01/08/2026
En respuesta al cruce de decenas de miles de personas, entre ellas menores de edad, desde Marruecos al enclave español de Ceuta y a la noticia de la muerte de 43 personas (https://amn.st/6186BEFffE), Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado: "Estamos siguiendo esta situación muy de cerca. Las autoridades españolas y marroquíes deben situar sus obligaciones en materia de derechos humanos en el centro de su respuesta a la situación. Deben garantizar el acceso al sistema de asilo a quienes lo soliciten y defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su vía de llegada, sin discriminación.
El elevado número de personas que llegan a Ceuta y las circunstancias de los cruces no deben desviar la atención del hecho de que, en virtud del derecho internacional, el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos. Todas las fuerzas desplegadas deben actuar de conformidad con el derecho y las normas internacionales, incluso en lo que respecta al uso de la fuerza. Las autoridades españolas también deben garantizar que se desplieguen recursos adecuados de asistencia médica y social para responder a las necesidades de las personas, lo que incluye atender las necesidades de los niños, niñas y otras personas con mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que tomen las medidas necesarias para prevenir los efectos discriminatorios de su respuesta a la situación, en particular sobre las personas racializadas y los niños, y que condenen la difusión de la retórica ra***ta".
Contexto: Las autoridades de Ceuta declararon que se calcula que han cruzado más de 60.000 personas. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y a la Guardia Civil. Los informes indican que miles de personas están durmiendo en la calle. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilando la situación para detectar cualquier indicio de violaciones de derechos humanos en el control fronterizo, como el uso excesivo de la fuerza o violaciones, incluso de la obligación de no devolución.