23/10/2026
La Policía Nacional ha detenido a una persona en El Puerto por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores en una actuación para combatir el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada. Los agentes de la Unidad Local de Seguridad Privada comprobaron que varias personas hacían rondas y custodiaban recintos, maquinaria y materiales sin tener la habilitación profesional que exige la ley, y que la empresa responsable carecía de la autorización administrativa para prestar ese servicio.
Vigilantes de seguridad que en realidad no lo eran
La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la posible realización de funciones de vigilancia por personas que carecían de la habilitación profesional exigida por la normativa vigente.
Durante las inspecciones realizadas, los agentes observaron a varias personas efectuando rondas perimetrales y labores de vigilancia de recintos, maquinaria, materiales de construcción e instalaciones, con el objetivo de prevenir posibles sustracciones.
Las gestiones policiales permitieron recabar declaraciones y documentación relacionada con los servicios prestados, así como comprobar que la empresa responsable carecía de la autorización administrativa necesaria para desarrollar actividades de seguridad privada.
En el marco de la investigación, una persona fue detenida por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales.
Qué le puede pasar a la empresa y a quien la contrata
Además de la detención, la Policía Nacional ha formulado propuestas de sanción administrativa por presuntas infracciones muy graves de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Estas están relacionadas con la prestación de servicios sin la autorización administrativa exigida y el ejercicio de funciones reservadas al personal de seguridad privada por personas que carecen de la correspondiente habilitación.
También ha planteado la posible responsabilidad administrativa derivada de la contratación de estos servicios, conforme a la normativa aplicable.
