19/10/2026
La Junta de Andalucía nos exige un documento que ella misma lleva más de diez meses sin actualizar.
Y no, no es ninguna broma.
Hoy queremos denunciar una situación inadmisible que muchas familias vivimos con desesperación y absoluta impotencia.
Alba tiene reconocida una dependencia de Grado III. El máximo.
Su resolución tenía que revisarse en enero de este año.
Estamos en octubre.
Hoy, diez meses y medio después, hemos pasado finalmente la revisión. Y solo ha ocurrido porque hemos reclamado insistentemente.
Pero la contradicción más indignante viene ahora.
Hemos solicitado una ayuda para comprar material de apoyo que Alba necesita.
¿Y sabéis qué documento nos exigen para poder tramitarla?
La resolución actualizada de su grado de dependencia.
Sí. La misma resolución que la propia Junta de Andalucía ha tardado más de diez meses en revisar y que todavía no ha actualizado.
La Administración incumple sus propios plazos y, después, nos exige un documento que no podemos aportar porque depende exclusivamente de ella.
Esto no es solo una demora administrativa. Es un bloqueo.
Nos obligan a esperar durante meses para que cumplan con su responsabilidad y, al mismo tiempo, utilizan esa falta de actualización como motivo para impedirnos acceder a una ayuda que necesitamos.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos?
¿Esperamos otros diez meses?
¿Renunciamos a la ayuda?
¿Compramos el material de nuestro bolsillo?
¿Quién asume las consecuencias de estos retrasos?
Porque detrás de cada expediente hay una persona. Y detrás de cada retraso hay una familia que sigue necesitando apoyos, cuidados y soluciones reales.
Cada vez pagamos más impuestos. Cada vez escuchamos más discursos sobre derechos, inclusión y protección social.
Pero cuando llega el momento de ejercer esos derechos, demasiadas familias nos encontramos con una burocracia que no protege, no acompaña y no resuelve. Una burocracia que nos obliga a luchar contra la misma Administración que debería garantizar nuestros derechos.
No estamos pidiendo ningún favor.
Estamos exigiendo que la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones.
Y exigimos también que no nos reclame documentos que no podemos obtener porque es la propia Administración quien no los actualiza a tiempo.
No se puede castigar a las familias por los retrasos de la Administración.
No se puede convertir una ayuda necesaria en una carrera de obstáculos.
Y no se puede hablar de derechos mientras se bloquea su acceso con trámites imposibles de cumplir.
Porque bastante complicada es ya la vida de una familia con una persona con gran dependencia como para tener que pelear también contra quienes deberían facilitarla.
La dependencia no puede esperar. Las familias tampoco.
