30/04/2026
Vivimos en la época de los apocalipsis anunciados: el colapso climático, el fin de la democracia, el hundimiento de Occidente. Es muy fácil escuchar hablar del “fin del mundo” como amenaza futura, el apocalipsis como castigo por venir.
Pero este discurso es, una vez más, expresión de la mirada eurocéntrica.
La modernidad tiene una memoria muy selectiva. Olvida con facilidad que ella misma se construyó sobre la destrucción sistemática de mundos que no cabían en su orden: genocidios, epistemicidios, arrasamiento de visiones, saberes, lenguas, formas de existir y de vincularse que fueron declaradas inferiores, peligrosas o simplemente invisibles. El apocalipsis no es una amenaza que se cierne sobre el horizonte: es el pasado incómodo hacia donde no queremos mirar. Es el nombre de lo que ya le ocurrió (y sigue ocurriendo) a todas las poblaciones que la razón colonial decidió que sobraban: las racializadas, las indígenas, las trans*, las pobres, las femininas.
Ese pasado destructor no ha terminado. Se sigue reproduciendo en los sistemas administrativos que deciden quién existe legalmente y quién no: una forma de destrucción de mundos cotidiana, burocrática, diseñada para parecer neutral.
Hoy en España se vive la regularización extraordinaria, donde miles de personas podrán, por fin, contar con la dignidad que significa acceder a servicios, tener un trabajo regulado, ser reconocides como les ciudadanes que son y que somos. Sin embargo, la administración pública ha demostrado, una vez más, su escasa voluntad de hacer de este proceso algo ágil y accesible. Son cada vez más las trabas que obstaculizan lo que debería ser un derecho. La burocracia también es un dispositivo de la colonialidad, decide quién existe legalmente, quién puede trabajar, moverse, acceder a una vivienda, tener futuro.
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