14/04/2026
Tras la histórica sentencia del 15 de diciembre de 2025, donde el Juzgado de Espíndola ordenó frenar las actividades mineras en el cantón Espíndola y Quilanga (provincia de Loja), el Gobierno insiste en explotar este territorio megadiverso.
La sentencia ordenó la suspensión inmediata de las actividades minera ñs en la concesión "Correa Jirón" y deja sin efecto el Registro Ambiental, al representar una amenaza al Parque Nacional Yacuri y los páramos de la Reserva de Biósfera Podocarpus–El Cóndor, pues la concesión está en la zona de amortiguamiento.
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente y Energía y la Procaduría General del Estado, apelaron esta sentencia y solicitan que se deje sin efecto el fallo y se declare improcedente la Acción de Protección, para favorecer los intereses de las empresas Osos Negros Company y Salazar Resources.
En 1ra instancia, el juez determinó que se violó el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la consulta ambiental, ya que los habitantes nunca fueron informados ni consultados antes de la entrega de la concesión.
No obstante, el Gobierno de Noboa insiste en promover la minería en este territorio. Casualmente, la empresa Salazar Resources es socia de la empresa Adventus Mining, donde el Grupo Nobis mantiene vínculos directos de inversión.
La concesión minera es “Correa Jirón” y abarca 1.000 hectáreas que afectan las microcuencas de las quebradas El Palmo, El Limo y Chiriyacu. Estas fuentes son vitales para el consumo humano y los sistemas de riego de más de 5,000 personas en las parroquias mencionadas.
Sin embargo, estas fuentes alimentan a las cuencas Catamayo–Chira y Mayo–Chinchipe, por lo que su impacto es mucho mayor.
Por esta razón, el juez aplicó el Principio Precautorio debido a que no existe certeza de los daños ambientales, considerando que el Registro Ambiental otorgado fue calificado como de "bajo impacto" sin un estudio de impacto ambiental profundo.
Este 18 de abril será la audiencia de 2da instancia y el Colectivo Juntos por el Agua y el Frente Nacional Antiminero convocan a un plantón para exigir respeto a la sentencia, a las comunidades y a la vida.