03/09/2026
La inclusión educativa también debe estar en nuestra Constitución.
En Nuevo León ya se han dado pasos importantes, recientemente se reformó la Ley de Educación del Estado para fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y personas neurodivergentes; y eso, sin duda, representa un avance.
Pero una ley y la Constitución no son lo mismo.
La Constitución es la norma fundamental del Estado, es la que establece los derechos y principios que deben respetar todas las autoridades, y a partir de ella deben desarrollarse e interpretarse las demás leyes, reglamentos y políticas públicas.
Por eso, desde LUCA y las organizaciones que acompañan esta iniciativa, proponemos dar un paso más: que el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de excelencia para las personas con discapacidad y neurodivergentes quede reconocido expresamente desde el artículo 33 de la Constitución de Nuevo León.
¿Para qué llevarlo hasta la Constitución?
Para que la inclusión educativa no dependa solamente de lo que establezca una ley secundaria, sino que se convierta en un mandato constitucional para el Estado, protegiendo todo el trayecto educativo: acceso, permanencia, participación, aprendizaje, acreditación, certificación y conclusión de estudios.
Y además, para dejar claro que incluir no significa únicamente permitir que una persona entre a una escuela, significa eliminar las barreras que le impiden aprender, participar y avanzar en igualdad de condiciones, mediante accesibilidad, ajustes razonables, comunicación accesible y los apoyos que cada persona necesite.
La Ley de Educación avanzó, ahora proponemos que la Constitución también lo diga.
Porque cuando un derecho llega a la Constitución, deja de ser solamente una política educativa: se convierte en una obligación fundamental del Estado.
Que la educación se adapte a las personas, y no que las personas tengan que luchar para caber en ella.