
V. La producción de fentanilo y los vínculos institucionales
Durante los gobiernos de Morena, México se consolidó como productor y ensamblador de fentanilo y precursores sintéticos, según informes públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la DEA y la propia Secretaría de Marina.
Lo relevante no es solo el crecimiento de la producción, sino la evidencia de vínculos institucionales:
• Investigaciones judiciales en Estados Unidos han señalado a gobiernos estatales por proteger laboratorios y corredores logísticos.
• La Marina ha sido mencionada en reportes estadounidenses por posibles colusiones locales en puertos donde ingresan precursores químicos.
• En Sinaloa, Sonora, Baja California y Guerrero, autoridades municipales han sido detenidas o investigadas por brindar protección a laboratorios clandestinos.
La producción de fentanilo creció en un país donde los puertos están privatizados, las aduanas son vulnerables y los gobiernos estatales están capturados.
VI. La convergencia: el nuevo orden criminal
La violencia en México no es un fenómeno espontáneo ni exclusivamente criminal. Es el resultado de una arquitectura política y económica que debilitó deliberadamente al Estado y fortaleció a actores privados —legales e ilegales— que hoy disputan el control del territorio.
La convergencia de los procesos descritos produjo un ecosistema donde:
• El Estado dejó de ser el regulador del territorio.
• Las corporaciones extranjeras controlan infraestructura crítica.
• Los grupos criminales controlan zonas mineras, rutas y poblaciones.
• El huachicol fiscal financia redes criminales con protección institucional.
• La producción de fentanilo se expande con complicidades locales.
• La fiscalidad nacional fue erosionada por tratados internacionales.
• La soberanía se fragmentó en múltiples manos.
VII. El silencio frente al Convenio México–Canadá: la soberanía condicionada
El Convenio México–Canadá para evitar la doble tributación sigue plenamente vigente. Este tratado permite que las empresas mineras canadienses declaren sus utilidades en Canadá, no en México.
Lo sorprendente no es que los gobiernos neoliberales lo hayan firmado. Lo verdaderamente revelador es que los gobiernos de Morena —que presumen soberanía— hayan guardado silencio absoluto frente a un acuerdo que lastima las finanzas nacionales.
Ese silencio tiene explicaciones estructurales:
1. El tratado sigue vigente y reconocido por el Estado mexicano.
2. Renegociarlo implicaría costos diplomáticos y comerciales.
3. El sector minero canadiense tiene un poder político y jurídico enorme.
4. El discurso soberanista tiene límites cuando se trata de compromisos internacionales heredados.
5. Es un tema técnico, poco visible y sin rédito político inmediato.
El silencio no es casual: es estructural.
Es el reconocimiento implícito de que la soberanía mexicana está condicionada por compromisos internacionales que ningún gobierno ha querido —o podido— desmontar.
VIII. Conclusión: recuperar el Estado para recuperar el país
La violencia en México no es solo criminal: es estructural.
Surge de un modelo que debilitó al Estado, fragmentó el territorio y transfirió poder a corporaciones extranjeras, tratados fiscales lesivos, infraestructura privatizada y grupos criminales que gobiernan donde el Estado ya no está.
Si México quiere recuperar su futuro, debe emprender acciones inmediatas:
1. Renegociar o denunciar el Convenio México–Canadá.
La soberanía fiscal es irrenunciable.
2. Auditar y revisar todas las concesiones mineras desde 2000.
La minería debe operar bajo reglas mexicanas.
3. Recuperar la rectoría de puertos y aeropuertos.
La infraestructura estratégica no puede estar en manos ajenas.
4. Desmantelar el huachicol fiscal.
El drenaje fiscal debe cerrarse desde aduanas y puertos.
5. Regular la cadena de precursores químicos.
Sin control logístico, no habrá control criminal.
6. Reconstruir el Estado territorial.
El territorio se recupera con Estado, no solo con militares.
7. Crear una política de soberanía económica del siglo XXI.
La soberanía no se declama: se diseña institucionalmente.
La tormenta perfecta
México vive una tormenta perfecta construida durante décadas.
Pero ningún país está condenado a su historia.
La soberanía no se presume: se ejerce.
El territorio no se describe: se gobierna.
La violencia no se lamenta: se enfrenta con Estado, no con simulación.
Recuperar a México exige recuperar primero la capacidad del Estado para decidir sobre su riqueza, su territorio y su destino.
Todo lo demás es ruido.
