07/07/2026
La perspectiva de género no sólo influye en la determinación de la responsabilidad del Estado; también transforma la forma de valorar los hechos, las pruebas y el alcance de la reparación. Ignorarla puede conducir a una indemnización insuficiente y a la perpetuación de desigualdades estructurales.
Identificación técnica del criterio: Órgano emisor: Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito | Época: Duodécima Época | Materia: Administrativa | Fuerza obligatoria: Tesis aislada | Registro digital: 2032302 | Tesis: I.20o.A.44 A (12a.).
Al cuantificar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, las autoridades deben incorporar la perspectiva de género, analizando cómo las condiciones y roles de género inciden en la percepción, valoración de los hechos, apreciación de las pruebas y determinación del daño.
El criterio reconoce que la reparación integral exige eliminar sesgos estructurales. La cuantificación del daño no puede construirse desde parámetros neutros cuando las desigualdades de género influyen directamente en la magnitud y consecuencias de la afectación.
La tesis establece el deber de aplicar perspectiva de género, pero no desarrolla parámetros objetivos para traducir ese análisis en criterios uniformes de cuantificación indemnizatoria, lo que puede generar soluciones dispares.
El criterio armoniza la responsabilidad patrimonial del Estado con los estándares constitucionales y convencionales sobre igualdad sustantiva, desplazando una visión exclusivamente patrimonial hacia una evaluación contextual del daño.
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales deberán justificar expresamente cómo incorporaron la perspectiva de género al valorar pruebas y fijar la indemnización. La omisión de ese análisis puede comprometer la validez de la decisión por insuficiente motivación.
La reparación integral exige reconocer que el daño no afecta por igual a todas las personas. La perspectiva de género deja de ser un criterio accesorio para convertirse en un parámetro indispensable de valoración probatoria, cuantificación del daño y tutela judicial efectiva.
