01/07/2026
CÍRCULOS DE SILENCIO PUERTO REAL
CONVOCATORIA CONCENTRACIÓN MIÉRCOLES 1 DE JULIO
PLAZA JESÚS DE PUERTO REAL 20:30H
COMUNICADO DE PRENSA
CÍRCULOS DE SILENCIO CON LAS PERSONAS REFUGIADAS Y CONTRA LAS LEYES QUE VULNERAN SUS DERECHOS
El mundo vive hoy la mayor crisis de desplazamientos forzados desde que existen registros: más de 120 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por guerras, persecuciones, colapsos económicos y desastres climáticos que se intensifican año tras año. No es un fenómeno natural ni inevitable. Es el resultado directo de un orden internacional convulso, atravesado por conflictos que se multiplican mientras los Estados más poderosos alimentan guerras por delegación, sostienen dictaduras amigas o miran hacia otro lado cuando la violencia no afecta a sus intereses.
De Gaza a Sudán, del Sahel a Ucrania, de Myanmar a Haití, millones de personas huyen porque quedarse significa morir. Y sin embargo, quienes escapan de esas violencias se encuentran con fronteras cada vez más militarizadas, con discursos de odio normalizados y con políticas migratorias que tratan a los seres humanos como amenazas, no como titulares de derechos.
Europa, que tanto presume de ser cuna de la democracia y de los valores universales, no solo no está a la altura de este desafío histórico, sino que ha decidido retroceder. Y este año, para colmo, la Unión Europea ha elegido “celebrar” el Día Internacional de las Personas Refugiadas, 20 de junio, aprobando un nuevo Reglamento de Retorno que supone un salto cualitativo en la vulneración de derechos fundamentales.
El acuerdo alcanzado en junio de 2026 para reformar la Directiva de Retorno es una vergüenza histórica. Es un texto que no protege, sino que castiga; que no ordena, sino que deshumaniza; que no gestiona, sino que expulsa. Una normativa que convierte la excepción en norma y que consolida la Europa fortaleza como proyecto político.
La Comisión Europea presentó esta reforma en marzo de 2025 con un objetivo explícito: aumentar las deportaciones. Y lo ha conseguido a costa de sacrificar garantías jurídicas, derechos humanos y obligaciones internacionales. El acuerdo se aplicará parcialmente de inmediato y plenamente en octubre de 2027. Pero sus efectos ya son visibles: más detención, más expulsión, más externalización, menos derechos.
Los cambios más graves son inaceptables desde cualquier perspectiva democrática.
Deportaciones sin garantías y externalización sin control
El nuevo reglamento permite deportar a personas a terceros países con los que no tienen ningún vínculo, siempre que exista un acuerdo político, aunque ese país no ofrezca garantías de protección. Esto abre la puerta a expulsiones hacia Estados donde las personas corren riesgo real de tortura, persecución o muerte. Es una violación directa del principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados.
Además, se prevé la creación de centros de retorno en terceros países, gestionados mediante acuerdos opacos y sin mecanismos efectivos de monitoreo independiente. Europa externaliza así no solo sus fronteras, sino también sus responsabilidades legales y morales, delegando en otros Estados la gestión de personas cuya única “falta” es haber buscado protección.
La expulsión forzada como norma y la detención como herramienta central
El reglamento establece que la expulsión forzada será la opción predeterminada, eliminando mecanismos de protección y evaluación de riesgos. La migración irregular se criminaliza de facto, y la detención pasa a ser el instrumento central de la política migratoria europea.
La detención administrativa podrá prolongarse hasta 36 meses, una cifra escandalosa que supera incluso los estándares más duros de otros continentes. Y lo más grave: se permite detener a menores y personas vulnerables, sin límites temporales claros en algunos supuestos. Europa encierra a niños y niñas en centros de detención migratoria mientras proclama su compromiso con los derechos de la infancia.
Menos garantías, menos derechos, menos justicia
El reglamento reduce drásticamente las garantías durante el proceso de retorno. Se elimina la evaluación individualizada de riesgos. Se limita el acceso a asistencia jurídica. Se facilitan expulsiones exprés sin revisión judicial efectiva. Se permiten derogaciones de las condiciones mínimas de detención en situaciones “excepcionales”, un concepto tan amplio que puede convertirse en norma.
Además, se introducen sanciones severas, prohibiciones de entrada y medidas punitivas que criminalizan la migración irregular y alimentan la narrativa del miedo. Se fomenta la identificación racial y las redadas selectivas, replicando prácticas similares a las de ICE en Estados Unidos. Europa importa así modelos represivos que han demostrado ser ineficaces, discriminatorios y profundamente lesivos para los derechos humanos.
Europa se traiciona a sí misma
Esta reforma no es un error técnico ni un mal menor. Es una decisión política deliberada. Es el triunfo de quienes quieren una Europa cerrada, temerosa y autoritaria. Es la victoria de los discursos xenófobos que han colonizado el centro del debate político europeo. Y es, también, la derrota de quienes defendemos que los derechos humanos no se negocian, no se relativizan, no se subordinan a cálculos electorales.
Europa no puede seguir construyendo su identidad sobre el miedo. No puede seguir aprobando leyes que contradicen la Convención de Ginebra, la Carta de Derechos Fundamentales y los principios que dice defender. No puede seguir externalizando sus responsabilidades a países donde la vida humana vale menos que un acuerdo comercial.
Por todo ello, hoy, 1 de julio de 2026, los Círculos de Silencio, uniéndonos al manifiesto de la Asociación Pro Derechos Humanos, que se proclamó en la manifestación de Puerto Real por el Día de las personas refugiadas.
Rechazamos frontalmente el nuevo Reglamento de Retorno porque vulnera derechos fundamentales, normaliza la detención, facilita expulsiones sin garantías y consolida un modelo de gestión basado en el castigo y la deshumanización.
Rechazamos que la UE utilice el lenguaje de la seguridad para justificar prácticas que erosionan el Estado de derecho.
Rechazamos que se legisle desde el miedo, desde la desinformación y desde el cálculo electoral.
Y afirmamos, con la misma fuerza, que ninguna persona es ilegal, que migrar es un derecho humano y que la protección internacional no es una concesión, sino una obligación jurídica.
El pasado 20 de junio no celebramos nada. Denunciamos. Exigimos. Reivindicamos. Porque defender a las personas refugiadas es defender la dignidad humana. Porque o Europa es de derechos, o no es Europa.
Círculos de Silencio Puerto Real
