13/06/2026
La UE acelerará las deportaciones y trasladará parte de la gestión de las expulsiones fuera de sus fronteras.
El 1 de junio, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político sobre el nuevo Reglamento de Retornos.
La medida forma parte del giro migratorio europeo y permitirá crear centros de retorno en terceros países, fuera del territorio de la UE, para personas migrantes consideradas sin derecho a permanecer en Europa.
No es solo un trámite administrativo. Estos centros dejarán a muchas personas en una situación de mayor vulnerabilidad, con menos garantías y más lejos de cualquier control efectivo.
Lo presentan como una forma de hacer más eficaz la política migratoria. Pero el fondo es otro.
Europa está reforzando una lógica de castigo contra quienes migran. Más expulsiones, más presión, más frontera y menos protección para personas que ya viven bajo sospecha por su origen, su pasaporte o su situación administrativa.
Esta política no afecta a todas las personas por igual. Golpea sobre todo a personas migrantes pobres, racializadas, solicitantes de asilo rechazadas, personas sin papeles y familias que ya enfrentan más obstáculos para vivir, trabajar, regularizarse o acceder a derechos.
Y también nos afecta como sociedad.
Cuando se normaliza que unas vidas puedan ser apartadas, encerradas o expulsadas con menos garantías, se debilita la idea misma de derechos humanos. Porque los derechos no deben ser privilegios sino garantías que deben proteger especialmente a quienes están en mayor riesgo.
Frente a esta deriva, no toca resignarse. Toca informarse, organizarnos, denunciar las políticas racistas y defender una Europa donde migrar no signifique vivir con menos derechos.
Frente al racismo, .