El Foro Guatemala es un espacio de naturaleza política, instalado en agosto 2001, en el que confluyen instituciones y organizaciones de diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Twitter: https://twitter.com/foro_gt
Principios
Alcanzar un estadio de las relaciones sociales y políticas de la sociedad guatemalteca, en el que primen la convivencia social y pacífica y la observancia de valores
que fomenten el respeto, la concordia, la equidad y el buen entendimiento entre todos los sectores nacionales. Asumir, con plena responsabilidad, el conjunto de deberes y obligaciones que cada sector comprometido en este esfuerzo proactivo tiene ante la sociedad y el país, y luchar por la plena vigencia de los derechos y libertades inherentes al ser humano, cuyo goce irrestricto está garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho interno y las normas internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala. Trabajar en el rescate de la credibilidad y la confianza, las relaciones francas y transparentes, tanto entre los diferentes sectores de la sociedad como en el Estado y sus instituciones, a efecto de crear ambientes propicios para el diálogo y la erradicación de relaciones definidas por la violencia y la confrontación. Objetivos
Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad del país. Coadyuvar a la plena vigencia del Estado de Derecho. Fomentar el diálogo con el Estado y sus instituciones en aras de asegurar la continuidad del proceso de paz y de democratización. Trabajar en el establecimiento de mecanismos y procedimientos de incidencia ciudadana que aseguren la participación efectiva, en especial la consecución de niveles aceptables de transparencia, probidad y pertinencia en el manejo de los asuntos de la administración pública. Los integrantes del Foro Guatemala, que representan a instituciones y organizaciones de la sociedad guatemalteca comprometidas con los objetivos y principios mencionados, trabajan con apego a reglas mínimas y respeto mutuo, actitudes francas y transparentes, sin agendas ocultas y con el fin esencial de contribuir al encauzamiento del país por la senda del desarrollo, la democracia y la legalidad. Ejes temáticos
Estado de Derecho. Impulsar todas las acciones políticas y jurídicas necesarias para velar por la vigencia del principio de legalidad, el respeto del orden constitucional, la aplicación del derecho interno, así como la observancia de las normas del derecho internacional ratificadas por el Estado de Guatemala y el impulso de aquellas que aún no han sido aprobadas y ratificadas. Sistema de administración de justicia. Acciones en materia de lucha contra la impunidad, acceso a la justicia, modernización y democratización de las instituciones del sector justicia, coordinación interinstitucional, lucha contra la corrupción en el sector, defensa de la independencia y la autonomía, y adecuada programación del presupuesto sectorial. Transparencia y publicidad en la elección de autoridades. Proponer perfiles, mecanismos y procedimientos que garanticen la transparencia y la publicidad, así como la participación ciudadana, en la elección de las siguientes autoridades: magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Contralor General de Cuentas y Procurador de los Derechos Humanos. Régimen electoral y de partidos políticos. Incidir en el contenido de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como impulsar la modernización y democratización, en general, del sistema de partidos políticos. Estudiar el impulso de otras formas de participación, en especial en el ámbito de los distritos políticos, la apertura de espacios para las mujeres y los pueblos indígenas, la fiscalización del financiamiento y el gasto de la deuda política, presionar por el cumplimiento de la obligación de las organizaciones partidarias en materia de formación política de los ciudadanos y la presentación formal de planes de gobierno. Fortalecimiento institucional. Acciones jurídicas y políticas orientadas a fomentar el fortalecimiento de las instituciones del Estado, con el propósito de que estas ejerciten adecuadamente sus funciones en materia de control democrático, en especial, aquellos controles del tipo jurídico, constitucional, político, parlamentario, social y financiero. Proponer medidas que ayuden a rechazar el acecho que los poderes criminales desatan contra las instituciones. Transparencia en la programación del gasto público. Acciones orientadas a definir características de legalidad, conveniencia y pertinencia en la programación del gasto público, mejoras en la recaudación fiscal, establecimiento de mecanismos de transparencia y publicidad que garanticen el acceso a la información por parte de la ciudadanía, así como el establecimiento de prioridades acordes a las necesidades sociales más ingentes. Combate a la corrupción. Exigir el combate de la corrupción que no se limite únicamente a la destitución o desplazamiento de los funcionarios que incurran en acciones ilícitas, sino también haya una evidente voluntad política para someter a los responsables de la jurisdicción de los tribunales y que sea ese el espacio idóneo para el esclarecimiento de su situación jurídica. Asimismo, la exigencia debe incluir la ejecución de disposiciones de carácter estructural que aseguren el combate sostenido de este mal. Seguridad ciudadana. Acciones orientadas a exigir el cumplimiento del mandato constitucional que obliga al Estado a proveer seguridad a la población, así como a proteger su vida e integridad física. Así también, debe impulsarse una política democrática en materia criminal, que defina procedimientos, mecanismos y formas que utilizarán el Estado y la sociedad para prevenir, tratar y combatir el crimen y al criminal. Derechos humanos. Establecimiento de políticas de carácter institucional orientadas a fortalecer la defensa y protección de los derechos y libertades inherentes al ser humano, así como medidas de carácter estructural que impidan el retorno de las prácticas pasadas de violación sistemática de los derechos humanos.
