03/06/2026
Abril de 2023. Parlamento Europeo
En aquella intervención, Samuel Vázquez defendió entre otras cosas, una tesis que entonces resultaba incómoda en el consenso político dominante: la necesidad de asumir que la política migratoria europea no podía seguir sustentándose en declaraciones de principios desconectadas de sus efectos reales.
La propuesta —centros de retorno en terceros países, cooperación operativa con Estados de origen y tránsito, y desactivación del modelo de negocio de las mafias— se enmarcaba en un enfoque estrictamente funcional: reducir incentivos a la migración irregular y, con ello, disminuir también su coste humano.
Tres años después, la Unión Europea ha asumido ese mismo marco conceptual al aprobar la creación de centros de retorno fuera de su territorio y reforzar el sistema de expulsiones.
No se trata ya de un giro retórico, sino de una corrección normativa de calado: la constatación de que el régimen anterior era insuficiente para gestionar un fenómeno estructural que desborda a los instrumentos clásicos del asilo y el retorno.
El resultado de esa inercia ha sido conocido: miles de mu***os en el Mediterráneo, una presión sostenida sobre determinados territorios de frontera y la consolidación de redes criminales como actores centrales del proceso migratorio.
El tiempo, en política, no suele ser neutral: acaba confirmando diagnósticos o exhibiendo sus errores.
En este caso, ha terminado haciendo ambas cosas a la vez.
