El ICCPG parte de un enfoque de política criminal democrática respetuosa de los derechos humanos, con una estrategia de intervención diversificada que incorpora a diferentes actores sociales, en especial a funcionarios de justicia y sectores sociales, haciendo propuestas de solución frente a problemas de la justicia penal y seguridad que afronta Guatemala. La labor del ICCPG se orienta a presentar
una perspectiva integral de la justicia para lograr una acertada intervención y para que se produzcan transformaciones en tres ámbitos:
a) Jurídico: el cambio normativo o de leyes, adecuadas al nuevo modelo de Estado, en especial, las leyes contenidas en los Acuerdos de Paz;
b) Orgánico-estructural: el cambio de procesos organizacionales y de funcionarios;
c) Cultural: la creación de una nueva cultura de funcionamiento en las agencias del sistema penal, conforme a los derechos humanos y acorde con los postulados de una política criminal democrática, que consideren los principios del derecho indígena y la perspectiva de género, que orienten el quehacer cotidiano de los funcionarios de justicia, internamente, como entre los distintos sectores de la población.
