Cinco años después de que se reconociera el notorio arraigo del protestantismo y el judaísmo en España, en 1989, se reconocía el de El Islam. Tres años antes de la celebración de las olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla y la conmemoración del quinto centenario de la llegada de los españoles al nuevo continente, 1992, en ese mismo año, el día 12 de noviembre se publicaba en el BOE la ley por
la que se aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. De la lectura del párrafo anterior se pueden deducir algunas conclusiones: la demora de tal reconocimiento por parte del Estado Español, obedecía, en primer lugar, a la falta de una estructura representativa de la comunidad musulmana española, lo cual proporcionaba al gobierno de turno cierta relajación para adoptar medidas relacionadas con la comunidad musulmana. Debe tenerse en cuenta que la opinión pública de entonces, que apenas hacía doce años que dejaba atrás el franquismo, era poco proclive al hecho musulmán; en el imaginario colectivo español pesaban dos circunstancias diferentes, pero que afectaban por igual a casi toda la sociedad: de un lado existía un sector conservador que tenía en el nacional-catolicismo sus rasgos identitarios, y, de otro lado, tenía una fuerza considerable un amplio sector antifranquista, en cuya memoria pesaba aun la participación de musulmanes en el bando golpista durante la guerra civil. No es aventurado asegurar que 1992 no era la fecha más adecuada para la firma de ningún acuerdo relacionado con lo musulmán. La prisa de un gobierno por mostrar un gesto conciliador respondía más a una política de imagen exterior que a un afán de legislar en pro de la justicia social. Ello suponía una presión añadida para la comunidad musulmana, poco familiarizada con el arte de la negociación, y menos aún con cualquier estructura organizativa de representación. Bajo el pretexto de garantizar el desarrollo de los derechos constitucionales de la comunidad musulmana, subyacía el interés del gobierno por firmar un convenio con la comunidad musulmana: para el gobierno era importante que la conquista del Reino Nazarí de Granada y la posterior violación de sus Capitulaciones no apareciera vinculada con la llegada de los españoles al continente americano, que es lo que se conmemoraba con el quinto centenario. Pero 1992 tampoco era el escenario más idóneo, si tenemos en cuenta que las conversaciones con el Estado se producen durante un periodo de politización intensa del hecho musulmán en la escena mundial. No hay que olvidar que el notorio arraigo se produce poco después de finalizar la guerra Irán-Irak en 1988 , y el acuerdo se firma poco después de la primera guerra del golfo en 1991. Fueron dos guerras muy relacionadas entre sí, que impulsaron una politización dañina de la problemática musulmana, tanto entre gobiernos como entre organizaciones. La consecuencia evidente fue que los gobiernos de países importantes, incluido el español, actuaran movidos más por intereses criterios políticos y estratégicos, que sociales y religiosos. Hoy a la comunidad musulmana en España se le presenta un reto importante: el nuevo panorama del Islam en nuestro país requiere una gran dosis de madurez, generosidad, organización y perspectivas de futuro. Para ello los musulmanes podemos optar o por el inmovilismo (dejar todo como está) y seguir librando nuestras batallas personales y partidistas, o apostar por un modelo de representación legitima, democrática, acorde con la tradición musulmana y compatible con las normas y leyes de un estado aconfesional. El Estado Español debe tomar conciencia de que es más efectiva una representación legitimada por la mayoría de la comunidad musulmana, que una representación, que si bien puede ser aritméticamente democrática, carecería de legitimidad. Estado y musulmanes debemos buscar un modelo de representación “ascendente”, y no “descendente”. Es necesario que la comunidad musulmana, salvaguardando su diversidad, forme una única representación ante las administraciones del Estado y su interlocución exterior; una representación en la que no pesen criterios políticos, étnicos, nacionales, ni de ninguna otra índole en las tomas de decisiones. Una comunidad musulmana y española, comprometida con los intereses de los musulmanes y comprometida con los intereses generales de España. Mucho ha cambiado España y mucho ha cambiado la comunidad musulmana desde 1992, por ello no solo se requiere una reforma de nuestro modelo de representación y de relación entre las distintas comunidades de España: es precisa también una revisión de los propios acuerdos con el Estado, urge diseñar un modelo de financiación que no vicie la independencia de la comunidad musulmana y que no desvirtúe su propia razón de ser como entidad musulmana. Necesitamos una organización con capacidad suficiente para orientar la enseñanza religiosa, que defina y dignifique la figura de nuestro personal religioso, que respete nuestros templos religiosos, para que la mayoría de ellos dejen de ser meros garajes-oratorios y se conviertan en verdaderos centros religiosos con fines sociales y culturales. Por ello aspiramos a una reforma que no rompa con lo que ya tenemos; pretendemos una organización representativa, en la que la comunidad más pequeña sea participativa y considerada, una Comisión Islámica que actué como una verdadera confederación musulmana, formada por organizaciones regionales y no por federaciones infladas con comunidades inexistentes. Queremos impulsar un modelo de representación estatal donde las comunidades se organicen desde abajo, con agrupaciones locales y provinciales, que aporten sus representantes a las federaciones regionales y que éstas, a su vez, conformen un Consejo Musulmán, llámese comisión permanente o como quiera llamarse, pero que sea el órgano supremo con capacidad de acordar, consensuar y elaborar proyectos y programas, con legitimidad para elegir a sus representantes, un consejo o comisión que represente los intereses de las comunidades, que sea un nexo entre ellas y un órgano de gobierno que ha de nacer de la misma, y que actué como representación y ejecución de los acuerdos que emanen de la asamblea. Aspiramos a un órgano de ejecución, un órgano de gobierno capaz de materializar los acuerdos de su asamblea, de proveer de financiación a la Comisión Islámica de España y a sus comunidades sin comprometer los intereses generales de los musulmanes, ni someterlos a intereses de terceros. Un órgano de gobierno capaz de representar la dignidad de la comunidad musulmana y dar voz a nuestra mayoría silenciosa, un órgano de representación capaz de proyectar la imagen, eclipsada por los acontecimientos internacionales, de un Islam dialogante, tolerante y compatible con el Estado de Derecho. A estos órganos de gobierno es necesario complementarlos con un tercer órgano, un Consejo Consultivo, compuesto por los más formados en materia islámica, que actué como asesor y mediador en posibles desavenencias entre órganos o entre comunidades, un órgano deliberante y consultivo para los órganos de gobierno, y con resoluciones vinculantes en caso de desacuerdo. Por ello hemos considerado una tercera vía que, a través la agrupación de distintas comunidades, pretendemos definir y configurar en el marco de un congreso y de distintos talleres, una iniciativa que nace con vocación de diálogo y alejada de todo tipo de confrontación, una agrupación que pretendemos sea la voz de muchas comunidades silenciadas o desinteresadas.
