11/05/2026
¿Por qué es importante hablar de la campaña de desprestigio, asedio y violencia contra la Fundación Yansa A. C.?
Porque cuando se normaliza la mentira, la intimidación y la fabricación de enemigos públicos, no solo se pone en riesgo a una persona o a una organización: se pone en riesgo el derecho de las comunidades a defender su territorio y su dignidad.
Lo ocurrido en los meses pasados pero sobre todo en las últimassemanas no puede verse como hechos aislados.
Primero vino la campaña de difamación en medios digitales contra el director de la Fundación Yansa. Después, amenazas de muerte en redes sociales. Más tarde, el ofrecimiento de pagos para manifestarse contra Sergio Oceransky y la Fundación Yansa, utilizando perfiles falsos en grupos de Facebook donde posteriormente se coordinaban acciones vía WhatsApp. Existen evidencias y documentación de pagos realizados para estas acciones.
Posteriormente aparecieron manifestaciones en el juzgado de Progreso encabezadas por personas desconocidas para las propias comunidades, ocultando sus rostros y utilizando mantas y formatos ya vistos anteriormente en otras simulaciones. El mismo discurso repetido: acusar falsamente. Incluso el ejido de Ixil ya había salido públicamente a deslindarse de esas acusaciones contra el director de la Fundación Yansa.
Resulta profundamente preocupante que estas acciones hayan sido acompañadas por contrataciones de medios de comunicación para amplificar una narrativa de odio y desinformación.
En este contexto, el cronista de la ciudad de Mérida Gonzalo Navarrete difundió un video con información falsa, asegurando entre otras cosas que Sergio Oceransky había sido vinculado a proceso el 6 de mayo, algo que simplemente no ocurrió. La narrativa utilizada no solo busca desacreditar personas, sino justificar agresiones contra comunidades mayas de Yucatán y contra quienes acompañan la defensa de derechos humanos y ambientales.
La pregunta es inevitable: ¿la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada considera aceptable que una persona con el nombramiento de cronista de la capital yucateca utilice su voz institucional para mentir, discriminar y construir enemigos públicos al servicio de intereses particulares?
Hasta ahora, no ha existido un pronunciamiento claro por parte del Ayuntamiento de Mérida respecto al uso de discursos discriminatorios y falsos contra comunidades indígenas, activistas y defensores del territorio.
A esto se suma un hecho sumamente grave: al concluir la audiencia en el juzgado, derivada de acciones legales interpuestas por las familias Abimerhi y Millet contra integrantes de comunidades y contra Sergio Oceransky, miembros de la comunidad y del equipo fueron perseguidos por una camioneta sin placas, mientras elementos de la SSP no realizaron acciones para detener o identificar a quienes los seguían.
Cuando el poder económico, político y mediático se utiliza para intimidar, fabricar narrativas y criminalizar a quienes defienden derechos humanos, el silencio institucional también se convierte en una forma de complicidad.
Hablar de esto es importante porque las comunidades mayas no deberían enfrentar campañas de odio por defender su territorio. Porque defender derechos humanos no debería implicar persecución. Porque la mentira organizada y la violencia no pueden convertirse en herramientas normales para proteger intereses de poder.
Por último hablemos del intento reiterado de “Vincularlo a proceso” tanto en JALISCO, como ahora en YUCATÁN para dar la imagen de que es un criminal y no un defensor, por eso utilizan medios de comunicación contratados o creados para difundir información que criminaliza a defensores de derechos humanos y del territorio.
Por eso y más ¡Basta de utilizar el sistema penal y a medios de comunicación para dañar la imagen de activistas y defensores!
Pedimos estar atentos a lo que acontezca mañana en el juicio programado a las 8am.
Fiscalía General del Estado de Yucatán
Tu Jueza Suemy Lizama
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