18/10/2026
El magisterio está agotado. Y también desencantado de una autoridad que habla de dignificar al maestro mientras encuentra nuevas maneras de cargarle sus propias obligaciones.
Falta personal de salud: que se capacite el docente. Faltan servicios de atención psicológica: que detecte, intervenga y dé seguimiento. Se exige inclusión, pero sin garantizar especialistas, materiales ni condiciones suficientes: que el maestro encuentre cómo.
Todo se exige. Poco se proporciona. Y cuando algo falla, se busca al responsable dentro de la escuela.
Bajo el pretexto de una manoseada “autonomía de gestión”, la autoridad descarga cada vez más responsabilidades: muchos “qué”, ningún “cómo” y, peor todavía, ningún “con qué”. Después pide resultados, reportes y evidencias. Hasta la falta de recursos termina convertida en una prueba de la capacidad del docente.
Así, la autonomía se vuelve una coartada para dejar sola a la escuela. Se espera que el personal consiga, gestione, adapte, resuelva y hasta pague lo que la autoridad no garantiza.
La propia Ley General de Educación, en su artículo 90, fracción V, establece que debe priorizarse la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos sobre la carga administrativa. Ese mandato se vacía de sentido cuando se acumulan tareas ajenas a la enseñanza, disfrazadas de “necesidades escolares”, que consumen el tiempo y las fuerzas del profesorado.
La inclusión merece algo mejor que esa simulación. Inscribir a un alumno que necesita apoyos específicos y dejarlo en un aula sin las condiciones para atenderlo puede convertirse en abandono institucional. Él tiene derecho a aprender, participar y estar seguro; sus compañeros también. Y el docente tiene derecho a contar con respaldo para hacer bien su trabajo.
Una capacitación no sustituye al personal de salud. Un programa de emociones no sustituye la atención psicológica ni garantiza seguridad. La buena voluntad tampoco produce especialistas, materiales o tiempo donde no los hay.
El cansancio viene de preparar clases y descubrir que la enseñanza vuelve a quedar relegada por otra campaña, otro registro, otra urgencia. De pedir ayuda y recibir un formato. De informar un problema y recibir otra responsabilidad. De saber que, si ocurre una tragedia, alguien preguntará por qué el maestro no hizo más.
Muchos siguen sosteniendo sus escuelas a costa de su descanso, su bolsillo y su salud emocional. Pero también se está agotando la confianza: cuesta creer en discursos de revalorización cuando la experiencia diaria es de sobrecarga y desprotección.
La autoridad debe responder por lo que exige y por lo que deja de proporcionar. Debe poner personal, presupuesto, condiciones y soluciones.
La vocación docente no es una autorización para abusar del maestro. Y la autonomía de gestión no puede seguir siendo el nombre elegante del abandono.
Y si a todo lo anterior le sumamos los incumplimientos de pago acumulados cada vez resulta más difícil encontrar la motivación correcta para seguir haciendo nuestro trabajo.
Prof. Roberto Bobadilla