11/06/2026
📢 Hoy entra en vigor una nueva etapa de la política migratoria europea. Y no puede hacerse a espaldas de los derechos humanos.
Desde las entidades sociales que hacemos seguimiento al Pacto Europeo de Migración y Asilo, expresamos nuestra preocupación por la falta de transparencia sobre cómo se aplicarán en España las medidas derivadas de este marco europeo.
La implementación del Pacto, junto con recientes reformas aprobadas por la Unión Europea, puede tener un impacto muy significativo en la vida de las personas migrantes y refugiadas. Nos preocupa especialmente el debilitamiento de garantías fundamentales como el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la atención a personas en situación de mayor vulnerabilidad y el derecho a una salud integral.
Por ello, reclamamos a las instituciones públicas:
🔸 Transparencia y acceso a la información sobre los planes, protocolos, recursos y reformas legislativas que se pondrán en marcha.
🔸 Una aplicación del Pacto con el máximo respeto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales asumidos por España.
🔸 Recursos suficientes para que el mecanismo de monitoreo de derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo pueda desarrollar su labor con garantías.
🔸 La participación activa de la sociedad civil y la existencia de mecanismos efectivos para investigar y proponer sanciones ante posibles vulneraciones de derechos.
La gestión de la migración debe situar siempre en el centro la dignidad, la protección y los derechos de las personas.
Desde las entidades sociales llevamos años dando seguimiento a la negociación, aprobación y su implementación por parte de España del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), para contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque de derechos de las personas en movimiento.
