13/07/2026
NO SE TRATA DE COMPARTIR ROQUETAS, SE TRATA DE NO PERDERLA.
Ante las informaciones conocidas sobre la implantación de una Comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar, la Unión de Oficiales (UO) considera necesario trasladar su preocupación por el futuro profesional de los guardias civiles destinados en Roquetas de Mar y por las consecuencias que esta decisión tendrá para sus familias, por lo que confiamos en que se adopten las medidas necesarias para evitar perjuicios. Sin embargo, discrepamos de quienes consideran que la solución pasa por establecer un modelo de competencias compartidas entre Guardia Civil y Policía Nacional.
La Guardia Civil viene prestando un servicio integral, eficaz y plenamente consolidado en Roquetas de Mar. Durante décadas ha garantizado la seguridad ciudadana del municipio con profesionalidad, cercanía y un profundo conocimiento de su realidad social y delincuencial, adaptándose al constante crecimiento de una de las localidades más importantes de Andalucía. No hay motivos racionales, ni operativos ni en términos de eficiencia de los recursos, que justifiquen la sustitución de la Guardia Civil por la Policía Nacional en el municipio de Roquetas.
Por ello, no compartimos un modelo de competencias compartidas que proponen otras asociaciones en el que la Guardia Civil quedará relegada a las zonas rurales o a la protección del campo del término municipal, mientras la Policía Nacional asume las competencias de seguridad ciudadana en el núcleo urbano. La Guardia Civil no puede ser sustituida y convertirse en un cuerpo residual allí donde históricamente ha ejercido con plena eficacia la seguridad integral del municipio, y mucho menos que sean los guardias civiles o sus asociaciones quienes den el visto bueno a esa opción.
Si Roquetas de Mar necesitaba más efectivos policiales para atender el crecimiento de su población, la respuesta lógica no es sustituir a la Guardia Civil por otro cuerpo policial, sino reforzar la plantilla de la Guardia Civil ya existente en el municipio. Resulta difícil comprender que durante años en el Ministerio no haya habido recursos para aumentar la plantilla de la Guardia Civil y, sin embargo, ahora sí existan para crear desde la nada una nueva Comisaría de Policía Nacional, con una plantilla inicial superior a doscientos agentes y una inversión de más de cinco millones de euros.
Si esos recursos existen hoy, también pueden destinarse a fortalecer a la Guardia Civil de Roquetas en lugar de sustituirla, mejorando sus instalaciones, incrementando sus efectivos y dotándola de los medios necesarios para continuar prestando el servicio que venía ofreciendo con eficacia y reconocimiento ciudadano; actuación que resultaría más eficiente y económica que construir una comisaría y sustituir a la Guardia Civil.
La cuestión de fondo no es únicamente qué cuerpo presta servicio en Roquetas de Mar, sino por qué el nivel político ha considerado más oportuno sustituir a la Guardia Civil, que ya cumplía eficazmente con su misión, en lugar de fortalecerla y dotarla de los recursos necesarios para afrontar el crecimiento del municipio.
Desde la Unión de Oficiales (UO) seguiremos defendiendo un modelo policial basado en la eficacia, la experiencia y el aprovechamiento racional de los recursos públicos. La Guardia Civil ha demostrado sobradamente su capacidad para asumir la seguridad integral de municipios complejos y en constante crecimiento como Roquetas de Mar. Por ello, creemos que el debate no debe centrarse en cómo repartir una demarcación entre dos cuerpos policiales, sino en por qué la Guardia Civil debía perder una demarcación que había servido con eficacia durante años. Porque no se trata de compartir Roquetas; se trata de no ser sustituidos y no perder una demarcación en la que a día de hoy la Guardia Civil mantiene la seguridad.
La Guardia Civil no es un cuerpo policial de segunda categoría, ni debe ir perdiendo presencia territorial cada vez que un municipio experimenta un desarrollo demográfico. Si la Guardia Civil debe abandonar los municipios cuando crecen, cabría preguntarse también si la Policía Nacional está dispuesta a ceder aquellos municipios que pierden población o apenas alcanzan los veinte o veinticinco mil habitantes. La respuesta es evidente.
Frente a quienes en un acto desesperado, como última solución, aceptan un modelo de competencias compartidas, les decimos que defender a la Guardia Civil es exigir que se confíe en su capacidad para seguir desempeñando las funciones que históricamente ha ejercido con eficacia, que se la dote de los recursos necesarios y que sus responsables institucionales defiendan con firmeza el espacio que el Cuerpo se ha ganado durante casi dos siglos de servicio a España. Da igual que la expulsión sea de parte o de todo el término municipal, una opción u otra significa apartar y sustituir a la Guardia Civil de sus actuales cometidos.
Por último, esta situación obliga también a una reflexión hacia el interior de nuestra propia Institución. La historia enseña que las organizaciones no se debilitan únicamente por la presión exterior, sino también por la falta de determinación de quienes tienen el deber de defenderlas. Cuando una plaza como la de Roquetas de Mar se pierde sin que se haya apreciado una defensa firme y decidida por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, es legítimo preguntarse si no estamos asistiendo a una renuncia que difícilmente será comprendida por los guardias civiles que, durante décadas, han construido el prestigio del Cuerpo con su trabajo diario.
Madrid, 13 de julio de 2026
