13/02/2026
De cuando la República traicionó a los indígenas
(A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar)
Por Jaime Cleofas Martínez Veloz
Treinta años después, uno vuelve a aquel 16 de febrero de 1996 como quien regresa a un claro en la selva donde alguna vez ardió una fogata. El humo ya no está, pero el olor persiste. Y si uno afina el oído, todavía escucha el murmullo de los que hablaron entonces: los que venían del monte con la palabra como única arma, y los que venían del poder con la palabra como único disfraz.
Ese día se firmó el primer acuerdo entre el EZLN y el gobierno federal sobre derechos y cultura indígenas. Era el primer punto de una agenda larga, como los caminos de Chiapas cuando llueve. Faltaban cinco más. Pero ese primer acuerdo tenía algo de amanecer: la sensación de que, por un instante, la República había recordado que nació indígena.
Llegar ahí no fue sencillo. El camino estaba lleno de trampas, de silencios que pesaban más que los discursos, de manos que estrechaban mientras escondían la daga. Pero también estaba lleno de dignidad. Y eso, en tiempos de simulación, ya era un milagro.
La Ley para el Diálogo, aprobada por unanimidad en 1995, fue la brújula. Todas las fuerzas políticas, todos los colores, todas las instituciones dijeron “sí”. Y uno, ingenuo pero no tonto, creyó que la palabra empeñada por la República valía algo. Hoy sabemos que valía lo que valen las promesas cuando se pronuncian desde el mármol: mucho eco, poca raíz.
En noviembre de 1996, la COCOPA —esa rara avis donde convivían Heberto, don Luis, Pablo, Narro, Elizondo, Guerra, Roque, y tantos otros— se reunió en San Cristóbal para redactar la iniciativa de reformas constitucionales. El hotel Flamboyant fue nuestro cuartel. Afuera, la neblina. Adentro, la esperanza.
La discusión fue intensa, pero fértil. Como la tierra negra de los Altos: dura, pero generosa.
El primer tema —Derechos y Cultura Indígenas— se discutió durante meses. Se firmó. Se celebró. Se creyó. Pero cuando tocó hablar de Democracia y Justicia, el gobierno decidió que ya había hablado demasiado. La delegación oficial guardó silencio. Un silencio de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de desprecio.
Mientras tanto, en los pasillos de Gobernación, se negociaba una reforma electoral sin indígenas. Como si el país pudiera seguir partiéndose sin que la grieta llegara al centro.
La COCOPA, ante la traición que ya asomaba, decidió elaborar una iniciativa basada estrictamente en lo pactado. Nada más. Nada menos. Don Luis y Heberto llamaron a Marcos y a Chuayffet. Ambos aceptaron. Y nos pusimos a escribir lo que ya estaba escrito en la palabra empeñada.
El EZLN respondió con aceptación. Marcos incluso dijo que la paz podía firmarse en el primer trimestre de 1997.
La paz, ahí nomás, detrás de la siguiente curva del camino.
Pero en esa curva estaba Zedillo.
Cuando presentamos la iniciativa, Chuayffet intentó disfrazarse de jurista. Zedillo lo desnudó:
“No estoy de acuerdo y punto.”
Así, sin poesía, sin vergüenza, sin país.
Lo que siguió fue una ofensiva de tinta y saliva: articulistas, empresarios, constitucionalistas de ocasión, todos repitiendo el catecismo presidencial. Nos acusaron de balcanizar al país, de traicionar al PRI, de ignorantes. Nadie —ni uno solo— pudo demostrar que la iniciativa decía algo distinto a lo pactado. Porque no lo decía.
Pero la verdad, cuando incomoda, suele ser la primera víctima.
Las presiones se multiplicaron. A los panistas los cercaron. A Pablo y a mí nos mandaban recados desde Los Pinos para que nos retiráramos. “Razones de Estado”, decían. Como si la dignidad fuera un mueble que se puede mover de lugar.
Aun así, sostuvimos la iniciativa dentro del proceso de negociación. Resistimos. A veces, resistir es la única forma de avanzar.
En 1998, Zedillo envió una iniciativa indígena que no tenía nada que ver con San Andrés. Era una cortina de humo para esconder la Ley del Rescate Bancario. El país pagó esa factura. Todavía la paga.
En el año 2000, Fox prometió cumplir los Acuerdos. Ya en la Presidencia, los turnó al Senado sin operación política. Puro espectáculo. Puro humo. La derecha —la de siempre, la de todos los colores— se encargó de dinamitarlo todo.
La caravana zapatista recorrió el país. Las plazas se llenaron. El país vibró. Pero en el Congreso, la sordera fue más fuerte que el clamor. Ganamos por 10 votos el derecho de que los indígenas hablaran en tribuna. Pero en el Senado, el dictamen final tiró a la basura años de trabajo, esperanza y dignidad.
La ley aprobada en 2001 no tiene nada que ver con San Andrés. No la aceptó el EZLN. No la aceptó ningún pueblo indígena. No sirvió para la paz. Fue, simplemente, una traición.
Treinta años después, la selva sigue hablando.
Y la República sigue sin escuchar.
Sí, hay avances normativos. Sí, hay declaraciones internacionales. Sí, hay discursos. Pero los datos del CONEVAL siguen diciendo lo mismo que gritó el EZLN en 1994:
la pobreza, la desigualdad y la discriminación siguen teniendo color de piel, lengua materna y geografía.
Treinta años después, el oro fluye, pero no para quienes viven sobre él.
Treinta años después, las fortunas crecen, pero no los derechos.
Treinta años después, la deuda social sigue intacta.
La apuesta de reducir la cuestión indígena a programas sociales fracasó.
No es un asunto de presupuesto.
Es un asunto de justicia.
De reconocimiento.
De país.
Los Acuerdos de San Andrés siguen ahí, como una puerta que nadie se atreve a abrir porque detrás está el país que podríamos ser.
Treinta años después, la historia sigue llamando.
Y la selva, paciente, sigue esperando.