10/08/2026
𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗣𝗣-𝗩𝗢𝗫
La violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, por el simple hecho de serlo, es decir, la violencia patriarcal, está centrada básica y casi exclusivamente en los as*****tos, pero hay otras muchas formas de violencia, entre ellas la violencia institucional.
Poco se habla de esas otras formas que pueden convertir la vida de las mujeres en un in****no y, por supuesto, poco o nada de la violencia que se ejerce desde las instituciones públicas.
La violencia institucional es la violencia que sufrimos las mujeres por parte de los distintos poderes del Estado. Ésta se da en distintos ámbitos, como, por ejemplo, en los juzgados, comisarías y en los servicios administrativos.
Si nos centramos en lo más “doloroso” de la violencia patriarcal, en los as*****tos, en España, oficialmente han sido asesinadas en lo que va de año, 36 mujeres, desgraciadamente sabemos que son más, que no encajan en las estadísticas. Andalucía se sitúa por encima de la media nacional en tasa de as*****tos desde 2003, con una media de 80,7 casos por millón de mujeres frente al 67,1 del conjunto de España. Así lo recoge el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial de abril de este año.
Normalmente, en cada as*****to se rinde cuentas de cuántas mujeres han interpuesto denuncias, poniendo mucho hincapié en si la mujer asesinada lo había hecho o no, haciendo recaer indirectamente la responsabilidad en la víctima en el caso de no haber denunciado.
Si los motivos se nos acumulan para quejarnos de la falta de intervención, de prevención, de campañas, … de los gobiernos llamados progresistas, el auge de la derecha nos deja a las mujeres en la auténtica deriva.
Los gobiernos autonómicos de PP-VOX están instalando una impronta fascista en una sociedad cada vez más derechizada, ante lo cual, o reaccionamos ya, o cuando nos demos cuenta, la sociedad habrá asimilado no sólo la “prioridad nacional”, sino también la institucionalización de la “prioridad patriarcal”.
En Andalucía, no sólo se encomienda la competencia sobre violencia contra las mujeres en órganos administrativos con una misión meramente asistencial (en honor a la verdad, esto ya viene de antes), sino también y, fundamentalmente, en el ámbito de la justicia, se deja en manos de quienes niegan la propia existencia de la violencia de género.
Negar que las mujeres sufrimos violencia por parte de los hombres por el sólo hecho de ser mujeres, es negar conscientemente la realidad. Esta postura es contraria a Constitución española y, si bien, ésta permite la libertad de expresión, lo que no permite es que los poderes públicos puedan intervenir de forma contraria a lo que ella establece. Así pues, estamos todas habilitadas para fiscalizar y actuar en consecuencia contra los actos que se opongan a la Constitución y las demás leyes. Es decir, estamos sobradamente legitimadas para intervenir contra la violencia institucional.
Además, desde un punto de vista político, significa una regresión de tal magnitud, que pone aún en mayor peligro la vida de muchas mujeres y condena a más a seguir viviendo en un entorno de violencia extrema. Si la coordinación de las medidas judiciales de prevención y protección (como, por ejemplo, una orden de alejamiento) no se lleva a cabo con rapidez y diligencia, significa que las mujeres quedan absolutamente desprotegidas frente a sus agresores y frente a la Administración.
El hecho de que el sonriente Juanma no haya puesto una línea roja en este tema, significa que, para el PP, como las mujeres no les importamos nada, somos una mera moneda de cambio.
Plataforma 8 de marzo
Sevilla, agosto de 2026
