15/04/2026
Tesorero, es preocupante que se quiera justificar la falta de infraestructura peatonal adecuada con la supuesta resistencia de unos cuantos. La accesibilidad, el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad no se consultan: se garantizan.
El problema no es que la ciudadanía “no quiera cambiar”. El problema es que siguen faltando estudios técnicos, procesos participativos reales y una estrategia integral de movilidad para Atlixco.
El caso de Xalpatlaco es ejemplo de ello. La participación ciudadana no empieza cuando la obra ya arrancó, cuando la maquinaria ya llegó o cuando el conflicto ya escaló. La participación ciudadana verdadera sucede cuando el proyecto todavía está en papel: cuando existen planos preliminares, diagnósticos y distintas alternativas sobre la mesa.
Es en esa etapa donde la autoridad debe informar con claridad qué se propone, por qué se propone y qué beneficios traerá para la mayoría de la población. Es ahí donde se escuchan inquietudes vecinales, se detectan ajustes necesarios, se corrigen errores de diseño y se fortalece la propuesta con diálogo abierto.
Y si existe resistencia, la respuesta no debe ser frenar la transformación ni ceder al interés particular. La respuesta debe ser defender técnicamente las soluciones con evidencia: estudios de movilidad, análisis de seguridad vial, datos de siniestralidad, aforos peatonales y vehiculares, medición de velocidades, análisis de estacionamiento y evaluación de impactos sociales y económicos.
Cuando una intervención está bien sustentada, la autoridad tiene herramientas para explicar por qué una calle más segura beneficia más que unos cajones de estacionamiento, por qué un cruce accesible protege vidas o por qué reducir velocidades salva a niñas, niños, personas mayores y a toda la comunidad.
Además, no se trata solamente de ampliar banquetas. Reducir riesgos fatales en la calle exige intervenciones integrales: gestión de velocidad, cruces seguros, accesibilidad universal, iluminación, arbolado, visibilidad en esquinas, ordenamiento del estacionamiento, infraestructura ciclista y prioridad al transporte público.
Pero incluso en lo básico están quedando a deber. En distintas obras públicas donde se han intervenido banquetas, ni siquiera se consideran rampas accesibles, y cuando las colocan muchas veces están mal resueltas: pendientes inadecuadas, obstáculos, desniveles, mala alineación con el cruce o acabados que dificultan el paso. Es decir, ni lo poco que se puede hacer lo están haciendo bien.
La accesibilidad no es un adorno ni un detalle opcional. Es una obligación legal y una condición mínima para que una ciudad funcione para todas las personas.
La realidad es clara: en Atlixco gran parte de la población se mueve caminando y en transporte público. Muchísimas personas estudiantes también llegan a sus escuelas a pie. Por eso la seguridad vial no puede seguir viéndose como un tema secundario: es una obligación pública.
A nivel nacional, los hechos de tránsito se encuentran entre las principales causas de muerte de niñas, niños y adolescentes. Cada calle insegura, cada cruce mal resuelto y cada obra sin enfoque de seguridad vial tiene consecuencias reales.
Y algo más: Atlixco ya cuenta con un Programa Sectorial de Movilidad que, aunque necesita actualizarse, sigue siendo una referencia valiosa. Desde ahí ya se planteaba priorizar al peatón, mejorar banquetas, ordenar el espacio público y avanzar hacia una ciudad más incluyente. El diagnóstico existe desde hace años.
La pregunta es: ¿dónde está el plan de movilidad de esta administración? ¿Dónde están los proyectos integrales? ¿Dónde está la infraestructura ciclista que prometieron en campaña? Ni siquiera pueden instalar biciestacionamientos.
La transformación urbana no se logra culpando a la ciudadanía. Se logra con liderazgo, capacidad técnica, participación social y cumplimiento de la ley.
Cuando caminar sea seguro, el transporte público sea digno, existan rutas ciclistas útiles y las calles protejan la vida, entonces sí podremos hablar de verdadero progreso.
Y algo más: qué mal se ve querer echarle la culpa a la ciudadanía de algo que la propia autoridad no entiende y no sabe cómo hacer.
