04/08/2026
Cuando se es Juez y parte, es una conducta en la que un progenitor se rige y decide por sí mismo limitar o impedir el contacto, inicia o multiplica procedimientos legales para obtener ventajas procesales o de hecho, y lo hace sin una sentencia o medida cautelar que lo justifique.
Se impide reiteradamente el contacto, obstaculiza las medidas de acercamiento, construye una imagen exclusivamente negativa del otro progenitor ante el niño y terceros que deriva en procesos administrativos o judiciales para prolongar la separación.
Esta conducta es:
• Justificada: existe riesgo real y acreditado para el menor (violencia, abuso, negligencia grave). En esos casos, el ordenamiento prevé medidas cautelares o suspensión temporal del régimen, siempre bajo control judicial y con el interés superior del menor como eje.
• Injustificada y dolosa: se actúa sin orden judicial previa, se instrumentalizan denuncias, incidentes o nuevos procesos para generar dilaciones, desgastar económicamente al otro progenitor o consolidar el dolo.
El progenitor que “juega a ser juez y parte” suele:
• Impedir el cumplimiento de un régimen provisional o de un acuerdo previo mientras inicia un procedimiento principal (divorcio, guarda y custodia, modificación de medidas).
• Presentar denuncias o solicitudes reiteradas (a veces infundadas o exageradas) que generan medidas cautelares temporales o simplemente dilatan la resolución.
• Utilizar el propio proceso como medio de presión: “mientras no haya sentencia firme, no entrego al niño”.
• Convertir cada incumplimiento en un nuevo incidente procesal, saturando al otro progenitor y al juzgado.
Esto genera un círculo vicioso, el tiempo juega a favor de quien retiene al menor. El vínculo se debilita, el niño puede desarrollar rechazo (por lealtad conflictiva o por manipulación), y el progenitor obstruido queda en desventaja probatoria.
Cuando un progenitor obstruye las convivencias de manera injustificada, sin respaldo judicial y utilizando el proceso legal como instrumento de ventaja, no está ejerciendo un derecho parental sino abusando de él y del sistema. El interés superior del menor no se satisface con la unilateralidad de uno de los adultos, sino con la preservación, en la medida de lo posible y segura, de los vínculos con ambos.
El dolo en el uso del sistema judicial agrava la conducta porque convierte a la propia administración de justicia en cómplice involuntario de la vulneración de derechos, aunado a los sesgos en la impartición de justicia.
Esta conducta también puede derivar en sanciones penales y dar pie a un cambio de guarda y custodia entre otras medidas.