21/08/2026
Exigimos actuación de autoridades ante violencia institucional contra mujeres e infancias en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Amy Tiscareño, Claudia Enríquez y Brissa Vargas quienes denunciaron haber enfrentado violencia de género, violencia vicaria, despojo y otras formas de violencia, así como omisiones de autoridades que, señalaron, han dificultado su acceso a la justicia y prolongado situaciones de vulnerabilidad para ellas y sus familias.
Durante la conferencia “Violencia Institucional y Retroceso Judicial: Mujeres e Infancias en Riesgo en Chihuahua”, realizada este jueves en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se expusieron sus casos y señalaron las fallas institucionales que han contribuido a mantenerlas en condiciones de desprotección.
Los testimonios apuntaron particularmente a la actuación de autoridades encargadas de procurar e impartir justicia. Entre los señalamientos se encuentra el incumplimiento de obligaciones por parte de la Fiscalía de las Mujeres, así como decisiones y omisiones que, denunciaron, han tenido consecuencias directas sobre las víctimas y sus hijas e hijos.
Las participantes advirtieron que la violencia institucional puede convertirse en un factor que reproduce y prolonga la violencia de género y la violencia vicaria, especialmente cuando las mujeres deben continuar enfrentando procesos judiciales, vínculos con sus agresores o disputas relacionadas con sus hijas e hijos sin contar con una protección efectiva.
Ante esta situación, las víctimas exigieron a las autoridades correspondientes actuar con debida diligencia, investigar las omisiones denunciadas, garantizar medidas efectivas de protección y asegurar procesos judiciales con perspectiva de género, derechos humanos y protección reforzada de niñas, niños y adolescentes.
La conferencia fue convocada por el Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos A.C. (ICIDHAC), organización que acompaña los casos. Participaron también Eduardo Antonio Sáenz, Visitador Titular de la CEDH en Ciudad Juárez, y Yair Hernández, Director Ejecutivo de Agenda, Promoción y Políticas Públicas del organismo.
Los testimonios de Emy Tiscareño, Claudia Enríquez y Brissa Vargas colocaron nuevamente en el debate público una pregunta central: ¿qué están haciendo las instituciones responsables para proteger a las mujeres que denuncian violencia y garantizar que el acceso a la justicia no se convierta en una nueva forma de revictimización?
