03/06/2026
🏢⚖️ Congreso sobre Ocupación de Vivienda del ICAM. Un pacto nacional por la vivienda que respete la propiedad y fomente la seguridad jurídica es necesario, pero no será fácil.
El debate sobre el acceso a la vivienda y la estabilidad del mercado inmobiliario requiere de un análisis técnico, riguroso y alejado de fórmulas puramente ideológicas. En este escenario, nuestro compañero Fernando López Orozco, Abogado y Asesor Jurídico del CAFMadrid, ha participado de forma destacada desgranando las verdaderas asignaturas pendientes a nivel legislativo y estructural.
Durante su intervención, aportó una visión crítica y realista sobre la sobreproducción normativa de los últimos años, señalando que muchas de las leyes aprobadas no han arrojado los resultados esperados, como ocurrió con la modificación de la Ley del Suelo de 2015, la Ley de Crédito Inmobiliario o las sucesivas actualizaciones del Código Técnico de la Edificación.
"El Derecho tiene un papel limitado pero importante. Una mala ley sí que puede perjudicar el problema actual del alquiler y de la vivienda. En estos momentos, a nivel legislativo, vamos en dirección contraria", advierte López Orozco, haciendo un llamamiento a la prudencia ante los 7.000 millones que pondrá sobre la mesa el próximo Plan Estatal de Vivienda.
El cuello de botella del suelo: El desarrollo de suelo urbano en España es un proceso lento que actualmente demora entre 12 y 15 años, concentrado además en pocas manos, lo que sumado a la falta de financiación y a la incertidumbre regulatoria frena de golpe la creación de nueva oferta.
Desglose real del precio: Para entender el problema habitacional, es clave analizar los costes reales de producción de una vivienda, donde aproximadamente el 25% corresponde al suelo y un 35% a la carga impositiva, requiriéndose además soluciones de financiación al 100%.
🛠️ Propuestas para un Pacto Nacional realista:
Para avanzar con éxito, el asesor jurídico del CAFMadrid propone medidas de calado estructural: reestructurar la cadena de valor, crear una Agencia Central que unifique criterios y pulir de forma definitiva el conflicto de competencias existente entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En definitiva, el sector no necesita más parches burocráticos, sino una regulación mucho más simple, realista y predecible que responda de manera eficiente a un modelo de negocio viable y seguro tanto para propietarios como para inversores.
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