16/07/2026
▪️Ambientalistas desmienten que ya exista una opinión positiva, como señaló la gobernadora Indira Vizcaíno en su conferencia matutina del viernes 10 de julio. El plazo legal máximo para emitir el resolutivo final es a mediados de agosto o hasta noviembre 2026 si hay una prórroga
William Valdez Verduzco
El megaproyecto de ampliación del puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, todavía se encuentra en proceso de análisis técnico por parte de la autoridad ambiental federal, resaltaron públicamente este sábado 11 de julio, agrupaciones ambientalistas aglutinadas en el Movimiento Salvemos Cuyutlán, aclarando que no existe aún una resolución definitiva emitida por la Semarnat.
Lo anterior, luego de que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, en su conferencia matutina del viernes 10 de julio, a pregunta expresa del periodista Edgar Cázares sobre sus impresiones acerca del proyecto portuario y particularmente sobre las manifestaciones, declaró: “Es un tema que ha estado mucho en boca de todas y de todos, porque se acaba de concluir esta parte del proceso de la consulta pública, que al final emite la opinión positiva para la ampliación del puerto de Manzanillo”.
La dictaminación federal no tiene una fecha fija en el calendario, ya que los tiempos legales están sujetos al volumen de información que deba analizar la autoridad y a posibles prórrogas.
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los lineamientos de la Semarnat, el plazo legal máximo para emitir el resolutivo final oscila entre mediados de agosto y principios de noviembre 2026.
Por ley, la Semarnat dispone de un plazo máximo de 60 días hábiles para evaluar y resolver una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), contados a partir del reingreso formal del expediente el 8 de mayo de 2026. Descontando el periodo obligatorio de la consulta pública, que concluyó la recepción de propuestas ciudadanas el 9 de julio de 2026, y los días inhábiles, el plazo base de la dependencia federal concluiría a mediados de agosto 2026.
Debido a las dimensiones masivas del puerto y a que implica el desarrollo sobre un área de manglares de alto valor ambiental, existe la posibilidad de que la Semarnat aplique su derecho de excepción legal. La ley faculta a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) a ampliar el plazo por 60 días hábiles adicionales debido a la complejidad de la obra. Si la autoridad ejerce esta prórroga justificada, la resolución definitiva se postergaría hasta finales de octubre o principios de noviembre 2026.
Vizcaíno Silva declaró que “no debemos perder de vista que tenemos en la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo) una mujer profundamente comprometida, convencida del tema del cuidado del medioambiente y que eso justo es lo que llevó a poder hacer un replanteamiento de esta obra de ampliación del puerto, para garantizar que se salvaguardaran estos dos islotes que están en el centro del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán”.
Ante ello, el movimiento ambientalista afirmó que se ignora que la modificación del proyecto original sobre la no intervención en las Islas Cocodrilo I y II –islotes de 58 y 35 hectáreas–, fue resultado de la presión social por su valor ambiental y vestigios prehispánicos, y no una concesión voluntaria del gobierno. “Fue la gente organizada la que protegió las Islas Cocodrilo; intentan reescribir la historia para deslegitimar el poder de organización de la sociedad civil”.
Por otro lado, la mandataria estatal resaltó que “resulta evidente que el Vaso II está cada vez más azolvado y el solo proceso de dragado que se tiene que hacer para la ampliación, nos garantiza que siga manteniéndose. Hay que tener claro que hay un compromiso enorme, insisto, en que es el proyecto más importante en la historia de Colima en materia de conservación ambiental, aparejado del compromiso de la protección de más de 2 mil hectáreas, abarcando los vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán y alrededores”.
La agrupación de ambientalistas, que han manifestado reiteradamente su rechazo al proyecto, ponderó que “dragar un humedal es destruirlo, no protegerlo. Destruye el hábitat, afecta la vida acuática, altera el equilibrio natural, y remueve contaminantes y sedimentos tóxicos”.
Por último, la gobernadora indicó que es normal que haya inquietudes, “es normal que haya nerviosismo, que haya dudas, pero creo que el proceso se ha venido cuidando de tal forma en que se han venido resolviendo, aclarando y explicando. Nosotros nos vamos a mantener abiertos. Lo hemos hecho como gobierno del estado; lo hemos hecho de manera conjunta, porque al final, muchas de estas opiniones y demás recaen en Semarnat, pero ha habido una gran apertura por parte de la autoridad federal para que de manera conjunta podamos estar teniendo diálogo con pescadores, salineros, con toda la sociedad civil interesada, para dejar muy claro el proyecto y los alcances de la conservación, así como la importancia que para nosotros tiene el cuidar este proceso para que no se tengan afectaciones a estos sectores de la población”, puntualizó.
